El abogado chihuahuense Marcos Molina Castro conoció las entrañas de la corrupción y la impunidad en los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Esta es su historia. La razón, porque fue contralor en la Procuraduría General de la República (PGR) y después en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).Con el título Nada cambia, el exfuncionario de la Secretaría de la Función Pública (SFP) escribió un amplio relato de su experiencia al frente de los órganos de control de ambas dependencias y de cómo se enfrentó a presidentes, secretarios de Estado, procuradores y directores de organismos descentralizados cuando éstos se imponían para encubrir la corrupción y proteger a funcionarios involucrados.

Con pruebas documentales y evidencias que acumuló en hechos vividos durante 12 años, Molina Castro narra en un extenso trabajo editorial, de 400 páginas, cómo los dos sexenios del panismo en el poder sólo sirvieron para enriquecer a burócratas y empresarios, mediante la desviación de recursos públicos, en donde la corrupción y la impunidad fueron los instrumentos más usados del gobierno.

“Mi experiencia en esos cargos y la intervención directa que tuve en los casos que expongo me permiten opinar, con pleno conocimiento de causa, que en ninguna de las administraciones federales de Acción Nacional, al menos por lo que me tocó presenciar y me enteré en forma directa, ha existido voluntad política de combatir la corrupción. La lucha contra ésta se reduce al manejo publicitario de sus campañas políticas, pues se tiene como la fuente probada de simpatía electoral que mayor cantidad de votos produce a sus candidatos, porque en el votante persiste la equivocada convicción de que la corrupción es propia de las administraciones surgidas del Revolucionario Institucional y que es forma eficaz de sancionarla sufragar en su contra”, explica Molina Castro.

El excontralor en gobiernos panistas cita ejemplos de corrupción que trataremos en distintos momentos en este espacio. En ellos menciona de manera directa a varios involucrados en la negligencia, omisión o participación directa: Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón, Ramón Muñoz Gutiérrez, Francisco Barrio Terrazas, Germán Martínez Cázares, Genaro García Luna, Alfredo Elías Ayub, Eduardo Romero, Salvador Vega Casillas, generales Rafael Macedo de la Concha y Luis Arturo Oliver Cen, Mariano Herrán Salvatti, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Wilfrido Robledo Madrid, Germán Francisco Gallegos, Antonio Ibarra Nicolín, Alejandro Ramos Flores, Marco Antonio Huitrón Quamatzi, Julián Solares Morales, Francisco Rico Salgado e Hiram González Saldivar, entre muchos otros.

En el capítulo “Asuntos que provienen del gobierno de Ernesto Zedillo”, el abogado Molina Castro indica que la complacencia con actos de corrupción no sólo se manifestó respecto a irregularidades cometidas en la administración de Vicente Fox Quesada, sino que también quedaron en la impunidad muchos casos de corrupción sucedidos en la administración de Ernesto Zedillo y que el PAN se negó a investigar.

Añade: “Expongo los [casos] más sobresalientes por su cuantía o por sus repercusiones de orden distinto al económico, pero sobre todo porque desdijeron la política expiatoria de Acción Nacional, ya que estando en ellos suficientemente comprobada la responsabilidad de los servidores [públicos] que los fraguaron, el gobierno que pregonó e hizo su bandera política con la transparencia y la rendición de cuentas, los dejó sin castigo”.

Ésta es la narración del caso Mobil Search:

En 1998, la PGR adquirió de la empresa American Sciense & Engineerin Inc (A&S), en adjudicación directa, por patente y marca, cinco equipos de inspección de rayos X para vehículos y carga montados en camiones Mercedes Benz. Emplearía dichos equipos en la lucha contra el narcotráfico para detectar drogas, armas, explosivos y otras materias prohibidas por ley. El precio por equipo fue de 2.5 millones de dólares, por lo que la operación total ascendió a 12.5 millones de dólares (unos 160 millones de pesos).

Al inicio de la operación de los equipos en 1999, se advirtió en su funcionamiento múltiples deficiencias. Al 28 de julio de ese mismo año, su operatividad promedio era del 38.8 por ciento. El proveedor imputó sus múltiples fallas a la falta de preparación del personal de la Procuraduría, y ésta a A&S por la mala calidad técnica del equipo.

A pesar del pésimo funcionamiento de los aparatos y del cuantioso gasto presupuestal, en ese mismo año, 1999, la PGR adquirió de la misma empresa otros cinco equipos al mismo costo y sin licitar, es decir, otro gasto de 12.5 millones de dólares.

Para justificar la operación financiera, los funcionarios responsables de la PGR informaron al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que “la operación de los primeros cinco equipos era adecuada”.

La baja operatividad de los 10 aparatos generó múltiples conflictos entre la PGR y A&S. El 30 de julio de 2000 realizaron un convenio en donde la empresa privada se obligaba a que en 30 días la operatividad se elevara al 85 por ciento (16 horas diarias de funcionamiento), y que de no lograrlo, los reemplazaría.

Sin embargo, ese índice de operatividad nunca se alcanzó, por lo que 1 año después, en 2001, todos los equipos quedaron fuera de servicio con el cuantioso daño patrimonial para la PGR.

