Al igual que como sucede con la impunidad para combatir el delito de lavado de dinero, el gobierno federal omite investigar y procesar otros delitos como corrupción aduanal, evasión fiscal y fraudes financieros. La única explicación de esa ilicitud es el pago de sobornos y chantajes que reciben funcionarios públicos y jueces de parte de empresarios corruptos, para evitar que los delincuentes de cuello blanco vayan a la cárcel. Éste es sólo un ejemplo más de impunidad y corrupción en el gobierno de Felipe Calderón:Ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Alberto Amkie Groswirt aparece como consejero propietario de Corporación Financiera de Arrendamiento, una sociedad financiera de objeto limitado. También, ante la Secretaría de Economía se le puede ubicar a este empresario como beneficiario de una concesión minera. Sin embargo, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Amkie Groswirt tiene abierto un expediente negro que forma parte del grupo de empresas fantasmas que han sido identificadas por las autoridades fiscales del país por defraudar al Estado en operaciones de acreditación y devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), al amparo de las disposiciones tributarias para impulsar el comercio exterior.

A través de las empresas Ke Lokura, SA de CV; Jou Jou, SA de CV; Terso Textil, SA de CV, y Mobile Export de México, SA de CV, Amkie Groswirt junto con su hermano, Jenny, armaron una supuesta red delictiva para simular ante la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, la Administración General de Aduanas y, por supuesto, ante la Secretaría de Economía, actividades de exportaciones de bienes con el propósito de acreditar impuestos y su posterior devolución, considerado uno de los trámites más complejos ante las autoridades tributarias del país por la cantidad de documentos que deben presentarse para demostrar que es lícita la relación con proveedores de insumos, los costos de operación de instalaciones fabriles y las facturas que acreditan las ventas de exportación y la generación de divisas para el país.

Pero, el proceso de confirmación para la devolución de impuestos de las autoridades hacendarias es vulnerable, como lo demostró Amkie Groswirt al simular toda una operación de comercio exterior en el papel. A la Secretaría de Hacienda le bastó revisar actas constitutivas, verificar los nombres y actividades de los supuestos accionistas, confirmar la suplantación de personalidad y encontrar los contubernios en diferentes puertos aduaneros del país para encontrar el fraude al fisco.

A las cuatro empresas fundadas por Amkie Groswirt, con solicitudes de devoluciones en un esquema con coincidencias en proveedores, clientes, domicilios, accionistas, la SHCP les reintegró entre febrero de 2004 y julio de 2005, 109.5 millones de pesos en Impuesto al Valor Agregado y se rechazó la solicitud para reembolsar 49.1 millones de pesos. Sin embargo, la negativa de la autoridad fiscal no se presentó para que se iniciara acción legal contra los Amkie Groswirt. Extraña decisión del fisco con algunos empresarios que son agarrados in fraganti y que al final son perdonados, lo que genera más impunidad y la motivación a otros empresarios para evadir al fisco. Al fin de cuentas el riesgo es mínimo o siempre habrá algún funcionario dispuesto a corromperse.

Hasta la fecha, sabemos que Hacienda no ha librado orden de aprehensión en contra de los supuestos exportadores defraudadores, a pesar de que en diciembre de 2004 se inició una auditoría a la empresa Ke Locura, ejercicio en el que se analizaron las devoluciones por 25.3 millones de pesos. En diciembre de 2006, la SHCP determinó improcedentes las devoluciones y en el expediente de estas compañías hay suficientes evidencias para tipificar graves delitos contra el fisco.

La empresa Ke Locura, según documentos de Hacienda de los que esta columna posee copias, no contaba con los registros y documentación soporte de sus compras y ventas de exportación, confirmada con compulsas a clientes, proveedores, agentes aduanales y casas de cambio, mediante las que pagó a los clientes y pedimentos modulados por las aduanas.

Las autoridades fiscales comprobaron también que no contaba con factores productivos ni flujo de mercancías en territorio nacional ni en el extranjero, aunque los pedimentos de exportación si fueron tramitados por las aduanas de Mexicali, Colombia y Nuevo Laredo.

