La noche se le vino al Ejército. Nerviosismo, preocupación, intriga y miedo privan en las fuerzas armadas. Todos desconfían de todos. Nadie está seguro. Cualquier general de división y otros de menor rango pueden ser acusados de vínculos con el narcotráfico, señalado por algún testigo protegido y capturado para ser sometido a proceso penal por delincuencia organizada. Nadie está seguro, ni siquiera el secretario de la Defensa Nacional.

Con las últimas detenciones de varios generales de división en retiro, acusados por delitos de delincuencia organizada, se ha trastocado a la última institución del Estado que parecía estar a salvo de la corrupción galopante que domina el escenario de la política nacional. Ahora cualquiera traiciona, cualquiera acusa. Basta un señalamiento de algún testigo protegido o, como sucedió con los tres generales capturados, fueron espiados y grabados por el policía consentido de Los Pinos, quien tiene a su disposición toda la tecnología y costosos aparatos para vigilar a funcionarios, empresarios, luchadores sociales, periodistas y también a los candidatos presidenciales.

Nadie escapa a las escuchas de la Secretaría de Protección Pública federal, desde donde endulzan el oído al ocupante de Los Pinos, quien sólo necesita dar un nombre, una dirección o un apodo para que las potentes computadoras arrojen sábanas de información, verdadera o falsa, y se conviertan en expedientes incriminatorios en contra de opositores, enemigos o simplemente críticos al sistema.

Desde allí salió la información que ahora tiene en jaque a todas las fuerzas armadas. La venganza en contra del Ejército empieza a tomar curso. Es en las fuerzas armadas, precisamente, en donde han despreciado y descalificado el trabajo del policía de Los Pinos, a quien inclusive le atribuyen “relaciones peligrosas”. Pero fue éste quien se adelantó y ha reunido delicados expedientes acusatorios en contra de generales de división. Ha empezado la noche de los cuchillos largos.

El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, también tiene expediente pendientes. Como la posesión de un lujoso restaurante en la ciudad de Cuernavaca, en manos de su esposa, del que supuestamente se habrían pagado 8 millones de pesos en efectivo al dueño Leopoldo Chelala. La operación se realizó el 18 de febrero de 2008 y quedó constancia ante el licenciado José Eduardo Menéndez Serrano, titular de la Notaría número 7. Esta propiedad se sumaría a otras de las que la prensa ha dado y respecto de las cuales que no se explica el manejo líquido de millones de pesos; y mucho menos que el salario honesto de un secretario alcance para ello.

¿Quién sigue en el Ejército?

Cuando Felipe Calderón recibió hace seis años su constancia de presidente electo de México, de inmediato inició el proceso de revisión de quienes integrarían el primer círculo de su gabinete. En ese importante grupo era prioritaria la selección del que ocuparía el cargo de secretario de la Defensa. En ese entonces, Calderón delegó esa responsabilidad a quien sería su secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, mismo que se encargó de entrevistar a los cinco generales que tenían aspiraciones y posibilidades de ocupar la titularidad de esa dependencia.

Según la versión que Mouriño relató tiempo después a un colaborador y amigo, el general Tomás Ángeles Dauahare encabezaba dicha lista, e incluso Calderón se inclinaba por él para designarlo secretario de la Defensa. Las entrevistas se sucedieron una a otra, hasta que el último de la lista, el general Guillermo Galván Galván, le hizo a Mouriño una cruda radiografía del Ejército, que culminó en que esta Secretaría era sólo un cascarón. Le habló de las debilidades de las fuerzas armadas, aunque también mencionó lealtades y fortalezas. Eso gustó al joven Mouriño, quien meses después se convertiría en secretario de Gobernación, y así lo transmitió a su jefe Calderón, quien sin dudarlo hizo caso y tomó la decisión de que Galván era el bueno.

De aquel año, cuando el general Ángeles pudo alcanzar la gloria y convertirse en secretario de Estado y principal responsable de la seguridad nacional del país, las cosas han cambiado y ahora con su detención por acusaciones de vínculos con el narcotráfico se dispone a vivir un infierno del que nunca podría salir, bajo acusaciones de delitos de delincuencia organizada.

Otro general de menor rango, Roberto Dawe González, también está acusado de los mismos delitos y fue detenido simultáneamente a Tomás Ángeles para enfrentar la justicia federal. Días después, un tercer general de visión en retiro, Ricardo Escorcia Vargas, fue presentado ante el Ministerio Público Federal responsable de delitos por delincuencia organizada.

Sean o no culpables los tres generales de tener algún vínculo con cárteles de la droga y haberles proporcionado información o protección, lo cierto es que el poder corruptor del crimen organizado ha penetrado todas las estructuras de las corporaciones policiales del país, pero lo más grave es que esta embestida de flujos de dinero sucio ha llegado también a las fuerzas armadas desde hace varios años y ahora se vuelve a confirmar el riesgo que tiene el país al implicar e involucrar a militares en la lucha contra el narcotráfico.

Desde el momento en que el gobierno federal decidió que efectivos militares asumieran responsabilidades policiales y fueran el Ejército Mexicana y la Armada los que encabezaron el combate contra el crimen organizado, principalmente en lo que se refiere a bandas del narcotráfico, se dejó vulnerable a la principal fuerza de protección del país y de la seguridad nacional.

El poder corruptor del crimen organizado ha tocado gravemente a las fuerzas armadas a través de altos mandos militares, comandantes de zonas y grupos especiales responsables de combatir a jefes de la mafia mexicana, quienes se han visto involucrados en sobornos, chantajes y complicidades con bandas del narcotráfico, lo que confirma, una vez más, la equivocada política de “guerra” del gobierno de Felipe Calderón. Éste será recordado como el presidente de los 70 mil muertos que ha dejado esta “guerra” sin cuartel.

