En la administración de Felipe Calderón hubo varios accidentes aéreos que costaron la vida a secretarios de Estado, subsecretarios, directivos de la Procuraduría General de la República (PGR) encargados de combatir a la delincuencia organizada y otros funcionarios de niveles inferiores. Esto llamó la atención porque los secretarios fallecidos eran responsables de la política interna, de la seguridad nacional y de la seguridad pública, lo que de inmediato provocó un vacío que los gobiernos panistas nunca pudieron llenar y contrario al orden institucional generaron graves conflictos sociales.Esos percances aéreos también confirmaban que la estrategia de la “guerra” desatada por Calderón en contra del crimen organizado se había realizado sobre las rodillas y sólo se trataba de una acción mediática para legitimar su gobierno, sin planeación alguna de parte de los órganos de inteligencia, los cuales debieron proveer en su momento la información necesaria para evitar los “daños colaterales” que ahora todos lamentamos y que Calderón tanto festeja desde su cómodo exilio.

A esos accidentes aéreos hay que sumar las aeronaves caídas de las Fuerzas Armadas. Las secretarías de la Defensa Nacional y Marina también sufrieron percances en donde fallecieron militares. A esto hay que señalar negligencia y corrupción también.

Aunque todo esto ocurrió en las administraciones anterior encabezadas por el partido de ultraderecha, marcadas por el abuso, la injusticia y la impunidad de los panistas, debe servir de alerta al nuevo gobierno priísta de Enrique Peña Nieto, pues está claro que los órganos de inteligencia dejaron de funcionar y la seguridad nacional, con todo lo que implica, se vino a pique o simplemente dejó de servir al país y a la misma burocracia para hacerla más eficaz o, al menos, para poderle salvar la vida a sus integrantes de primer nivel.

Y señalo lo anterior porque al empezar el gobierno de Peña Nieto, en los primeros días de diciembre de 2012, una aeronave de la Secretaría de Marina se desplomó en el ejido Conquista Agraria, a 34 kilómetros al Suroeste de la ciudad de La Paz, en Baja California Sur, donde fallecieron el capitán de corbeta Adrián Ignacio González Vargas (de la Armada de México) y el mayor Jesús Alfonso Barajas Verduzco (de la Fuerza Aérea), ambos “instructores de vuelo”.

Según la información de la Secretaría de Marina, realizaban un vuelo de entrenamiento en un avión Zlin Moraván 242-L, perteneciente a la Escuela de Aviación Naval, con sede en la ciudad de La Paz. Aunque se abrió una investigación militar para saber las causas del accidente, se reportó que antes del desplome de la aeronave, ésta activó una alerta de emergencia. Esperemos que este accidente no sea el preámbulo de lo que continuará como norma en el nuevo sexenio y muchos burócratas, policias y militares sufran las consecuencias.

Ésta es una alerta para que el nuevo gobierno priísta no se convierta en cómplice de la corrupción que ha permeado en las estructuras oficiales aéreas, ya sean de la Defensa, la Marina, Gobernación, PGR o la misma Presidencia de la República, en la que administraciones corruptas han desviado recursos públicos en detrimento del servicio que deben tener las aeronaves y la protección que debe darse a los servidores públicos que hacen uso de éstas. Por lo pronto, la Presidencia de la República cuenta con una nueva aeronave mejor que la usa el presidente de los Estados Unidos. Todo es proporcional al miedo de cada cual.

También supimos que a finales del gobierno calderonista, la entonces procuradora Marisela Morales inició una investigación sobre la administración que está a cargo de las aeronaves de la PGR, pues descubrió una red de corrupción que abusó y desvió dinero público. Esta investigación le tocará concluirla al nuevo procurador Jesús Murillo Karam, quien empezó haciendo promesas sobre la impartición imparcial de justicia. Ahora sólo falta que las cumplas.

Y de nuevo sobre la Secretaría de Marina, otro caso de aeronaves que debe ser investigado por los órganos de control y vigilancia de los poderes Ejecutivo y Legislativo es el que comentamos hace varios meses en esta columna, referente a los contratos SCVIA/016-2008 y 13/SCIA/000-2012 que firmó esa dependencia de las Fuerzas Armadas con las empresas Volans, SA de CV (de origen ruso), y FTI, de Estados Unidos, para la reparación de cuatro helicópteros MI-17, a un costo aproximado de 6.6 millones de dólares (cerca de 90 millones de pesos).

