En pleno proceso electoral para elegir en menos de dos meses al próximo presidente de Estados Unidos (6 de noviembre), el gobierno de Barack Obama –quien busca reelegirse para otro periodo de cuatro años sobre su contendiente ultraderechista, el republicano Mitt Rommey– ordenó un estudio sobre México que ha denominado como una “geografía social”, con el propósito de conocer las afectaciones sociales, económicas y políticas que ha causado en nuestro país –durante el gobierno de Felipe Calderón– el crecimiento del narcotráfico y la expansión de los cárteles de la droga mexicanos, así como su afectación al desarrollo de la democracia, y si esto tuvo impacto y a qué grado en el pasado proceso electoral mexicano.

Interesado en mantener de este lado de la frontera los efectos negativos de la violencia que ha dejado casi 100 mil muertos y desaparecidos, millones de desplazados, niños huérfanos y viudas, víctimas de secuestros y extorsiones, negocios y empresas quebradas, sin descontar la sicosis del miedo generalizado que ha ocasionado en toda la República, el presidente estadunidense ordenó al Comando Norte del Ejército de Estados Unidos enviar a un grupo de sociólogos a la frontera con México para conocer más a fondo lo que sucede con el crecimiento de bandas del crimen organizado y el aumento del tráfico de drogas, y el riesgo que esto significa para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El propósito del gobierno gringo es establecer una nueva estrategia que, en caso de que Obama sea reelegido, se aplicaría de inmediato hacia territorio mexicano, en donde se incluiría una intervención directa por parte de fuerzas militares para asegurarse de que dicha violencia de muertes y secuestros no llegue a su país.

Por ello, entre septiembre y octubre un equipo de sociólogos estadunidenses cruzarán la frontera para realizar en México su “geografía social” y valorar, entre otras cosas, el riesgo que significa que Estados Unidos siga suministrando armas a los cárteles de la droga, que sus agencias policiales tengan mayor injerencia en territorio mexicano y se incorporen a más trabajos de investigación, la posibilidad de que grupos de fuerza de tarea militares realicen trabajos de vigilancia en México y analizar cómo ha impactado en la estructura social el crecimiento del consumo de drogas.

Como conejillo de Indias, México será escudriñado por los estudiosos estadunidenses en un trabajo como nunca antes se había hecho sobre otro país, ante la inminente posibilidad de que la violencia rebase la frontera y alcance a su población.

La semana pasada Calderón declaró a un diario ruso que Estados Unidos es el principal consumidor de drogas y que mientras su población no disminuya la compra, el negocio del narcotráfico continuará al alza en todo el mundo, de tal manera que mientras el gobierno de Obama fue incapaz en cuatro años de reducir el consumo en su país, ahora busca en territorio mexicano resolver la crisis que provoca la expansión de bandas criminales que trafican con drogas y la terrible violencia que éstas generan por donde cruzan.

A eso hay que agregar que el vecino país sigue siendo el más beneficiado con la industria del narcotráfico, pues las utilidades que deja esta onerosa industria de la droga se queda en mayor porcentaje en los circuitos financieros de Estados Unidos, incluidos bancos y casas de cambio, sin descontar que la industria militar de ese país también es muy beneficiada por el gasto que hacen los cárteles y el gobierno en la compra de armamento y aeronaves de guerra.

Estas son las razones por las cuales Estados Unidos y sus autoridades son las menos interesadas en que se termine con la producción, el tráfico y el comercio de la droga, pues ayuda a estabilizar su economía y mantiene idiotizada a su población, sólo que a veces interviene naciones y derrumba gobiernos para evitar que el negocio se le salga de su control.

La guerra del crimen organizado

Hace unas semanas en la portada de este semanario dimos cuenta de un estudio que tres militares mexicanos de mando superior realizaron sobre la estrategia nacional contra la delincuencia organizada y su impacto en la seguridad nacional. Con ese trabajo los expertos que obtuvieron el grado de maestría en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales, dan cuenta de cómo la disputa por el control de la droga y los territorios se concentra en dos grandes cárteles, el de Sinaloa y Los Zetas.

El análisis militar, descrito por el reportero Zósimo Camacho, no tiene desperdicio porque ubica el problema del narcotráfico y el crimen organizado como una amenaza real a la seguridad del país y la complicidad que el gobierno federal de Felipe Calderón ha tenido con uno de esos grupos delincuenciales, el cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo.

La investigación fue realizada por el general de división diplomado de Estado Mayor Augusto Moisés García Ochoa, del Ejército Mexicano; y el contralmirante cuerpo general diplomado de Estado Mayor José Luis Arellano Ruiz y el capitán de navío cuerpo general diplomado de Estado Mayor Antonio Velasco Ríos, ambos de la Armada de México.

El estudio afirma que la “estrategia” del gobierno de Calderón no busca acabar con el narcotráfico, sino subordinar a todas las bandas pequeñas en una sola organización delictiva, y que la función de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal es sacar a la vista la fruta podrida de las “plazas” para que los sicarios del cártel de Sinaloa “hagan el resto”.

Se asegura que “las fuerzas federales han debilitado a todos los otros cárteles, [mientras que] el cártel de Sinaloa ha demostrado ser inmune a la crisis y está creciendo”. Más aún, “ha sido el más beneficiado durante la crisis que se presenta en México contra la delincuencia organizada”. Y es que “según fuentes abiertas nacionales e internacionales, la prioridad del actual gobierno mexicano es mantener controlados los niveles de violencia y no la eliminación de los cárteles”. Como si estas órdenes hubieran sido dictadas desde Washington, razón por lo cual Obama ha ordenado una “radiografía social”.

