El abusivo y descontrolado uso de recursos financieros en la última campaña presidencial, que provocó acusaciones de todo tipo entre excandidatos y partidos políticos, motivó que la Cámara de Diputados acordara hace un par de semanas integrar una comisión especial investigadora del manejo de recursos públicos en las campañas del proceso electoral 2012.Dicha comisión revisará y analizará toda la información sobre las campañas de los cuatro candidatos a la Presidencia de la República, y espera que el Instituto Federal Electoral (IFE) le entregue las auditorías que realizó y que habrá concluido entre diciembre y enero próximo.

Aunque una de las preocupaciones principales de la comisión legislativa es indagar sobre el supuesto uso de fondos públicos en las campañas políticas, en especial la del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su candidato Enrique Peña Nieto, ahora presidente de México, lo cierto es que el IFE abrió varios expedientes y pretende sancionar a todos los partidos.

Uno de esos expedientes confidenciales que la comisión de la Cámara de Diputados debería conocer está identificado con la clave Q-UFRPP59/12, elaborado por el IFE, donde hay un reporte del director general de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Alfredo Cristalinas Kaulitz, quien se empeña en sustanciar “un procedimiento administrativo sancionador” promovido por el partido entonces en el gobierno (Acción Nacional, PAN) en contra de la Coalición Movimiento Progresista, integrada por los partidos que se dicen de izquierda de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, y de su candidato único Andrés Manuel López Obrador, “por presuntas violaciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos”.

Los hechos investigados, sostiene Alfredo Cristalinas en un escrito con fecha del 26 de julio de 2012, “consisten en la presunta aportación de 90 millones de pesos mediante dos cuentas [bancarias] aperturadas a nombre de Yeidckol Polevnsky Gurwitz entre 2002 y 2010, los que –según los dichos del quejoso– fueron destinados a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador”.

La exsenadora Polevnsky, una de las personas de mayor confianza de López Obrador, rechaza la acusación del PAN y afirma que en sus cuentas nunca han ingresado 90 millones de pesos. Se dice molesta y extrañada porque la Unidad de Fiscalización del IFE indague sus movimientos financieros desde 2002 hasta 2010, “cuando todos sabemos que la campaña presidencial corresponde a años distintos a los investigados”.

A pesar de lo anterior asegura que ha colaborado con esa indagatoria del IFE, por lo que ordenó a su contador entregar toda la documentación financiera y personal requerida: “Que revisen todas mis cuentas y movimientos bancarios, para dejar constancia de que no hubo depósitos ni movimientos por 90 millones de pesos para la campaña de Andrés Manuel”.

Yeidckol Polevnsky, explica que el dinero que recibe es producto de su trabajo y de su actividad empresarial: “Vengo del sector privado y tengo derecho a ganar dinero, siempre y cuando pague mis impuestos”. Enfatiza que de nada pueden acusarla los auditores del IFE, por lo que está tranquila y muy cooperativa con esa indagatoria, aunque acepta estar muy molesta por los señalamientos que se han hecho en su contra.

Asegura que ya fue interrogada por la Unidad Fiscalizadora, al tiempo que precisa que no conoce la información integrada en el expediente Q-UFRPP59/12.

De manera oficial, el Instituto Federal Electoral (IFE) sostiene que en breve dará a conocer el resultado de sus investigaciones sobre éste y otros expedientes abiertos. Por lo pronto, la institución que encabeza Leonardo Valdés Zurita solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) toda la información financiera que tenga sobre los movimientos financieros, cuentas, ingresos y egresos de la exsenadora perredista.

El planteamiento del IFE es que fue la propia exsenadora perredista quien ante los señalamientos del PAN del uso indebido de recursos en la campaña de López Obrador, ella declaró que esos 90 millones de pesos le pertenecían y los aportó a la campaña. Sin embargo, en la información encontrada por el SAT en las operaciones financieras de Yeidckol, no aparece ningún reporte del pago de impuestos de ese dinero ni tampoco algún movimiento comprobable de esos ingresos en sus cuentas bancarias, por lo tanto el IFE considera que hay elementos para sancionarla y también el SAT podría abrirle alguna investigación penal por evasión fiscal y uso de recursos de procedencia ilícita.

En las peticiones que hizo el IFE al SAT para corroborar el supuesto uso ilegal de 90 millones de pesos en la campaña del excandidato presidencial López Obrador, destaca la información de movimientos financieros sobre 26 registros federales de causantes, entre ellos el de Yeidckol Polevnsky.

Extrañamente, en el expediente abierto por el IFE en contra de la Coalición Movimiento Progresista, aparecen los ejercicios fiscales y todos los movimientos financieros de Polevnsky desde 2006 hasta 2011, elaborados por el SAT, y en ninguno de esos 6 años aparecen depósitos o movimientos bancarios por 90 millones de pesos, motivo de la acusación que hizo el representante propietario del PAN ante la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

Según la información acumulada en el expediente del IFE, los ingresos obtenidos por Yeidckol en su labor empresarial y como integrante de la Cámara de Senadores ascendieron, en 6 años reportados por el SAT, a 17 millones 353 mil 48 pesos; y fue 2009 el año más lucrativo para la señora, al haber percibido ingresos por 3 millones 798 mil 945 pesos.

