En los últimos tres años, de 2010 a 2012, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó 18 contratos con proveedores privados extranjeros por varios miles de millones de pesos para la adquisición de equipos y servicios para las áreas de inteligencia de esas fuerzas armadas. El propósito de estas compras es que el Ejército cuente con el equipo tecnológico y de comunicación necesario para investigar a grupos armados (guerrilla) y a la delincuencia organizada (narcotráfico), ante lo cual dichas adquisiciones se clasifican dentro del marco legal de seguridad nacional y por ello, explica la misma Sedena, estos contratos se realizaron mediante asignación directa, sin licitación de por medio y bajo autorización de un comité de compras del Ejército, en donde participa el propio secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván.Sin embargo, mediante una denuncia que salió de la misma Secretaría de la Defensa y fue presentada por militares de alto rango desde marzo pasado ante la Presidencia de la República, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se inició la revisión de ocho contratos, por un monto total de 5 mil 628 millones de pesos, para la compra de equipo de intervenciones telefónicas y espionaje para el área de inteligencia de la Sección Segunda del Ejército.

Esta delicada investigación, misma que dimos a conocer en esta columna hace varias semanas y que de acuerdo con la SFP no se encontraron irregularidades, ha desatado una serie de especulaciones en ese cuerpo castrense, y encontrado réplica en la prensa, que llevan como consigna denigrar al Ejército y debilitarlo en momentos en que el crimen organizado cobra mayor fuerza. También ha sido utilizado por algunos grupos al interior del Ejército para pretender posicionarse como candidatos para suceder al general Galván.

Ante ello, el propio secretario de la Defensa ordenó al titular de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, general Marco Antonio González Barrera, realizar también una investigación a fondo para determinar quiénes son los responsables de dichas filtraciones y denuncias que afectan y atentan contra la seguridad nacional del país, pues se han revelado las capacidades tecnológicas de las fuerzas armadas.

En las primeras investigaciones del Ejército se revisa si la información salió de la Oficialía Mayor, cuyo titular es el general Salvador Cienfuegos Zepeda, pues el que resulte responsable puede ser acusado de varios delitos como el de revelar informes relacionados con la seguridad nacional, traición a la patria, daño patrimonial a las instituciones y poner en riesgo la vida de los integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército y Fuerza Área.

También se revisan las denuncias y quejas presentadas por la Subsecretaría de la Defensa Nacional, cuyo titular es el general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, área que entregó los ocho contratos y seis convenios modificatorios ante la Presidencia de la República y la Secretaría de la Función Pública para que se investiguen a fondo, y de proceder por algún hecho de corrupción –como el desvío de recursos públicos– se presente denuncia penal ante la Procuraduría General de la República.

De acuerdo con el reporte de investigación en poder de la SFP, fue “en marzo de 2012 cuando se presentaron diversas quejas por el otorgamiento de contratos a las empresas AV y D Solutions, SA de CV, y Security Tracking Devices, SA de CV, en donde involucra a altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional adscritos a la Dirección General de Administración, que (supuestamente) estaban coludidos para hacer negocios en las adquisiciones y contratos con la Secretaría de la Defensa”.

El pasado 1 de julio publicamos en este espacio que ha sido tan intensa la auditoría a los ocho contratos otorgados por la Sedena, que el mismo secretario Rafael Morgan Ríos ordenó la intervención de los subsecretarios de Control y Auditoría de la Gestión Pública, María Guadalupe Yan Rubio, y de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Max Kaiser Aranda.

Según esa dependencia, después de varias semanas de revisar los expedientes, los auditores no encontraron irregularidades en la asignación de los contratos ni tampoco malos manejos o desvío de recursos públicos, por lo que se recomendó al Órgano Interno de Control de la Sedena enviar al archivo los expedientes.

En donde andan muy nerviosos es en la Auditoría Superior de la Federación, pues a pesar de que llevan varios meses revisando dichas compras del quipo, para lo cual el mismo titular de la Auditoría, Juan Manuel Portal Martínez, se trasladó a la Sedena para inspeccionar en el Centro de Inteligencia los aparatos adquiridos, aún no concluyen su reporte y esto es lo único que faltaría para determinar si las compras se realizaron apegadas a la normatividad vigente.

Sin embargo, fuentes de la ASF reconocieron que después de varios días no han encontrado aún nada significativo que dé marcha atrás o ponga en duda el manejo de recursos en la Secretaría de la Defensa Nacional. Por ejemplo, uno de los contratos correspondió a la adquisición de equipo muy sofisticado para la intercepción de comunicaciones telefónicas, a razón de 2 mil dólares por cada equipo (28 mil pesos por cada aparato), para la lucha en contra de grupos armados y bandas criminales relacionadas con el tráfico de drogas.

Pocas son las ocasiones que se conoce este tipo de auditorías al principal órgano responsable de salvaguardar la seguridad del Estado mexicano. Por eso es importante transparentar los resultados de esta exhaustiva revisión que se hizo a los contratos que llevan a cabo las Fuerzas Armadas y que en gobiernos anteriores se mantenían en una total secrecía e impunidad, lo que permitía el desvío de recursos públicos, el soborno y el cobro de comisiones.