En las conclusiones de la tesis de los tres militares se afirma: “Estamos convencidos de que esta lucha no puede lograrse a corto plazo, pero lo que sí sabemos es que vamos por el rumbo correcto”. Además, que “se comprueba la hipótesis del presente trabajo de investigación: ‘la Estrategia Nacional contra la delincuencia organizada fortalece la seguridad nacional del Estado mexicano al estar alcanzando los objetivos definidos en las políticas públicas de seguridad nacional’”.

Sin embargo, en el análisis de los resultados de la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada los autores ofrecen un panorama de la situación real de los cárteles del narcotráfico basado en “la revisión de los documentos tanto oficiales como de fuentes abiertas e informes clasificados”. Los datos de los militares señalan que el cártel de Sinaloa no sólo ha resultado fortalecido, sino que incluso funciona de mano útil contra las demás organizaciones criminales:

“Dondequiera que haya un conflicto en México entre dos o más facciones o escisiones, se encuentra la mano útil del CDS [cártel de Sinaloa]”.

También considera que en ciudades como Monterrey han sido “pocas [las] acciones por parte del gobierno para mantener el estado de derecho”.

En la tesis, los militares identifican a las nueve principales organizaciones criminales dedicadas al trasiego de drogas por el país y que generan mayor violencia: cárteles de Sinaloa, del Golfo, Los Zetas, de los Arellano Félix, del Pacífico Sur, Independiente de Acapulco, Los Caballeros Templarios, de Vicente Carrillo Fuentes (o cártel de Juárez) y de Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con la investigación de García Ochoa, Arellano Ruiz y Velasco Ríos, la violencia en México “aumentó considerablemente” desde 2009. La principal razón es la disputa entre las bandas de la delincuencia organizada por los puntos de ingreso de narcóticos y las rutas de traslado a Estados Unidos.

Tanto las autopistas federales como los caminos de tercer orden son escenarios de esta lucha sin cuartel: se trata de “rutas que unen ciudades como Ciudad Victoria [Tamaulipas], San Luis Potosí, Ciudad de México, Monterey [Nuevo León], Guadalajara [Jalisco], Durango, Torreón [Coahuila], Saltillo [Coahuila] y Chihuahua”. Y, por supuesto, “a lo largo de la frontera, el control de las ‘plazas’ que tienen cruces a Estados Unidos está muy reñido desde Ciudad Juárez [Chihuahua] hasta Matamoros [Tamaulipas], en el Golfo de México”.

El narco negocia con Dios

Una comedia de teatro que está en cartelera bajo el título El narco negocia con Dios, escrita por Sabina Berman y dirigida por Ana Francis Mor, tuvo este fin de semana anterior un asistente que pasó inadvertido por el público que llenó el Foro Shakespeare del Distrito Federal. Interesado en el tema del narcotráfico, este invitado se dio cita con su familia para ver la obra que Berman escribió hace 18 años y cuyo tema del narcotráfico, más actual hoy que nunca, ha motivado a muchas personas a verla.

La obra cuenta la vida de una joven y hermosa mujer casada con un profesor universitario, quien ante su incapacidad sexual acepta que su esposa mantenga una relación con un joven amante que apodan en el mundo del narcotráfico El cara de niño, miembro importante del cártel de Sinaloa y que se mueve bajo las órdenes del conocido Ismael Zambada García, alias El mayo Zambada.

Con crudas verdades y humor permanente, el guión enfrenta al teórico académico con el vulgar narcotraficante en la disputa por el amor de la mujer. También polemizan sobre la moral, el bien y el mal. En eso están cuando el narco cuestiona quién es más perverso, si él, quien con las utilidades del negocio de la droga da empleo a personas de escasos recursos, construye iglesias que le piden en los pueblos, soborna a autoridades y sólo asesina a quien lo enfrenta o lo traiciona, pero siempre arriesga su vida, o los políticos y funcionarios que se roban el presupuesto público, abusan del poder, trafican con influencias y, también, asesinan, nadie los detiene y nunca ponen en riesgo su vida.

En un momento de su drama, el joven narco pone de ejemplo a los gobernadores, quienes antes de asumir el cargo no tienen nada y cuando seis años después, al concluir su gestión, son dueños de edificios, casas, negocios y grandes fortunas.

En ese momento, en la segunda fila del pequeño teatro, el asistente inadvertido vestido con traje oscuro, camisa blanca y sin corbata, se sumió entre sus hombros y apenas movió los ojos para ver si alguien lo observaba. Nadie, o casi nadie, lo vio. Era Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz y quien desde que Enrique Peña Nieto se convirtió en presidente electo, ha vuelto a nacer y se deja ver en público.

Herrera era uno de los priistas que aparecían en la lista de los exmandatarios estatales que eran investigados por la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (Siedo), y que ahora extrañamente su expediente ha sido cerrado por la Procuraduría General de la República, como sucede también con el exgobernador tamaulipeco Eugenio Hernández, a quien se vincula en negocio de lavado de dinero con políticos que podrían quedar en posiciones claves en el nuevo gobierno.

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