También se comprobó que dicha compañía no tiene trabajadores, inventarios, instalaciones, activos ni transportes; tampoco paga fletes y la mercancía que supuestamente exportó nunca entró a Estados Unidos. Sus supuestos socios tienen muy bajo perfil económico, por lo que Hacienda considera que se trata de prestanombres, en un esquema que se repite con proveedores.

Lo que sí es claro para el gobierno mexicano es que de la cuenta bancaria son beneficiados dos socios fundadores que la autoridad identifica como los presuntos autores del fraude fiscal: Alberto Amkie Groswirt y Soni Kably Mizhrahi.

Las investigaciones, que tardaron varios años, llegaron a Estados Unidos, donde las autoridades aduaneras –Inmigration and Customs Enforcement– niegan que haya una introducción de mercancías de Ke Lokura, cuyo flujo de operación y mercancías es prácticamente inexistente.

A pesar de ello, sí se confirmó que fueron tramitados los pedimentos de exportación en las aduanas de Mexicali, Colombia y Nuevo Laredo. Los supuestos clientes de Ke Lokura, sin embargo, se ubicaban en Texas y Nueva York, Estados Unidos.

Así, la mercancía y supuestas exportaciones de Ke Lokura salían de manera indistinta por cualquiera de las tres aduanas y, en su mayoría, por Mexicali.
No sólo eso, las cuatro escrituras de las que se tiene conocimiento, en todos los casos ha sido protocolizada por diferentes notarios y en diversas entidades federativas del país con transmisión de acciones, lo que confirma la presunción del uso de prestanombres que operan empresas inexistentes con domicilios en donde sólo se ubican pequeños comercios sin capacidad de exportación.

De las cuatro escrituras públicas del mismo número de empresas que la autoridad fiscal tiene conocimiento, en todos los casos han sido protocolizadas por diferentes notarios y en diversas entidades federativas, en un intento por ocultar las operaciones: el notario 21 en el Distrito Federal; transmisión de acciones el 26 de noviembre de 2003 por el notario 99 del DF; transmisión de acciones el 30 de junio de 2004 por el notario 113 del estado de México, y otra transmisión de acciones el 30 de septiembre de 2005 por la notario 1 del Distrito Judicial de Álvarez en Chilapa, Guerrero.

Los socios que aparecen en las actas constitutivas y que han sido investigados por Hacienda son Claudia Isela Navarro Reyna, Virgilio Aguilar Arias, Sergio Fernando Salmón Granz, José A López Olivarez, Alberto Amkie Groswirt, Juan Carlos Cojab Michan, Soni Kably Mizhrahi y Jenny Amkie Groswirt de Amike.

Pero las pesquisas se han complicado por diversos motivos. Por ejemplo, uno de los supuestos accionistas, Sergio Fernando Salmón, con RFC SAFS631023RXA, su firma aparece como accionista y administrador único en dos actas de asamblea; en una escritura donde consigna haber comparecido ante notario; en su declaración anual de 2004; en cartas de encomienda para la autorización de agentes aduanales en el trámite de exportación de mercancías de Ke Lokura; en declaraciones provisionales de IVA en donde manifiesta saldos a favor, y en solicitudes de devolución del IVA.

Al respecto Salmón ha declarado ante la autoridad que “desconoce participación alguna en KL, no reconoce a la supuesta compadrara de la mitad de sus acciones Claudia Isela Navarro Reyna, que no ha extendido carta de encomienda a algún agente aduanal, que sólo es socio en dos empresas: restaurante El Caserío y el Bar Tiro al Pichón, en Celaya y Querétaro”.

Ante ello, Sergio Salmón presentó dos denuncias ante el Ministerio Público en Celaya, Guanajuato, por la supuesta suplantación de su identidad, el 6 de noviembre de 2006 y el 29 de enero de 2007, cuyos números de averiguaciones previas son 8964/06 y 101/07.

