Faltan dos semanas para que Felipe Calderón y todo su grupo se vayan del gobierno y ya se evidencia la crisis que enfrentará por su pésima actuación como presidente de la República. El próximo régimen, que conducirá Enrique Peña Nieto, ha empezado a marcar lo que considera estuvo plagado de errores, corruptelas y abusos de poder. Se trata de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de su titular Genaro García Luna, quien a pesar de los señalamientos públicos de una mala actuación, por algún motivo logró la protección de Calderón.

Es el próximo presidente quien ha decidido la urgente desaparición de la SSP y la limitación del enorme poder político y económico que García Luna acumuló en los últimos 6 años del gobierno panista. Las funciones de esa Secretaría de Estado pasarán al área política como una subsecretaría bajo la coordinación del titular de Gobernación.

Otro problema que Calderón nunca pudo controlar fue la disputa entre su secretario preferido y la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, quienes desde hace muchos meses dejaron de cooperar en el combate a la delincuencia organizada y se lanzaron acusaciones mutuas (sin dar la cara) de que uno y otro cooperaban con el crimen organizado.

Sin más pruebas que los señalamientos ocultos hechos a periodistas que estuvieron dispuestos a prestar su pluma para acusar, lo cierto es que funcionarios de primer nivel de la SSP y de la PGR fueron cesados y algunos hasta procesados por vínculos con el crimen organizado, al cual le daban protección e información para alertarlos de operativos en su contra.

El último de estos casos es el de José Cuitláhuac Salinas Martínez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), quien renunció el jueves pasado “por motivos personales”, según la PGR, aunque todos adentro y fuera de esa dependencia comentan que él y su grupo se habían vinculado al crimen organizado, principalmente al cártel de Sinaloa, comandado por Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo. Se comenta que fue el grupo del secretario de Seguridad Pública el que descubrió los vínculos de Cuitláhuac con el narcotráfico, por lo que la procuradora se vio obligada a renunciarlo a pesar de ser uno de sus hombres de mayor confianza.

Otro caso que exacerbó el enfrentamiento abierto entre García Luna y Marisela Morales fue el ataque de policías federales en contra de una camioneta blindada que transportaba dos agentes estadunidenses de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) y un efectivo de la Marina de México, con rumbo a un campo de entrenamiento de esa misma Secretaría, en la inmediaciones del poblado mexiquense de Tres Marías.

El caso subió de tono cuando la propia procuradora sostuvo que los 14 policías federales que participaron en el ataque cumplían instrucciones del crimen organizado para ejecutar a los agentes de la temible agencia de espionaje CIA.

Para García Luna esa afirmación además de falsa está llena de malicia por parte de la procuradora, para deteriorar más la imagen de la SSP, pues de acuerdo con las evidencias entregadas al gobierno de Estados Unidos y también al juez federal que lleva la causa penal por la agresión armada, se trató de un grave error de los policías al disparar a un vehículo blindado con placas diplomáticas.

La titular de la Unidad de Asuntos Internos de la SSP, Luz María Núñez Camacho, quien investiga internamente la responsabilidad de los 14 policías federales involucrados, consideró que se trató de una equivocación: los agentes armados vestidos de civil investigaban el secuestro de un funcionario del Instituto Nacional de Antropología e Historia ocurrido en esa misma zona, de pronto una camioneta blindada cruzaba por el área en un camino de terracería, lo que pareció sospechoso y trataron de marcarle el alto para revisar el vehículo, pues creían que allí llevaban al funcionario secuestrado.

El conductor de la camioneta al ver hombres de civil con armas largas aceleró la marcha e impactó con otro vehículo de los policías encubiertos y golpeó a uno de los agentes federales, lo que provocó decenas de disparos. El resultado fue de varios heridos. Los mismos policías, al darse cuenta de su error, los trasladaron al hospital.

La funcionaria Núñez Camacho aseguró que habrá sanción administrativa en contra de los 14 policías federales, porque sí hubo errores de procedimiento, pero rechazó los señalamientos de la procuradora Morales de que se tratara de una fallida ejecución ordenada por el narcotráfico. Del proceso penal explicó que será el juez el que determine la responsabilidad de los procesados, pero al interior de la SSP confían en que sean absueltos del delito de tentativa de homicidio y vínculos con el crimen organizado, como pretende hacer creer el Ministerio Público Federal.

Mientras en México Felipe Calderón nunca pudo cohesionar un combate inteligente contra el crimen organizado y mucho menos poner de acuerdo a las distintas corporaciones responsables de la seguridad pública y nacional, el gobierno de Estados Unidos ha abierto expedientes penales en contra de importantes miembros del gabinete panista, por tener presunciones de que tienen vínculos con el crimen organizado.

Entre los funcionarios investigados y a quienes les dan un puntual seguimiento de sus actuaciones están precisamente el secretario García Luna y la procuradora Marisela Morales, además de algunos generales, de quienes indagan supuestas acusaciones de proteger y proporcionar información sensible sobre las acciones que se llevan a cabo en México y en Estados Unidos en contra de los cárteles del narcotráfico.

Según los agentes federales estadunidenses, se trata de indagatorias que llevan varios años y que involucran no sólo a los titulares de la SSP y PGR, sino a todos los integrantes de su primer equipo, a familiares y hasta a amigos, pues hay indicios de movimientos financieros internacionales por cuantiosas sumas de dinero para beneficiar a miembros de esos grupos.

La pugna interna entre miembros del “equipo” calderonista es sólo la prueba de la irresponsabilidad que tuvo este gobierno en la lucha contra el narcotráfico y cómo desató enfrentamientos entre las distintas corporaciones precisamente por su complicidad con las mismas bandas que, ha dicho Calderón, pretende combatir.

