Dos gruesos legajos con cientos de averiguaciones previas y expedientes administrativos se acumulan en las oficinas de la Visitaduría General y del Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de la República (PGR) que dirige el hidalguense Jesús Murillo Karam. Éste enfrenta el dilema de consignar las averiguaciones ante un juez federal por hechos de corrupción en la Dirección General de Servicios Aéreos, cometidos en los 6 años del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa o darle vuelta a la página y dar borrón y cuenta nueva y concentrarse en otros temas que también mantienen ocupados al Ministerio Público Federal. Más aún cuando algunas acusaciones apuntan al exoficial mayor de la PGR, Jesús Naime Libién, primo del actual abogado de la nación.Es tal el despilfarro de recursos públicos en 101 aeronaves de la PGR que el mismo Murillo Karam se ha dado a la tarea de vigilar el proceso judicial de dichos expedientes. La razón es que hay una mafia en la Dirección General de Servicios Aéreos y en la Oficialía Mayor que involucra a muchos servidores públicos que, para impedir que avancen las indagatorias judiciales, hasta han amenazado hasta de muerte a todo aquel que se atreva a intentar desmantelar la red de corrupción creada en torno a los aviones propiedad de la Procuraduría.
Para tener una idea de los intereses económicos que se mueven en esa Dirección General y las razones por las cuales nadie se ha atrevido a poner orden y enfrentar al cártel que controla el negocio de las aeronaves, nos remitimos al presupuesto público que maneja la Procuraduría para el mantenimiento de una flota aérea que desde el año pasado dejó de operar por estar simplemente en condiciones inservibles.
Hablamos de un gasto anual promedio de 100 millones de dólares que el gobierno de Calderón destinó durante todo su gobierno, lo cual multiplicado por los 6 años eleva la cifra a los 600 millones de dólares –unos 7 mil 800 millones de pesos a un tipo de cambio de 13 pesos por dólar–, destinados a los servicios de 101 aeronaves que en un sexenio se convirtieron prácticamente en chatarra y que ya dejaron de volar.
¿A los bolsillos de quiénes fueron a parar esos miles de millones de pesos? Ésa es la respuesta que tendrá que contestar el procurador Jesús Murillo Karam si cumple con la promesa hecha al ser designado procurador general de la República por el presidente Enrique Peña Nieto.
A pesar de las cifras escandalosas del despilfarro del dinero público, en el último año de la administración calderonista, la procuradora Marisela Morales se vio obligada a dejar en tierra toda la flota aérea de la PGR y contrató a la empresa Rajet Aeroservicios, SA de CV, para el servicio de 10 aviones y dos helicópteros, a un costo de 5 millones de dólares en un periodo de 6 meses.
La razón de esa decisión de la ahora cónsul en Milán, Italia, se sustentó en una auditoría elaborada por la empresa estadunidense Joseph del Balzo Associates (JDA), en donde se concluye en tres informes parciales y otro final, la urgencia de retirar del espacio aéreo todas las aeronaves de la Procuraduría, porque no reúnen las condiciones internacionales y representan un alto riesgo porque se pueden desplomar en cualquier momento, como de hecho ocurrió en varias ocasiones.
Pero dicho contrato de 5 millones de dólares para el servicio de 12 aeronaves ya provocó un nuevo problema, pues la Procuraduría sólo ha pagado 2 millones de dólares a la empresa Rajet, con oficinas en las ciudades de Saltillo y Monterrey, y le adeuda el 60 por ciento, correspondiente a 3 millones, pero la PGR argumenta que dicha empresa norteña tiene penalizaciones que se ha negado a pagar correspondientes a 1 millón de dólares, dinero que primero tiene que liquidar a la Secretaría de Hacienda para después poder cobrar el adeudo.
Esta deuda es negociada directamente por el procurador Murillo Karam con los dueños de la empresa mexicana, a quienes les hizo la oferta de pagarles sólo 1 millón de dólares y finiquitar el contrato, pero esto fue rechazado por los dueños de Rajet y amenazan con demandar a la Procuraduría por incumplimiento de contrato, lo que abriría otro frente al procurador que ante tantos problemas ya no sabe que hacer.
Aunque se contaba con el presupuesto suficiente para renovar y mantener volando a dicha flota aérea, la cual de los 101 aviones sólo estaban en servicio 30 y el resto eran utilizados como proveedores de piezas, pues trabajadores de la PGR se dedicaron a desmantelar los aviones y helicópteros y convertirlos en chatarra, o como dicen en el argot de la aviación, los aparatos de vuelo eran sujetos del “canibalismo”: les quitaban las piezas buenas para armar otras aeronaves, lo que impedía tener un control eficaz de éstas.
