Con más errores que aciertos, los órganos de seguridad nacional del Estado han fallado en su misión de proteger, cuidar, vigilar y prever cualquier agresión en contra de la población. Así lo demuestran las cifras de más de 100 mil muertos atribuidos a la guerra en contra del crimen organizado, más los secuestros, las extorsiones y los desplazados, de los cuales en su gran mayoría fueron civiles que estuvieron presentes en el momento y el lugar menos oportuno.

En los 12 años de administraciones panistas hubo un desgaste físico e intelectual en las estructuras encargadas de asegurar el territorio y el espacio aéreo de México, razón por la cual hay extensos territorios controlados por el crimen organizado, a donde las fuerzas armadas no pueden siquiera accesar por temor a ser emboscadas. Otras zonas del país están bajo el mando de la población a través de policías comunitarias, debido a la incapacidad del gobierno para protegerlos, lo que los obligó a realizar funciones que no les corresponden.

A lo anterior debeos añadir la intensa operación de agentes extranjeros armados en territorio nacional, lo cual quedó al descubierto en los últimos días, quienes realizan funciones de espionaje y vigilancia, así como participan en operativos policiales conjuntos con las diversas corporaciones mexicanas, a fin de asegurar que la violencia no se traslade a los Estados Unidos y sea México el laboratorio donde experimentan como un dique de contención, lo que ha traído como consecuencia el terror y la violencia que todos conocemos y hemos vivido.

A esta difícil realidad mexicana hay que agregar que bajo el tabú de la seguridad nacional, todos los órganos de inteligencia se han convertido en barriles sin fondo para el gasto del dinero público, a donde se destinan miles de millones de pesos sin rendir cuentas a nadie y sin haber cumplido con su función de proteger al Estado mexicano.

Por el contrario, como se revela un amplio reportaje que publican Zósimo Camacho y Rogelio Velázquez en la revista Contralínea, con frecuencia, estos organismos son utilizados para espiar ilegalmente a los adversarios políticos del régimen en turno y violar los derechos humanos.

Especialistas entrevistados por el semanario coinciden en que el término “seguridad nacional” se utiliza constantemente de manera caprichosa y unilateral para mantener en la opacidad los presupuestos –que superan los 73 mil millones de pesos anuales- y el uso de infraestructura gubernamental.

Legisladores integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional entrevistados por los reporteros reconocen que no cuentan con atribuciones legales para fiscalizar el desempeño del Cisen, las secciones Segunda y Séptima de la Sedena y la Unidad de Inteligencia Naval. Menos, para incidir en la agenda de riesgos de la nación mexicana

Al final de 2013 el gobierno mexicano habrá ejercido, al menos, 73 mil 15 millones 930 mil pesos en materia de seguridad nacional, de acuerdo con la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados. Según el documento El Presupuesto público federal para la función de seguridad nacional, elaborado por el investigador parlamentario Reyes Tepach, el 93.9 por ciento de esos recursos se destinará al gasto corriente (sueldos, salarios y costos de administración), mientras que el 6.1 por ciento, al de capital (creación y adquisición de bienes).

La erogación que supuestamente busca proteger al Estado mexicano de las amenazas y riesgos que lo acechan en 2013 es superior en 6 mil 822 millones al presupuesto destinado en 2012 para el mismo rubro, cuando se ejercieron recursos por 66 mil 193 millones 400 mil pesos. Es decir, del último año de gobierno de Felipe Calderón al primero de Enrique Peña Nieto el gasto nominal en las instituciones civiles y militares encargadas de la seguridad nacional aumentó 10.31 por ciento.

El estudio, concluido por el maestro en economía en abril de 2013, detalla que el total de los recursos será ejercido por cuatro dependencias federales: la Presidencia de la República y tres secretarías de Estado: de Gobernación (Segob), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).

La Presidencia de la República ejercerá 877 millones 410 mil pesos. La Segob –a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)– 2 mil 847 millones 550 mil pesos. La Sedena –que organiza y administra a dos Fuerzas Armadas: el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana– 50 mil 402 millones 790 mil pesos. Y la Semar –que administra a la tercera Fuerza: la Armada de México– 18 mil 818 millones 180 mil pesos.

Al final del año, ni el Poder Legislativo ni los medios de comunicación ni la sociedad tendrán manera de saber si la totalidad de esos 73 mil 15 millones 930 mil pesos fueron ejercidos de acuerdo con las leyes y para los fines de estricta protección del Estado mexicano. Tampoco sabrán de la calidad del desempeño de los servidores públicos que los aplicaron.
“Seguridad nacional”, tabú del siglo XXI

A finales de julio dimos cuenta en esta columna de un peculiar encuentro entre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con integrantes de esa Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. La reunión de varias horas se llevó a cabo el 28 de junio en un salón del Congreso y uno de los temas principales fue el desempeño del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Decíamos que a diferencia de otras agencias de inteligencia de países europeos o del mismo Estados Unidos, el Cisen y la Secretaría de Gobernación han rechazado sistemáticamente miles de solicitudes de ciudadanos y periodistas que intentan saber quiénes están al frente de ese órgano de seguridad nacional mexicano, cuánto ganan y el gasto que realizan con dinero público para el pago de informantes, viáticos, teléfonos y en general sobre el equipo de trabajo que utilizan.

