Antes de dar su fallo sobre la elección presidencial de julio pasado, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fueron objeto de espionaje. El caso involucraría a servidores públicos del propio Tribunal en colusión con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que comanda Dionisio Pérez-Jácome Friscione, aunque la orden de intervenir comunicaciones y escuchar conservaciones privadas pudo ser de más arriba.

Hace unos días una camioneta con el logotipo de la SCT se apostó a las afueras de la Sala Superior (ubicada en Carlota Armero, 5000, colonia CTM, en la zona de Culhuacán, Distrito Federal), donde sesionaban los siete magistrados, y con aparatos sofisticados registró ilegalmente las llamadas telefónicas, así como las discusiones del pleno sobre el expediente llamado “juicio madre”, presentado por el candidato de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador.

El propósito era saber si algún magistrado estaba en contra de la “legalidad” del proceso, y el recurso que se analizaba entonces es aquel con el que los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano exigían la anulación y reposición de los comicios presidenciales, y que puso muy nerviosos a varios políticos.

Así, todas las conversaciones que se sostuvieron durante uno de los días más intensos en el Tribunal fueron ilícitamente grabadas y posteriormente analizadas por presuntos servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones.

El caso no es ajeno para los magistrados, quienes habrían sido alertados por el aparato de seguridad que resguarda la Sala Superior. Los elementos de seguridad de ese órgano judicial fueron quienes descubrieron la inusual conducta del vehículo de la SCT y, sobre todo, de una de las secretarias de un magistrado del Tribunal.

A lo largo del día, la secretaria entraba y salía de la Sala Superior. Su actitud despertó las sospechas de los guardias, quienes sin que ella se diera cuenta, iniciaron un seguimiento. Descubrieron que, invariablemente, la funcionaria “visitaba” la camioneta de la SCT, para interactuar con los sujetos que se encontraban en su interior.

A pesar de la gravedad del caso, los guardias se limitaron a improvisar un operativo de “revisión”. Al interior de la camioneta descubrieron un sofisticado equipo de telecomunicaciones para intercepción de mensajes y llamadas, así como la escucha de micrófonos que habrían sido ocultados al interior de la Sala Superior para grabar las discusiones privadas de los magistrados, por lo que tras unas llamadas a sus “jefes”, procedieron únicamente a “despejar” la zona y evitar que se continuara con las labores de espionaje.

La orden que recibieron los vigilantes desde el Tribunal Electoral fue ésa: permitir que la camioneta de la SCT se fuera después de varias horas de espiar a los magistrados. Además, éstos decidieron no denunciar el hecho ante la Procuraduría General de la República como procedía, para no generar mayor tensión respecto del fallo que ya había sido tomado días atrás sobre la elección presidencial.

En sigilo, el órgano judicial separó de su cargo a la secretaria del magistrado que colaboró con los espías de Comunicaciones y Transportes. Pero tampoco procedió judicialmente en su contra. Todo en el Tribunal es un hermetismo, sobre todo por la inconformidad del fallo entre un importante sector de la población, de tal manera que el espionaje presuntamente del gobierno federal sobre un órgano del Poder Judicial lo han mantenido en secreto hasta ahora.

Tensión en Tribunal Electoral

Al interior del Tribunal Electoral es un secreto a voces que después del fallo electoral, su presidente Alejandro Luna Ramos dejará la presidencia para que el verdadero grupo de poder de dicho órgano judicial asuma abiertamente el control total. Cansado y agobiado por las presiones políticas externas e internas, el presidente magistrado estaría de acuerdo en dejar su cargo y prepararse para incorporarse al próximo gobierno priista.

Hace unos meses informamos en esta columna cómo el miedo se había apoderado del TEPJF, al punto que los siete magistrados acordaron blindar las instalaciones de la Sala Superior ante cualquier contingencia al momento de dar su fallo. El jueves de la semana pasada se confirmó la presión que diversos sectores inconformes de la población hicieron sobre el Tribunal, el cual además del blindaje de su puerta principal y ventanas, fue resguardado por elementos de la Policía Federal, que establecieron un cerco que nadie podía rebasar.

Para justificar el cuantioso gasto del blindaje en sus instalaciones de la Sala Superior, los magistrados manifestaron su preocupación por su seguridad personal, como si desde hace varios meses supieran cuál era el fallo de la elección presidencial. El área encargada del blindaje fue Protección Institucional y el gasto ascendió a unos 300 mil pesos más otros 38 mil de una “puerta acorazada” con capacidad de resistir disparos de bazucas y hasta bombas.

Pero el temor de los magistrados no quedó allí, también se autorizaron camionetas blindadas marca Gran Cherokee, con valor aproximado al 1.5 millones de pesos por cada vehículo.

Explicábamos en la entrega anterior que el abuso del dinero público en este órgano electoral permitió que a su todavía presidente, el doctor José Alejandro Luna Ramos, le asignaran para su servicio otros dos automóviles con su respectivo gasto de gasolina; un ingreso mensual neto de 250 mil pesos, mientras que los otros seis magistrados ganan 230 mil; cuentan con un seguro de separación individualizado contratado con la empresa Metlife, consistente en que el magistrado aporta 10 por ciento de sus ingresos y el Tribunal otro 10 por ciento de dinero público, y el total lo recibirá cada magistrado cuando termine su gestión.

Además, dicho órgano de “justicia” le otorga a los magistrados un seguro de vida y un seguro de gastos médicos mayores, con cero coaseguro, es decir, que cualquier gasto que genere su internamiento en algún hospital de cinco estrellas, el magistrado no desembolsará un solo centavo de sus ingresos, pues todo estará cubierto por el seguro pagado con dinero público de los mexicanos.