¿Qué hicieron los funcionarios responsables del manejo de esos recursos públicos? La única explicación que hay es el desvío de dinero y el enriquecimiento ilícito de directivos, administradores, almacenistas, pilotos y mecánicos de la PGR durante los últimos cuatro sexenios principalmente, es decir durante los gobiernos de los priistas Carlos Salinas y Ernesto Zedillo y los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Allí la mafia se enquistado durante más de 20 años.
Uno de los dos gruesos legajos corresponde a la investigación del Órgano Interno de Control, en donde aún se espera finque sanciones administrativas a oficiales mayores, directores de servicios aéreos, pilotos, mecánicos y otros funcionarios que despacharon en los últimos 6 años en esa Procuraduría. Sin embargo muy poco han hecho los responsables de la Secretaría de la Función Pública encargados de vigilar el buen uso de dinero público en la Dirección General de Servicios Aéreos, debido a la complicidad que algunos titulares del órgano interno de control y vigilancia han tenido con el procurador en turno.
Un segundo legajo con cientos de expedientes se integra en la Visitaduría General de la PGR, a cargo de María Concepción Cornejo Oliver, quien es la responsable de dar seguimiento a las quejas y denuncias recibidas por probables actos de corrupción cometidos por servidores públicos.
En las averiguaciones previas que ahí se integran por el uso indebido de miles de millones de pesos, se pretende fincar responsabilidades penales a quienes hayan abusado de su cargo y se hayan enriquecido ilícitamente con el dinero público. Pero como han sido tanto sexenios en donde la maquinaria de la corrupción de ha aceitado muy bien, por lo menos debería fincársele responsabilidades penales a los funcionarios del sexenio pasado que destrozaron prácticamente la flota aérea.
El problema de los aviones oficiales de la PGR es de tal dimensión, que el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el gobierno anterior, Dionisio Pérez-Jácome, advirtió en corto a la entonces procuradora Marisela Morales que dejara de utilizar esos aviones porque eran un verdadero peligro y podría tener algún accidente en cualquier momento.
Aunque en enero de 2012 la SCT envió un documento oficial a la PGR en donde daba cuenta de las fallas en cada una de las aeronaves de esa dependencia, y también sugería retirar del aire a toda la flota, el entonces director general de Servicios Aéreos de la Procuraduría, Pedro Alberto Alcalá López hacía caso omiso de las advertencias de la SCT y sólo respondía al oficial mayor de la PGR, Enrique Girón Zenil, que no se preocupara porque todo estaba bajo control con los aviones, y que él se encargara sólo de suministrar lo que se le pedía y que no se preocupara por las recomendaciones de los burócratas de Comunicaciones y Transportes.
Aunque ya no hay aviones en la PGR que puedan volar, una mala señal en esa dependencia fue la designación por parte de Murillo Karam del nuevo director general de Servicios Aéreos, Jaime Alcántara Silva, exdiputado federal priísta y exsecretario particular de Beatriz Paredes, quien su amplio conocimiento sobre el tema de los aviones se limita a los viajes que realiza como pasajero exclusivo en vuelos comerciales. Lo que revela que el problema no tiene solución y la pregunta es cómo transportaran ahora a los reos que se deben cambiar de un penal a otro, pues ésa ha sido durante muchos años la principal función para la cual sirven los aviones y helicópteros de la Procuraduría. ¿O piensan en la PGR que los delincuentes de alta peligrosidad serán trasladados en líneas aéreas comerciales?
Una anécdota que les gusta recordar a los trabajadores de la PGR fue cuando la procuradora Marisela Morales se dirigía a Chile y recibió una llamada de México que le advertía que según la empresa estadunidense Joseph del Balzo Associates el avión oficial en el cual viajaba estaba reportado como peligroso para volar, pues tenía el parabrisas astillado, lo que según los expertos auditores podría provocar que el aparato se colapsara en el aire y explotara, sin posibilidad de que algunos de los pasajeros quedara con vida.
La ahora cónsul que había hecho una escala en Ecuador le preguntó a su interlocutor que cuándo podría eso de la explosión de la aeronave, y la respuesta de los especialistas fue contundente: en cualquier momento.
Sin avisarles a sus compañeros de la PGR que volaban con ella, Marisela Morales decidió continuar el vuelo a Santiago de Chile y los que la vieron dicen que sólo rezaba en el avión. Al concluir el Congreso al que había asistido, la funcionaria si tomó las precauciones y junto con sus colaboradores se regresó en un vuelo comercial, por eso de las dudas.
Cuando Morales asumió el cargo de procuradora, esa dependencia contaba con 300 pilotos contratados para tripular sólo 30 aviones, es decir 10 pilotos por avión, pero lo más grave es que ninguno de ellos había pasado el examen de confianza que en la PGR es indispensable. En el último año del gobierno de Calderón, Marisela Morales cesó a 195 pilotos y aún se mantienen en nómina a poco más de 100, a pesar de que ya no hay aviones que volar.
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