Después de varios meses de auditorías sobre el otorgamiento de 18 contratos multimillonarios a empresas extranjeras que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la adquisición de equipos y servicios sofisticados en tecnologías de inteligencia y aeronáutica, se determinó que no hubo desvío de recursos públicos en las adjudicaciones sin licitar (por tratarse de asuntos de seguridad nacional), salvo alguna pequeñas faltas administrativas que ya solventó la dependencia de las fuerzas armadas.Los titulares de la Secretaría de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos; de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, y de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, general Marco Antonio González Barreda, determinaron que los 18 contratos asignados en los últimos tres años (2010-2012) cumplieron con las normas y reglamentos que rigen al Ejército, por lo que la Dirección General de Administración, a cargo del general de división Diplomado de Estado Mayor Augusto Moisés García Ochoa, “actuó de acuerdo con la ley y la norma”.

Para el mismo secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván, tampoco hay irregularidades en las adquisiciones, en las cuales participan varios militares que integran un comité de compras; sin embargo, alertó que la Policía Militar continúa con la investigación interna sobre la filtración de información, “porque ahí hablamos de un delito muy grave que es traición a la patria”. El secretario señaló que se vulneró la seguridad nacional y la fuga de información sirvió al crimen organizado para conocer el equipo con que cuentan las áreas de inteligencia del Ejército Mexicano.
“Investigamos si las filtraciones se utilizaron para obtener recursos ilícitos por parte de algún militar a cambio de proporcionar información confidencial del Ejército”, precisó Galván Galván.

Preocupado por lo que sucede al interior de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón se reunió con el secretario de la Defensa y le ordenó llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones para descubrir al responsable o responsables de haber vulnerado la seguridad del Ejército y poner en riesgo su área de inteligencia.

En la reunión, el presidente de México consideró que son legítimas las aspiraciones de los generales, pero lo que no se vale, coincidieron, es vulnerar la seguridad nacional y poner en riesgo al Ejército.

El general Galván se reunió con varios de los generales de división que aspiran legítimamente a sucederlo al frente de la Sedena, y les advirtió que antes que cualquier interés personal está la seguridad de la nación, por lo que apeló a su lealtad al país y al Ejército para mantener la calma y descubrir a los traidores que filtraron información confidencial que puso en riesgo un área tan sensible como es la de inteligencia en la lucha contra el crimen organizado y los grupos armados.

En las próximas semanas se dará a conocer de manera oficial el resultado de las auditorías sobre los 18 contratos, pero lo más importante será el proceso que se les siga a los militares responsables por dichas filtraciones, pues el grave delito que se les imputará será el de traición a la patria.

Al interior de la misma Sedena hay preocupación de que se utilice esa investigación militar para anular a uno o más generales que aspiran a suceder al general Galván, pues hay quien considera que las acusaciones de corrupción en la asignación de contratos y las filtraciones de información a los medios de comunicación tenían como objetivo poner en duda el honor y la lealtad de algunos generales.

Al inicio, la atención de los órganos de vigilancia y control del gobierno federal y del Congreso de la Unión se centraron en auditar ocho contratos y seis convenios modificatorios relacionados con la compra de equipo y contratación de servicios de comunicación e inteligencia, por un monto cercano a los 6 mil millones de pesos, para uso de las secciones Segunda y Séptima del Estado Mayor de la Sedena, cuyo jefe es el general de división Diplomado de Estado Mayor Luis Arturo Olivar Cen. La Sección Segunda es la encargada de las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Ejército Mexicano. La Séptima, de las operaciones contra el narcotráfico.

Los primeros ocho contratos auditados se celebraron con Security Tracking, SA de CV. Los otros 10 contratos fueron signados también con esta compañía y con AV y D Solutions, SA de CV. Ambas empresas son representantes en México de corporativos estadunidenses especializados en tecnologías de inteligencia y aeronáutica, respectivamente.

El objetivo de los ocho primeros contratos fiscalizados fue incrementar las capacidades de espionaje y procesamiento de información de inteligencia de la Sedena. De acuerdo con las copias de los contratos, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana construyeron un Sistema de Inteligencia Regional para modernizar el Centro de Comando y Control, sus subcentros y módulos, y construir la Plataforma Pegasus.

De los contratos se desprende que el proyecto se denominó “Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la S-2 (Sección Segunda) Inteligencia, Estado Mayor de la Defensa Nacional”. Consta de tres fases, las cuales están amparadas por sendos contratos firmados con Security Tracking Devices: 4550000033, 4550000007 y 4550000006. Además, otros contratos intermedios se firmaron con la misma empresa también para adquirir productos y servicios relacionados con las actividades de inteligencia: 4500006718, 4500006876, 4500006908, 4500000147 y 4500000525.

El equipo adquirido es de tal capacidad, que la empresa estadunidense debió contar con la autorización de la Secretaría de Estado de Estados Unidos para poder venderlo a la Sedena. Según la descripción de los contratos, la Sección Segunda cuenta ahora con la capacidad de intervenir cualquier tipo de comunicación electrónica, de manipular a distancia –mediante órdenes que pasan inadvertidas– computadoras, radios, teléfonos celulares y cualquier tipo de teléfono “inteligente” o smartphone.

