En los tiempos de Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) mantenía una buena relación con la banca. No podía ser de otra forma, porque a través de fideicomisos y cuentas bancarias dentro y fuera del país, se manejaban millonarios contratos que Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgaba y negociaba con la poderosa organización sindical.
Era “La Quina” un gran cliente para la banca. De hecho, algunas de esas cuentas aún se registran en paraísos fiscales y el retiro de sus fondos todavía es materia de litigio. El llamado Quinazo, cuando Carlos Salinas de Gortari decidió terminar con la relación de complicidad de los gobiernos del PRI con los líderes petroleros, hizo que Hernández Galicia perdiera el control de cuentas bancarias millonarias.
En 2003, “La Quina” denunció que Carlos Romero Deschamps “robo” muchas de esas cuentas. En junio pasado, aquí en Oficio de Papel, reportamos con nombre y apellido el motivo del pleito: al menos 10 fideicomisos que fueron abiertos en la década de los 80 en Banamex y Bancomer. Allí se puso – al menos así se pensó – bajo buen resguardo aquel dinero público de gobiernos priistas vinculados con el STPRM. Son más de 5 mil millones de pesos y están allí en algún lugar de la banca, ahora de capital extranjero. Y, precisamente, por esa participación de bancos foráneos es que se ha complicado la negociación para recuperar esos recursos. Además, la institucionalización del sistema bancario – aunque con muchas observaciones – impide las negociaciones tras bambalinas para echar mano de esos fondos.
El pleito por el dinero del STPRM, una gran cantidad de él producto de la corrupción y las componendas políticas, podría ser el mismo caso al que se enfrenta el banco de Carlos Slim. Resulta que hasta sus circuitos bancarios llegó un depósito millonario por más de 800 millones de dólares. La transferencia se realizó desde Nueva York a través de una cuenta del banco estadounidense JP Morgan, a nombre de Irma Chávez, una mexicana que repentinamente se convirtió en millonaria y ya llamó la atención de las autoridades financieras y de los órganos de inteligencia. Sobre dicha transferencia mutimillonaria, sólo se conoce un documento que avalaría el movimiento bancario pero que, obviamente, no documenta el origen de los recursos, lo que hace sospechar a las autoridades que se trata de dinero sucio, producto de corrupción gubernamental, para ser más precisos.
Inbursa del magnate Carlos Slim conoce, en cambio, el nombre de la persona o empresa que envío esos recursos. Sin embargo, los directivos del área jurídica de Inbursa no pueden revelar dicha información porque estarían violando el secreto bancario y una decena de disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que preside Guillermo Babatz. Lo interesante de la cuantiosa operación financiera, es que Irma Chávez no logró retirar ni un dólar de esa cuenta, a pesar de ser ella la beneficiada. Por eso preguntamos ¿dónde está el dinero y a quién pertenece?
Por lo pronto, algunos afirman que se trata de dinero que algunos políticos habrían depositado en dicha cuenta como una forma de asegurar los recursos sin aparecer como titulares. De ser cierto esta información que ya investigan las autoridades, estaríamos ante uno de los escándalos financieros relacionados con la política, como aquel ocurrido en el sexenio de Carlos Salinas, cuando su hermanito Raúl era el negociador de Los Pinos. Habrá que investigar más y, a pesar del silencio de os órganos financieros, volveremos al tema la próxima semana.
Espionaje a la comunidad Vasca
En medio de la crisis de gobernabilidad y violación a los derechos humanos vinculada con la guerra contra el narcotráfico, el gobierno federal a cargo de Felipe Calderón se da tiempo para espiar a ciudadanos vascos radicados en el país, algunos de los cuales ya cuentan con nacionalidad mexicana.
Yon de Luisa Plazas, presidente del Club de Futbol América, y su padre Yon de Luisa Saseta, funcionario del gobierno municipal de Celaya, están entre las decenas de vascos que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) sigue puntualmente y vincula –sin presentar pruebas– con organizaciones ligadas a integrantes de ETA, según revela un informe confidencial.
No sólo corporaciones policiacas mexicanas participarían en el acoso, sino efectivos de la policía española. Lo que se pretende es entorpecer el camino hacia la vía política que se ha abierto en Euskal Herria, considera analista de temas de política internacional.
Fechado el 29 de diciembre de 2010, el informe que el Cisen envió a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) vincula a Juan Carlos Recarte Gutiérrez, quien fuera acusado de pertenecer a Euskadi Ta Askatasuna (ETA; País Vasco y Libertad) con Domingo Flores Berástegui, Carmen Garmendia, Yon de Luisa Saseta, Yon de Luisa Plazas, Lázaro Galarza Larrayoz y Esteban Maiza.
Según este órgano de seguridad nacional dependiente de la Secretaría de Gobernación y encargado de la inteligencia civil del Estado mexicano, todas estas personas son integrantes del Colectivo Vasco en México, de acuerdo con un reportaje del periodista Zósimo Camacho y publicado en la revista Contralínea.
Asegún la A.P PGR/SIEDO/UEITA/011/2011 remitida por el Cisen, obedece a una solicitud de información que requirió la SIEDO a dicho centro de investigación. “Se solicita información de la siguiente persona [Juan Carlos Recarte Gutiérrez], relacionada con el acta circunstanciada PGR/SIEDO/UEITA/077/2010, investigado por la posible comisión del ilícito de terrorismo internacional”.
