Durante 12 años, el Partido Acción Nacional (PAN) ejerció el poder y usó la Presidencia de la República para intentar someter a políticos de oposición, principalmente priístas y perredistas. Para ello echó mano de todos los instrumentos del Estado. Lo mismo utilizó el terrorismo fiscal, con sus respectivas áreas de inteligencia, que el espionaje político desde los sótanos de la Secretaría de Gobernación. Su principal logro fue obligar al exgobernador mexiquense Arturo Montiel a renunciar a su aspiración presidencial cuando le descubrieron cuentas financieras imposibles de justificar. Como es sabido, el exgobernador mexiquense es el padre político del actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y esa acción panista que humilló a Montiel y al Partido Revolucionario Institucional (PRI), por cierto ejecutada por el expriísta y exsecretario de Hacienda y Crédito Público Francisco Gil Díaz, es una deuda pendiente que Peña Nieto no olvida y que seguramente ha llegado la hora de cobrar.

Con muy poca imaginación, y mucho menos inteligencia, los políticos panistas no lograron en 12 años someter al PRI y llevar a juicio a los responsables por desfalcos y despilfarros de dinero público en sexenios anteriores.

Ahora, como partido de oposición, que es lo mejor que los panistas saben hacer, éstos han roto el pacto y se han lanzado a una guerra con pruebas más mediáticas que jurídicas, presentadas por su líder nacional Gustavo Madero para denunciar corrupción en el gabinete de Peña Nieto, concretamente en contra de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, a quien acusan de manipular los programas sociales de combate a la pobreza para beneficiar a los aspirantes priístas a puestos de elección popular.

El problema para los panistas es que si no pudieron encarcelar a ningún priísta cuando ostentaron el poder 12 años mucho menos lo harán como oposición, y menos ahora cuando el PRI tiene todos los instrumentos del Estado para ajustar cuentas con ciertos grupos políticos opositores y funcionarios panistas corruptos, que no son pocos.

En las filas del “partido oficial”, el malestar por la osadía panista se ha convertido en furia de sus militantes y esto ha provocado que distintos órganos de gobierno ya preparen voluminosos expedientes para llevar a juicio a exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón que abusaron de sus cargos públicos y desfalcaron y despilfarraron el presupuesto.

Y en esto de armar expedientes, el PRI es mejor que el Partido Acción Nacional, y lo demostrará antes de que finalice 2013. La guerra ha comenzado.

Por lo pronto, un espinoso tema que han destapado los mismos panistas por su torpeza facciosa en el manejo de 32 mil millones de pesos para el pago de publicidad oficial durante el gobierno de Felipe Calderón, puede enfrentar a los dos jefes de prensa de la Presidencia de la República y algunos otros exdirectores de comunicación de secretarías de Estado ante la justicia.

Max Cortázar: Presidencia, detrás de asignación publicitaria

El cínico Maximiliano Cortázar, actual diputado panista, responsabiliza a su exjefe Felipe Calderón, a la Secretaría de Gobernación y a su sucesora Alejandra Sota de ordenar la asignación de campañas publicitarias de las secretarías de Estado sólo a medios que les eran afines, por lo que ahora la Función Pública investiga los miles de contratos de la pasada administración federal con medios de comunicación, cuyo gasto superó los 32 mil millones de pesos. Para los contralores, y uno de esos casos relevantes que revela múltiples irregularidades es el de Salud, que sólo en el primer trimestre de 2012 gastó 2 mil 200 millones de pesos en publicidad y sobregiró otros 317 millones.

Sobre ese adeudo, las secretarías de Salud y de Hacienda se declaran insolventes, al tiempo que los medios de comunicación afectados amenazan con demandar al gobierno de Peña Nieto por fraude. Esta historia podría terminar con inhabilitaciones, sanciones administrativas y hasta denuncias penales por los delitos de abuso de confianza y fraude.

Guerra en la Defensa

Por lo pronto, después de que el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, anunciara que ordenó abrir una investigación penal en contra de los responsables por la fabricación de delitos que mantuvo preso por casi 1 año al general Tomás Ángeles Dauahare, en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) varios generales están preocupados porque sus nombres podrían aparecer como responsables de haber participado en la planeación de la detención, sin pruebas, del exsubsecretario de la Defensa.

Más aún, afirman que las instrucciones de proceder en su contra se tomaron en Los Pinos, una vez que hasta allá llegó la noticia de que el general Ángeles Dauahare participaba activamente como asesor en la campaña del entonces candidato priísta Enrique Peña Nieto, lo que causó tanto malestar que pidieron encarcelar a quien había ocupado la Subsecretaría de la Defensa Nacional los 2 primeros años de gobierno de Felipe Calderón y después se atrevía a apoyar la campaña del PRI.

De inmediato se echó a andar la maquinaria de fabricación de pruebas en la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo en ese momento de la prestigiada Marisela Morales (reconocida así por el gobierno de Estados Unidos), para fincarle responsabilidades penales a Ángeles Dauahare por supuestos vínculos con el crimen organizado.