Esa decisión de sacar a la calle a las fuerzas armadas para garantizar la seguridad de la población –que no se ha logrado en cinco años y medio de gobierno calderonista–, ha provocado abusos y excesos de militares en contra de la población. Esto se ha traducido en quejas y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del Ejército. Además, algunos militares de alto rango en activo, otros en retiro y unos más en funciones de jefes policiacos, han sido acusados y procesados por delitos de delincuencia organizada, como protección a bandas del narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Ahora tocó el turno a los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vargas. El primero con un historial militar impresionante que incluyó haber ocupado la única Subsecretaría de la Defensa.

Para evitar especulaciones, la Procuraduría General de la República (PGR), responsable de la investigación en contra de ambos generales, aseguró en un comunicado que la captura y acusación penal de Ángeles y Dawe nada tienen que ver ni están relacionadas con el proceso electoral de julio para designar presidente de la República.

La PGR adelantó la aclaración porque el general Ángeles Dauahare participó hace unas semanas en una mesa de análisis convocada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), para fijar agenda y programa de trabajo en caso de que su candidato, Enrique Peña Nieto pudiera asumir la Presidencia de la República.

Sin embargo, sabemos que el candidato del PRI ha sostenido encuentros y reuniones de trabajo con varios generales en activo y otros en retiro. Entre ellos destacan el mismo Tomás Ángeles, exsubsecretario de la Defensa; el actual subsecretario general de división Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, y el oficial mayor general de división Salvador Cienfuegos Zepeda. Estos dos últimos con deseos de convertirse en secretario de la Defensa, aspiración que los convierte en blanco de investigaciones federales para determinar si no tienen algún nexo con el crimen organizado y bandas del narcotráfico, las cuales andan muy activas para cooptar a quienes puedan asumir algún cargo en la próxima administración federal y esto les asegure impunidad y protección en el siguiente gobierno.

En el caso de la detención de Ángeles Dauahare, las indagatorias de la Procuraduría apuntan a posibles nexos con el cártel que comandaban los hermanos Beltrán Leyva, grupo socio de los Zetas y enemigo del cártel de Sinaloa que comandan Joaquín Guzmán Loera y Juan José Esparragoza.

Guerra sucia contra candidatos opositores

En los equipos de los candidatos presidenciales de oposición ha causado malestar y preocupación la detención de militares de alto rango cuando las campañas políticas se perfilan a la recta final del proceso electoral. Se sospecha en los cuartos de guerra que se trata de una maniobra de Los Pinos para enturbiar las campañas y desprestigiar a los aspirantes del PRI, Enrique Peña Nieto, y del PRD, Andrés Manuel López Obrador, a quienes buscan vincularlos con los generales detenidos.

La razón es que hasta ahora la estrategia seguida por la candidata panista Josefina Vázquez Mota no ha impedido detener su caída en las encuestas y en el equipo de campaña del PAN hay sobradas razones para estar preocupados y observar cómo cada día que pasa Josefina se aleja de poder ganar la Presidencia de la República.

El mismo Felipe Calderón ha dicho que nada tiene que ver la aplicación de la justicia y la lucha contra la corrupción, con el avance del proceso electoral. La PGR ha sido más directa al asegurar que las detenciones de generales de división obedece sólo a la lucha contra el crimen organizado y la complicidad de militares y policías con cárteles de la droga. Sin embargo se esperan más acusaciones en contra de militares y políticos por delitos relacionados con la delincuencia organizada y con hechos de corrupción.

Nuevo escándalo de Romero Deschamps

Fue hace más de una década cuando se dio a conocer las negociaciones entre el dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, con la Dirección General de Petróleos Mexicanos, para entregar recursos millonarios a cambio de apoyo político. Ahora el líder petrolero busca convertirse en senador de la República y con ello obtener fuero y evitar posibles acusaciones en su contra.

Los proyectos de Pemex están sellados – como en la mejor época de Joaquín Hernández Galicia “La Quina” – con un sobrecosto a favor del sindicato, aunque no serán los trabajadores de base quienes resulten beneficiados, sino directamente los dirigentes encabezados por Romero Deschamps.

Información de la empresa paraestatal revela que obras como la nueva refinería de Tula, en Hidalgo, exhiben un sobrecosto de entre 5 y 10 por ciento como resultado de la aplicación de la cláusula 34 del contracto colectivo de trabajo firmado con el sindicato.

Así, la refinería que tendría un costo mínimo de 10 mil millones de dólares, involucra al menos mil millones para el sindicato. No es difícil adivinar de dónde salen los recursos para que la familia del líder petrolero viva en la opulencia, como lo demuestra su hija Paulina Romero, quien en las redes sociales presume cu costosa vida.

El escándalo de Paulina Romero podría sumarse a los problemas que enfrenta el dirigente petrolero para llegar a la Cámara de Senadores y obtener fuero.
Ante el IFE, Romero Deschamps está enlistado como el candidato número siete a senador por la vía plurinominal de la coalición PRI-PVEM, pero antes tiene que sortear diversas acusaciones penales integradas en su contra por la PGR y la PGJDF. Además, legisladores y opositores del gremio petrolero impugnarán su candidatura ante la autoridad electoral

La sombra del Pemexgate aún pesa sobre Carlos Antonio Romero Deschamps. Transcurrieron ya 12 años desde que este dirigente petrolero y el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Rogelio Montemayor Seguy, desviaran 1 mil 500 millones de pesos de la paraestatal para transferir 640 millones a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, cuya indagatoria penal aún continúa y en los próximos días podría haber sorpresas sobre la libertad del líder.

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