Sólo con esta información que se desprende de la misma investigación hecha por la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos se confirmaría el dicho de la exsenadora, en el sentido de que jamás recibió en cuentas bancarias personales fondos por 90 millones de pesos, los cuales servirían presuntamente para financiar la campaña del excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, habrá que esperar la resolución del Instituto Federal Electoral; pero si este órgano electoral busca sancionar a la Coalición Movimiento Progresista y a su excandidato presidencial, tendrá que demostrarlo con información adicional de que hubo manejos ilícitos de dinero cuyo origen se desconoce. Mientras tanto, los datos acumulados hasta ahora no permiten corroborar la acusación del PAN en contra del líder de las izquierdas.

El negocio de Motorola y el narcotráfico

Hasta hace unos años, muchos de los equipos de telecomunicaciones que utilizaban las fuerzas armadas, el Ejército y la Marina para comunicarse, en el marco de la “guerra” contra el narcotráfico que declaró el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, usaban tecnología análoga que permitía a las bandas del crimen organizado interceptarlos y conocer el contenido de las conversaciones, indicaciones y órdenes entre efectivos militares de todos los niveles.

Esto explicaría algunas dificultades en esa lucha gubernamental perdida. Ante ello, como parte de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos donó al gobierno mexicano equipo de telecomunicaciones por un valor superior a los 24 millones de dólares. Se trata de tecnología con señales digitales y satelitales para evitar que las conversaciones de los efectivos de las fuerzas armadas fueran interceptadas y escuchadas por los narcotraficantes.

La vinculación entre Motorola y la agencia antidrogas estadunidense DEA ha sido clave para que sea ésta firma la que se beneficie con importantes contratos de la Iniciativa Mérida. La razón de este vinculación de negocios es que Karen Tandy se despeña desde 2007 como vicepresidenta de Relaciones Globales y de Gobierno de Motorola, pero antes de eso fue directora de la DEA. Casualmente fue el mismo año en que el gobierno estadounidense autorizó un presupuesto de mil 400 millones de dólares para el plan Mérida. Así, la guerra contra el narcotráfico benefició a esta empresa de telecomunicaciones que como estrategia de negocios contrató a una exfuncionaria de la DEA para asegurar millonarios contratos comerciales.

Habría que pregunta si en estas operaciones comerciales en Estados Unidos, igual como sucede en México con las compras de gobierno, hubo comisiones por parte de Motorola a algunos funcionarios de la agencia DEA.

Fue en 2011 cuando Washington entregó equipo al gobierno mexicano para fortalecer sus comunicaciones móviles satelitales. Una de las firmas estadounidenses que estuvo involucrada en la venta del equipo que “donó” Estados Unidos a México es la empresa Motorola.

En Washington, fue William Anaya, otro vicepresidente de Asuntos Globales de Gobierno de Motorola, quien estuvo a cargo del cabildeo ante el Congreso para lograr las ventas millonarias de equipo que se enviaría al territorio mexicano. Pero Motorola no sólo entregó la tecnología, sino que asesoró al Ejército Mexicano para su utilización. A partir de entonces, la comunicación estratégica de las fuerzas armadas mexicanas dejó de ser análoga y hoy se encuentra totalmente encriptado. Al cierre de 2008, Anaya reportó ante el Congreso de Estados Unidos gastos por 1.4 millones de dólares en labores de cabildeo y uno de los temas de interés para el gigante de las telecomunicaciones que se informa es, precisamente, la Iniciativa Mérida.

Uno de los funcionarios estadounidenses experto en materia de telecomunicaciones, quien se encarga de avalar las necesidades tecnológicas de países como México, es Frank Swain, responsable de Información y Tecnología en el marco de la Iniciativa Mérida. Así lo identifica un documento dado a conocer por Wikileaks.

Uno de los modelos que Motorola ha entregado a México y otros países que han firmado acuerdos de asistencia tecnológica en el marco de la Iniciativa Mérida, es el radio con señales encriptadas XTS-5000.

El gobierno de Estados Unidos justificó las donaciones de equipo al gobierno mexicana al asegurar que se facilitaría la conectividad y la interoperabilidad con elementos de las fuerzas policiales e investigativas de ese país. Así nació el proyecto tecnológico Oasis, que permitió el continuo intercambio de información entre la Procuraduría General de la República y el Departamento de Seguridad Interior de EU en materia de decomisos de droga.

En la frontera entre México y Guatemala (en la zona de Tecun Uman), el gobierno de Estados Unidos colocó una antena para señales de UHF, que opera exclusivamente para los equipos que el gobierno estadounidense ha donado a los gobierno de la región. Sin embargo, el sistema estratégico es la red de satélite Iridium de Motorola.

Para el consorcio Motorola, sin embargo, su participación en la venta de equipo ha representado graves riesgos, pues de acuerdo con información que hasta ahora se ha mantenido en la secrecía total, revela que esa firma comercial estadunidense ha sufrido el asesinato de varios de sus colaboradores, se habla de 4 técnicos mexicanos que trabajaban para la firma asesorando al Ejército Mexicano. Ellos fueron otras víctimas colaterales de la guerra contra el narcotráfico del fallido gobierno de Felipe Calderón que, para fortuna de todos, ha terminado.

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