Crisis en el IMSS

Otro funcionario del gobierno calderonista que correrá la misma suerte que el secretario Genaro García Luna es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, quien al igual que el primero ha decidido auto-homenajearse por su gestión al frente de una de las instituciones públicas más corrupta que hay en el país.

Sin embargo, mientras Karam y sus socios Juan Lozano y Eduardo González Pier buscan por todos los medios acercarse al futuro presidente en busca de un puesto en el nuevo gabinete, el equipo de Enrique Peña Nieto pidió el expediente integrado por la Secretaría de la Función Pública sobre la enorme corrupción en la asignación de contratos en el IMSS, lo que deja muy mal parados a Karam y amigos. Además del tradicional robo en la compra de medicamentos y equipo médico, al grupo de Peña Nieto le interesa los contratos asignados al Grupo Carso de Carlos Slim y al Grupo Banorte de la familia González Barrera, para los servicios de red privada de comunicación y seguros de vida, respectivamente, así como de las afores.

En charla con el extitular de la Secretaría de la Función Pública, Salvador Vega Casillas

Para el corrupto gobierno panista de Felipe Calderón, la salud en México ha sido un negocio muy rentable en complicidad con las empresas intermediarias responsables de abastecer medicamentos al sector público –Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), las secretarías de Salud, Defensa Nacional, Marina, Petróleos Mexicanos y gobiernos estatales–.

Sólo en compra de medicinas, el gasto público se acerca a los 100 mil millones de pesos y si a esa cifra sumamos la compra de equipo, material médico e instalaciones, el monto se dispara a 200 mil millones. A esto hay que agregar las ventas de medicamentos controlados a través de cadenas de farmacias particulares.

Si el destino final de dicha inversión fuera en beneficio de millones de familias pobres, el gasto estaría más que justificado, pero cuando parte importante de esos recursos públicos van a parar a las cuentas bancarias de funcionarios corruptos del IMSS e ISSSTE, empresarios deshonestos, intermediarios voraces y distribuidores abusivos, se confirma el fracaso del gobierno de Felipe Calderón en el sector salud, en donde el secretario José Córdova Villalobos y los titulares de los órganos de control y vigilancia han fallado en su responsabilidad y son incapaces de poner orden y eliminar la corrupción que se expande como plaga en las instituciones de salud.

El mismo exsecretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, confirmó en su momento que abrió una intensa investigación en contra de funcionarios de salud y de empresas intermediarias que han corrompido el sistema de distribución de medicamentos a instituciones de salud pública, y aseguró que habría inhabilitaciones de directivos de instituciones de salud y sanciones a empresas privadas para impedir que pudieran participar en concursos y licitaciones públicas relacionadas con el sector salud. Sin embargo hasta ahora esa promesa quedó pendiente, razón por la cual Peña Nieto decidió desparecer a esa secretaría y crear una nueva Comisión anticorrupción, pues los actuales controles como dicha secretaría simplemente no han funcionado.

Las empresas intermediarias más representativas del sector y que controlan prácticamente el 90 por ciento de los mercados público y privado son Casa Saba, de la familia Saba; Maipo, de los hermanos Jesús y Carlos Arenas; Nadro, de la familia Escandón; El Fénix, de la familia González Torres; Fármacos Especializados y Selecciones Médicas, de la familia Pérez Fayad; Ralca, de los hermanos Alberto y Sergio Ramírez; Disur, de los hermanos Víctor, Jesús y Armando Sánchez Ayala, y Lomedic, de Carlos Lomelí Bolaños.

Un alto funcionario de la Secretaría de Salud comentó que al interior de esta dependencia se busca frenar los abusos de directivos del IMSS y del ISSSTE que están coludidos con intermediarios para desviar recursos públicos y otorgar cuantiosas comisiones a cambio de jugosos contratos. En las secretarías de Salud y Función Pública también preocupa el desabasto ficticio de medicamentos, creado por las empresas para obligar a los derechohabientes a comprar medicinas en sus farmacias privadas a precios superiores entre un 70 y ciento por ciento.

“Con la incorporación de 40 millones de mexicanos al Seguro Popular, a las empresas privadas de las medicinas se les cayó el negocio en un 30 por ciento. Por eso, ahora provocan desabasto para compensar esas caídas en sus ventas, pero ya se tiene identificado el problema y en breve habrá acciones en contra de los responsables”, según la Secretaría de Salud.

Durante años, los ciudadanos se han quejado de los desorbitantes precios de medicamentos, del desabasto de medicinas en las instituciones de salud pública y de que los laboratorios médicos trasnacionales se han enriquecido. Si esto lo sumamos a los escándalos de corrupción en compras multimillonarias, el escenario se pinta de negro, y más cuando hay familias que se han convertido en verdaderas mafias de salud en complicidad con funcionarios de este sector.

Por los diversos esquemas de compra y los complicados procesos de adquisición que hay en el país, sumado a la carencia de sistemas de distribución, prácticamente ningún laboratorio vende directamente al gobierno, salvo contados esfuerzos e incipientes procesos de licitaciones internacionales conjuntas.

La totalidad de las adquisiciones son llevadas a cabo de tal manera que prácticamente sólo los distribuidores pueden participar, y aquí es donde se confabulan familias que se han adueñado del mercado de los medicamentos, lo que hace imposible la participación de nuevos competidores. Para controlar el mercado, las ambiciosas familias corrompen funcionarios de las áreas de compra de insumos y medicamentos. Ello, sin descontar la complacencia de la autoridad, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y la anuencia de los laboratorios, que califican a los distribuidores como “un mal necesario”.

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