En 2001, la PGR tuvo varios desencuentros con el proveedor por adeudos que éste todavía le reclamaba por concepto de mantenimiento, a razón de 25 mil dólares mensuales por equipo, es decir, un total de 250 mil dólares al mes; a pesar de que los equipos no funcionaron, el monto fue saldado por la Procuraduría en 2002.

El Órgano Interno de Control, a cargo de Marcos Molina Castro, determinó que esa adquisición encerraba un acto de corrupción o, lo más difícil de admitir, un fraude cometido en perjuicio de la PGR, la cual tenía como titular al general Rafael Macedo de la Concha (quien busca el cargo de titular de la Gendarmería Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto), quien se negaba a rescindir los contratos, exigir la devolución del dinero y menos proceder penalmente contra los responsables.

Ante esa actitud omisa y negligente del procurador Macedo de la Concha, Molina Castro decidió iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa 587/2001, en contra de Hiram González Saldivar y el general Luis Arturo Oliver Cen, actual oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y exjefe del Estado Mayor Presidencial.

Con base en la investigación que practicó la Auditoría Superior de la Federación, Molina Castro les imputó como funcionarios de la PGR la falta de supervisión en el funcionamiento del equipo y su responsabilidad por no iniciar las gestiones pertinentes para rescindir el contrato mediante el cual se adquirieron los aparatos.

Otro procedimiento, el 594/2001, derivado de la auditoría 22/ 2001, por un monto de 12.5 millones de dólares, en contra de Hiram González Saldivar, Mariano Francisco Herrán Salvatti y Luis Arturo Oliver Cen, por la segunda compra por otros 12.5 millones de dólares.

El contralor descubrió también que la empresa A&S no existía comercialmente y que su activo se reducía a una bodega arrendada en el lugar que señaló como domicilio y los 10 equipos vendidos a la PGR como de última tecnología eran los únicos que había “producido”. Es decir, un fraude redondo.

Adicionalmente, Molina Castro recomendó a la Dirección General de lo Contencioso y Consultivo, dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, rescindir administrativa el contrato y exigir la responsabilidad penal, pues con la adquisición de dichos equipos se defraudó a la PGR.

Las irregularidades:

1. Por su cuantía, 5 millones de dólares, la adquisición de los equipos debió licitarse.

2. La patente y marca del proveedor resultó inexistente.

3. La compra se hizo sin realizar las pruebas técnicas que verificaran su operatividad.

4. El pago de hizo de contado y se omitió exigir la garantía de su funcionamiento.

Los funcionarios de la PGR que intervinieron en la operación se defendieron al afirmar que realizaron la adquisición bajo presiones del gobierno de Estados Unidos, el cual dicen que exigió esa compra a México para que adquiriera los equipos y así justificar que colaboraba en la lucha contra el tráfico de drogas. Ante la riesgo de que negara la certificación a México, el gobierno encabezado por Vicente Fox renovó los contratos.

Se instauró el expediente administrativo 588/2001, fincado en la auditoría 022/2001, que se practicó a la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), para determinar el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales que tenía asignados en el año 2000, y se determinaron 37 observaciones que reflejaban un posible daño patrimonial por 60 millones de pesos y 2.7 millones de dólares.

Dice el excontralor Molina Castro: “Nunca hubo voluntad en la PGR de investigar y sancionar estas irregularidades de Mobil Search. Siempre se mostró flexibilidad frente a las desmesuradas exigencias de A&S, cuyos representantes, no obstante admitir la falta de operatividad de los equipos, impuso condiciones de pago por mantenimiento, el cual nunca prestó. En reunión con el entonces subsecretario de Auditoría de la Gestión de la SFP, Alejandro Torres Palmer, éste ordenó cubrir el adeudo a la empresa privada”.

Para que la PGR no resintiera el quebranto patrimonial, los funcionarios involucrados en la adquisición propusieron que los equipos fueran donados a la Administración General de Aduanas, y a pesar de que estos dejaron de funcionar, se utilizaron en aeropuertos y puentes fronterizos para simular el combate al tráfico de drogas.

“Los equipos fueron instalados en 10 punto carreteros (Precos), y aunque no funcionaban, durante años simularon su operatividad, lo que confirma a cabalidad el nulo control que la Procuraduría ejercía en materia de narcotráfico”, sentencia el excontralor Molina Castro.

Ni el director general de lo Contencioso, Rubén Pérez Sánchez, ni su jefes los subprocuradores Antonio Ibarra Nicolín primero y después Alejandro Ramos Flores, rescindieron los contratos a la empresa A&S ni tampoco exigieron su responsabilidad contractual y penal, no obstante los múltiples requerimientos del Órgano Interno de Control.

El entonces subsecretario de Normatividad de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, opinó que no había ninguna responsabilidad del extitular de la FEADS, Mariano Herrán Salvatti, bajo el argumento de que “ningún funcionario debe responder de las fallas o mala calidad de los bienes de adquieran en su gestión, considerándolas eventualidades que rebasan los límites de su responsabilidad administrativa”.

El final de esta larga historia es que el chihuahuense Eduardo Romero Ramos, con autorización del presidente Vicente Fox, determinó absolver a todos los implicados.

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