Con esta resolución de los órganos de vigilancia, control y auditoría concluye la investigación sobre supuestos malos manejos en la administración y asignación de contratos de bienes y servicios para el Ejército Mexicano, y ahora sólo queda saber si habrá sancionados y procesados por la filtración de información confidencial sobre un delito que pocas veces es imputado, como el de traición a la patria.

Impunidad para bancos que lavan

Otra vez tuvo que ser el gobierno de Estados Unidos el que advirtiera a México sobre una institución bancaria extranjera, HSBC, que utiliza los circuitos financieros del país para lavar dinero sucio producto del narcotráfico y otras actividades del crimen organizado. La investigación de las autoridades del vecino país pone nuevamente en evidencia la fragilidad de los órganos mexicanos responsables de combatir los delitos financieros, pues en los casi seis años de la administración de Felipe Calderón la impunidad a los lavadores de dinero ha sido total y ahora alcanza también a la estructura de los fideicomisos, los cuales cuentas con impunidad para ser intervenidos.

Por eso es fácil desmentir al gobierno de Calderón sobre su intención de combatir al crimen organizado, pues nunca se ha tocado la estructura financiera de los cárteles de la droga y, por el contrario, se les ha permitido crear grandes emporios económicos que les permite financiar la producción y el tráfico de estupefacientes, así como sobornar y comprar a autoridades de los tres niveles de gobierno, además de adquirir el mejor equipo de armas y sistemas de comunicación. Esta es la razón por la cual lejos de acabar o por lo menos disminuir la actividades del narcotráfico, éste se ha incrementado y fortalecido.

Hace ya casi seis años se inició una supuesta cruzada en contra del narcotráfico, que ha costado la vida a unas 70 mil personas, mientras otras 13 mil se encuentran desaparecidas. Sin embargo, a la guerra contra la delincuencia organizada se le olvidó combatir lo más importante: el blanqueo dinero.

“Respetuosos” ejecutivos de bancos y empresarios prestan servicios a las finanzas del crimen organizado, sin que las autoridades los investiguen. Los delincuentes de cuello blanco están a salvo, tal como ocurre con el caso de blanqueo de capitales en el banco de origen británico HSBC.

Investigado y dado a conocer hace un par de semanas por el Senado de Estados Unidos, este caso revela la cobertura de impunidad que se les provee en nuestro país a las instituciones financieras que colaboran activamente en las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero también a los empresarios y políticos que facilitan los negocios de los narcotraficantes.

Y es que la laxitud de las autoridades (tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV) no sólo permitió que ese banco lavara al menos 7 mil millones de dólares entre 2007 y 2008, sino que ahora le posibilita seguir operando como si no tuviera responsabilidad por ese delito.

Con el pago de una multa de 379 millones de pesos, HSBC compró el perdón de la justicia mexicana representada por la CNBV. Más aún, aquí ni siquiera se habló abiertamente de las operaciones con recursos del narcotráfico, sino del “incumplimiento de diversas disposiciones relativas a la detección y reporte de operaciones inusuales, así como de otras regulaciones prudenciales”.

La CNBV no sólo recurrió a los eufemismos para ocultar la complicidad que existe entre la banca y la delincuencia organizada, sino también a la exageración: la multa, se nos dijo, es la más alta fijada en contra de las instituciones financieras. Lo que calló la dependencia a cargo de Guillermo Babatz es que los 379 millones de pesos representan sólo el 0.4 por ciento de los 7 mil millones de dólares que lavó ese banco (unos 91 mil millones de pesos a un tipo de cambio de 13 pesos por dólar). Así que para HSBC el negocio fue redondo, pues las violaciones a la ley antilavado se registraron desde 2001.

La Secretaría de Hacienda, que encabeza José Antonio Meade, calcula que cada año hay al menos 10 mil millones de dólares de procedencia ilícita en los bancos, un 25 por ciento del recurso que anualmente lavan los narcotraficantes mexicanos según el Departamento de Estado de Estados Unidos (por 39 mil millones de dólares). Sin embargo, no hemos visto pisar la cárcel a alguno de los responsables de ese delito de cuello blanco.

En la revista Contralínea que está en circulación, se documenta que de 2007 a 2011 la Unidad de Inteligencia Financiera sólo denunció 197 casos de presunto lavado de dinero en bancos e intermediarios financieros ante la Procuraduría General de la República.

La impunidad es de tal grado, que en este sexenio los cárteles habrán lavado más de 3 billones de pesos en los sistemas financieros de Estados Unidos y México, mientras los aseguramientos de dinero ilícito que reporta la Procuraduría General de la República ni siquiera alcanzan el 0.1 por ciento de ese monto.

Es más, los decomisos de dinero sucio en este gobierno han sido inferiores por 1 mil 500 millones de pesos respecto de los realizados durante la administración de Vicente Fox.

Mientras el Departamento de Estado señala que las transferencias de dólares en el sistema financiero son uno de los métodos predilectos de los narcotraficantes para “legalizar” el dinero sucio, Agustín Carstens –gobernador del Banco de México– propone dar una medalla de oro a los bancos, por su buen desempeño. Sería ridículo ver al gordo Carstens premiar con medalla de oro al banco HSBC.

Quizá por esto último, esa institución financiera está acostumbrada a violar la ley antilavado. Históricamente, el banco ha pagado mínimas multas por esas infracciones: en 2005, ni un peso; en 2006, 1 millón 752 mil 370 pesos; en 2007, 16 mil 105; en 2008, cero pesos; en 2009, 131 mil 794 pesos.

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