En el gobierno de Vicente Fox se ha incrementado la protección de delincuentes que, amparados en la figura legal de “testigos protegidos”, la Procuraduría General de la República les otorga el perdón de sus delitos a cambio de una supuesta colaboración para combatir a la delincuencia organizada. Pero además de ese beneficio otorgado a mafiosos para no pisar la cárcel, el gobierno federal les concede nuevas identidades y, por si eso fuera poco, les otorga un pago mensual como si se tratara de un salario fijo para que no se vuelvan a preocupar de la crisis económica que vive el país.

Así, de acuerdo con documentos oficiales de la PGR, después de aprobada la ley que permite la protección de delincuentes, en 1997 la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) de inmediato otorgó beneficios legales a 19 mafiosos, quienes ese mismo año costaron al país un millón 8 mil 114 pesos; para 1998 el mismo número de “testigos protegidos” costó al erario público federal un millón 168 mil 230 pesos; para 1999 la cifra de esos testigos se elevó a 30 y su gasto se mantuvo en un millón 146 millones 955 mil pesos, y para el año 2000, cuando Vicente Fox asume el poder, el número de delincuentes protegidos se redujo a 27, pero el gasto se incrementó sin explicación alguna hasta 2 millones 397 mil 621 pesos.

En el primer año de la administración foxista, 2001, los “testigos protegidos” se elevaron a 35 y, misteriosamente, el gasto se elevó considerablemente en casi un 200 por ciento, al pasar a 5 millones 823 mil 927 pesos.

En el segundo año del gobierno de Vicente Fox, 2002, las cifras de la PGR revelan que el número de “testigos protegidos” aumentó a 41 y, peor aún, el gasto para mantenerlos con fondos públicos se incrementó otra vez en más de un ciento por ciento, al pasar a 13 millones 370 mil 525 pesos.

Para el tercer año, 2003, el número de los “testigos protegidos” se redujo a 39, pero el gasto que asegura la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) se erogó en ellos se mantuvo en 13.3 millones de pesos.

Como esta información es clasificada como confidencial y de seguridad nacional, la cifra que se pudo obtener para 2004 es que el número de “testigos protegidos” se elevó a 83, pero el gasto oficial para su manutención no fue proporcionado, lo que de acuerdo con la tendencia debe ascender a unos 30 mil pesos mensuales para cada uno de esos delincuentes que fueron beneficiados por traicionar y delatar a sus cómplices y ahora viven en el anonimato y con la comodidad que les da ser protegidos por la PGR.

La relevancia de los “testigos protegidos”

Sobre este tema, en el número más reciente de la revista Contralínea dedicado a los “testigos protegidos”, elaborado por Nancy Flores, da cuenta de que el 80 por ciento de las investigaciones relacionadas en contra del crimen organizado se sustentan en las declaraciones de 83 delincuentes protegidos por la PGR que anualmente le costarían aproximadamente al erario público cerca de 30 millones de pesos, etiquetados bajo la partida 3823 del Presupuesto Federal,

En su investigación la reportera encontró que a pesar de que en la actual administración el discurso oficial enarbola la transparencia, el presupuesto destinado para este fin se opera discrecionalmente y sin rendir cuentas a nadie, pues la PGR lo cataloga como un gasto de “seguridad nacional”.

En el artículo 34 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que data de 1996, señala que la PGR “prestará apoyo y protección cuando así se requiera”. Al respecto, Augusto Sánchez Sandoval, coordinador del Postgrado en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y autor de varios ensayos sobre la figura de “testigos protegidos”, considera necesario que la legislación debe definir el concepto del testigo protegido. “Debe quedar claro si el testigo protegido es un sujeto infiltrado en las organizaciones delictivas o un miembro de la organización que se convierte en acusador de los hermanos o compañeros”, dijo en entrevista con Nancy Flores.

De 1996 a la fecha, esta figura ha permitido que algunos delincuentes relacionados con el crimen organizado se conviertan en delatores a cambio de la indulgencia de las autoridades judiciales, pero hasta la fecha se tienen muy pocos resultados.

Aclaración a fraude en Pemex

La semana pasada publicamos en este espacio un expediente que aún sigue abierto en la PGR porque hay órdenes de aprehensión que no han sido ejecutadas y el daño patrimonial por 140 millones de dólares a petróleos Mexicanos tampoco ha sido resarcido.

Decíamos en esa columna que la averiguación previa involucra a las empresas Productos Ecológicos (Proesa) y Petróleos Mexicanos (Pemex) en la maquinación de supuestos fraudes por 140 millones de dólares, lo que motivó a un juez federal a girar el año pasado órdenes de aprehensión por los delitos de fraude, estafa y peculado en contra Jaime Mario Willars Andrade, ex director general de Pemex-Refinación, y al empresario Alfredo Miguel, ambos clasificados como prófugos en la ficha roja de Interpol para ser buscados por todo el mundo.

