Por encima de la ética y la moral, en política se practica la frase maquiavelista El fin justifica los medios, que no es otra cosa de cómo los políticos son capaces de todo para conseguir sus objetivos y llevar a cabo sus planes, sin importarles el bienestar social. Esto sucede, por ejemplo, en los procesos electorales, en donde los partidos políticos, distintos ideológicamente y contrarios a los principios que los rigen, son capaces de aliarse para buscar el poder a cualquier costo.

Un ejemplo son las alianzas en los últimos procesos electorales, como el ocurrido en Oaxaca, en donde los caciques corruptos del PRI habían gobernado hasta que Gabino Cué Monteagudo les arrebató el poder, pero ahora debe pagar el precio y cumplir con sus promesas de cuotas de poder a los partidos Acción Nacional, Revolución Democrática, Convergencia, del Trabajo y Nueva Alianza.

Así, observamos como varias secretarías pasan a manos de los partidos. Mientras Elba Esther Gordillo impone a la secretaria general de gobierno, el exgobernador oaxaqueño Diódoro Carrasco designa al nuevo secretario de Finanzas. Gabino Cué vive entonces atrapado en su propia alianza y debe gobernar bajo esas nuevas reglas en donde otros le designan a su equipo de trabajo. La pregunta es si podrá gobernar los seis años con los distintos intereses políticos y económicos que por ahora dominan su gabinete y su forma de gobernar.

Cada nombramiento merece su propio análisis. Por ahora hablemos de uno de ellos, el que corresponde al responsable del manejo de dinero público destinado a Oaxaca. Se trata del secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada, quien ha sido oficial mayor en la Secretaría de Gobernación cuando Diódoro Carrasco era su titular.

Al margen de los intereses a los que responde Cajiga Estrada, lo que preocupa es que apenas hace poco más de un año estaba inhabilitado para despeñar cualquier cargo o comisión como servidor público.

Según el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Gerardo Cajiga Estrada fue inhabilitado por cinco años por “violación de procedimientos de contratación” cuando fungió como oficial mayor de la Secretaría de Gobernación.

Según el expediente 31/2001 en los archivos de la SFP, Cajiga quedó fuera de la administración pública federal desde el 27 de abril de 2004, hasta el 26 de abril de 2009, y tuvo que esperar un año y nueve meses después para que su amigo y jefe Diódoro Carrasco lo propusiera a Gabino Cué como responsable del manejo del erario público estatal.

El nuevo gobernador queda así obligado a cumplir su palabra y colocar en posiciones claves a los recomendados de las diferentes fuerzas políticas, sin importar, como en el caso de Cajiga, que hayan sido sancionados por los órganos de control y vigilancia precisamente por el mal manejo de recursos públicos en la contratación de bienes y servicios.

El caso de las aeronaves

La sanción contra Cajiga se desprende de un caso que escribí en Oficio de papel hace unos 10 años, cuando unos 40 funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Policía Federal Preventiva (PFP) se vieron involucrados en irregularidades cometidas en la adquisición sin licitar de 12 aeronaves, en su mayoría usadas, para el combate contra el narcotráfico.

En aquel entonces el director general adjunto para Asuntos Penales de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora Secretaría de la Función Publica), Ignacio Fuentes Rubio, informó que se presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), en donde incluían los nombres de 40 funcionarios, entre otros el exoficial mayor de la Secretaría de Gobernación, Gerardo Cajiga Estrada; el excomisionado de la PFP, Wilfrido Robledo, y el exdirector de Inteligencia de la PFP, Genaro García Luna, actual secretario de Seguridad Pública en el gabinete de Felipe Calderón Hinojosa.

La responsabilidad de Cajiga fue porque firmó la entrega del dinero para la compra de las aeronaves, y por ello Gobernación debió verificar que el procedimiento fuera lícito.

En aquel año entrevisté telefónicamente a Cajiga Estrada, quien se había puesto a buen resguardo para prevenir cualquier acción en su contra, y entonces rechazó tener alguna responsabilidad en esa compra de helicópteros y aviones, pues el presupuesto que se entregó a la PFP como un órgano desconcentrado, fue autorizado por la Secretaría de Hacienda, dijo, previo dictamen, “y yo no participo en los dictámenes de asignación”.

