De acuerdo con las cifras oficiales la violencia en el país no cesa. Las bandas del crimen organizado mantienen bajo su control amplios territorios y poblaciones completas, con el consecuente padecimiento de sus habitantes, mientras que autoridades municipales y hasta estatales se han dado por vencidas y algunas de ellas son obligadas a cooperar o simplemente están vinculadas con las mafias de la droga. El narcotráfico en México se ha convertido en una gran industria con amplios sectores cooperativos de la población.

La crisis de violencia, amenaza y constante agresión que viven los mexicanos se agudiza con la difícil situación económica que enfrenta el país, con dos terceras partes de la población (80 millones de habitantes) con índices de miseria y la mitad de ésta en pobreza extrema. Hay que agregar el desempleo y el subempleo, lo que junto a los otros problemas representa una grave descomposición social y familiar, lo que ha motivado que miles de personas se hayan incorporado por necesidad a la industria de las drogas.

En esta difícil situación que vive el país y ante la imposibilidad de que los gobiernos, locales y federal, protejan a sus poblaciones, se han creado grupos sociales para su autoprotección, llamados policías comunitarias. También la inconformidad social y política ha incrementado el número de simpatizantes e integrantes de grupos armados conocidos como guerrilla. Esto ha sido aprovechado por bandas criminales para confundirse con otros movimientos de protesta.

En medio de esa compleja estructura social del país, los órganos de inteligencia responsables de la seguridad nacional elaboran análisis, informes y tarjetas para mantener informados a nuestros gobernantes.

Una de esas tarjetas informativas sobre uno de los estados más conflictos y violentos en este momento, como lo es Michoacán, fue obtenida por este reportero y señala que en relación a los hechos de violencia ocurridos en los últimos meses en diversas regiones de esa entidad, los grupos delictivos que realizaron atentados contra 18 subestaciones de la CFE y 4 gasolinerías, se ubican en 12 municipios: Apatzingán, Morelia, Zamora, La Piedad, Uruapan, Ciudad Hidalgo, Zinapécuaro, Queréndaro, Tarímbaro, Aguililla, Sahuayo y Buenavista Tomatlán, los cuales son prácticamente estados de sitio.

Ese informe dice que hasta el momento los gobiernos estatal y federal sólo reconocen 7 muertos a consecuencia de esos hechos de violencia ocurridos en aquel fin de semana violento, pero la cifra real fue de 23, y la mayor parte de estas personas fallecidas al parecer eran integrantes del Cártel de Los Caballeros Templarios. Los muertos reconocidos por ambos gobiernos son 2 que fallecieron durante un enfrentamiento en Turicato y 5 por los hechos ocurridos en Apatzingán aquel sábado 26 de octubre.

“Ese día fueron localizados en el municipio de La Piedad los cuerpos sin vida de otras cinco personas del sexo masculino, los cuales se encontraban en el interior de una camioneta tipo Van, marca Express, color azul, con placas de circulación ZAC04024. Ya se logró identificar a estas personas, resultando que eran jornaleros originarios del municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, quienes trabajaban desde hace algunas semanas en campos agrícolas de Yurécuaro. Su ejecución se debió al parecer porque no obedecieron la orden de detenerse por parte de sicarios que les marcaron el alto, quienes ante esa negativa dispararon de manera indiscriminada sobre la camioneta en la que se transportaban”, señala la nota informativa oficial.

También ese mates negro por la violencia fue incendiado un camión tipo tortón a la salida de Apatzingán, rumbo al municipios de la Aguililla, históricamente controlado por el narcotráfico, sin que se registraran víctimas por este incidente.

Por los hechos de violencia ocurridos ese fin de semana hay tres sujetos detenidos, miembros de Los Caballeros Templarios, quienes fueron capturados la noche del domingo 27 en Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras una persecución por parte de agentes de la Policía Federal que originó que el vehículo en el que se transportaban se volcara.

La principal línea de investigación sobre los atentados contra la CFE y las gasolinerías apunta hacia el Cártel de Los Caballeros Templarios, como revancha por las bajas que sufrieron durante los enfrentamientos ocurridos aquel sábado 26 de octubre en Apatzíngán y Turicato.

El informe de inteligencia agrega que “aunque también existe la versión no validada, aún que esta acción obedece al regreso de Fausto Vallejo a la gubernatura de Michoacán, ya que supuestamente Los Caballeros Templarios habrían hecho amarres con colaboradores cercanos del gobernador interino Jesús Reyna García”.

Otra línea de investigación apunta a que “los atentados contra instalaciones de la CFE y las gasolinerías podrían haber sido obra de grupos subversivos que operan en la entidad, específicamente el Ejército Popular Revolucionario (EPR), debido a la exactitud cronométrica con que fueron realizados los atentados en 12 municipios de la entidad, a la misma hora y con alto grado de precisión”.

“No se descarta que células de estos grupos subversivos pudieran haber establecido ya una alianza en Michoacán con Los Caballeros Templarios para realizar acciones de saboteo y de terrorismo en contra de instalaciones de los distintos niveles de gobierno y la iniciativa privada. Esta hipotética alianza podría extenderse a otros grupos delictivos que operan en distintas entidades del país, por lo que es factible que hechos similares de violencia pudieran ocurrir en otras partes en el transcurso de las próximas semanas”, afirma el documento.

