El procurador Arturo Chávez Chávez tiene los días contados. Desde hace poco más de un mes su renuncia aguarda sobre el escritorio del presidente de la República, quien ya no acuerda con él y, en su lugar, en Los Pinos se reúne con los probables sustitutos.
Felipe Calderón revisa varios nombres para proponer al próximo abogado de la nación: Marisela Morales Ibáñez, subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), quien parece ser la favorita sobre los demás contendientes; Javier Lainez Potisek, procurador Fiscal de la Federación; el abogado Julio Esponda Ugartechea, experto en litigios corporativos y financieros y, además, muy amigo de Calderón, y hasta el veracruzano Miguel Angel Yunes, quien después de perder las elecciones para gobernador, es impulsado al cargo de procurador por su madrina política Elba Esther Gordillo.
El motivo del alejamiento entre Chávez Chávez y Calderón, es porque el procurador olvidó su responsabilidad en el combate al crimen organizado y dejó solos en ese trabajo a las Fuerzas Armadas, es decir al Ejército y la Marina, mientras que él se dedicaba a preparar cursos, talleres y seminarios para sus ministerios públicos, a fin de tenerlos listos “cuando el país los necesitara”.
La insensibilidad de Chávez Chávez es más que evidente, pues jamás se enteró de que Calderón ordenó desde hace cuatro años hacer una “guerra” en contra del crimen organizado, por lo que todos se preguntan ¿dónde están las averiguaciones previas por los casi 50 mil muertos que ha cobrado la violencia en todo el país en lo que va de la administración calderonista?
Eso mantiene encabronado (sinónimo de enojado, según los buenos diccionarios) a Felipe Calderón, pues el mandatario prefiere acordar con la titular de la SIEDO, Marisela Morales, que perder el tiempo con un inútil procurador general de la República que ha dejado de servirle al presidente.
Esta semana se espera el anuncio de la renuncia de Arturo Chávez Chávez y la propuesta del nuevo procurador que tiene que ser avalada por el Senado de la República, en donde su líder Manlio Fabio Beltrones sabe mucho de los temas de seguridad nacional y delincuencia organizada.
Esta decisión presidencial revela la ineficacia y las constantes equivocaciones en la lucha contra el crimen organizado en los cuatro años de la actual administración, pero la razón principal para remover al procurador general de la República es el temor de Calderón porque el próximo gobierno, que segura y afortunadamente no será panista, lo pueda llamar a cuentas porque el Ministerio Público Federal no hizo bien su trabajo y tampoco hay evidencias de haber iniciado investigaciones por los miles de homicidios ocurridos en estos cuatro años de gobierno.
Además, la PGR permitió este genocidio de miles de mexicanos, cuando decidió hacerse a un lado en lugar de aplicar la Ley y dejó que cárteles de la droga se enfrentarán y exterminaran entre sí, lo cual costó la vida delincuentes y a miles de inocentes, sin que se elaboraran las investigaciones correspondientes.
Mucho tendrían que explicar Felipe Calderón y sus procuradores ante la justicia de un gobierno distinto al PAN.
Prepara EU invasión de tropas a México
Mientras en México Felipe Calderón se ahoga en sus propias decisiones y pide la renuncia a dos procuradores, el General de la República, Arturo Chávez Chávez, y el Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Patricio Patrón Laviada, el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Sandy Winnefeld, declara que México libra una batalla no sólo sobre su futuro y seguridad, sino sobre toda Norteamérica, pues mientras en la guerra contra el narcotráfico sólo ha muerto un policía estadounidense, en México han perdido la vida 2 mil agentes mexicanos.
Esto es considerado por sectores ultraderechistas del gobierno de Estados Unidos como el momento propicio para enviar tropas de ese país a México, en lo que más que colaboración para combatir a bandas criminales del narcotráfico, es una descarada invasión y una violación a la soberanía nacional, pues la Constitución Mexicana tiene muy claro que las fuerzas armadas no pueden permitir la injerencia de fuerzas extranjeras para resolver problemas internos, llámesele fuerzas de tarea, agentes encubiertos, grupos armados de apoyo o el mismo ejército estadounidense.
Pero la debilidad del presidente Felipe Calderón para controlar el desorden y la violencia que ha generado su política de combate a los cárteles de la droga, lo ha doblegado a los intereses de Washington, por lo que tendrá que ser el Congreso de la Unión, con apoyo de todos los mexicanos y del Ejército, el que exija e impida una invasión armada como ya se prepara en Estados Unidos, bajo el argumento de que la violencia en México y la incapacidad del presidente de la República para mantener el control del gobierno federal, pone en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Habrá que estar atentos de qué hace el Ejército Mexicano, pues hasta el momento ha guardado silencio ante las constantes declaraciones que desde septiembre pasado han hecho funcionarios y militares estadounidenses, en el sentido de que es inminente el envío de tropas de ese país hacia territorio nacional para, según han dicho, mantener la estabilidad política y social de México, y reducir la violencia en todo el país.
Daño patrimonial por 45 millones en la Sedena
Hace unos días comentamos aquí el nerviosismo que había en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por las irregularidades descubiertas en la asignación directa de un contrato millonario para el mantenimiento en Rusia de cinco helicópteros utilizados en la “guerra” contra el narcotráfico.
Ahora la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano de vigilancia y control del Congreso, ha confirmado la información de que la Sedena incurrió en irregularidades respecto del contrato FAM 2050/I/2008 para el mantenimiento de cinco helicópteros en Rusia, pagado con recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar.