Además, la SIEDO, dependiente de la Procuraduría General de la República, ordenó una investigación sobre los vínculos posibles de Recarte con ETA y organizaciones de apoyo a ésta; también, sobre posibles vínculos con la delincuencia organizada y grupos subversivos en México. Finalmente, solicitó datos sobre su ingreso, estancia y actividades en el país; datos personales; cuentas bancarias; propiedades e información adicional.
En el informe enviado por el Cisen a la SIEDO se señala a Recarte –sin proporcionar pruebas– como exmilitante del aparato militar de ETA; se agrega que la Audiencia Nacional de España requiere su detención desde diciembre de 1990 por asesinato y pertenencia a la banda armada, y por tenencia de explosivos y depósito de armas, desde marzo de 1991.
El Cisen señala que Recarte utilizó en México el nombre de Francisco Miranda Nandras y que trabajó como taxista a finales de la década de 1990. No se encontró algún vínculo con la delincuencia organizada en México u otro país, ni con alguna organización subversiva. Sin embargo, el Cisen lo señala como asiduo del Centro Vasco, donde, de acuerdo con el organismo de inteligencia, convergen integrantes de la comunidad vasca que se identifican con causas como la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Nacido en 1967, originario de Pamplona, España, Juan Carlos Recarte Gutiérrez fue detenido en México el 29 de diciembre de 2010. Un día después fue entregado a las autoridades españolas al “no comprobar” su estancia legal en el país.
Era señalado como uno de los responsables en la explosión del edificio de la Unión y El Fénix Español, el 17 de octubre de 1987, donde perdió la vida María Cruz Yoldi Arradres, repartidora del Diario de Navarra.
Según las autoridades españolas, Recarte habría participado en el atentado junto con Bautista Barandalla Iriarte (detenido en 1990 y excarcelado bajo vigilancia judicial en 2009 por complicaciones de salud), con el objetivo de afectar intereses franceses en suelo español. Barandalla fue condenado a 40 años de prisión. Para Recarte, la fiscal de la Audiencia Nacional de España, Ana Noé Sebastián, pedía 43 años de prisión. El pasado 24 de noviembre, Recarte Gutiérrez fue absuelto por la Audiencia Nacional de España al no comprobarse su autoría o participación en dicho atentado.
El seguimiento a Recarte es puntual. El Cisen reseña desde la fecha de su nacimiento, hasta su expulsión de México. El informe indica detalladamente dónde vivió en el Distrito Federal, las empresas en las que trabajó y qué cargo ocupaba en éstas. Además, señala que existen registros en los cuales Recarte tiene restricción de vuelo en el espacio aéreo de Estados Unidos.
El legado de De la Garza Hesles
Finalmente, Bernardo De la Garza Hesles dejó la Subdirección de Pemex Refinación tras un año de gestiones que marcaron uno de los años más costosos para la paraestatal. Por su papel operativo en las decisiones que se tomaron en el área que concentra el corazón de Pemex, este abogado egresado del ITAM será recordado por los accidentes en las principales refinerías de la petrolera y, paralelamente, por el incremento en las importaciones de gasolina, lo que también se tradujo en menores ingresos para la empresa petrolera mexicana.
De acuerdo con el Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2011 de la Auditoría Superior de la Federación, en ese año el programa de ingresos del gobierno federal registró una caída de al menos 18 mil 522.8 millones de pesos entre 2010 y 2011. La razón de ésta pérdida para Pemex fue que el precio de venta al público de las gasolinas y el diesel fue menor al precio productor de Pemex.
Pero De la Garza Hesles, según un comunicado de Pemex, dejó la paraestatal al solicitar su jubilación y recibir un “reconocimiento” por su trayectoria en la paraestatal. De esta manera, la empresa cerró con broche de oro la omisión que caracterizó su rendición de cuentas respecto a la gestión de Bernardo de la Garza Hesles.
En Pemex simplemente se hizo caso omiso de las quejas internas y externas respecto a la gestión de éste exfuncionario, quien logró unificar en su contra a legisladores de todos los partidos. Para empezar, con la jubilación de De la Garza Hesles queda pendiente el resultado de aquel punto de acuerdo al que se llegó en la Cámara de Diputados en marzo pasado para exhortar a la Secretaría de la Función Pública, a Pemex y a la PGR a dar a conocer los avances y, en su caso, el resultado de la investigación sobre el presunto otorgamiento de un contrato directo asignado, precisamente por De la Garza Hesles a la empresa KBC Advanced Technologies Inc., en áreas estratégicas de explotación petrolera, a cargo del diputado José Luis Ovando Patrón, del grupo parlamentario del PAN.
En septiembre del año pasado, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que analiza presuntas anomalías de Pemex presentó un informe elaborado por legisladores del PRD en donde se advierte que la negligencia en las decisiones tomadas para la operación de Pemex-Refinación provocó accidentes que podrían no ser reconocidos por las aseguradoras extranjeras con las que Pemex mantiene contratos de cobertura. De confirmarse esta advertencia, el daño patrimonial para Pemex sería cuantioso.
La producción de gasolinas de Pemex se encuentra a la baja por problemas de mantenimiento y falta de inversión; sin embargo, De la Garza se jubila sin la correspondiente rendición de cuentas, un hecho inexplicable analizando las evidencias de los problemas que enfrentó durante su gestión.
El que sí tomó cartas en el asunto fue el STPRM, pues fue Carlos Romero Deschamps quien exigió al director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, la destitución de Bernardo De la Garza Hesles.
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