Los hechos ocurridos en Michoacán se enmarcan dentro de la sangrienta disputa que mantienen por el control de esa plaza dos bloques de grupos delictivos: por una parte Los Caballeros Templarios, que hasta el momento mantienen el control de la mayoría del territorio de Michoacán, y quienes tienen el apoyo de los cárteles de Sinaloa, de La Resistencia y del Cártel del Golfo. El otro bloque está encabezado por La Familia Michoacana, que cuenta con el apoyo de Los Zetas y del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Esta disputa se remonta al 2011, fecha en que se formó el Cártel de Los Caballeros Templarios, como una escisión del Cártel de La Familia Michoacana, tras la muerte de Nazario Moreno «El Chayo», quien era el principal mando de este último grupo delictivo. A partir de entonces ambos grupos iniciaron una feroz disputa por el control de Michoacán y de otras entidades donde tienen presencia.

Actualmente los principales mandos del Cártel de Los Caballeros Templarios son: Servando Gómez Martínez «La Tuta», quien es la cabeza de este cártel; Dionicio Loya Plancarte «El Tío», que controla la región que va de Apatzingán y Tepalcatepec hasta Huetamo, y quien es el principal contacto con los cuerpos policiales y autoridades del sector justicia; Ignacio Rentería Andrade y Enrique Plancarte Solís «El Kike», que controlan la zona de Uruapan y Lázaro Cárdenas; Alfonso Chávez Ruiz, y Samer José Servín Juárez «El Inge», quien es el operador financiero de este cártel.

Los Caballeros Templarios tienen su base principal de operaciones en Michoacán, pero se han logrado expandir a otras entidades, teniendo ya presencia importante en Guerrero, Estado de México, Chiapas, Jalisco, Nayarit, Colima, Guanajuato, Querétaro, Baja California e incluso en Tamaulipas.

Se sabe que el contacto inicial entre Los Caballeros Templarios y el Cártel de Sinaloa se hizo por conducto de Annel Villeta Noriega Ríos «La Chula» o «La Bonita», quien era la operadora de este cártel en Los Ángeles y otras ciudades de California; y quien se contactó directamente con Juan José Esparragoza «El Azul» para establecer la comunicación y colaboración con el Cártel de Sinaloa.

Existe preocupación en los gobiernos federal y estatal porque se tienen informes que este tipo de atentados continuarán y podrían presentarse también en otras entidades. También se tienen informes en el sentido de que el Obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez, ha recibido amenazas por parte de Los Caballeros Templarios por las declaraciones que ha formulado en relación con la grave situación de seguridad que se vive en Michoacán y por la actividad de los grupos delictivos que operan en esa entidad.

Corrupción en Fovissste

Corrupción e impunidad marcaron a los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, razón por la cual en las útimas elecciones federales para ganar la Presidencia de la República, la población decidió castigar a la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, y mandarla hasta la tercera posición en las preferencias electorales, lo que significó un retroceso político de ese partido de derecha que aún sigue con el rumbo extraviado y asfixiado por los intereses de los distintos grupos que buscan su dirigencia.

Alguno de esos ejemplos de impunidad ocurrieron a principios de 2012, cuando la Secretaría de la Función Pública, a cargo del panista Salvador Vega Casillas, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) concluyeron una investigación iniciada meses antes en contra de diversos funcionarios de distintos niveles del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, así como de los socios de varias empresas constructoras por un supuesto fraude de alrededor de 570 millones de pesos en contra del Fovissste.

Esta investigación derivó en una denuncia penal presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR), la cual fue frenada a finales del gobierno de Felipe Calderón por la supuesta implicación de funcionarios federales y empresarios en presuntos contratos irregulares.

De acuerdo con el expediente que guardan aún en las oficinas de la Función Pública, la mecánica del fraude consistió en que varias constructoras inflaron los precios de las viviendas en detrimento de los trabajadores que las adquirieron mediante préstamos otorgados por el Fovissste.

Ahora la Función Pública indaga la participación de algunas empresas constructoras como Desarrolladora KE, Constructora Toluca, Construtora PROK, Grupo Metaro e Inmobiliaria, Grupo Modelo Progresivo y Construcciones, entre otras.

Además de la investigación administrativa realizada por la Secretaría de la Función Pública y el ISSSTE, así como la denuncia presentada ante la PGR, varios de los trabajadores afectados presentaron también una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual emitió el 31 de octubre de 2012 la recomendación 60/2012, en donde hace notar que el Fovissste violó los derechos humanos de los trabajadores al pretender inculparlos por las fallas y omisiones de los funcionarios de ese organismo.

De acuerdo con información de la reportera Andrea Merlos, en El Universal, el Fovissste autorizó en 2009 y 2010 alrededor de 41 mil créditos hipotecarios “fuera de norma” por 21 mil 152 millones de pesos, a servidores públicos que no cumplían con los requerimientos para dicha prestación y a cambio debían pagar comisiones (sobornos) de entre 30 mil y 60 mil pesos.

Es decir la corrupción en el Fovissste alcanzó todas las áreas y la administración actual está dispuesta a encarcelar a funcionarios, empresarios y empleados involucrados en esta red de abuso de poder creada para robar recursos públicos.

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