Y es que el general de división diplomado de Estado Mayor en retiro Tomás Ángeles –quien contaba con prestigio y liderazgo entre la comunidad castrense– había cometido otras “faltas” desde que él mismo se desempeñaba como subsecretario de la Defensa: se opuso a la creación de una fuerza militar continental, como lo había propuesto Estados Unidos y, en términos generales, se oponía a lo que consideraba la “injerencia” de ese país en los asuntos internos de México; criticaba severamente la “guerra” contra el narcotráfico y aseguraba que el gobierno de Felipe Calderón no contaba con estrategia alguna; se había acercado al priísmo, con el que incluso se mostraba obsequioso y, finalmente, había iniciado una investigación –con medios propios y al parecer por encargo del equipo de Enrique Peña Nieto– de los grupos y los intereses al interior del Ejército Mexicano. En aquel momento se le mencionaba como posible secretario de Seguridad Pública.

La operación en la PGR en contra de Ángeles Dauahare la realizaron dos militares, el teniente coronel Abigail Vargas Tirado, comisionado por la Sedena a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, área que tuvo a su cargo la integración de la averiguación previa PGR/SIEDO/EUIDCS/0241/2008, lo que permitió posteriormente a un juez federal girar las órdenes de aprehensión. El mismo teniente coronel Abigail fue después destituido de la PGR por su titular Marisela Morales, acusado de “traicionar” a la institución.

El otro militar que participó en la integración del expediente en contra del general Ángeles Dauahare fue el mayor Gerardo Salazar Bolaños, responsable de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, quien también fue despedido por la procuradora Morales en septiembre de 2012 y hasta noviembre pasado pudo reintegrarse a la Defensa.

La pregunta es por qué la abogada de la nación permitió que desde la Defensa enviaran militares a las áreas más sensibles de la estructura judicial, y la única razón que se encuentra es que las órdenes procedían de Los Pinos, en donde despachaba otro militar como jefe del Estado Mayor Presidencial, el general Luis Arturo Oliver Cen, actual oficial mayor de la Sedena.

La captura del general Ángeles respondió entonces a una disputa militar por el poder de la Defensa Nacional y el control utilitario de la PGR para castigar a todo aquel miembro de las Fuerzas Armadas que consideraran traicionaba al partido en el poder. Por lo tanto, fue desde el interior de la Defensa que un grupo de generales planearon y fabricaron delitos, con las siglas de la PGR, para anular a Tomás Ángeles Dauahare, quien los aventajaba en su relación con el entonces candidato Peña Nieto.

Sin participación activa en la integración de la averiguación previa, la cual estaba a cargo de Abigail y de Salazar Bolaños, la procuradora Marisela Morales aseguraba en su oficina, hasta los últimos días de su gestión, que sí había suficientes elementos probatorios para condenar al general preso. Y daba argumentos que poco se sostenían en lo legal.

El mismo secretario de la Defensa en el sexenio calderonista, Guillermo Galván Galván, confirmaba lo que repetía la procuradora, y en sus oficinas de la Defensa señalaba que todo el proceso contra el general Ángeles Dauahare estaba bien estructurado y se llevaba transparentemente.

Y la razón de tanta coincidencia entre la Defensa y la PGR es que la procuradora Marisela Morales mantenía una buena relación con el general Galván, quien para protegerla de algún posible atentado a manos del crimen organizado le dispuso una escolta militar y le ofreció un departamento (donde vive hasta la fecha) dentro de las propias instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Esa relación tan estrecha entre el extitular de la Defensa Galván Galván y la exprocutadora Morales, permitía que muchos de los expedientes relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico se manejaran desde la Defensa Nacional y sólo era utilizada la PGR como una oficialía de partes, en donde se sellaban las averiguaciones previas y se enviaba a ministerios públicos para avalar las acciones militares.

El problema ahora es que la única responsable de los abusos cometidos con los llamados testigos colaboradores (protegidos) para acusar a cualquier ciudadano, militar o no, es precisamente la exprocuradora Morales, por haber permitido los excesos, el abuso de poder y la fabricación de delitos con las siglas de la PGR, cuando en realidad esas decisiones se tomaron en la Defensa Nacional por instrucciones de la Presidencia de la República.

Más castigos en Sedena

Y ya que hablamos de militares y traiciones, hay nueva información en la Sedena. Desde hace varias semanas hemos seguido puntualmente los ajustes que en las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional realiza el general secretario Salvador Cienfuegos, con el objetivo de limpiar la administración que, cuando concluya su gestión, le permita rendir cuentas claras a los mexicanos.

Por lo pronto la limpia en la Dirección General de Administración continúa y después de que fue castigado y separado de su encargo el coronel intendente diplomado de Estado Mayor (DEM) José Luis Lua Tahuado, quien sigue sometido a investigación militar por supuestos actos de corrupción con empresas proveedoras de bienes y servicios para la Defensa, ahora tocó el turno al teniente coronel DEM José Alfredo Carrillo Ríos, responsable del área de compras del Ejército.

Las indagatorias por denuncias de corrupción en el área administrativa involucran a su director general, general brigadier Fernando Joaquín Ávila Lizárraga, quien según fuentes militares pronto dejará el cargo por el descontrol con el que inició la actual administración.

Los cambios en la Sedena involucran desde capitanes hacia arriba, además de realizarles exámenes sicológicos de control de confianza, que incluyen encierros y aplicación del polígrafo, entre otras pruebas. Algunos militares ya se han quejado del trato hostil, pues ha sido la Policía Militar la que ha ido por ellos hasta sus casas y los ha presentado para ser interrogados y examinados, por lo que consideran han violado sus derechos humanos.

El propósito del general Cienfuegos es extirpar la histórica corrupción que ha rondado a la Defensa durante muchos sexenios, en donde militares, políticos y empresarios han abusado del presupuesto público destinado a la seguridad nacional. Hasta la próxima con más noticias verdes.

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