Una vez logrado el propósito de alcanzar las reformas energética y política, para lo cual fue instrumentado El Pacto entre los tres principales partidos políticos del país (Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Revolución Democrática), el gobierno federal podría revivir algunos de los gruesos expedientes que acumula como averiguaciones previas en la Procuraduría General de la República (PGR) y que involucran a funcionarios, políticos, legisladores, empresarios y líderes sindicales en operaciones ilícitas que van desde el lavado de dinero y vínculos con bandas del narcotráfico, delitos de peculado y tráfico de influencias, abusos de poder y faltas administrativas que, por lo menos, ameritan inhabilitaciones por muchos años para no volver a trabajar en el sector público.

Los responsables de integrar estos expedientes han sido el procurador Jesús Murillo Karam y el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Alberto Bazbaz Sacal, quienes han hecho trabajar a sus expertos para que el Ministerio Público Federal pueda consignar las averiguaciones ante la justicia federal. Varios de los expedientes ya fueron concluidos desde hace varios meses, por lo que se esperaría que de un momento a otro varios jueces federales empiecen a conocer dichos procesos.

Sin embargo, fuentes de la PGR sostienen que la próxima salida de Murillo Karam de la Procuraduría por cuestiones de salud podría frenar algunas consignaciones, pero otras de plano han sido enviadas al archivo por órdenes superiores para no proceder en contra de algunos personajes muy públicos del país, en donde se cuentan gobernadores, rectores de universidades, servidores públicos del actual y del anterior gobierno, viejos políticos, líderes sindicales y empresarios corruptos.

Uno de esos espinosos expedientes que está detenido en la PGR es el relacionado con un caso de blanqueo de capitales que la semana pasada revivió el diario Reforma en su primera plana y que apunta a varias empresas, algunas de ellas fantasmas, las cuales habrían sido utilizadas para realizar operaciones de dinero en efectivo y transferirlo a bancos extranjeros y, en otros casos, recursos que fueron utilizados en campañas políticas del pasado proceso electoral para elegir presidente de la República.

El trabajo que hacían esas empresas es recibir recursos en efectivo sin importar su origen, blanquearlo y después transferirlo a cuentas en instituciones financieras de paraísos fiscales o de diversos países europeos, y en otros casos de ahí se financiaban campañas políticas. El periódico Reforma ha centrado su atención en el caso de los monederos electrónicos Monex que fueron utilizados en la campaña presidencial del PRI y sostiene que se trata de “una red criminal dedicada a la venta ilegal de facturas, simulación de contratos y lavado de dinero”.

La información de este diario apunta directamente al equipo de campaña de Peña Nieto, en donde participó activamente el actual secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien ahora tiene bajo su control a la UIF, pero al parecer el expediente sobre dicha información de esta área de inteligencia salió antes de que el nuevo gabinete priista asumiera su control, por lo que ante la vulnerabilidad de funcionarios de primer nivel del actual gobierno federal, las órdenes ahora a la PGR son mantener en la reserva dicho expediente, “no moverlo ni un ápice”, dicen por ahí, a pesar de que hay pruebas contundentes que involucran no sólo al equipo de campaña del PRI, sino también a gobiernos de los estados de la República, a Universidades, a políticos, a funcionarios y destacados miembros del sector empresarial mexicano.

Las dos notas del diario Reforma, firmadas como del staff, sostienen que “la punta de la madeja es Raúl Álvarez Longoria (34 años de edad)”. Y que según el expediente de la UIF este sujeto manejó en cinco meses recursos por 240 millones de pesos en sus cuentas bancarias. Añaden que la investigación viene desde 2011, todavía con el gobierno panista de Felipe Calderón y cuando la UIF la manejaba Balbuena.

Ese periódico menciona algunas de las empresas “virtuales” involucradas, como Edicom, edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales.

Según sostienen funcionarios de la Procuraduría, estas empresas se dedican a lavar dinero de muchas personas de la vida política y privada del país, a quienes les cobran comisiones por mover su dinero para que ellos no enfrenten responsabilidad alguna ni con las autoridades fiscales y menos con las áreas de combate al blanqueo de capitales y persecución de delitos penales.

Las fuentes federales explican que fue en el sexenio pasado cuando un supuesto informante anónimo reportó cuantiosos movimientos de dinero en efectivo que llegaba en camiones de la empresa Panamericana que entraban y salían de una residencia, por lo que desde Los Pinos, en donde despachaba entonces Felipe Calderón, se ordenó un operativo para asegurar la casa y todo lo que allí hubiera.

