Mucho tiempo antes de su detención, Elba Esther Gordillo se ocupaba, y se preocupaba, por el manejo financiero de los miles de millones de pesos que durante más de 20 años le ha exprimido al gobierno federal a través de partidas presupuestales especiales que le entregaba la Secretaría de Educación Pública por instrucción del presidente de la República (Carlos Sainas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón) en turno, así como de las cuotas sindicales que les pertenecían a los maestros y que ella se apropiaba de manera ilícita.
Durante años la maestra Gordillo siempre había sido muy cautelosa para ocultar los recursos en cuentas bancarias en el extranjero con nombres apócrifos y prestanombres. Es ahí en donde está acumulada la verdadera fortuna obtenida de manera ilegal de la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Lo encontrado hasta ahora, los 2.6 mil millones de pesos, es apenas una pequeña parte del dinero robado a los trabajadores, y era tan visible su manejo porque servía como caja chica para las necesidades inmediatas de la maestra: compra de residencias; adquisición de joyas, arte, ropa, zapatos y bolsas; cirugías, y diversión. Toda la opulencia en la que vivía Gordillo y su familia.
Uno de los principales asesores de Gordillo en el manejo financiero de sus cuentas fue Tomás Ruiz, ex subsecretario de Hacienda y actual secretario de Finanzas del gobierno de Veracruz.
Una historia que narran los allegados a la maestra, es aquella de cómo Gordillo le encargó a su entonces colaborador Tomás Ruiz revisar todas sus cuentas personales bancarias y los movimientos financieros que prestanombres hacían en el extranjero, para asegurarse que toda la fortuna acumulada con fondos magisteriales y estatales estuviera bien ordenada, que no faltara algo y, sobre todo, que nadie pudiera reprocharle y mucho menos acusarla penalmente. Sin embargo, desde que Tomás Ruiz abandonó las filas del partido de la maestra, los descuidos del manejo del dinero fueron constantes.
El ahora responsable de las finanzas del gobierno de Javier Duarte enseñó a los administradores de la maestra cómo manejar el dinero en el extranjero sin que pudiera ser rastreado por autoridades hacendarias, lo cual hasta ahora había resultado efectivo, pero desde que el experto financiero Tomás Ruiz abandonó el partido de su jefa Elba Esther, empezó el caos en el manejo de los recursos, lo que sumado a las traiciones internas, principalmente del nuevo líder Juan Díaz de la Torre, quien en encuentros privados con el secretario de Educación Pública entregó información sobre las operaciones financieras que él mismo realizaba y cuyo dinero tenía como beneficiaria final a Elba Esther Gordillo.
Esto explica porqué en la acusación por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada no aparece el nuevo dirigente del SNTE, a pesar de que Díaz de la Torre junto con el tesorero eran quienes autorizaban y firmaban todos los cheques, así como ordenar todas las transferencias bancarias de las cuotas sindicales a las cuentas que la maestra decía, para de ahí usar los recursos en lo que ella dispusiera. Por eso Juan Díaz no aparece en la querella por lavado de dinero de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en lugar de enfrentar un proceso penal ha sido ungido como el sustito de la maestra en desgracia. La traición ha sido culminada.
El propio Tomás Ruiz narra cómo Elba Esther Gordillo le ordenó que hablara con su exesposo Francisco Yáñez, en ese entonces director general de la Lotería Nacional, posición otorgada por Felipe Calderón a la maestra como muestra de gratitud por el apoyo otorgado en la campaña presidencial, para que le entregara toda la documentación relacionada con las cuentas bancarias y los movimientos financieros del SNTE y de la maestra, con el propósito de revisarlos, corregirlos y mantenerlos a salvo de cualquier investigación judicial.
Tomás buscó a Yáñez y le informó de la misión encomendada por su jefa Gordillo, pero según cuenta Tomás Ruiz, el director de la Lotería le respondió que después le entregaría todos los estados de cuenta, lo cual nunca ocurrió. Conocedor del carácter violento de la maestra, Tomás volvió insistirle a Yáñez en varias ocasiones que le entregara la información financiera, pero la respuesta siempre fue la misma.
Pasaron semanas y desesperada Elba Esther preguntó a Tomás si ya había cumplido con su encargo, pero éste se quejó de que Yáñez no le había entregado la información financiera, a pesar de que en tres ocasiones se la había solicitado. Enojada, la lideresa magisterial le dijo que hablaría con Yáñez y le ordenó a Tomás volver a buscarlo, bajo la amenaza de que era una orden que tenía que cumplir. Quienes la conocen, dicen que nadie en el sindicato dejaba de cumplir sus instrucciones sin tener que enfrentarse a las consecuencias.
Una vez más Tomás Ruiz buscó a Francisco Yáñez, y le explicó que la maestra lo había regañado porque no había cumplido sus órdenes de revisar los movimientos financieros de las cuentas bancarias en México y en el extranjero, por lo que le suplicaba que le entregara los documentos para evitar el enojo de Elba Esther.
Todos temblaban cuando la maestra gritaba, a excepción de Francisco Yáñez, exesposo y empleado también de Gordillo, quien le dijo a Tomás que ya no se preocupara, que él hablaría con ella y arreglaría las cosas, pues no podía darle esa información de las cuentas.
