El escandaloso endeudamiento de Coahuila y la certeza de que parte de esos recursos fueron un fraude orquestado por exfuncionarios de ese gobierno y, en particular, por el extesorero de la gestión de Humberto Moreira, ya forma parte de la agenda del gobierno de Estados Unidos y es motivo de fuego cruzado entre políticos de ese país, como si México fuera una colonia más de los gringos.

Por supuesto que el gobierno de Felipe Calderón ha permitido la ingerencia estadounidense en asuntos internos y su administración sigue de escándalo en escándalo, lo cual demuestra, en los hechos, que la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero, la corrupción, la injusticia y la impunidad son una farsa.

Un ejemplo de lo anterior fue la fuga del extesorero de Moreira, Humberto Javier Villarreal, a quien un juez federal otorgó libertad bajo fianza mientras planeaba su huída a Estados Unidos, en donde fue capturado por la policía de ese país en la ciudad de San Antonio, en compañía de su esposa, hijos menores de edad y un ciudadano estadounidense.

Ahora el juez mexicano y las autoridades migratorias de Estados Unidos tendrán que explicar porque Villarreal pudo ingresar a ese país para después ser detenido en Tyler, un poblado de San Antonio, Texas, cuando un oficial de tránsito detuvo la camioneta Mercedes Benz último modelo en la que viajaba. El vehículo no portaba una de las placas y ese fue el motivo que llevó a Villarreal a prisión, cuando en México enfrenta un proceso penal por el endeudamiento de la finanzas de Coahuila hasta por 50 mil millones de pesos.

Al momento de su detención, las autoridades del condado de Tyler encontraron en el vehículo 65 mil dólares en efectivo y una escopeta, por lo que abrieron una investigación para conocer el origen del dinero. Villarreal, su esposa y el acompañante de nacionalidad estadounidense fueron detenidos y fichados en el pequeño condado, en donde las autoridades inmediatamente comenzaron las gestiones para incautar el dinero.

Villarreal y su familia ingresaron a Estados Unidos con una visa empresarial que el gobierno de Barack Obama otorga a aquellos inversionistas que declaran la intención de destinar a comunidades con bajo nivel de desarrollo hasta 500 mil dólares. Con una imagen cambiada y distinta de cuando era parte del gobierno de Coahuila, el exfuncionario mexicano fue fichado por las autoridades estadounidenses; sin embargo pagó una multa que hoy lo mantiene libre.

Varios congresistas estadounidenses, por supuesto republicanos y contrarios a Obama, se percataron de las inconsistencias en el tratamiento migratorio y se preguntan porqué se autorizó una visa empresarial a un personaje involucrado en una investigación por fraude en México y que desde octubre del año pasado se conoció la figura del extesorero del gobierno de Coahuila.

Entre los legisladores estadounidenses interesados por el caso de Villarreal, están los republicanos Louie Gohmert y John Cornyn, éste congresista por el estado de Texas que forma parte de una influyente comisión migratoria y a través de la cual solicitó una investigación que involucra al Departamento de Estado, a Migración y a todos los niveles de gobierno involucrados en la autorización de permisos migratorios, mediante lo cual se pemitieron inversiones que realizó Villarreal.

La Interpol ha lanzado una alerta para localizar al extesorero de Moreira. Ahora la acusación en su contra es por lavado de dinero y su eventual involucramiento con grupos del crimen organizado. Las propiedades que se acreditan a Villarreal en San Antonio suman más de 20 millones de dólares y están ubicadas en centros comerciales y predios que el exfuncionario estatal habría adquirido en los últimos años.

Para el gobierno de Barack Obama el escándalo del endeudamiento y del fraude con los pasivos públicos de Coahuila, se ha complicando políticamente. La afirmación del presidente estadounidense sobre la mayor seguridad que ahora se registra en la frontera con México, avivó el rechazo de influyentes congresistas que ponen en tela de juicio la guerra contra el narcotráfico.

Cornyn, por ejemplo, presentó un balance con el que buscó demostrar que no sólo no se ha reducido el nivel de porosidad de la frontera sino que en México se vive una crisis de seguridad de grandes proporciones.
Dice Cornyn que en los cárteles de la droga y en los grupos de sicarios que controlan el crimen organizado al menos participan 10,000 delincuentes que ya rivalizan peligrosamente con los integrantes de las fuerzas armadas que no superan los 22,700 efectivos militares.
El congresista también aseguró que desde que Calderón lanzó su ofensiva contra los cárteles de la droga en 2006, se han perdido más de 9,635 vidas. Prácticamente se triplicó la pérdida de vidas humanas que en 2007 sumaban 4,324 asesinatos. Además, el Congresista asegura que al menos 522 policías y militares han muerto en esta desordenada lucha contra el narcotráfico. Así, las ventas anuales de narcóticos en Estados Unidos se mantienen en 25,000 millones de dólares. El balance, de esta forma, resulta desalentador y aleja, por supuesto, la posibilidad de que se apruebe en Estados Unidos una reforma migratoria de fondo.
No será, dice Cornyn, hasta que la frontera con México eleve su seguridad cuando se apruebe una reforma real y de fondo en materia migratoria. Para Cornyn, la crisis en la frontera sur con México es un problema de seguridad nacional para su país. Ésta es la posición, sin embargo, de congresistas extremadamente críticos al gobierno de Obama.

