Ante la inminente salida del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Luna Ramos, se ha desatado una pugna interna entre los seis magistrados para decidir quién lo relevará en el cargo y, hasta ahora, la ventaja la lleva el doctor Salvador Olimpo Nava Gomar.Aparejado a esta sucesión inminente, en el máximo órgano judicial electoral del país hay un nuevo escándalo de corrupción, abuso de poder y violación a los derechos fundamentales de varios trabajadores. Es tal la arbitrariedad que se vive en ese Tribunal, que el caso debería ser investigado por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el doctor Raúl Plascencia Villanueva, pues la responsabilidad apunta al mismo magistrado presidente, a quien varios empleados acusan de violar sus derechos humanos y laborales el pasado 18 de septiembre, cuando sin justificación ni investigación alguna, fueron suspendidos y despedidos por el mismo Luna Ramos.

Todo empezó la mañana del 18 de septiembre, cuando el doctor Luna Ramos citó a reunión urgente en la sala de juntas de la Presidencia al magistrado Salvador Nava; al contralor José Izcóatl; al coordinador de Recursos Humanos, Rafael Elizondo; al oficial mayor, César Silva; al director general de Adquisiciones, Fernando Verduzco; a los subdirectores Juan Ochoa y Alfredo Chavarría, y a Jorge Chón, este último del equipo del magistrado Nava.

Ahí, sin prueba alguna y aconsejado por su secretario particular Jorge Mata y su coordinador de asesores Felipe de la Mata, el presidente magistrado arremetió en contra de varios de los presentes y los acusó de integrar una red de corrupción al interior del Tribunal, al realizar compras con sobreprecios de hasta 500 por ciento, afectar el patrimonio público y traficar con influencias para despedir y poner personal a modo en las áreas de compras y adquisiciones.

Por la tarde de ese mismo martes 18 de septiembre y después de sostener una larga plática con su secretario particular y con su coordinador de asesores, el doctor Luna Ramos bajó hasta las oficinas de los acusados y los suspendió de sus labores y los obligó mediante la fuerza a abandonar su centro de trabajo.

Quienes presenciaron la escena, cuentan que sorpresivamente el presidente magistrado se apareció en las oficinas administrativas y, sin más, estalló en gritos y manoteos en contra de varios trabajadores que, desconcertados y sin saber el motivo de lo que le sucedía al magistrado, fueron regañados por varios minutos, hasta que empezaron los despedidos de unos y las suspensiones para otros. Todo de manera verbal, pues no había hasta ese momento alguna explicación ni investigación de parte del órgano interno de control que justificara la actitud del doctor Luna Ramos.

Eran tales los exabruptos del presidente del Tribunal Electoral en contra de varios trabajadores, que algunos de ellos llegaron a pensar que se trataba sólo de que a Luna Ramos se le habían pasado las copas, una vez más. Si el titular de la CNDH considera abrir una investigación por violación a los derechos humanos de varios empleados de mandos intermedios de ese órgano judicial, podría pedir revisar las imágenes del desaguisado del funcionario que fueron captadas por las cámaras de vigilancia que están esparcidas en todas las instalaciones.

Además del duro regaño con insultos y amenazas, Luna Ramos obligó a los trabajadores a abandonaran su centro de trabajo sin mediar explicación alguna. Para verificar que se cumplieran sus órdenes, el presidente del Tribunal pidió al supervisor de seguridad, un almirante de apellido Cano, que acompañara hasta la puerta a varios empleados y los sacara de las instalaciones. Ordenó también al contralor interno, José Izcóatl, que respaldara los archivos de todas las computadoras y ordenadores del área administrativa, para evitar que alguien borrara algún archivo.

Los trabajadores despedidos y suspendidos de sus labores por órdenes del presidente del Tribunal son José Alfredo Chavarría, subdirector de Adquisiciones; Jorge Chón, jefe de la Unidad de Adquisiciones; Juan Ochoa, subdirector de Compras; Fernando Verduzco, director General de Adquisiciones, y Mara Tafoaya, del área de Compras. De esta última persona el doctor Luna Ramos se refirió ofensiva y despectivamente al comentar que: “por cierto, ya no es señorita, pues sé muy bien que anda con Jorge Chón”.

Después de la acometida del funcionario en contra de los trabajadores (primero sanciono y luego investigo), ordenó al contralor abrir un procedimiento de investigación en contra de los acusados.

En medio de este escándalo, al interior del Tribunal aseguran que hay un “complot” para obligar a Luna Ramos a presentar su renuncia irrevocable y permitir que algún magistrado más joven tome las riendas del máximo órgano de procuración de justicia electoral. Y si para ello tienen que acusarlo de malos manejos administrativos, pues dicen que están dispuestos a todo.

Abusos del Tribunal

En esta columna hemos dado cuenta de los constantes abusos en el manejo del dinero público del Tribunal. Por ejemplo, tres días antes de las elecciones federales, los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibieron, cada uno, un bono de casi 500 mil pesos. En su defensa, el titular Luna Ramos aseguró que ese bono lo reciben cada año y que, además de ser legal, no tuvo nada que ver con el periodo electoral.

Los beneficios económicos para quienes validaron las elecciones presidenciales no acaban ahí: sus sueldos alcanzan los 250 mil pesos mensuales, cuentan con seguros de vida y de gastos médicos mayores y bonos de productividad, entre otros. De enero a mayo, el Tribunal gastó más de 80 millones de pesos en el Programa Específico del Proceso Electoral Federal.

