Una vez concluido el análisis de la Cuenta Pública 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció ante la Procuraduría General de la República lo que ya sabían todos los mexicanos: la corrupción millonaria del gobierno panista en la construcción de la torre Estela de Luz. Comisiones, cobros excesivos e irregularidades administrativas por unos 400 millones de pesos, son los ilícitos operados por funcionarios corruptos y abusivos encabezados por Felipe Calderón.La duda sobre la integración de esta averiguación previa es si las investigaciones ministeriales alcanzarán al expresidente, actual “invitado distinguido” en la Universidad de Harvard, pues hasta ahora Calderón parece contar con la protección del nuevo gobierno priísta de Enrique Peña Nieto.

Comento lo anterior porque desde hace 1 año, como lo escribí en esta columna en marzo de 2012, el entonces ocupante de Los Pinos, Calderón Hinojosa, había iniciado la “operación limpieza” del cochinero administrativo que había acumulado en sus 5 años de gobierno. Y sentía que su responsabilidad era tal, que contrató a un despacho de abogados para preparar la defensa por las irregularidades y corruptelas cometidas en la construcción de la Estela de Luz, de tal manera que cuando se presentara la denuncia penal, como acaba de ocurrir, los abogados de Calderón hubieran avanzado en el análisis y la estrategia de defensa del exmandatario y de sus grupo delincuencial.

Cito textualmente (Oficio de papel, 5 de marzo de 2012):

“La preocupación de Felipe Calderón es la clara posibilidad de que alguno de los candidatos de oposición llegue a la Presidencia de la República y con ello se abran investigaciones en contra de varios servidores públicos que abusaron del poder, desviaron recursos federales, traficaron con influencias y se corrompieron.

“Desde ahora la instrucción presidencial es revisar los expedientes más delicados y asignarles expertos que puedan analizarlos y preparar su defensa ante probables denuncias penales que iniciarían aproximadamente dentro de 2 años, cuando Calderón ya esté en retiro político, muy lejos del país, pero con una defensa sólida de algunos casos en donde se asignaron obras y servicios públicos de manera irregular.

“Varios despachos de abogados consentidos de Los Pinos se frotan las manos ante los excelentes contratos económicos que les asignarán para limpiar la corrupción del segundo y último gobierno panista. Algunos de los indicios de las investigaciones penales por venir lo ha dado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y su equipo de especialistas, quienes han descubierto poco más de 300 casos de verdadera corrupción gubernamental correspondiente sólo al año 2010, pero que sumados a lo ocurrido en los otros años del gobierno de Felipe Calderón, da cuenta de una verdadera cloaca con fétidos olores de suciedad y podredumbre administrativa.

“Con estos datos ahora sabemos que este gobierno federal no sólo pasará a la historia como el más violento de los últimos sexenios, sino como uno de los más corruptos, apenas parecido al del priísta Carlos Salinas de Gortari, en donde el desfalco a las arcas públicas fue una constante…

“Entre los expedientes que llaman la atención a los auditores de la ASF y que han prendido las alarmas en Los Pinos, destacan el de la construcción del Monumento Bicentenario y el del fideicomiso del mismo nombre, ambos para la discutida Estela de Luz, obra inútil y absurda que se ha levantado como un monumento a la corrupción calderonista y que sólo sirvió para desviar recursos públicos y enriquecer a varios funcionarios y empresarios cómplices.”

La auditoría a la Estela de Luz

Los más de 1 mil millones de pesos que costó el monumento Estela de Luz, que serviría con sus 1 mil 704 placas de cuarzo y acero para celebrar el bicentenario de la Independencia de México –programada para el 15 de septiembre, pero de 2010– tenía, además del retraso de la obra, un presupuesto inicial no mayor a los 400 millones; monto que serviría para construir la torre superior a los 100 metros de altura en los terrenos del Bosque de Chapultepec.

Los responsables del festejo bicentenario fueron, además de Felipe Calderón, su entonces secretario de Educación Pública, el ya fallecido Alonso Lujambio, y la otrora presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Consuelo Sáizar, quienes aprobaron el proyecto de la torre Estela de Luz y fueron los encargados de la costosa obra.

De acuerdo con el informe de la ASF, la empresa III Servicios, SA de CV, debió cumplir con la apertura, control y seguimiento de la bitácora electrónica y verificar que se contara con la autorización de la Secretaría de la Función Pública. La Auditoría pidió la documentación justificativa y comprobatoria de 276 millones 77 mil 200 pesos en 118 conceptos de obra que están contemplados dentro del catálogo original, y que son considerados como volumetría adicional, los cuales deberían pagarse con los precios unitarios del contrato. Lo mismo sucedió con 1 millón 715 mil 800 pesos por concepto de rendimientos financieros generados por los anticipos pagados.

De acuerdo con la ASF, la Secretaría de la Función Pública debió realizar las investigaciones correspondientes, lo cual nunca hizo porque siempre sirvió para proteger las corruptelas del gobierno en turno, como tampoco inició los procedimientos administrativos por actos u omisiones de los servidores públicos que integraron el Comité Técnico del Fideicomiso Bicentenario y que en su gestión autorizaron la formalización de convenios mediante dictámenes que no contaron con elementos técnicos que acreditaran su procedencia, pues los argumentos utilizados para autorizar el segundo y tercer convenios modificatorios son básicamente los mismos a los del primer convenio, y por lo tanto, no acreditaron las modificaciones realizadas en las partidas, conceptos y volúmenes de obra, además de que no contienen los análisis y cálculos de los nuevos conceptos, volúmenes e importes considerados en dicho catálogo.

