Un nuevo escándalo de corrupción, sobornos, chantajes, fraudes y contrabando está por destaparse. Sólo que esta vez involucra a empresarios estadunidenses en colusión con mexicanos, por lo que los gobiernos de ambos países llevan a cabo una investigación conjunta para detener a los presuntos responsables.

Se trata de una red muy bien articulada que opera en México, Estados Unidos, China y Corea, dedicada a contrabandear productos textiles fabricados en esos países asiáticos y que son introducidos a México de manera ilegal vía Estados Unidos, en donde se elaboran facturas y certificados de origen falsos para eludir el pago de los impuestos correspondientes.

En la investigación –que lleva varios años y que se había mantenido en secreto– participan agentes especiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Inmigration and Customs Enforcement, ICE) estadunidense, asignados al Grupo de Fraude Comercial en Laredo, Texas, y, por la parte mexicana, agentes de la Administración Central de Investigación Aduanera, del Servicio de Administración Tributaria y de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Fiscales, adscrita a la Procuraduría General de la República.

Documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos apuntan a destacados miembros de la comunidad judía en México y a sus empresas, las cuales serían las beneficiadas con el contrabando de productos textiles a cambio de pagar supuestamente sobornos a funcionarios aduanales y a las empresas estadunidenses.

Aunque la investigación se inició formalmente en 2010, fue hasta 2011 cuando se abrió la averiguación previa UEIDFF/FISM08/185/2011 por los delitos de fraude fiscal y contrabando de productos textiles procedentes de varios países asiáticos, en donde se adquiría la mercancía para luego ser introducida a territorio mexicano por la frontera con Estados Unidos. Empresas estadunidenses les otorgaban facturas y certificados de origen amparados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con el fin de defraudar y engañar al gobierno mexicano de que dichas mercancías se producían en Estados Unidos y por eso estaban exentas de impuestos.

Con base en el Acuerdo firmado entre los gobiernos de México y Estados Unidos sobre Asistencia Mutua entre las Administraciones de Aduanas y en apego al Plan Estratégico Bilateral del 13 de agosto de 2007, la Administración Central de Investigación Aduanera mexicana solicitó el 9 de febrero de 2010, mediante el oficio 800-05-00-00-00-2010-0609, el apoyo de las autoridades de Aduanas de Estados Unidos para verificar la existencia de las compañías estadunidenses NY Aynilian & Co, Inc, y Lulú Fashions, Inc, ambas con domicilio en Nueva York, así como para validar la autenticidad de facturas comerciales y certificados de origen expedidos por dichas empresas a favor de la compañía mexicana Comercializadora Luna Blue, SA de CV.

En respuesta, en un primer escrito con clave FRAU: 1081: MX08UR08LD0037:bs –con fecha del 4 de junio de 2010– el agregado del ICE en la embajada de Estados Unidos en México, Jere Miles, le informa al administrador central de Investigación Aduanera de México, Alfredo Fisher Melgar:

“Investigadores de ICE adscritos a esta Agregaduría realizaron diversas búsquedas en las bases de datos comerciales a las que tiene acceso esta agencia, respecto a la compañía estadunidense NY Aynilian & Co, Inc, y su propietario y presidente Vahram N Aynilian. Su domicilio se ubica en 381 Broadway St Westwoood, Ney Jersey 07065.”

La segunda empresa es Lulú Fashions, Inc, con domicilio en 400 Broadway, New York 10013, y su presidente es Vahram Aynilian.

Los agentes especiales del ICE asignados al Grupo de Fraude Comercial en Laredo, Texas, ya habían realizado investigaciones sobre supuestas actividades ilegales relacionadas con el empresario Vahram N Aynilian, dedicado a la compra venta de textiles y quien contrató para su defensa al despacho de Cathy Flemming, una abogada conocida por los mexicanos porque defendió al exsubprocurador general de la República, Mario Ruiz Massieu, hasta que éste se “suicidó” en territorio estadunidense, cuando enfrentaba un juicio por acusaciones de lavar dinero para cárteles del narcotráfico en México.

Los agentes del ICE acordaron con la prestigiada abogada una reunión con el empresario acusado de contrabando de textiles, para verificar la autenticidad de las facturas y certificados de origen que tenían de membrete la firma de su empresa NY Aynilian & Co, Inc. El primer encuentro se realizó en Nueva York el 5 de mayo de 2010, en donde el empresario Aynilian reconoció que dichos documentos no eran auténticos y que no habían sido emitidos por él ni por su compañía, además de que la firma en el certificado de origen era falsa.

El 14 de junio de 2010, el agregado del ICE en la embajada de Estados Unidos en México, Jere Miles, le envió otro escrito –FRAU: 1088: MX08UR08LD0037:bs– al administrador central de Investigación Aduanera de México, Alfredo Fisher Melgar, en donde le informa que Vahram N Aynilian declaró tener una sociedad con el ciudadano estadunidense Fred Lukach, quien en múltiples ocasiones le pagó, “en representación de terceras personas en México”, 1 mil dólares a cambio del consentimiento de Aynilian para que empresarios mexicanos produjeran fraudulentamente un juego de factura y certificado de origen TLCAN con el membrete de NY Aynilian & Co, como emisor de los mismos y ser utilizados en el contrabando de telas hacia México.

El empresario estadunidense dijo también que en marzo de 2009 recibió un pago de 1 mil dólares por cada una de las facturas y certificados de origen falsos utilizados para el contrabando de productos textiles.