Los “logros” de Calderón según la DEA

En el terreno oficial, un reporte de marzo de 2011 de la DEA, presentado ante el Senado, asegura que el gobierno de Felipe Calderón ha registrado un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico. señala, por ejemplo, que de enero de 2007 a septiembre de 2010 el precio por gramo de cocaína aumentó 68.8 por ciento de 97.71 dólares a 164.91 dólares, mientras que la pureza promedio del narcótico que llegó a venderse en los mercados cayó más de 30 por ciento.

Las estadísticas de la DEA buscan demostrar que la guerra de Calderón sí funcionó, al menos para encarecer el precio de los narcóticos. Un argumento que, por supuesto, resulta sumamente controversial. La DEA, afirmó Thomas M. Harring, responsable de operaciones del organismo, ha logrado interceptar las conversaciones de narcotraficantes que buscan vía alternas y más seguras para concretar el tráfico de droga, lo que demostraría que la guerra de Calderón, al menos para ellos, estaría funcionando.

El problema para Estados Unidos está relacionado, dice la DEA, con la muerte de 31 mil de sus ciudadanos al año por abuso de sustancias y narcóticos. El impacto de las drogas llega a 7 millones de estadounidenses que dejan de ser productivos por su dependencia a la cocaína, mariguana u otras sustancias.

Por ello, ante los congresistas, Harring pidió que el gobierno estadounidense apoye a Calderón en sus esfuerzos heróicos para sostener su estrategia contra el narcotráfico. Dice la DEA que Felipe Calderón destinó más de 45 mil efectivos militares para apoyar la lucha contra el narcotráfico. También reconoce más de 35 mil muertes directamente relacionadas con el intento de las bandas de narcotraficantes de amedrentar al gobierno federal de reducir la intensidad de la lucha.

“Afortunadamente, el presidente Calderón está dispuesto a no detenerse”, dijo el director de la DEA a los congresistas. Sin embargo, también cita el riesgo de que el concepto “plata o plomo” siga normando las relaciones y la lucha contra el narcotráfico. Incluso, cita la versión de que autoridades de alto nivel en la Producraduría General de la República hubieran aceptado la entrega de al menos 450 mil dólares al mes para liberar a narcotraficantes.

Para México la DEA es un cuerpo policial abusivo y poco confiable, encargado de mantener la lucha contra las drogas en territorio mexicano para impedir que la violencia llegue a su país. Por eso agentes encubiertos han participado en el tráfico de armas, en el lavado de dinero del crimen organizado, en la venta y transportación de drogas y en la intercepción ilegal de líneas telefónicas en México.

Así que la opinión del director de la DEA ante el Congreso de Estados Unidos para avalar la gestión de Felipe Calderón en su lucha contra las drogas, vale lo mismo que creer que el mandatario mexicano ha cumplido con las instrucciones de Washington como si su misión fuera proteger a ese país y eso lo convierte en un traidor a la patria.

Lavado de dinero y todo por saber

Es casi un hecho que el extesorero de Humberto Moreira, exdirigente del PRI y también exgobernador de Coahuila, tendrá que hacer frente a los cargos penales que le imputan en Estados Unidos. El dinero es resultado de un fraude a las finanzas estatales y a los bancos que autorizaron dichos financiamientos, que tuvieron como garantía las participaciones estatales del estado.

Lo que tendrá que demostrarse es que Villarreal no actuó solo. Varias de las incógnitas que hay alrededor de este caso son determinar quién protegió al exfuncionario estatal para que no enfrentara desde octubre pasado a la justicia mexicana. ¿Cómo fue posible que el exfuncionario lograra salir bajo fianza para preparar su fuga hacia Estados Unidos? ¿Por qué Villarreal no ha hablado sobre sus cómplices en la operación que colocó en quiebra técnica a Coahuila?

También la duda es cómo se cometieron todas esas irregularidades en el manejo del presupuesto público del estado de Coahuila sin que el entonces gobernador Humberto Moreira no supiera de ellas.

Di no a Wal-Mart

No sólo en México la multinacional de las ventas al detalle enfrenta el descrédito que dejó la revelación de una supuesta red de corrupción que le permitió abrir un gran número de tiendas entre 2000 y 2005. Basta leer los espacios del lector de The New York Times – el diario estadounidense que develó el entramado de corrupción y chantaje entre Wal-Mart y autoridades mexicanas – para conocer el rechazo público a una empresa que si bien, por su tamaño e importancia se ubica entre las primeras economías del mundo, se ha caracterizado por no cumplir con la responsabilidad que impone su tamaño y peso.

Discriminación, prácticas depredatorias, malas políticas ambientales, menores sueldos para mujeres, son sólo algunos de los reproches hechos en Estados Unidos a un gigante que enfrenta una severa crisis. Organizaciones como Al Consumidor, de Adriana Labarni, están invitando a través de redes sociales a que se concrete un embargo contra la multinacional. Simplemente, Labardini propone a la población no acudir a comprar a Wal-Mart, como una medida ciudadana ante la corrupción, complicidad e incapacidad de las autoridades de todos los niveles para frenar los abusos de trasnacionales.

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