Como cada sexenio ocurre, la llamada “alta burocracia” será renovada en su totalidad. Sobre todo ahora cuando el cambio de gobierno implica la alternancia con un partido distinto en el poder. De tal manera que los panistas no sólo quedarán desempleados, sino que por primera vez podrán serán sometidos a una verdadera rendición de cuentas ante órganos de control y justicia manejados por un partido opositor, es decir el del PRI.Despachos de abogados ya se frotan las manos por los jugosos contratos que cobrarán a exburócratas que serán llevados a juicio por sus pésimas administraciones y el consabido delito de peculado (desvío de recursos públicos). Despachos de contadores y administradores también son buscados para ordenar cuentas públicas mal hechas y corregir números que exhiben a servidores públicos en desgracia.

A esa “alta burocracia” del gobierno federal le llegó la hora de rendir cuentas y de separarse del cargo para permitir que el equipo priista de Enrique Peña Nieto asuma la responsabilidad. Los cambios de funcionarios iniciaron desde el primero de diciembre, con la llegada del nuevo mandatario, pero son tantos los nombramientos en la burocracia que éstos continuarán aún entre enero y junio del próximo año. Por lo pronto, miles de empleados federales también quedarán desempleados.

De acuerdo con la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, las causas de separación del servicio público sólo pueden ocurrir por renuncia, defunción, sentencia que implique privación de libertad, incumplimiento de las obligaciones que la Ley le asigna, por hacerse acreedor a sanciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que impliquen separación del servicio o reincidencia, por no aprobar en dos ocasiones la capacitación obligatoria o su segunda evaluación de desempeño y, finalmente, cuando el resultado de su evaluación del desempeño sea deficiente, por lo que no contempla la separación por cambios administrativos. Hasta aquí estarían amparados los trabajadores contratados por el servicio profesional de carrera.

Esto aplica desde directores generales, directores generales adjuntos, directores de área, subdirectores, jefes de departamento y enlaces, pero los que están fuera del Servicio Profesional de Carrera, los de la «alta burocracia», como son los jefes de unidad, subsecretarios, secretarios y personal de gabinete de apoyo y de libre designación, tendrán que salir.

Sin embargo, como parte de las reformas estructurales propuestas por Peña Nieto, hace varias semanas el Senado de la República aprobó en las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos una reforma que modifica dicho Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, mediante la cual el actual gobierno podrá despedir a poco más de 4 mil funcionarios que ocupan cargos de director general y director adjunto.

De acuerdo con esta Ley, se garantiza la estabilidad y permanencia de los servidores públicos en sus puestos y, en caso de ser despedidos injustificadamente, tendrían que se indemnizados en términos de ley, así como los aspirantes al servicio público federal deberán concursar las plazas vacantes para ingresar a la Administración Pública Federal, debiendo cubrir los perfiles y participar en los concursos, tal y como lo estipula la Ley.

Si los priistas pretenden solicitar renuncias “voluntarias”, deberán cubrir la indemnización respectiva, con su consecuentes demandas, lo que ocasionaría, por un lado, el congelamiento de plazas en proceso de demanda y, por el otro, una gran erogación de recursos por concepto de liquidaciones, lo cual seguramente no se ha contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.

En tanto no se modifique o elimine la Ley del Servicio Profesional de Carrera, su continuidad es permanente y el nuevo gobierno habría “recuperado” sólo 4 mil plazas de mandos medios, lo que implica una combinación de empleados militantes del Partido Acción Nacional, de la administración anterior, y los del “nuevo” PRI. Esto pronostica una guerra interna por el control de la información.

A pesar de estos inconvenientes, la “alta burocracia” espera no ver afectada la operación del nuevo gobierno federal, aunque seguramente esta transición será diferente y, por primera vez, se probará si funciona o no la Ley del Servicio Profesional de Carrera.

¿Cómo funciona el Servicio Profesional de Carrera?

Las plazas vacantes en el gobierno federal se convocan públicamente (se registran en promedio 300 aspirantes por plaza) y su evaluación consiste en aprobar entre 4 ó 6 exámenes; una revisión del currículum vitae y los méritos académicos y profesionales; después, un comité de selección realiza las entrevistas con los interesados en pertenecer a la burocracia y se determina al ganador de dicha plaza. Al resultar seleccionado, recibe un nombramiento de servidor público de carrera y, teóricamente, nunca más perderá la plaza, salvo las excepciones explicadas.