Cajiga estaba sorprendido por aparecer en la denuncia de hechos por compras gubernamentales irregulares, y según él nada tuvo que ver con este proceso de adquisición, pues sólo cumplió con el programa de inversiones de la PFP que le fue autorizado por Hacienda cuando estaba al frente el secretario José Ángel Gurría.

Es decir, si hubo mal manejo de recursos, pero como se acostumbra en el gobierno federal, los jefes ordenan y los subalternos cumplen las órdenes, sin importar que todas las compras o adquisiciones estén hechas un desorden administrativo, en donde seguramente alguien sale beneficiado con fondos públicos obtenidos ilícitamente.

En ese caso le tocó a Cajiga Estrada cumplir las órdenes, no sin importarle que estuvieran mal hechas y se diera cuenta de la transacción irregular que se hacía. Para él simplemente se trató de una operación transparente y justificada, en donde la Secretaría de Hacienda ya conocía que se adquirían aeronaves nuevas y usadas. “Esto debe de quedar muy claro, nosotros no hicimos más que entregar los fondos ya asignados”, argumentó.

El problema, identifica el exfuncionario de Gobernación, es un pleito entre empresas privadas, la estadounidense Bell Helicopter y la franco-alemana Eurocopter, que se disputan el mercado mexicano para vender al gobierno el mayor número de aeronaves.

Cajiga también identificó que el responsable de Auditoría Gubernamental en la Secodam, Roberto Muñoz Leos, hermano del director general de Pemex, fue asesor de Alejandro Gertz Manero, actual secretario de Seguridad Pública y quien ordenó la investigación en contra de la PFP por supuestos desfalcos y desvíos de recursos. Esto se entiende como un posible conflicto de interés de parte de los auditores de la Secodam.

El exdirector general adjunto para Asuntos Penales de la Contraloría reconoció que en la auditoría practicada a dicho proceso de compra, no se encontraron desviaciones de recursos, es decir que la disposición de los 32 millones de dólares (casi 320 millones de pesos) que hizo la PFP para la compra de los nueve helicópteros y tres aviones, uno de ellos un Gruman II de superlujo y los otros dos un Falcon y un Caza, sí se utilizaron para el pago de las aeronaves.

A pesar de eso, dijo el exfuncionario de la Secodam, hay muchas irregularidades en el proceso, como el helicóptero que estaba embargado a la Eurocopter y a pesar de ello fue adquirido por la PFP, organismo que de acuerdo con las fechas de adquisición, financió a la empresa franco-alemana Eurocopter (la cual posee capital público del gobierno francés) para que ésta liquidara deudas y pudiera liberar la aeronave embargada.

Para Ignacio Fuentes Rubio la denuncia de hechos que presentó ante la PGR está bien sustentada; sin embargo, sólo corresponde a la auditoría aplicada por la Secodam al ejercicio del 2000 de la PFP, por lo que las aeronaves adquiridas durante 1999 mediante asignación directa quedaron fuera toda denuncia penal y con ello la posibilidad de llevar a juicio a los verdaderos responsables del mal uso de recursos públicos.

“A mí sólo me entregaron los informes de la auditoría practicada en el 2000 y desconozco si hubo otras adquisiciones en 1999, por lo tanto hasta ahora no hay denuncia al respecto”, comentó el director general adjunto de Asuntos Penales de la Secodam.

Durante las indagaciones de la Contraloría en ningún momento se siguió algún procedimiento administrativo de responsabilidades en contra de Wilfrido Robledo y su equipo, a fin de que pudieran explicar los motivos de esa adquisición que según el contralor Francisco Barrio fue apresurada y llena de irregularidades.

Es decir que los 40 funcionarios supuestamente involucrados nunca pudieron aclarar su participación ante la Contraloría, porque ésta jamás los citó para interrogarlos. Sobre este punto Fuentes Rubio dijo que no era su obligación entrevistarse con los funcionarios aludidos para que aclararan la compra de las aeronaves, pues podrían defenderse ante la PGR y de ser consignados ante un juez federal.

Otras de las irregularidades descubiertas por la Secodam hace 10 años, es que faltó un adecuado afianzamiento de los contratos para la venta de las aeronaves por parte de las empresas privadas, además de que se abandonaron normas que disponen las leyes para las compras gubernamentales.

