Cuando en un país la violación de los derechos humanos es una práctica constante, como sucede en México, y estos abusos alcanzan a la prensa, considerada como un eslabón entre la sociedad y principal contrapeso de los tres poderes formales del Estado, algo muy malo sucede. Hace varias décadas, el asesinato de un periodista como Manuel Buendía estremeció a los mexicanos y se convirtió en el caso emblemático que generaciones posteriores recuerdan como el ejemplo de un comunicador que perdió la vida a causa de su trabajo periodístico.En los tiempos actuales, durante los gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, el asesinato de periodistas se convirtió en un simple delito (del fuero común) en donde los nombres de fotógrafos y reporteros se apilan en una lista de casos y expedientes judiciales que las autoridades nunca esclarecen y tampoco identifican a los culpables, y en los cuales la sociedad sólo se estremece ante la vulnerabilidad del gremio periodístico.

México, de acuerdo con organizaciones civiles internacionales, es uno de los países más peligrosos para ejercer ésta importante profesión que garantiza la democracia y la libertad de expresión, y sirve como uno de los principales vectores del acceso a la información pública y de la vigilancia del gasto presupuestal.

Hasta ahora, si embargo, la corrupción gubernamental en colusión con las fuerzas del crimen y los poderes fácticos amenazan seriamente al gremio periodístico como nunca antes, en donde decenas de periodistas son asesinados, agredidos, amenazados, ofendidos y vulnerados ante la complacencia de las autoridades.

De 2001 a 2012 han ocurrido, al menos, 109 asesinatos y desapariciones de periodistas. De éstos, 79 se cometieron en la actual administración del panista Felipe Calderón. Los más recientes se cometieron en Veracruz, en el gobierno local del priista Javier Duarte, con las ejecuciones de la reportera Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso, asesinada en Jalapa el pasado 28 de abril. Otros tres reporteros gráficos, Gabriel Huge y Guillermo Luna, entre ellos, fueron torturados, ejecutados y tirados a un canal en La Zamorana, el mismo día que se festeja en el mundo el Día de la Libertad de Prensa, según informó la Procuraduría General de Justicia del Estado.

La tasa de agresiones contra el gremio periodístico ha crecido 2 mil 500 por ciento respecto del sexenio del priista Ernesto Zedillo. A la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, México llega como uno de los países más peligrosos para ejercer este oficio, circunstancia que por supuesto nada importa a los gobiernos del PAN, pues son ellos los principales promotores de la corrupción y de la violencia que hay en el país.

En México el ejercicio periodístico se clasifica como una labor de alto riesgo, similar a la de los países que enfrentan guerras civiles o intervenciones militares. Organizaciones internacionales de protección a periodistas y defensores de derechos humanos y de libertad de expresión, señalan a México como el país más peligroso de América Latina para ejercer esta profesión.

Es precisamente con la llegada de gobiernos de ultraderecha católicos cuando las libertades democrática, de expresión y de prensa se ven más vulnerables, y la vida y la libertad de cientos de periodistas en todo el país está en altísimo riesgo.

El número de ataques contra la libertad de expresión crece todos los días. Es a partir de 2006 cuando se empiezan a registrar los niveles más altos de agresiones contra periodistas y con mayor violencia. A decir de Javier Sepúlveda Amed, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los ataques a la labor periodística hieren inherentemente de gravedad la democracia del país. Eso es exactamente lo que sucede en México, sin libertad de prensa no puede haber democracia y los panistas y no el crimen organizado, como pretende hacernos creer el gobierno, son los responsables de esto.

De acuerdo con registros consultados por la reportera Mariela Paredes y publicados en la revista Contralínea, durante los 11 años de administraciones federales a cargo del Partido Acción Nacional (PAN), el recuento de periodistas asesinados y desaparecidos asciende a 109, de los cuales 30 ocurrieron durante el gobierno de Vicente Fox (1 de diciembre de 2000 a 30 de noviembre de 2006): 26 fueron asesinados y de cuatro más se desconoce su paradero; en la administración de Felipe Calderón (1 de diciembre 2006 a la fecha) suman 79 las víctimas: 67 homicidios y 12 desapariciones de comunicadores.

En suma, 93 periodistas asesinados y 16 desaparecidos es el saldo que arrojam los gobiernos panistas en materia de libertad de expresión hasta ahora, y aún faltan seis meses para que el PAN deje el poder y regrese a sus iglesias de donde nunca debieron de haber salido.

A decir de la buena voluntad del doctor Javier Sepúlveda, desea que el número de agresiones contra reporteros no crezca en los meses que le resta a esta administración. Sin embargo, las estadísticas dicen lo contrario y loas agresiones, muertes y amenazas van en aumento: de diciembre de 2006 a la fecha el número de asesinatos contra trabajadores del medio periodístrico ha crecido 246 por ciento, comparado con el sexenio anterior. Las desapariciones han aumentado un 303 por ciento más de incidencia durante la administración de Felipe Calderón, quien dice respetar la libertad de expresión y representar la democracia mexicana.