La impunidad

Aquel escándalo de fraudes fiscales y financieros que involucró a gobernadores priistas, hijos de presidentes y de secretarios de Estado, políticos y despachos de abogados y contadores públicos continúa. Fuentes que han seguido este proceso desde 2010, cuando se conocieron las primeras informaciones del caso, aseguran que hay más de 20 averiguaciones previas abiertas en contra de los exgobernadores Ulises Ruiz, de Oaxaca; Mario Marín, de Puebla, y Pablo Salazar, de Chiapas, quienes habrían contratado los servicios del contador oaxaqueño Sergio Castro López y sus socios del despacho Álvarez Puga y Asociados.

Lo interesante de este viejo asunto de corrupción, abuso de poder, desvío de recursos públicos y evasión fiscal, que por más que han tratado las autoridades hacendarias de México y de Estados Unidos de cuadrarlo sigue empantanado, debido a que entre los principales operadores se encuentran hijos de “notables” políticos y servidores públicos, como Santiago Creel, Ernesto Zedillo, Emilio Gamboa, Alejandro Murat, Fidel Herrera y hasta el extenista Oliver Fernández.

De acuerdo con las indagatorias abiertas en diversos procesos penales, se trata de excedentes de aportaciones federales que fueron desviadas de gobiernos estatales, es decir que no aparecen en los libros contables de gobierno, y fueron a parar a manos de prestanombres y empresas fantasmas y de outsorcing creadas por Sergio Castro y Álvarez Puga. De esta forma trataron de que dichas operaciones nunca serían rastreadas, pero el gobierno federal las descubrió y abrió procesos penales por los delitos de peculado, lavado de dinero, malversación de fondos públicos, evasión fiscal y fraude financiero.

El caso ha sido tan escandaloso y tan meticulosamente cuidado, que se ha descubierto que fue la Consultoría de Inteligencia en Dirección de Negocios, del contador Castro López, la que habría blanqueado fondos sustraídos, por ejemplo, del gobierno de Oaxaca cuando el cacique priista Ulises Ruiz ahí despachaba. Se asegura que los recursos sustraídos superan los 16 mil 500 millones de pesos, sólo en Oaxaca, pues otro tanto correspondería a Puebla, con Pablo Marín a la cabeza y Chiapas, en donde Pablo Salazar ya estuvo en prisión.

Las pesquisas han sido seguidas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributario y la Procuraduría General de la República, además de su contraparte de Estados Unidos. Las autoridades fiscales y judiciales de México realizaron operativos en siete estados de la República en donde se cree se utilizó la misma mecánica de fraude.

El trabajo de Sergio Castro y Álvarez Puga era borrar cualquier evidencia de del desvío de recursos públicos que terminaron en manos de particulares y sociedades financieras, quienes los invirtieron en la compra de bienes inmuebles en varios países y para lo cual utilizaron prestanombres.

Varias de las investigaciones echas en contra del contador Sergio Castro han revelado que las sociedades fantasmas utilizadas para el lavado de dinero y la instrumentación del esquema outsourcing conducen a la Casa de Bolsa Vector S.A., en donde por ejemplo el exgobernador Mario Marín tenia un asiento en el Consejo a través de su secretario de finanzas.

Incluso una de las agencias internacionales calificadoras que evaluaba la capacidad crediticia de Oaxaca, Standard and Poor´s, descubrió que Vector tenía elevados ingresos y que crecía de manera injustificada a pesar de que no aumentaba su cartera de clientes, según datos revelados por la prensa local.

Desde 2010, investigadores del SAT, PGR, IMSS, Infonavit y la Secretaría de Seguridad Pública realizaron cateos y revisiones en las oficinas del contador Castro en Oaxaca, Puebla, Chiapas, Nuevo León y Distrito Federal, en donde encontraron suficiente información que aún sigue en proceso de indagatoria.

En Oaxaca, los excendentes de aportaciones federales que desvío el extitular del Poder Ejecutivo local no aparecieron en la contabilidad gubernamental, y se determinó que los recursos fueron a parar a empresas fantasmas abiertas con prestanombres. El riesgo ahora es que con la llegada del PRI al poder, esta investigación que apunta a destacados priistas, exgobernadores y expresidentes, queden inconclusas y sin sanción alguna.

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