Hace nueve meses, en agosto del año pasado, el secretario Salvador Vega Casillas ordenó el cese fulminante del director de Formulación y Seguimiento de Denuncias en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito y Público, Adrián Fajardo Castellanos, por burlar una sanción proveniente de la Secretaría de la Función Pública e incurrir en desacato a una inhabilitación que por seis meses aplicó esa dependencia bajo acusaciones de “negligencia administrativa”.

Lo que más molestó al contralor Vega Casillas, fue que Fajardo Castellanos siguió en funciones en la Dirección de Formulación y Seguimiento de Denuncias de la UIF por casi mes y medio en un órgano de inteligencia, como responsable de firmar todas las denuncias penales en contra de presuntos defraudadores financieros, narcotraficantes, terroristas, delincuentes de cuello blanco y lavadores de dinero, ante las procuradurías General de la República y Fiscal de la Federación, lo que significó que durante varias semanas, antes de ser descubierto y cesado, comprometió las investigaciones de toda esa Unidad de Inteligencia y puso en jaque al sistema financiero.

De acuerdo con el expediente de la Función Pública, Fajardo Castellanos es uno de los siete funcionarios involucrados en un fraude por 4.8 millones de pesos en la venta de una planta vitivinícola en Caborca, Sonora, propiedad del gobierno federal, de nombre Denosa.

Bajo el expediente R/SAE/001/2010, la SFP resolvió, el 30 de junio pasado, inhabilitar por seis meses a Fajardo Castellanos por “negligencia administrativa”. Dicha sanción impedía al funcionario trabajar en cualquier dependencia del gobierno federal desde el 1 de julio hasta el 27 de diciembre de 2010.

Pero Fajardo Castellanos hizo caso omiso a la sanción y se mantuvo en el cargo por mes y medio más, hasta que Función Pública lo cesó y resolvió abrirle un nuevo proceso administrativo por delito grave, que lo llevaría, según el secretario Vega Casillas, a una inhabilitación de por lo menos 10 años para laborar en el sector público federal. Además de enfrentar acciones penales en su contra de parte de la Secretaría.

Fajardo Castellanos ahora enfrenta una nueva investigación bajo el expediente DE-57/2010-T-73 abierto en la Secretaría de la Función Pública, tal y como lo advirtió el secretario Salvador Vega Casillas, quien espera aplicar la justicia en ese caso de evidente corrupción y colusión de funcionarios.

Los “amigos” del SAE

Para sorpresa del secretario de la Función Pública, el director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Sergio Hidalgo Monroy Portillo, quien presume la protección de Los Pinos, contrató hace apenas unos meses a su amigo Fajardo Castellanos y para protegerlo lo nombró coordinador jurídico de Bienes de la Dirección Ejecutiva de Bienes Inmuebles del SAE, sin importar que hubiera violado una inhabilitación por “negligencia administrativa” cuando se desempeñó como apoderado del mismo SAE.

Antes de esa inhabilitación por 6 meses y ordenada en julio del año pasado, Fajardo Castellanos había sido investigado por otras acciones administrativas en la venta de bienes inmuebles del SAE.

En 2005, la SFP investigó a los dos amigos (Fajardo Castellanos y Monroy Portillo) y ahora compañeros en el SAE, por la venta de un terreno de 2 mil metros cuadrados y un edificio en la ciudad de Tlaxcala. Dicha solicitud de adquisición la hizo el gobierno de ese estado, sin embargo a la firma del contrato de compra-venta, el inmueble se le otorgó a un particular y no al gobierno tlaxcaltense, como estaba previsto.

Cuando se hizo aquella operación irregular, Monroy Portillo se desempeñaba como director corporativo del SAE. Después, como “premio” a su labor, fue designado por el secretario de Hacienda como oficial mayor de esta dependencia, cargo que ocupó hasta junio de 2010.

El 31 de mayo de este mismo año, Monroy Portillo había sido sancionado por la Función Pública por “violar las leyes y normatividad presupuestal” en la Secretaría de Hacienda. Pero ese antecedente negativo no importó a Felipe Calderón para nombrarlo a partir de julio del año pasado como director general del SAE, cargo desde el cual ha rescatado a Fajardo Castellanos y lo ha contratado como coordinador jurídico de Bienes, sin importar la sanción e investigación en su contra que se mantiene abierta en Función Pública.

El motivo del interés de la Presidencia de la República parea controlar al SAE, es que este organismo es el responsable de administrar, operar, custodiar, liquidar y enajenar los bienes que están a disposición del gobierno federal, ni más ni menos. Es decir, opera cuantiosos volúmenes de dinero y bienes que no están dentro del presupuesto público y eso lo convierte en una entidad envidiable para financiar cualquier cosa, incluidas hasta campañas políticas.

El SAE defiende a Fajardo

Consultado sobre el regreso de Fajardo al SAE a pesar de las investigaciones en su contra, este órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda defiende al funcionario:

“De conformidad con la resolución de fecha 30 de junio de 2010, emitida por el Órgano Interno de Control en el SAE, se impuso al C. Adrián Fajardo Castellanos, una sanción consistente en la inhabilitación por el período de seis meses, para el desempeño de cualquier cargo público, y no obstante que esa resolución se encuentra subjúdice por estar impugnada, el C. Adrián Fajardo Castellanos, cumplió con la sanción impuesta y no ejerció empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, por el periodo de seis meses ininterrumpidos, a partir de la fecha de su renuncia, razón por la cual fue contratado, por su amplia experiencia y conocimientos en materia inmobiliaria.