En este caso de corrupción, fraude y contrabando, las autoridades de México y Estados Unidos también investigan a otras 15 compañías dedicadas a la venta de materiales textiles en México, en su mayoría de propiedad de empresarios integrantes de la comunidad judía, pues ellos serían los beneficiarios del contrabando de telas de origen chino y coreano. El problema es que, a diferencia de las autoridades de Estados Unidos, en México la justicia es lenta y omisa, y hasta ahora ninguno de los supuestos involucrados ha sido detenido, por lo que habrá que esperar si el velo de impunidad al que nos tiene acostumbrada la justicia mexicana tapa a todos los participantes.

Por falta de espacio, la siguiente semana continuaremos con el tema y daremos a conocer los nombres de las empresas y sus presidentes que, según las investigaciones de la agencia estadunidense ICE, están involucrados en los delitos de fraude y contrabando en perjuicio de México.

El cártel del IVA

Hace unas semanas dimos cuenta de otro caso de corrupción aduanal y en donde las autoridades fiscales han sido omisas para resolverlo. Ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Alberto Amkie Groswirt aparece como consejero propietario de Corporación Financiera de Arrendamiento, una sociedad financiera de objeto limitado. También, ante la Secretaría de Economía se le puede ubicar a este empresario como beneficiario de una concesión minera. Sin embargo, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Amkie Groswirt tiene abierto un expediente negro que forma parte del grupo de empresas fantasmas que han sido identificadas por las autoridades fiscales del país por defraudar al Estado en operaciones de acreditación y devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), al amparo de las disposiciones tributarias para impulsar el comercio exterior.

Estos casos de corrupción aduanal se multiplican en todas las áreas fiscales. Por ejemplo a través de las empresas Ke Lokura, SA de CV; Jou Jou, SA de CV; Terso Textil, SA de CV, y Mobile Export de México, SA de CV, Amkie Groswirt junto con su hermano, Jenny, armaron una red delictiva para simular ante la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, la Administración General de Aduanas y, por supuesto, ante la Secretaría de Economía, actividades de exportaciones de bienes con el propósito de acreditar impuestos y su posterior devolución, considerado uno de los trámites más complejos ante las autoridades tributarias del país por la cantidad de documentos que deben presentarse para demostrar que es lícita la relación con proveedores de insumos, los costos de operación de instalaciones fabriles y las facturas que acreditan las ventas de exportación y la generación de divisas para el país.

Pero, el proceso de confirmación para la devolución de impuestos de las autoridades hacendarias es vulnerable, como lo demostró Amkie Groswirt al simular toda una operación de comercio exterior en el papel. A la Secretaría de Hacienda le bastó revisar actas constitutivas, verificar los nombres y actividades de los supuestos accionistas, confirmar la suplantación de personalidad y encontrar los contubernios en diferentes puertos aduaneros del país para encontrar el fraude al fisco.

A las cuatro empresas fundadas por Amkie Groswirt, con solicitudes de devoluciones en un esquema con coincidencias en proveedores, clientes, domicilios, accionistas, la SHCP les reintegró entre febrero de 2004 y julio de 2005, 109.5 millones de pesos en Impuesto al Valor Agregado y se rechazó la solicitud para reembolsar 49.1 millones de pesos. Sin embargo, la negativa de la autoridad fiscal no se presentó para que se iniciara acción legal contra los Amkie Groswirt. Extraña decisión del fisco con algunos empresarios que son agarrados in fraganti y que al final son perdonados, lo que genera más impunidad y la motivación a otros empresarios para evadir al fisco. Al fin de cuentas el riesgo es mínimo o siempre habrá algún funcionario dispuesto a corromperse.

Hasta la fecha, sabemos que Hacienda no ha librado orden de aprehensión en contra de los supuestos exportadores defraudadores, a pesar de que en diciembre de 2004 se inició una auditoría a la empresa Ke Locura, ejercicio en el que se analizaron las devoluciones por 25.3 millones de pesos. En diciembre de 2006, la SHCP determinó improcedentes las devoluciones y en el expediente de estas compañías hay suficientes evidencias para tipificar graves delitos contra el fisco.

La empresa Ke Locura, según documentos de Hacienda de los que esta columna posee copias, no contaba con los registros y documentación soporte de sus compras y ventas de exportación, confirmada con compulsas a clientes, proveedores, agentes aduanales y casas de cambio, mediante las que pagó a los clientes y pedimentos modulados por las aduanas.

Las autoridades fiscales comprobaron también que no contaba con factores productivos ni flujo de mercancías en territorio nacional ni en el extranjero, aunque los pedimentos de exportación si fueron tramitados por las aduanas de Mexicali, Colombia y Nuevo Laredo.

También se comprobó que dicha compañía no tiene trabajadores, inventarios, instalaciones, activos ni transportes; tampoco paga fletes y la mercancía que supuestamente exportó nunca entró a Estados Unidos. Sus supuestos socios tienen muy bajo perfil económico, por lo que Hacienda considera que se trata de prestanombres, en un esquema que se repite con proveedores.

Lo que sí es claro para el gobierno mexicano es que de la cuenta bancaria son beneficiados dos socios fundadores que la autoridad identifica como los presuntos autores del fraude fiscal: Alberto Amkie Groswirt y Soni Kably Mizhrahi.

A pesar de todas estas evidencias de corrupción, fraudes y sobornos, el gobierno de Felipe Calderón es incapaz de llevar ante la injusticia a todos estos empresarios y funcionarios abusivos que dañan las finanzas públicas y violan las leyes mexicanas constantemente.

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