Otro de los implicados y que alega desconocer dichas operaciones es Virgilio Aguilar Arias, quien aseguró ser sólo un empleado de Wal Mart y dice desconocer todas las operaciones de las empresas investigadas. De ser cierto esto, estaríamos ante el robo de identidad de una banda bien organizada que utiliza las identidades de personas inocentes para defraudar al fisco, pero esto aún no concluye.

De los principales implicados en el supuesto fraude fiscal, Alberto y Jenny Amkie Groswirt, la Secretaría de Hacienda reporta del primero que se dio de alta el 1 de noviembre de 1989, bajo el giro de negocios como “servicios de comisiones y representaciones mercantiles”. Sin embargo, no tiene declaraciones presentadas y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aportó una sola cuenta bancaria en Santander con depósitos por 824 mil pesos. En el amparo que promovió dio un domicilio que la autoridad no pudo localizar y que después presentó un cambio de domicilio a Toluca, estado de México.

De Jenny, se dio de alta en Hacienda el 16 de agosto de 1995, tiene el mismo giro de negocios que su hermano, no ha hecho declaraciones de impuestos y la autoridad solicitó el embargo precautorio de sus cuentas bancarias en Bancomer y Santander con apenas 16 mil pesos, lo cual logró destrabar mediante un amparo definitivo.

Ésta es sólo una de las muchas maquinaciones de fraudes que se cometen a diario en México, sin que alguna autoridad logre hacer justicia, en perjuicio del país y de las finanzas públicas.

Más problemas aduanales

Un lector conocedor de operacioneas aduanales, nos alerta de cómo una empresa extranjera estará a cargo de la seguridad nacional en las Aduanas del país:

Ante la imposibilidad de combatir la corrupción de su personal, el cual permite el paso de armas, cartuchos, dinero, drogas y contrabando, por todas las aduanas del país, el Servicio de Administración Tributaria ha amarrado un contrato multimillonario, por 900 millones de dólares por los próximos 6 años, con la empresa extranjera Rapiscan Systems Co. que se hará cargo de la inspección de mercancías de comercio exterior en las Aduanas.

A principios de este sexenio el SAT, cuyo titular es Alfredo Gutierrez Ortiz Mena, anunció el Plan de Modernización de las Aduanas 2007-2012 con el objetivo de convertir a las aduanas en una institución clave para impulsar la competitividad en materia de comercio exterior y de reforzar la seguridad nacional.

Después de 5 años y de una inversión sin precedentes de más de 15 mil millones de pesos, el Plan de Modernización ha sido un total fracaso, pero indudablemente un gran negocio para los funcionarios del SAT. Todos los proyectos que se generaron para las aduanas han sido observados por la Contraloría Interna, debido a que presentan graves inconsistencias y no cumplen con lo establecido en los contratos firmados.

Ante la próxima llegada del equipo de transición de Enrique Peña Nieto, en este momento se trabaja intensamente en las oficinas del SAT para tratar de maquillar dichas fallas y desaparecer evidencias de fraude o incumplimiento en los contratos cubriendo a las empresas provedoras. La contraloría del SAT ha observado entre otros, que las miles de cámaras de monitoreo recién instaladas no funcionan como deberían, las esclusas “inteligentes” en los cruces vehiculares fronterizos solo sirven para retrasar el flujo de unidades, los nuevos sistemas de inteligencia para la detección de contrabando no han podido detectar ni una sola de las miles de armas que se contrabandean por las Aduanas como las del operativo Rápido y Furioso y, por si fuera poco, el nuevo e “incorruptible” personal de Oficiales de Comercio Exterior formado a partir de 2009, ha resultado tanto o más corrupto que sus antecesores de la Policía Fiscal y permiten el paso de cientos de tráilers y vehículos cargados con contrabando diariamente.

A la fecha, el SAT ha tenido que despedir a más de mil de estos nuevos elementos por pérdida de confianza o actos de corrupción, sin embargo ninguno de ellos ni sus jefes han ido a la cárcel por estas faltas.

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