Esta historia judicial reseña que mediante engaños y simulaciones la familia Miguel fue indemnizada por Pemex con 140 millones de dólares por una planta de productos petrolíferos (MTB) que nunca se construyó. Para el gobierno federal es tan delicado y relevante este proceso penal que se convirtió en un asunto de seguridad nacional, en donde en los últimos cuatro años han intervenido organismos e instituciones como Inteligencia Militar, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO y ahora SIEDO), la Secretaría de la Contraloría, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Fiscal de la Federación.

De acuerdo con la averiguación previa hay suficientes evidencias sobre la responsabilidad de Jaime Mario Willars Andrade, quien en el sexenio pasado ascendió como la espuma por su amistad con el entonces presidente Ernesto Zedillo, de quien fue compañero de escuela, razón por la cual durante su mandato presidencial lo protegió y lo promovió en distintos cargos en Pemex, en donde realizó negocios sucios que ahora lo llevan a enfrentar distintos procesos penales.

Pues con motivo de esa información, un ex contralor de Pemex, el ingeniero Marco A. Díaz Tobías, a quien le tocó investigar parte de ese desvío de fondos públicos, nos envió una carta con la petición de reproducirla:

“En relación a tu columna publicada el día 8 de marzo, en la parte relativa a la confirmación del fraude de PROESA-PEMEX, considero de suma importancia hacer las siguientes precisiones:

“No tengo el gusto de conocer al reportero Conrado García Jamín, ni hice declaración alguna al medio informativo que se menciona en la columna, no obstante, la información que se menciona en tu investigación, efectivamente formó parte de una serie de reportes que se formularon con motivo del caso que comentas, por diversas dependencias.

“Sin embargo los últimos párrafos no son correctos, no fue una pifia de la Secodam la incorporación de Andrés Conesa Labastida a la SHCP, ya que no les corresponde a éstos supervisar las contrataciones en otras dependencias del gobierno federal, esto en realidad acredita otra situación, tampoco dicha contratación demuestra que los mayores y más cínicos actos de corrupción fueron detectados y…….etc., ya que efectivamente del año 2000 a la fecha se detectaron y reportaron una serie de hallazgos de gran trascendencia, que no fueron desahogados y los auditores que intervinieron inexplicablemente fueron removidos, y estos fueron de igual o mayor trascendencia que el de la planta de MTBE (que se reporto a la Dirección de Auditoria Gubernamental en septiembre de 1999 y se investigó en el año 2000, pero se desahogo para efectos de denuncias penales a fines de 2003 y principios de 2004).

“Efectivamente desde mi óptica, la Secretaria de la Función Pública se ha constituido en una limitante para la fiscalización del ejercicio de los recursos públicos, por el empirismo, la improvisación, un gran desconocimiento de sus responsabilidades, un uso indiscriminado de las atribuciones y un gran poder decisión de algunos de los funcionarios que la dirigen, y digo algunos porque no conozco a todos, pero los que conozco son suficientes; tal parece que para efectos de fiscalización del gasto público, se requiere operar con un perfil muy bajo, para dar un amplio margen de maniobra a algunos funcionarios, y para dar la impresión de que la corrupción se esta reduciendo por decreto; si observas con detenimiento, la Secretaría de la Función Pública obtiene sus mayores hallazgos a través de denuncias, es decir, siempre busca una justificación externa para investigar y reportar, siendo que la forma de operar de una dependencia fiscalizadora gubernamental, aquí y en China, está enfocada a identificar desviaciones, de una manera metódica y sistemática, mediante auditorías programadas; además de lo anterior, por regla general, los procesos derivados de un hallazgo relevante están plagados de una maraña de trámites que diluyen el impacto y la posibilidad de llevar a cabo acciones ejemplares. Esta situación permite afirmar que la SFP opera por consigna y con un amplio margen de discrecionalidad, por esto se pueden ver exoneraciones fast-track, sanciones draconianas e injustificadas, o como en el caso de 14 auditores de Pemex-Petroquímica, remociones por no aceptar o comprender valores entendidos, si te pidieran, que en tu columna dejaras de escribir un hecho, y por otra parte te pidieran que afirmaras como cierta una mentira, posiblemente te negarías, y esto no lo harías por postura sino por principio, posiblemente porque nosotros, tus lectores, asumimos que lo que se manifiesta en tu columna refleja una investigación seria y el deseo de formar objetivamente una opinión, algo parecido les pasó a los auditores que comento y a un servidor, pero en este caso, más que ventilar un tema con muchas aristas, sólo quisiera que mis comentarios en el caso de Proesa se delimitaran en el contexto de un reporte, del que se obtuvo la información y no en el de una confrontación asumida a título personal con quienes en realidad han agraviado al gobierno federal, y ahora el gobierno federal en este tipo de fraudes actúa como las mujeres maltratadas (que espero que cada día sean menos), que agreden al que las defiende, protegiendo al que las maltrata, porque están acostumbradas al maltrato y no conocen otra forma de convivir con una pareja.

“De antemano te agradezco la atención que te sirvas brindar a esta nota, reiterándome como un asiduo lector de tu columna y de la revista Contralínea, y desde luego, obligado incondicionalmente a apoyarte en tu enfoque vertical y objetivo”.