En su último informe dado a conocer la semana pasada, explica que las anomalías habrían costado al erario 36 millones 251 mil 300 pesos por concepto de sobrecostos y 8 millones 187 mil 700 pesos por penalizaciones no cobradas a la empresa rusa Volans, según se desprende del Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2009. Es decir, un daño patrimonial por unos 45 millones de pesos.
Como lo informó esta columna la semana pasada, las autoridades militares enfrentaron también una investigación del Órgano Interno de Control porque los helicópteros jamás fueron enviados a las instalaciones rusas de la empresa Volans, y prefirieron que fuera en México en donde se realizara las reparaciones correspondientes.
La ASF indica que el contrato se firmó el 22 de septiembre de 2008 y tuvo como objeto la adquisición de servicios de reparación mayor de cinco helicópteros por un importe de 147 millones 985 mil 400 pesos (del cual en el ejercicio 2009 se erogó un importe de 121 millones 353 mil 400 pesos).
En la cláusula octava, agrega, se estipuló que los servicios se realizarían en una planta reparadora ubicada en Rusia y que los helicópteros tendrían que ser entregados con el servicio aplicado en un tiempo que no excedería del 10 de julio de 2009.
No obstante, indica, “la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana con el oficio ADQ-262/840 del 9 de enero de 2009 determinó técnicamente que, por cuestiones de seguridad nacional y debido a diversa problemática que se ha presentado para el cumplimiento de contratos de servicio para este tipo de material de vuelo en talleres certificados fuera del país, no era conveniente que la reparación de los helicópteros se realizara en las instalaciones de Rusia, por lo cual consideró que se estableciera comunicación con el proveedor a fin de que la reparación se realizara en México para prevenir un probable incumplimiento por causas de fuerza mayor”.
El cambio de planes en la Sedena costó 36 millones 251 mil pesos más a las finanzas públicas. Según la empresa Volans, el sobrecosto se derivó de la subcontratación de una planta reparadora en Ucrania, pues su planta rusa no podía realizar los trabajos en México.
Los gastos extras se justificaron de la siguiente forma: por la cancelación del contrato original con la planta reparadora ubicada en Rusia y la ubicación del personal técnico en México durante ocho meses, Volans facturó otros 756.8 miles de dólares, equivalentes a 10 millones 564 mil 900 pesos a un tipo de cambio de 13.96 pesos por 1 dólar del 31 de diciembre de 2009.
Por la transportación aérea de los componentes mayores de México-Ucrania-México, 600 mil dólares (8 millones 376 mil pesos); por la transportación marítima de los componentes mayores de México-Ucrania-México, 240 mil dólares (3 millones 350 mil 400 pesos); por el envío de la herramienta especializada y equipo rentado que se utilizaría para la reparación de los helicópteros de México-Ucrania-México, 400 mil dólares (5 millones 584 mil pesos); y por la compra de material y fabricación en México de equipo y contenedores para la transportación segura de los componentes que fueran enviados a reparación a Ucrania, así como el personal mexicano contratado, 600 mil dólares (8 millones 376 mil pesos).
De acuerdo con la ASF, la Sedena no cuenta con evidencia de las investigaciones de mercado que demostraran que no existían ofertas de proveedores nacionales o de países con los que se tenga un tratado de libre comercio respecto de los servicios en cuanto a cantidad, calidad y precio.
Al respecto, la Secretaría señaló a los auditores “que no se realizó la investigación de mercado que se alude en la observación, en razón de que no se trató de una licitación pública, sino de un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas”.
Para la Auditoría Superior, esto habría contravenido el artículo 43, fracción V, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En la Dirección General de Comunicación Social de la Sedena aseguran que no hay irregularidades en ese contratos y que sólo hubo un convenio modificatorio del original para “ahorrar” costos, lo cual contradice el informe de la Auditoría Superior de la Federación, en donde se afirma que hay un daño patrimonial por cerca de 45 millones de pesos, además de violar las leyes de adquisiciones por asignar de manera directa el contrato por casi 150 millones de pesos.
El máximo órgano fiscalizador también señala que se incumplió con la fecha de entrega de tres helicópteros establecida en el contrato (10 de noviembre 2009). La Dirección General de Administración (DGA), detalla, conocía del atraso en la entrega de los servicios desde el 11 de noviembre de 2009, por lo cual tenía la obligación de cobrar penas convencionales (1 por ciento por cada día de atraso). “Sin embargo, al ordenar que se realizara el pago final de esos tres helicópteros no se previó que se retuviera la pena convencional al proveedor por la entrega extemporánea que le correspondía”.
Mientras que la ASF determinó que las penas convencionales ascienden a 636 mil dólares (8 millones 187 mil 700 pesos); la Sedena sólo aplicó sanciones por 422 mil dólares (5 millones 174 mil 800 pesos). Ninguno de los dos montos fue recuperado, porque el proveedor solicitó su cancelación el 27 de mayo de 2010; y aunque habían transcurrido seis meses de la fecha de entrega pactada, “dicha penalización se encuentra en análisis por el área jurídica de la DGA”, dice la Sedena.
La Auditoría Superior notificó al Órgano Interno de Control las anomalías. Expediente que, según indican fuentes de la Secretaría de la Función Pública, ya habría sido cerrado sin fincar las responsabilidades correspondientes.