Apenas tres días antes de que se celebraran las elecciones presidenciales, los magistrados José Alejandro Luna Ramos, María del Carmen Alanís Figueroa, Manuel González Oropeza, Constancio Carrasco Daza, Salvador Olimpo Nava Gomar, Flavio Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos López obtuvieron un bono de 488 mil 799 pesos, cada uno. El dinero ingresó a las cuentas bancarias de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado 28 de junio.

Fuentes allegadas a la institución aseguran que se trata del bono de riesgo; y que, en la semana del 18 al 24 de junio, los magistrados habrían votado en su sesión ordinaria para autoasignarse dicha prestación.

Espionaje en el TEPJF

El Tribunal va de escándalo en escándalo. A principios de septiembre, comentamos como antes de dar el fallo sobre la elección presidencial de julio pasado, los magistrados del TEPJF fueron objeto de espionaje. El caso involucraba a servidores públicos del propio Tribunal en colusión con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que comanda Dionisio Pérez-Jácome Friscione. Esta es otra prueba del “complot” orquestado por algún magistrado en contra del presidente Luna Ramos.

Según la información interna, una camioneta con el logotipo de la SCT se apostó a las afueras de la Sala Superior (ubicada en Carlota Armero, 5000, colonia CTM, en la zona de Culhuacán, Distrito Federal), donde sesionaban los siete magistrados, y con aparatos sofisticados registró ilegalmente las llamadas telefónicas, así como las discusiones del pleno sobre el expediente llamado “juicio madre”, presentado por el candidato de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador.

El propósito era saber si algún magistrado estaba en contra de la “legalidad” del proceso, y el recurso que se analizaba entonces es aquel con el que los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano exigían la anulación y reposición de los comicios presidenciales, y que puso muy nerviosos a varios políticos.

Así, todas las conversaciones sostenidas durante uno de los días más intensos en el Tribunal fueron ilícitamente grabadas y posteriormente analizadas por presuntos servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones.

El caso no es ajeno para los magistrados, quienes habrían sido alertados por el aparato de seguridad que resguarda la Sala Superior. Los elementos de seguridad de ese órgano judicial fueron quienes descubrieron la inusual conducta del vehículo de la SCT y, sobre todo, de una de las secretarias de un magistrado del Tribunal.

A lo largo del día, la secretaria entraba y salía de la Sala Superior. Su actitud despertó las sospechas de los guardias, quienes sin que ella se diera cuenta, iniciaron un seguimiento. Descubrieron que, invariablemente, la funcionaria “visitaba” la camioneta de la SCT, para interactuar con los sujetos que se encontraban en su interior.

A pesar de la gravedad del caso, los guardias se limitaron a improvisar un operativo de “revisión”. Al interior de la camioneta descubrieron un sofisticado equipo de telecomunicaciones para intercepción de mensajes y llamadas, así como la escucha de micrófonos que habrían sido ocultados al interior de la Sala Superior para grabar las discusiones privadas de los magistrados, por lo que tras unas llamadas a sus “jefes”, procedieron únicamente a “despejar” la zona y evitar que se continuara con las labores de espionaje.

La orden que recibieron los vigilantes desde el Tribunal Electoral fue ésa: permitir que la camioneta de la SCT se fuera después de varias horas de espiar a los magistrados. Además, éstos decidieron no denunciar el hecho ante la Procuraduría General de la República como procedía, para no generar mayor tensión respecto del fallo que ya había sido tomado días atrás sobre la elección presidencial.

En sigilo, el órgano judicial separó de su cargo a la secretaria del magistrado que colaboró con los espías de Comunicaciones y Transportes. Pero tampoco procedió judicialmente en su contra. Todo en el Tribunal es un hermetismo, sobre todo por la inconformidad del fallo entre un importante sector de la población, de tal manera que el espionaje presuntamente del gobierno federal sobre un órgano del Poder Judicial lo mantuvieron en secreto.

Al interior del Tribunal Electoral es un secreto a voces que Alejandro Luna Ramos dejará la presidencia para que el verdadero grupo de poder de dicho órgano judicial asuma abiertamente el control total. Cansado y agobiado por las presiones políticas externas e internas, el presidente magistrado estaría de acuerdo en dejar su cargo y prepararse para incorporarse al próximo gobierno priista.

Este Tribunal ha estado marcado por el abuso del dinero público. A su presidente Luna Ramos le asignaran para su servicio dos automóviles con su respectivo gasto de gasolina; un ingreso mensual neto de 250 mil pesos, mientras que los otros seis magistrados ganan 230 mil; cuentan con un seguro de separación individualizado contratado con la empresa Metlife, consistente en que el magistrado aporta 10 por ciento de sus ingresos y el Tribunal otro 10 por ciento de dinero público, y el total lo recibirá cada magistrado cuando termine su gestión.

Además, dicho órgano de “justicia” le otorga a los magistrados un seguro de vida y un seguro de gastos médicos mayores, con cero coaseguro, es decir, que cualquier gasto que genere su internamiento en algún hospital de cinco estrellas, el magistrado no desembolsará un solo centavo de sus ingresos, pues todo estará cubierto por el seguro pagado con dinero público de los mexicanos.
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