La Auditoría Superior de la Federación pidió al Órgano Interno de Control en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada que realice las investigaciones e inicie el procedimiento administrativo por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no verificaron el estricto cumplimiento del contrato de Fonatur Constructora, SA de CV. Entre las muchas irregularidades, la Auditoría destaca que no hubo los elementos que permitieran a los licitantes elaborar sus propuestas sobre las condiciones reales de la cantidad de acero en las columnas, debido a que en las juntas de aclaraciones se definieron sus espesores de 3 hasta 7/8 de pulgada, el diámetro de 0.91 metros y el tipo de acero inoxidable S32101, y que no sustentaron las modificaciones realizadas en el catálogo de conceptos que utilizó en el procedimiento de la invitación a cuando menos tres personas para la ejecución de los trabajos.

Los funcionarios responsables de la obra Estela de Luz tampoco realizaron correctamente la evaluación cualitativa de la propuesta ganadora de la invitación a cuando menos tres personas, y omitieron presentar al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México las estimaciones de los trabajos ejecutados en el ejercicio presupuestal de 2010.

Otra de las anomalías en la obra es la autorización de la cancelación de la partida de obsidiana incluida en el proyecto sin respetar el concepto arquitectónico que resultó ganador de un concurso nacional. Lo amañado del proyecto se confirma cuando los funcionarios responsables entregaron de manera parcial la información y documentación solicitada, al proporcionar únicamente las matrices de precios unitarios, sin los básicos, insumos, cuadrillas de trabajo, costos horarios, cálculo de rendimientos, cotizaciones, facturas, notas de bitácora y minutas que acrediten su procedencia y autorización en el convenio modificatorio.

Ante las diversas irregularidades encontradas, la ASF consideró que las recuperaciones probables pueden ascender a 277 millones 793 mil pesos. De las 12 observaciones hechas a la obra, sólo fue solventada una, mientras que las 11 restantes motivaron una recomendación, dos solicitudes de aclaración y nueve promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria a los funcionarios involucrados.

La Auditoría consideró que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Fideicomiso del Bicentenario y I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables, los cuales deben ser investigados por los fiscales de la PGR y responsabilizarlos como operadores del fraude ordenado desde Los Pinos y desde la SEP.

Dicho Instituto no acreditó los criterios en que se fundó para proponer la contratación directa de la empresa I.I.I. Servicios, S.A, además de que ésta omitió revisar y definir el catálogo de conceptos que sirvió de base para que los licitantes prepararan sus propuestas, al considerar unidades de medida y volumetrías imprecisas, y evaluó incorrectamente la propuesta ganadora para la ejecución de los trabajos, en virtud de que hubo deficiencias e inconsistencias; se autorizaron convenios modificatorios sin considerar que algunos de los argumentos vertidos en los dictámenes
técnicos que soportaron su autorización son básicamente los mismos, como el estudio de túnel de viento y de mecánica de suelos, el diámetro, altura, espesores, el tipo de acero inoxidable de las columnas y el cambio de especificación del tipo de cuarzo de la estela de luz. Además, se incluyeron conceptos de obra adicional en los convenios que estaban incluidos en el catálogo original, por lo que se deben pagar con los precios unitarios
del contrato.

Tampoco se verificó que la empresa Fonatur Constructora, S.A. de C.V., cumpliera sus funciones de supervisión y de control de la obra, debido a que no se alcanzaron las metas previstas conforme a los programas autorizados.

Fideicomiso del Bicentenario

Para fiscalizar la gestión financiera que compruebe el presupuesto asignado al Fideicomiso del Bicentenario, la ASF revisó el gasto de 2 mil 303.2 millones de pesos, de los cuales auditó mil 687.8 millones que corresponden a más del 70 por ciento.

En la revisión de las cuentas públicas 2008 y 2009, la Auditoría encontró diversas irregularidades en la operación del Fideicomiso, pues al cierre de cada ejercicio se le aportaron recursos sin justificar su necesidad, bajo el criterio de la confidencialidad del secreto fiduciario permite el abuso y el desvío de recursos públicos. Por ejemplo hubo incumplimientos a la Ley en los procesos de adjudicaciones y subcontratación; se formalizaron contratos sin establecer características específicas de bienes o servicios; en 2009 se efectuaron erogaciones injustificadas por los festejos relacionados con la Independencia de México y de la Revolución Mexicana; se erogaron recursos por conceptos que se consideraron innecesarios y que no se ajustaron a los criterios de austeridad.

La ASF determinó que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en su calidad de coordinador ejecutivo de los trabajos de las conmemoraciones a realizarse en 2010, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada y las demás áreas involucradas en las operaciones revisadas, no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables a la gestión financiera del Fideicomiso del Bicentenario.

Un año después, la conclusión de la ASF es que el gobierno de Calderón pagó un sobreprecio por el acero utilizado en la estructura, lo que causó un daño al erario por 248 millones 900 mil pesos, los cuales se suman a los 150 millones 300 mil por diversas irregularidades administrativas.

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