De inmediato, Tomás buscó a su jefa Elba Esther para darle la mala noticia. Días después, la maestra le dijo a Tomás que no se preocupara más, que ella y Yáñez revisarían personalmente las cuentas. El exdirector de la Lotería convenció a Gordillo de lo peligroso que era entregarle la documentación financiera a Tomás Ruiz, por lo que era mejor que él siguiera administrando la inmensa fortuna.
Acusación sin delito previo
Nadie en su sano juicio, a excepción de la familia de la maestra y de los beneficiarios del desfalco sindical, puede estar en contra de que la lideresa del SNTE rinda cuentas ante la justicia. Sin embargo, hay varias dudas sobre el debido proceso que se le sigue, sobre todo en la integración del expediente que involucra a Elba Esther Gordillo Morales y tres de sus cómplices: Isaías Gallardo Chávez, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez y José Manuel Díaz Flores, en los delitos de blanqueo de capitales y delincuencia organizada.
En los delitos financieros el Ministerio Público Federal debe dar al acusado el derecho de audiencia, para permitirle que explique el origen y el destino de los recursos, como sucede en la acusación por lavado de dinero. Esto, por ejemplo, no ocurrió con la maestra, a quien la autoridad le armó con mucho sigilo la acusación en su contra, la consignó a un juez y éste liberó las órdenes de aprehensión, sin permitirle a los acusados probar el origen de los recursos, que en el caso que nos ocupa son simple y llanamente lícitos, pues provienen de las cuotas sindicales.
De tal manera que mientras no haya una acusación formal de los propios trabajadores miembros del SNTE, que acusen a sus dirigentes del desvío de recursos de las cuotas sindicales y se abra un proceso penal en su contra, no existe el delito previo que es necesario para configurar el otro delito que es el uso de recursos de procedencia ilícita. Es decir, no basta que la Unidad de Inteligencia Financiera haya descubierto que con dinero de las cuotas sindicales la maestra adquiriera múltiples inmuebles en México y en el extranjero o que se comprara vestimenta muy costosa o que el dinero de los trabajadores fuera utilizado para las operaciones y cirugías que Gordillo acostumbra a realizarse cada determinado tiempo.
La razón de lo anterior es que el SNTE es una organización independiente de trabajadores, con autonomía, de tal manera que puede usar los recursos de las cuotas sindicales en lo que esa organización considere conveniente, porque sólo le compete a ella decidirlo, salvo, como lo señalé anteriormente, que algún trabajador de esa organización o un grupo de ellos denuncie al comité ejecutivo por fraude y desvío de las cuotas sindicales, lo que permitiría a la Procuraduría General de la República tener los elementos legales necesarios para posteriormente acusar a la maestra por blanqueo de capitales, debido a que fue ella la destinataria final y en consecuencia beneficiaria última del dinero obtenido ilícitamente al defraudar a los trabajadores con las cuotas sindicales.
Históricamente el delito de lavado de dinero ha sido muy difícil de probar en este país, por eso los procesados en más de un década apenas rebasan las 50 personas, porque las autoridades, tanto ministeriales como judiciales, cometen atropellos, abusos, negligencias y omisiones a la hora de integrar las averiguaciones previas y hacer las evaluaciones y juicios finales.
Por ejemplo, algunos jueces no aceptan la consignación de expedientes por el uso de recursos de procedencia ilícita, mientras no se haya sentenciado por el delito previo a los presuntos implicados en el delito de lavado de dinero, mientras que para otros juzgadores ambos delitos pueden avanzar paralelamente; es decir, como sería este caso del SNTE, en donde se abre una investigación por el desvío de recursos de las cuotas sindicales de los maestros y al mismo tiempo se lleva el proceso por blanqueo de capitales. Se trataría entonces de dos juicios que avanzan paralelamente, lo cual hasta ahora el abogado de la nación, el procurador Jesús Murillo Karam, no ha explicado cuál es el delito previo o por lo menos no ha señalado que la PGR cuenta con alguna acusación de los maestros en ese sentido, porque la propia autoridad no puede hacer la acusación sólo porque encontró los movimientos por miles de millones de pesos, ya que se trata de dinero lícito que salió de las cuotas de los maestros.
Aunque esta parte legal parece algo menor ante las evidencias de corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias, fraude y desvío de recursos de los maestros del SNTE, la autoridad debe cuidar el debido proceso para evitar que una mujer corrupta y abusiva como Elba Esther Gordillo pueda librar la prisión por errores de procedimiento legal, como ya ha sucedido en otras ocasiones. Baste recordar el caso de la francesa secuestradora Florence Cassez.
Por lo pronto, expertos abogados que en las últimas dos décadas han sido los principales responsables de investigar el delito de lavado de dinero (uso de recursos de procedencia ilícita, artículo penal 400 bis), confirman lo anterior y aseguran que si este caso penal mantiene los vicios que hasta ahora ha mostrado, ninguna autoridad judicial, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrá mantener tras las rejas a Elba Esther Gordillo, y una vez más ganará la impunidad, el abuso y la corrupción, a lo que ya nos tienen acostumbrados nuestros gobernantes.
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