Las condiciones actuales de la libertad de expresión en México le han valido la clasificación en la prensa internacional y de Naciones Unidas, como el país en la situación más difícil para la labor periodística. Asimismo, en el ranking 2011, México ocupa la posición 149 de 179 países evaluados. Desde 2006, México se ha clasificado como país en situación difícil.

A partir de 2006 la incidencia de los ataques contra periodistas en México se recrudece, y es durante 2008 y 2010 que alcanza su punto más álgido hasta ahora. La situación hostil que vive el gremio es resultado de la equivocada estrategia de seguridad del actual gobierno de Felipe Calderón, que sólo se ha concentrado en la confrontación armada y represiva en las calles, las plazas públicas, los jardines, las escuelas, los mercados, lo que ha costado la vida a decenas de miles de niños, mujeres, ancianos y hombres inocentes, mientras que los burócratas en Los Pinos y del gobierno son protegidos junto con sus familias por miles de soldados del Estado Mayor Presidencial.

Sin embargo, aun cuando los voceros oficiosos del gobierno federal adjudican estas agresiones a la delincuencia organizada, se sabe que los responsables de dichos ataques, hasta en un 49 por ciento de los casos, son de las mismas autoridades y las fuerzas de seguridad pública federal. Así lo documenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y algunas otras organizaciones como Cencos y Artículo 19.

A nivel mundial, y principalmente en América Latina, las autoridades suelen ser las que cometen el mayor número de agravios. Sin embargo, una nueva tendencia de ataque hacia la prensa en México son las agresiones contra las instalaciones de los medios de comunicación. En los seis años recientes se observa un particular interés por atacar colectivamente a quienes ejercen la labor periodística a través de agresiones a edificios y casas que albergan a los medios de comunicación. Un caso emblemático es el del diario El Mañana en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando en 2006 fueron atacadas sus instalaciones con armas de fuego y granadas de fragmentación.

El saldo que arrojan las dos últimas administraciones del PAN es particularmente grave en las entidades de Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua y Guerrero, las cuales cuentan el mayor número de periodistas asesinados durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. Los agravios ocurrieron durante los gobiernos estatales de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Tamaulipas; de Miguel Alemán Velasco y Fidel Herrera, del PRI, en Veracruz; René Juárez, del PRI, y Carlos Torreblanca, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en Guerrero.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca y Veracruz resultaron las entidades con mayor número de víctimas mortales en materia de libertad de expresión. Las autoridades al frente de Chihuahua −cuando se presentó el mayor número de ataques− fueron José Reyes Baeza y César Duarte Jáques, del PRI; Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy del PRD, en Michoacán; y Ulises Ruiz, del PRI, y Gabino Cué, del partido Convergencia, en Oaxaca.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado 626 agresiones contra reporteros en los dos gobiernos del PAN; 351 de ellas –más del 50 por ciento– han ocurrido durante el actual gobierno de Felipe Calderón. Asimismo, las violaciones a la libertad de expresión figuran en segundo lugar dentro de los cuatro principales hechos violatorios que registra con mayor frecuencia la CNDH a nivel nacional.

A decir del director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, Javier Sepúlveda, “el saldo (de 12 años de panismo) es sumamente negativo y lo dicen los números. En los expedientes está documentado que el recrudecimiento y la falta de profesionalización de las autoridades ha repercutido en un abuso y en una violación grave y sistemática a los derechos humanos de los comunicadores; es muy lamentable lo que está sucediendo en nuestro país”.

Las condiciones para ejercer la labor periodística en México no muestran mejoría a pesar de que algunos datos estadísticos pudieran decir lo contrario. Daniela Hernández, de Cencos, asegura que la aparente mejoría que podría notarse en algunas estadísticas, obedece a una reacción de temor: “A más agresiones violentas, menos denuncias públicas”. Ahora se sabe que no es que las agresiones dejen de ocurrir, sino que el clima que impera es el silencio. Hernández explica que el fenómeno de Tamaulipas recientemente se empezó a replicar también en Veracruz, en el contexto de violencia que ha sufrido el gremio en estas regiones del país.

Cencos señala que una constante en las agresiones a periodistas a partir de 2009 son las físico-materiales. Este fenómeno se hizo más evidente en 2009, cuando se incrementaron las agresiones, sobre todo a reporteros gráficos, quienes son dañados en su persona y equipo de trabajo. Tan sólo durante 2011, el Cencos documentó 128 agresiones físico-materiales, 10 asesinatos y una desaparición.

Según se prevé, no habrá una mejoría sustancial en materia de libertad de expresión en México: se aquí a julio es un tiempo políticamente muy sensible y existe el riesgo de que la sensibilidad política aumente los casos de agresiones a periodistas y de que la transición del gobierno impida que las autoridades se comprometan a dar seguimiento a las políticas y a los casos que se tienen registrados hasta ahora.

El pronóstico para los seis meses restantes de la administración de Felipe Calderón no parece favorable, pues si bien se ha registrado una disminución de los casos denunciados, el área de Educación e Investigación del Cencos revela que esta aparente disminución de casos denunciados podría ser alentada por la autocensura y el silencio de las víctimas por miedo a represalias.

Nada que festejar por el día de la libertad de prensa, los periodistas mexicanos estamos de luto y en espera de que este gobierno termine.

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