Dicha operación ocasionó controversias legales por “incumplimiento de contrato” en contra de la Secretaría de Marina, pues el apoderado legal de Volans, Yury Chumak, sostiene en una querella presentada ante tribunales que dicha institución mexicana le asignó la reparación de las cuatro aeronaves y después canceló el contrato para otorgárselo a FTI, lo que le ha causado un daño patrimonial a su empresa por 3.3 millones de dólares.
Pero lo más delicado es que al investigar qué pasa en la Armada de México encontramos que había un vacío de poder de parte del ahora exsecretario Mariano Francisco Saynez, quien al parecer desconocía las operaciones que sus subalternos realizaron en su nombre, y algunas compras de bienes y servicios son por lo menos sospechosas de malos manejos.

Lo extraño de esta reparación de cuatro helicópteros es que, al parecer, el almirante tampoco se enteró de las denuncias y quejas que empresas privadas presentaron ante el Órgano Interno de Control y en tribunales administrativos. Por lo pronto, este caso de los cuatro helicópteros de Marina será tema a investigar por el gobierno de Peña Nieto, y razones hay muchas.

Primero, las aeronaves fueron enviadas por barco a Rusia para su reparación en talleres especializados y, antes que terminaran los trabajos, en México la Marina rescindió el contrato a Volans para otorgárselo a FTI. Contrato en mano, ésta se trasladó de inmediato a los talleres rusos y retiró dos de los cuatro helicópteros que ya habían sido reparados y los regresó a México por el puerto de Veracruz, en donde la Secretaría de Marina recuperó sus aeronaves. Pero los otros dos helicópteros siguen varados en algún país de Europa.

Según algunos de los involucrados en el conflicto, la Marina negoció con la empresa estadunidense que regresara a México dos helicópteros. Los otros, según se sabe, habrían sido trasladados a Holanda para su venta. Y aquí la pregunta es: ¿quién se beneficia de la desaparición de dos aeronaves de la Secretaría de Marina?

La duda de algunos expertos es para qué salieron los aparatos de los talleres rusos cuando apenas llevaban el 30 por ciento de su reparación, ya que en ese estado sólo podrían ser utilizados para abastecer de refacciones a otras aeronaves. Pero más allá de las dudas que esta operación de reparación de cuatro helicópteros de Marina han causado y que se tendrían que explicar a los órganos de fiscalización, está la controversia legal que se lleva en tribunales mexicanos a petición del representante legal ruso Yury Chumak, responsable también del contrato firmado con el exoficial mayor, y al que el actual secretario de Marina tendrá que hacerle frente.

Según el expediente que obra en tribunales, el 10 de junio de 2011 se inició un juicio de nulidad en contra de la rescisión administrativa que determinó el mismo almirante Saynez y cuyo juicio fue radicado ante la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa bajo el expediente 13519/11-17-06-5.

Fue el mismo secretario Saynez quien emitió el acuerdo por el que dejó sin efectos una resolución del oficial mayor de Marina y que motivó el juicio de nulidad mencionado para emitir una nueva determinación de finiquito por rescisión administrativa.

El monto de dicho contrato asciende a 6 millones 671 mil 100 dólares, cerca de 90 millones de pesos. Aunque la Marina cumplió con pagar un anticipo del 50 por ciento para que se realizara la reparación, hasta ahora dos de las cuatro aeronaves no han sido entregadas y fueron sustraídas de los talleres rusos para trasladarlas a algún país de Europa, según el representante legal de Volans, quien exige el cumplimiento del contrato y por tanto el pago de los otros 3.3 millones de dólares.

Otra vez crisis sanitaria en Chiapas

Una de las deudas del gobierno federal, sean panistas o priistas, es la salud pública. Históricamente millones de mexicanos, siempre los de escasos recursos, no tienen acceso a la salud y, por otra parte, la atención médica en los hospitales es muy deficiente.

Una evidencia más de esa trágica realidad mexicana la sido a conocer la agencia gubernamental Notimex, cuando hace unos días informó a nivel nacional que en el ejido chiapaneco de Emiliano Zapata, en el municipio de Yajalón, Chiapas, muy cerca de la región de Montes Azules, las lluvias y el frío intenso han causado severas infecciones entre la población infantil.