A excepción del Cisen, desde siempre se ha conocido quiénes son los responsables de vigilar la seguridad nacional y la seguridad pública, sus estructuras, sus salarios y los presupuestos asignados a cada dependencia. Igualmente todo es auditable por el Congreso y eso los obliga a actuar con mayor transparencia y eficacia en su gasto público. Las secretarías de la Defensa Nacional, la Armada de México y Seguridad Pública, igual que la Procuraduría General de la República (PGR), han transparentado sus estructuras y organizaciones, su administración y se conoce a todos los funcionarios responsables de las áreas, por más sensibles que éstas sean. A fin de cuentas son servidores públicos y es el pueblo quien paga sus ingresos.

O quién puede afirmar que los mandos superiores de las áreas de inteligencia del Ejército, de la Marina o de la PGR encargados del combate al crimen organizado no corren peligro, sin embargo están plenamente identificados y sabemos a cuánto ascienden sus ingresos y tanto la Función Pública como el Congreso tienen acceso a sus gastos y pueden auditarlos para prevenir cualquier enriquecimiento ilícito.

Sin embargo la burocracia de altos mandos del Cisen opera sin rendir cuentas a nadie y ni siquiera su estructura orgánica es transparente, mucho menos sus salarios y gastos desmedidos, pues todo lo que hace lo oculta bajo el mito de la seguridad nacional y algunos piensan que esa opacidad es correcta y así debe continuar, a pesar de que muchas veces viola hasta los derechos humanos de los mexicanos.

El Cisen es el único órgano de seguridad nacional que no permite ni siquiera conocer los nombres de funcionarios de mandos superiores, excepto su director general (Eugenio Ímaz Gispert), y tampoco los onerosos sueldos que perciben. Toda la información sobre este órgano de inteligencia está oculta y eso conlleva una falta de rendición de cuentas y un gasto desmedido injustificable.

Cuando se trata de obtener información del Cisen, hasta el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) se ha vuelto cómplice de ese órgano de inteligencia para impedir que la ciudadanía conozca su estructura, identifique quiénes son sus coordinadores y directores de las diversas áreas, así como el gasto que realiza en salarios y en la adquisición de armas, equipo de comunicaciones, vehículos y en general de todos los bienes y servicios contratados. Nada es transparente en el Cisen.

Pero de vuelta a la reunión con legisladores de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, el secretario de Gobernación reconoció la opacidad en que se mueven los órganos de inteligencia y precisó que toda esa información sobre la estructura, sueldos y gasto en general del Cisen deben ser públicos. Es más, precisó Osorio Chong ante las dudas y cuestionamientos de algunos legisladores, “esos datos siempre han sido públicos y se encuentran en internet, específicamente en los portales de transparencia”. Esto último tampoco es cierto, pero ya es un avance que el responsable de la política interna tenga claro que esa información debe ser pública para los mexicanos.

En lo que podría ser un caso similar al trabajo del Cisen en México, está la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que opera en Estados Unidos y ofrece en internet su composición estructural y los nombres de sus altos funcionarios. Cualquier persona que ingrese a la página oficial www.cia.gov/about-cia/leadership puede enterarse de que la estructura de la agencia de espionaje internacional del país con más enemigos en el mundo se compone de una dirección, una dirección general adjunta, siete direcciones de área (Ejecutiva; de Inteligencia; del Servicio Nacional Clandestino; de Apoyo; de Ciencia y Tecnología; del Centro para el Estudio de la Inteligencia, y de Asuntos Públicos), una Consejería General y una Inspección General. Todos los nombres de los funcionarios, con excepción de quien encabeza la Dirección del Servicio Nacional Clandestino, son públicos. Un organigrama, aún más detallado, abunda en las 55 subdirecciones, departamentos y secciones de la CIA.

El también estadunidense Department of Homeland Security (DHS, que traducido al español es el Departamento de Seguridad Nacional) informa en su página www.dhs.gov/leader-ship la estructura institucional y los nombres de los 43 funcionarios que encabezan las direcciones, subdirecciones y áreas de la dependencia encargada de “combatir el terrorismo” y las amenazas que desde el interior se generan contra un país en permanente guerra.

Mientras, en México invocar el término “seguridad nacional” sirve para cancelar todo tipo de fiscalización sobre presupuestos y desempeño de los servidores públicos. No hay manera de que la sociedad sepa, institucionalmente, cómo se aplican los recursos materiales, humanos y financieros. Tampoco los nombres de los altos funcionarios ni sus funciones ni sueldos.

“¡Es que eso es seguridad nacional!”, se escucha decir con desparpajo a servidores públicos que buscan mantener en las sombras su desempeño. Y eso mismo se ha escuchado repetir condescendientemente, por años, a diputados “expertos” en seguridad nacional que han pasado por la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, a consejeros del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) y a periodistas e intelectuales que, presurosos, reprenden a quienes buscan arrojar luz sobre el uso de recursos públicos.

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