Como se trataba de una acción urgente y ante la falta de confianza que se tenía en el equipo de Genaro García Luna, pues es conocido que en algunos operativos sus cuerpos policiales se quedaban con parte de los decomisos como una especie de botín de guerra, fue un grupo especial de asalto de la Secretaría de Marina la que se encargó de dicha acción. Dicen que llegaron hasta la residencia y un hombre de edad avanzada los recibió y antes de que ingresaran les advirtió: “Saben ustedes a quiénes pertenece todo este dinero”, y añadió: “Porque mejor no preguntan a sus jefes, porque creo que hay una equivocación”.

Desconcertados, los responsables del comando de la Marina reportaron de inmediato lo que les decían y se optó por involucrar al entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, quien sin miramientos sustrajo el dinero y todo el equipo de computo, el cual antes de reportarlo a la PGR lo mantuvo por doce horas en su poder y guardó una copia de todos los archivos que había en las decenas de computadoras que había en el lugar.

Se sabe que a García Luna le apodan El Intocable, porque toda la información que acumuló mediante intercepciones telefónicas, grabaciones en vídeo y documentos le ha servido como un pasaporte a la impunidad y de las tres averiguaciones previas que estaban abiertas en su contra en las oficinas que hasta ahora ocupa Murillo Karam, ninguna ha procedido y todas se mantienen en la reserva, sin posibilidad de actuar ni consignarlas ante la justicia federal.

Con las computadoras en su poder, García Luna copió la información y posteriormente dio parte al Ministerio Público Federal, en donde también abrieron los archivos y descubrieron nombres de muchas personas involucradas con los tres principales partidos políticos del país. PRI, PAMN y PRD. Esto explica porque esa averiguación previa a pesar de estar lista para su consignación desde el sexenio pasado, simplemente un nca vio la luz y por ello el trabajo investigativo del diario Reforma resulta relevante para conocer la verdad sobre una “red criminal” de blanqueo de capitales de dinero público, de políticos, de delincuentes, del narcotráfico y del sector empresarial. Por ahí dicen que hasta recursos del todavía líder del sindicato petrolero se manejaron.

Periodistas en riesgo

Información investigada por la reportera Elva Mendoza de la revista Contralínea, revela que en el primer año del actual gobierno, seis periodistas fueron asesinados, tres desaparecidos y por lo menos se cometieron 124 agresiones en contra del gremio. Con respecto de 2012, las agresiones aumentaron más de 200 por ciento, mientras que los atentados a medios de comunicación de incrementaron en 300 por ciento, según reveló La Casa de los Derechos de Periodistas. Las zonas más conflictivas para la prensa fueron Veracruz, Distrito Federal y Oaxaca.

De acuerdo con el Informe Mundial México, de Reporteros sin Fronteras, la elección de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República en 2012 –que marcó el retorno al poder del Partido Revolucionario Institucional—no cambió en nada la situación de la libertad de información en el país.

“México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas”, sostiene el informe de Reporteros sin Fronteras, y añade que en la última década han sido asesinados más de 80 periodistas mexicanos y 17 desaparecidos.

La información de Elva Mendoza da cuenta de un monitoreo realizado por la Casa de los Derechos de Periodistas, que comprendió de enero a noviembre de 2013, e identifica a Veracruz, el Distrito Federal y Oaxaca como las entidades con mayor incidencia de agresiones y agravios en contra de la prensa.

De los 124 hechos en que fueron agredidas personas trabajadoras de medos de comunicación, 66 ocurrieron en Veracruz, 52 en el DF y 42 en Puebla. Le siguen Chiapas con 21, Puebla con 16, Guerrero y Baja California con 12 cada uno, Hidalgo con 11, Sonora con 10, Coahuila con 9, el Estado de México 5, Tamaulipas y Nuevo León con 4, Sinaloa, Michoacán y Chihuahua con 3, Nayarit 2, y Tabasco, Durango y Aguascalientes con uno.

El clima de miedo e impunidad, aunado a la falta de confianza en las instituciones, mantienen en el anonimato y fuera de las estadísticas una gran cantidad de agravios. “En Ciudad Victoria, Tamaulipas, 30 periodistas están amenazados” y no se atreven a denunciar porque no hay una autoridad confiable a dónde ir, sostiene Martha Olivia López, directora de la Casa de los Derechos de Periodistas.

Refiere que en la organización que dirige han documentado casos donde los periodistas viajan hasta el Distrito Federal para pedir el acompañamiento y la exposición de su caso, pero se niegan a presentar denuncias formales por miedo.

En el marco del segundo encuentro nacional de periodistas, trabajadores de los medios de comunicación de todo el país coinciden en que el miedo y la impunidad, la lentitud de las instituciones e incluso la falta de acción de éstas ha generado que pese a la alta incidencia de agravios, los hechos no se denuncien jurídicamente.

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