Los 8 contratos auditados

El reportero Zósimo Camacho publica esta semana en la portada de la revista Contralínea los ocho contratos que son auditados por los diversos órganos de control y vigilancia. En este trabajo de investigación periodística se revela el contenido de dichas compras:

Contrato de Fase 1: instalaciones adecuadas

La adquisición de la Primera Fase del Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional fue pactada con Security Tracking Devices el 10 de septiembre de 2010, bajo el contrato 455000033 con folio SAITE-1203/2010. Como en todos los contratos auditados, los productos y servicios fueron adquiridos, administrativamente, por la Subdirección de Adquisiciones de Informática, Transmisiones y Electrónica, dependiente de la Dirección General de Adquisiciones.

El monto total fue de 650 millones de pesos por una adecuación del edificio del Centro de Comando y Control acorde con los nuevos equipos que recibiría y la modernización de las funciones: sistemas de videovigilancia, control de accesos y de videoconferencia; 156 “posiciones de análisis y operación”; nueve estaciones de trabajo para la jefatura, subjefatura y oficinas administrativas y de mantenimiento; sistema telefónico para 200 extensiones y 20 entradas. Además, instalación de los sistemas computacionales Pen Link y TCI, software y hardware para realizar espionaje electrónico. Estos sistemas serían la base de lo que se agregaría en las siguientes fases.

También en esta primera fase se contemplan cuatro estaciones remotas de amplio espectro y dos estaciones remotas transportables en vehículos automotores.

La Sedena pagó por medio de transferencia bancaria a la cuenta 65500952869 con número Clabe 014320655009528691 radicada en Guadalajara, Jalisco, del banco Santander, a nombre de Security Tracking Devices. El proveedor se comprometió a entregar todos los productos y servicios “a más tardar el 31 de marzo de 2011”.

Contrato de Segunda fase: integración de la Plataforma Pegasus

La compra de los bienes y servicios que integran la Segunda Fase del Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la Sección Segunda se realizó por medio del contrato 4550000007, folio SAITE-539/2012, con Security Tracking Devices.

La Sedena siguió remodelando lugares de trabajo y adquiriendo más equipo: otras 70 computadoras, sistemas de procesamiento de imágenes, 60 teléfonos, sistemas de almacenamiento masivo, red de comunicaciones del Centro de Procesamiento de Datos, instalación del Módulo Central de la Plataforma NSO Pegasus de Monitoreo de smartphones, con capacidad para espiar 400 BlackBerry, 100 Symbian y 100 Android.

Los pagos, que ascendieron a mil millones de pesos se realizaron también por medio de transferencia bancaria a la cuenta citada.

Contrato de Tercera fase: Pegasus, el espionaje total

La adquisición de la Tercera Fase del Sistema de Inteligencia Regional está amparada por el contrato 4550000006, con folio SAITE-540/2012. Se trata de la puesta en marcha de todo un sistema de espionaje del que incluso se explicitan la funciones en el documento que la Sedena firmó con Security Trackin Devices.

Entre los “componentes” del Sitio Central del Sistema de Control de Procesamiento de Datos se encuentra la “instalación y puesta en operación de Pegasus Mobile Communcation Solution para la plataforma Iphone” para 400 usuarios.

Con este tipo de software, los agentes podrán “operar con las siguientes funciones de adquisición de datos: extracción de SMS/MSM; lista de contactos; registros de agenda; monitores de e-mail; intercepción de voz; extracción de mensajería instantánea; información de ubicación GPS/Cell ID; captura de imágenes de pantalla y de la cámara; acceso y manipulación del sistema de archivos; información y estado del sistema; información de la tarjeta SIM; información del hardware, sistema operativo y software; denegación de capacidades de servicio, y detener el funcionamiento del dispositivo”.

Todo podrá ser realizado sin que sea detectado por los usuarios espiados, aunque éstos cuenten con aparatos encriptados, con antivirus y antiespías: una de las características de los productos es “ser indetectables en los dispositivos del hardware y por programas de software (antivirus, antispyware) existentes en el mercado”.

El espionaje no se reduce sólo a los aparatos de cómputo, de telefonía y radial. La Sección Segunda se hizo de un Sistema Táctico de Imágenes a través de paredes, con un costo de 90 millones 417 mil 600 pesos. El monto total del contrato, que incluye también más adecuaciones a los edificios, ascendió a mil millones de pesos.

Más contratos para inteligencia militar

Además de los contratos específicos para las tres fases del Sistema de Inteligencia, la Sedena celebró otros para la Sección Segunda que complementaban proyectos como Plataforma Pegasus.

Todos se firmaron durante 2011 con Security Tracking Devices. Se trata de cinco convenios para adquirir un sistema de designadores electromagnéticos de señales satelitales de telefonía celular; equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones; otro sistema de designadores electromagnéticos de señales satelitales de telefonía celular; un sistema procesador electromagnético, y ocho estaciones remotas móviles de radiocomunicación y sistemas de inteligencia. A cada adquisición correspondieron los contratos 4500006718 (por 300 millones de pesos); 4500006876 (por 249 millones 999 mil 999); 4500006908 (por 200 millones); 4500000147 (por 1 mil 160 millones), y 4500000525 (por 1 mil 68 millones 499 mil 999 pesos), respectivamente.

Todos los contratos contienen una cláusula de confidencialidad, que obliga a las partes a no difundir el contenido de la negociación. A la letra dice: “Guardar en secreto todos los datos y condiciones especiales de este contrato, así como cualquier circunstancia de orden militar relativa a la Secretaría, y que llegue a su conocimiento o de su personal, como consecuencia de este contrato. La documentación suministrada por el proveedor a la Secretaría debe ser tratada con toda reserva del caso…”.

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