En el alarmante despacho informativo de la agencia se reportó la trágica muerte de cinco bebés menores a un año. Sin embargo, fue la Secretaría de Salud del estado de Chiapas la entidad que, en un comunicado, destacó que en la zona una bacteria se manifestaba con tos y fiebre alta y que se esparcía con facilidad en las vías respiratorias en lugares de alta marginación, ante la presencia de lluvias y frío intenso.

La dependencia detalló que en el ejido Emiliano Zapata, además de la defunción de cinco menores, se encontraban afectados 41 más, cuyas edades fluctúan entre uno y 12 meses de edad.

En el mismo comunicado, la Secretaría de Salud de Chiapas aseguró que el titular de esa dependencia, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, se había trasladado de inmediato a la comunidad para atender personalmente la situación. Además, se aseguró que a la zona habían ingresado ya tres brigadas de las jurisdicciones sanitarias de Ocosingo y Palenque.

Médicos y enfermeras, según el gobierno de Chiapas, ingresaron a la zona para el tratamiento de los pacientes y para realizar medidas preventivas como la vacunación de menores, ante la posibilidad de que el padecimiento se encuentre asociado a lo que se conoce como tos ferina o tos convulsiva.

Se determinó brindar todo el apoyo a las familias afectadas y a los deudos de los bebés fallecidos, así como a los habitantes de la comunidad, para evitar que la enfermedad prolifere. La emergencia también se dio a conocer en redes sociales, en donde la información llegó a la titular de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan, quien aseguró en su cuenta de Twitter que la muerte de los cinco bebés – reportada en Chiapas – no se había confirmado, lo que evidenció la incapacidad de la nueva funcionaria y su escasa comunicación sobre la crisis sanitaria en las zonas más pobres del país.

La responsable de las políticas de salud a nivel federal giró instrucciones al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri, para que verifique la veracidad de la información sobre las presuntas muertes. Es decir, apenas van a investigar si es verdad que hay niños muertos por enfermedades curables, lo que demuestra no sólo su desconocimiento de la realidad nacional sino su negligencia médica. Sin embargo, no es la primera vez que el gobierno federal ignora las severas condiciones de insalubridad en las que viven los indígenas chiapanecos.

En mayo de 2011, Oficio de Papel reportó que además de la negligencia en materia de salud para los pueblos tradicionales, el gobierno de Felipe Calderón buscaba debilitar a las comunidades autónomas en la región de Ocosingo y eliminar obstáculos a la propiedad en una zona considerada clave para liberar, entre otros, los proyectos de captura de carbono. Así, fue el 8 de mayo de 2007, antes de cumplir su primer año al frente del Poder Ejecutivo, cuando Calderón publicó el decreto que expropiaría en pleno municipio de Ocosingo y “por causa de utilidad pública” una superficie superior a las 14 mil hectáreas.

Dicha extensión en la zona lacandona se destinarían, según el decreto de Calderón, “a la constitución de una nueva área de protección de los recursos naturales tendiente a la preservación, restauración y aprovechamiento sustentable”.

Hasta marzo de 2012, la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) mantenía su negativa a la expropiación de esa superficie. En la zona se libra una batalla contra un decreto expropiatorio y el derecho de los pueblos a conservar su tierra. En 2011, en medio del conflicto por estas tierras, reportamos la desaparición de las Caravanas Aéreas de Salud.

En marzo de 2008, ante las protestas de comunidades de la región de Amador Hernández y de zonas vecinas, se detuvo la ejecución física del decreto del 8 de mayo de 2007. Pero en la zona de la discordia por esos terrenos ricos en biodiversidad, no sólo se esfumaron los helicópteros para trasladar enfermos y mujeres en trabajo de parto con complicaciones, también dejaron de abastecerse las vacunas necesarias para contrarrestar enfermedades como la influenza.

Ahora, después del contagio y muerte de bebés, el titular de la Secretaría de Salud del estado de Chiapas asegura que vacunarán a la población. Ahogado el niño a tapar el pozo. En esta zona, como la ha dicho hasta el cansancio el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los niños indígenas siguen muriendo por enfermedades fácilmente curables. En la zona de Yajalón, por ejemplo, sus habitantes y los pueblos indígenas colindantes han denunciado la falta de médicos y vacunas. La opción es atender sus enfermedades con medicina tradicional, los recursos que la expropiación también les quiere quitar y dejarlos prácticamente sin nada. Estemos atentos a ver qué hace Peña Nieto sobre este grave problema de salud en donde los más afectados son los niños pobres de este país.

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