Como estos siete magistrados fueron los responsables del cómputo final de la elección presidencial y de calificar su “legalidad”, se otorgaron más estímulos económicos, como un “bono de riesgo” por 500 mil pesos para cada uno.

Más dinero para los magistrados: hace unos días todos los trabajadores del Tribunal recibieron un “bono de apoyo al proceso electoral”, correspondiente a uno o dos meses de salario, dependiendo del cargo del funcionario; otro bono de la misma dimensión les será entregado en las próximas semanas, nuevamente por “apoyo a las elecciones presidenciales” y, por si lo anterior fuera poco, los magistrados han dispuesto que cada cuatro meses se les pague un bono económico equivalente a un mes de salario.

Después del fallo electoral presidencial, a la población le toca ahora juzgar públicamente la actuación de estos siete magistrados. Lo anterior es sólo información adicional para tener más elementos de juicio.

Despilfarro en el TEPJF

En el número más reciente de la revista Contralínea, se revela cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación gastó más de 1 millón 500 mil pesos en cuatro estudios de opinión cuantitativos para valorar la percepción de los ciudadanos respecto de su actuar en el proceso electoral 2012.

Dice la información de Nancy Flores que los estudios, cuyo gasto individual asciende a 385 mil pesos, se planearon para marzo, junio, septiembre y diciembre. El TEPJF avalará la elección presidencial en medio de protestas ciudadanas que exigen la reposición del proceso y califican como un “fraude” la elección presidencial

El objetivo del gasto millonario, señala el Informe de seguimiento de requisiciones 2012, es conocer la percepción de los ciudadanos respecto de su actuación en las pasadas elecciones de julio.

De acuerdo con el Informe de seguimiento de requisiciones 2012 del Tribunal Electoral, los datos oficiales de la Coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública precisan que por cada análisis, el erario pagará 385 mil 27 pesos. Los primeros dos estudios abarcaron el periodo preelectoral (marzo y junio de 2012) mientras que los dos últimos comprenderán un periodo poselectoral (septiembre y diciembre).

En el caso del análisis de septiembre, éste se realizará en un contexto de movilizaciones sociales que exigen al TEPJF ordenar la anulación de la elección presidencial. Los argumentos de los inconformes: la presunta compra masiva de votos y los gastos que excedieron el tope presupuestal. Irregularidades que el movimiento de las “izquierdas”, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, atribuye en sus alegatos a los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, y al candidato Enrique Peña Nieto.

Temor en el Tribunal

Como el 1 de diciembre próximo se dará el cambio en el gobierno federal, en ese mismo mes el Tribunal Electoral evaluará la opinión que sobre su imagen tendrán los ciudadanos, algunos de los cuales en días pasados estuvieron dispuestos a incendiar la Sala Superior.

Como se informó en esta columna, al interior del Tribunal las protestas sí habrían generado temor y es en esas circunstancias en las que se habrían contratado los cuatro estudios de opinión. Los magistrados Luna Ramos, Penagos López, María del Carmen Alanís Figueroa, Manuel González Oropeza, Constancio Carrasco Daza, Salvador Olimpo Nava Gomar y Flavio Galván Rivera ordenaron blindar sus instalaciones, en particular la Sala Superior, que es donde ellos sesionan.

El argumento que esgrimieron los siete árbitros electorales fue que necesitaban garantizar su seguridad personal ante la violencia que asola al país. Protección Institucional fue el área que se encargó de contratar los servicios del blindaje, con un costo por alrededor de 300 mil pesos. A este monto se le sumaron otros 38 mil pesos para “acorazar” la puerta, mecanismo que resiste desde disparos de bazucas y hasta bombazos.

El blindaje también se extendió a los vehículos que les paga el erario a los magistrados. Previo al proceso electoral de julio pasado, estos servidores públicos se autorizaron camionetas blindadas modelo Gran Cherokee, con un valor aproximado de 1 millón 500 mil pesos; ello, a pesar de que cada uno tiene ya a su disposición dos automóviles que paga el erario del Tribunal Electoral, incluida la gasolina, la reparación y el mantenimiento.

Sistemas de seguridad

El Informe de seguimiento de requisiciones 2012 revela más gastos del Tribunal Electoral en materia de seguridad. Uno de ellos es la compra de cinco “equipos regionales para continuidad de operación de la seguridad perimetral”. Asiami, SA de CV, fue la empresa contratada para el “licenciamiento y mantenimiento anual a equipos de seguridad perimetral”, y el costo ascendió a 607 mil 527 pesos.

A inicios de este año, el TEPJF también contrató a la empresa Sistemas de Vigilancia y Seguridad Especializada por 755 mil 716 pesos, para el servicio de “seguridad y vigilancia de las instalaciones”.

Otros convenios firmados en 2012 son para el mantenimiento de sus sistemas de seguridad ya existentes. Entre éstos, dos signados con Controlsec, SA de CV, para el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de rayos X y los arcos detectores de metal. Uno de ellos por 125 mil 489 pesos, el otro por 302 mil 131.

También se cuenta la contratación de Marco Antonio Pale López para el mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de control de acceso, por 49 mil 938 pesos.

Los automóviles y las camionetas de los magistrados no sólo cuentan con blindaje, sino también con tecnología sofisticada para su localización. Este año, el Tribunal ha firmado cuatro contratos con Car Mart Comunicaciones, SA de CV, para el servicio de localización satelital y radiolocalización de vehículos. Los costos ascendieron 227 mil 692 pesos en total: 109 mil 926 (localización satelital); 103 mil 248 (radiolocalización), 8 mil 296 (satelital) y 6 mil 222 pesos (radiolocalización).

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