También faltó una justificación para que los helicópteros y aviones se adquirieran sin licitación, como lo dispone el reglamento en la materia. De acuerdo con la auditoría, los nueve helicópteros costaron 17.5 millones de dólares y los tres aviones 14.5 millones.

De aquel episodio, el funcionario sancionado fue Gerardo Cajiga Estrada, quien ha sido designado por Gabino Cué como secretario de Finanzas del gobierno de Oaxaca, y contrario a lo que hizo hace 10 años cuando disimuló ignorar cómo se hicieron las compras de las aeronaves para la Policía Federal, ahora los oaxaqueños deben confiar en un exservidor público federal inhabilitado durante 5 años por manejos irregulares de recursos públicos.

A 10 años de distancia de aquel proceso que puso nervioso a más de un funcionario y en donde Cajiga sólo resultó como responsable, buscamos al nuevo responsable de la finanzas del gobierno oaxaqueño, pero prefirió guardar silencio para evitar que algún habitante de ese hermoso estado se lo recrimine o simplemente quede en la memoria colectiva.

Inversiones de la PFP entre 1999-2001

El programa de inversiones de la Policía Federal Preventiva para el periodo 1999-2001, autorizado por el entonces subsecretario de Hacienda, Santiago Levi, contemplaba la adquisición de 31 aeronaves, de las cuales en los dos primeros años sólo se compraron 24 en contratos adjudicados directamente a varias empresas privadas como la franco-alemana Eurocopter, la estadounidense Bell Helicópter, otra rusa y una más española.

Sólo el costo de las 12 aeronaves adquiridas el año pasado, ascendió a 32 millones de dólares, pero a la Contraloría se le pasó revisar la compra de otros 12 aparatos ocurrido en 1999, operación que también se realizó sin licitación de por medio.

El motivo de esa compra calificada de apresurada, la explicó un ex funcionario de la PFP que pidió omitir su nombre: “Necesitábamos urgentemente en la Policía las aeronaves para la lucha contra el narcotráfico, así que se decidió salir al mercado y buscar las mejores ofertas con las empresas extranjeras que tenían en existencia helicópteros y aviones, porque cuando se hace alguna compra de estas unidades la entrega se tarda de dos hasta seis años, porque las producen a pedido del cliente, de tal forma que no podíamos esperar y algunas se compraron nuevas y otras con muy pocas horas de vuelo, lo que además permitió ahorrar cuantiosos recursos”.

La PFP realizaba su trabajo en aeronaves prestadas por la Secretaría de la Defensa y la Procuraduría General de la República, lo que significaba un gran riesgo, pues los aviones y helicópteros de la Defensa son inconfundibles, mientras que cuando se utilizaban los aparatos de la Procuraduría se corría el riesgo de que la delincuencia organizada fuera avisada de cada operativo que se realizaba en su contra.

Según una fuente oficial, el oficial mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro Pérez Rocha, contrató al despacho Vargas, Martínez, Palacios S.C. para realizar la auditoría a la Policía Federal Preventiva, sólo que el auditor técnico responsable fue Porfirio Gambay Hernández, quien también se desempeña como director comercial de la empresa Corporativo de Aeronáutica Industrial, S.A. de C.V., empresa que tenía embargado el helicóptero a la franco-alemana Eurocopter. Esto revela un claro conflicto de interés, según el funcionario de la PFP.

En esta compra de helicópteros y aviones hubo ahorro, aseguran los involucrados. Por ejemplo un avión Gruman como el adquirido tiene un precio de hasta 40 millones de dólares cuando está nuevo y el que la PFP compró a la familia Name, empresarios mexicanos dedicados a la industria textil, costó poco más de 14 millones de dólares, es decir hubo un ahorro de 65 por ciento . Lo mismo ocurrió con otras aeronaves, como el avión Caza que se compró en 5 millones de dólares y su precio de nuevo es de 20 millones.

El exfuncionario de la PFP aseguró que el oficio para la compra de los aviones autorizado por la Secretaría de Hacienda señala claramente que se trata de aparatos usados, de tal forma que a nadie se engañó. También la Secretaría de la Contraloría tuvo conocimiento de esa adquisición cuando su titular era Arsenio Farell.

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