“En efecto, se informó al C. Adrián Fajardo Castellanos la resolución citada, notificación que se efectuó conforme a lo señalado en dicha resolución administrativa. Además de lo anterior, se tuvo conocimiento en esta institución que el C. Adrián Fajardo Castellanos, ha expresado en diversas instancias legales que:

«Por lo que hace al plazo del 5 de julio al 6 de agosto de 2010, no existió causa legal que le impidiera ejercer sus funciones de Director de Formulación y Seguimiento de Denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ha reiterado y ofrecido las pruebas de su parte con las que pretende demostrar que en el periodo comprendido del 1° de julio al 11 de agosto de 2010, en que presentó su renuncia voluntaria, no hubo ejecución de la sanción, por parte de la autoridad competente para tal efecto, y pretende demostrar también que la sanción de inhabilitación impuesta en su contra fue contraria a derecho”.

Estas afirmaciones del SAE contradicen lo dicho por el secretario Salvador Vega Casillas, quien asegura que Fajardo Castellanos desacató una resolución de la Función Pública al seguir cobrando un salario en la Secretaría de Hacienda a pesar de estar inhabilitado, lo que motivó que se abriera una nueva investigación en su contra que podría derivar en una inhabilitación por 10 años y enfrentar una acusación penal ante la Procuraduría General de la República. Pero al director del SAE, Sergio Hidalgo Monroy Portillo, lo que menos le preocupa son las investigaciones de Vega Casillas, de quien ha probado que sus indagatorias le hacen lo que el viento a Juárez.

La historia de Fajardo

Fajardo Castellanos es uno de los funcionarios involucrados en la investigación de en un fraude por 4.8 millones de pesos en la venta de una planta vitivinícola en Caborca, Sonora, propiedad del gobierno federal, de nombre Denosa. Esa investigación derivó en que el 18 de agosto la Secretaría de la Función Pública presentara una denuncia penal contra siete servidores públicos y tres particulares, ante la Procuraduría General de la República (PGR), por el delito de fraude.

El nombre de Fajardo Castellanos no apareció entre los inculpados directamente en el fraude, pero sí entre los funcionarios inhabilitados por su responsabilidad en no vigilar la operación y así lo dio a conocer la SFP.

Al verse descubierto, Fajardo Castellanos tuvo que renunciar a la UIF, y bajo el expediente R/SAE/001/2010, la SFP resolvió, el 30 de junio pasado, inhabilitar por seis meses a Fajardo Castellanos por “negligencia administrativa”.

Dicha sanción impedía al funcionario trabajar en cualquier dependencia del gobierno federal desde el 1 de julio hasta el 27 de diciembre de 2010, cuando se cumplirían los seis meses de su inhabilitación, de acuerdo con la resolución publicada en la página de internet de servidores públicos sancionados por la SFP. Ahora regresa al sector público sin que se tome en cuenta el antecedente de su inhabilitación y las causas de esa sanción.

En este caso de corrupción administrativa, todas las acusaciones penales en contra de presuntos defraudadores financieros, narcotraficantes, terroristas o delincuentes de cuello blanco que haya firmado y presentado ante la PGR Fajardo Castellanos, durante los 45 días posteriores a su inhabilitación, prácticamente quedan invalidadas y anuladas, y las personas investigadas pudieron aprovechar esta circunstancia jurídica para eludir la acción de la justicia.

Los otros funcionarios del SAE sancionados y acusados penalmente ante la PGR fueron el director corporativo de Mercadotecnia y Comercialización, José Andrés Casco Flores, con 10 años de inhabilitación y una multa por 4 millones 828 mil 906.41 pesos; el director Ejecutivo de Mercadotecnia, Inteligencia de Mercado y Valuación, Francisco Farfán Bortolini, 10 años inhabilitado y multa por 4 millones 828 mil 906.41 pesos; el coordinador de Comercialización de Bienes Inmuebles, Gerardo Govea Hernández, 10 años inhabilitado y multa por 4 millones 828 mil 906.41 pesos; el director ejecutivo de Bienes Inmuebles, Salvador Morquecho de Beistegui, suspendido 90 días, y otro apoderado legal del SAE, Fernando Guadalupe Salinas, fue suspendido 90 días.

La historia del fraude se remonta a una dación en pago que recibió Banrural por un adeudo de 14 millones de pesos, correspondiente a una planta vitivinícola en la ciudad de Caborca, Sonora.

En la escritura que formalizó la operación del inmueble se incluye un terreno de 6 hectáreas, otro terreno de 15 hectáreas (servidumbre de paso), una concesión de un pozo de agua y equipamiento industrial.

Para enajenar el bien, el SAE convocó a una subasta pública, pero “olvidó” incluir dos conceptos que le daban un valor mayor al inmueble: el terreno de 15 hectáreas y la concesión del pozo de agua.

Al realizar dicha subasta, el SAE recibió sólo una propuesta de compra y el participante solicitó escriturar el inmueble a una empresa constituida apenas 10 días antes de la publicación de la subasta. El acta de entrega sólo formalizó lo que anunciaba se había vendido, es decir el terreno de 6 hectáreas y la construcción de inmueble, por lo que la empresa privada solicitó al SAE le escriturara el predio en las condiciones en que se encontraba y como fue recibido por Banobras, lo cual incluía las 15 hectáreas y la concesión del pozo.

Los funcionarios del SAE atendieron de inmediato la petición de la empresa privada y le escrituró el terreno como lo solicitaba, lo que significó para el gobierno federal dejar de recibir 4.8 millones de pesos.

Al descubrir el fraude, la SFP presentó denuncia penal ante la PGR por el delito de administración fraudulenta, que prevé una sanción privativa de la libertad de tres a 12 años de prisión, contra 10 personas (siete servidores públicos y tres particulares –Leticia Contreras Guajardo, abogada externa del SAE; Ana Rosa Mariscal Jiménez, representante legal de Denosa; y José Rubén Romero, administrador único de Denosa).

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