Los muertos se acumulan en las calles, los secuestros invaden todo el territorio nacional (incluído el pueblo de Tlalpan al sur de la ciudad de México), las carreteras se han vuelto inseguras y muchas ciudades parecen pueblos fantasma porque sus habitantes han huido aterrorizados por los enfrentamientos entre militares y marinos contra narcotraficantes. A pesar de ello, el gobierno federal anuncia que su “guerra” contra el crimen organizado sigue adelante, mientras que Felipe Calderón y su familia se refugian en el bunker de Los Pinos protegidos por miles de soldados del Estado Mayor Presidencial.En México todos sabemos que el problema es generado por Estados Unidos y el enorme consumo de drogas entre su población; sin embargo, el gobierno de ese país ha decidido que la batalla se libre en territorio mexicano para evitar que la violencia cruce la frontera y ponga en riesgo a los estadounidenses.

Con más de 30 mil muertos en México, aparece el combate al lavado de dinero como la única forma de frenar a los cárteles de la droga y quitarles el financiamiento que ahora los hace invensibles y con capacidad de corromper a cualquier político, policía, militar o ciudadano común. Esto también lo sabe el gobierno de Calderón, pero al respecto no hace nada y permite que miles de millones de dólares circulen libremente por instituciones financieras y empresas.

Así el blanqueo de capitales está presente en la economía con la anuenecia del gobierno panista y una manifestación de ello es la presencia de negocios ilegales vinculados con el juego y las apuestas, en donde mucho dinero proveniente del tráfico de drogas llega a los casinos y de allí sale tan limpio que nadie dudaría que está vendecido.

Empresarios de este sector han denunciado ante la secretarías de Gobernación y de Hacienda el crecimiento del juego ilegal. Hay indicios – aseguran – de la participación de recursos de procedencia ilícita en las salas de juego ilegales, que operan fundamentalmente en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Sin embargo, la respuesta de las autoridades no se ha presentado. Además, se les aplica las reglas para combatir el lavado de dinero diseñadas para el sector financiero a pesar de las diferencias evidentes de su actividad. La vigilancia y la regulación para evitar el dinero sucio en los circuitos de las casas de apuesta simplemente no existe.

Las 40 recomendaciones creadas por los organismos anti lavado en México y en organismos multilaterales fueron formuladas para proteger al sistema bancario del lavado de dinero, pero ignoran las características de actividades no financieras. Por ello, los reportes sistemáticos y las reglas efectivas han resultado poco útiles y las áreas de análisis de dependencias como la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República se están saturando de información que no les permite ver en donde se encuentra el verdadero problema.

Así, el análisis sobre operaciones resulta irrelevante, pues el promedio de apuesta por cliente en México es de 600 pesos. Hasta ahora México, sin embargo, ha decidido no seguir la guía de enfoque basado en riesgo para el sector de casinos creada por organismos multilaterales. Además, incumple la recomendación de la GAFI, que insisten en poner los controles sólo donde se necesitan. Como también sucede en la banca, seguir las operaciones sospechosas es más eficiente.

Una regulación especial

En las salas de juegos y apuestas el movimiento de efectivo y la operación está muy alejado del escenario que predomina en el sector bancario. En la sala de juego, por ejemplo, no puede conocer al cliente, porque en muchos casos sus visitas son esporádicas, mientras que en los bancos se persigue a trabajadores por ahorrar ahí sus ingresos.

Los empresarios de esta industria argumentan que un interrogatorio directo pondría en peligro la relación “a nadie le preguntan de donde ha sacado el dinero para pagar una cena”, dicen. Esta situación provocaría mayor migración a las salas ilegales y se agudizarían el ingreso de dinero sucio a esos centros de apuestas.

Aceptan, como si fuera una concesión, validar la información que les proporciona el cliente, pero reconocen que tienen muy pocas herramientas para conocerlo. Para ellos el lavado de dinero que se puede realizar en este negocio sólo podría presentarse si el dueño de la empresa está relacionando con actividades ilícitas.

La conclusión evidente es que resultaría muy caro para la sala, si ésta tiene que pagar el impuesto correspondiente, usar la actividad para lavar. Con esta afirmación, las empresas establecidas parecen lanzar una acusación directa sobre los establecimientos que en las zonas fronterizas están surgiendo como hongos. La alerta, sin embargo, debe encenderse en todas las áreas.

Aseguran que usar casinos legales como mecanismo de lavado es escaso y que hacerlo a través de terminales de juego, lo es aún más. El propio GAFI, a través del Grupo Pacífico, emitió un informe de tipología en el que sólo pueden encontrarse dos ejemplos relacionados con máquinas de azar: uno conllevaba la modificación y alteración del software de la máquina para que otorgara premios de forma controlada. Esto se evita, dicen los empresarios de este sector, “certificando” los equipos.

El otro implicaba el uso de “efectivo” en cada una de las terminales (“en las salas de nuestros asociados no sucede”). Si bien es cierto que no puede aplicarse al sector del juego las mismas herramientas o protocolos de detección que para las entidades financieras resulta relevante, en un país amenazado por el narcotráfico, acelerar la vigilancia en este sector.

En México el 90 por ciento de la actividad en las salas de juego se realiza en las terminales de juego. Un estudio conducido por el Grupo de Acción Pacifico en colaboración con GAFI demostró la total ausencia de casos relacionados directamente con máquinas de azar.

Sin embargo, los expertos en este sector advierten la importancia de revisar y adecuar los “sujetos obligados” en materia de juegos y sorteos para incluir como sujetos obligados las múltiples casas de juego sin permiso de Gobernación que operan a través de “amparos”.

También se debe excluir múltiples tipos de juegos y sorteos distintos a las casas de juego que son de bajo nivel de riesgo, tales como: rifas y loterías organizadas por instituciones de asistencia privada y educativa, sorteos promocionales realizados por distintas empresas o concursos y sorteos realizados por radio y televisión u otros medios masivos de comunicación.

En el caso de juegos y sorteos operados por Lotería Nacional, Pronósticos para la Asistencia Pública, Multijuegos, Sorteo Tec y otros similares, únicamente deberían de quedar obligados a reportar los ganadores de premios mayores. En todos los demás casos el enfoque debería ser el recomendado por GAFI desde el año 2007, basado en riesgo, y no en reglas.

El pago de los premios mayores a 100 mil pesos debe ser en documento y con plena identificación del ganador. En la actualidad no sucede así, lo que parece una evidente omisión frente a las reglas dadas a conocer por la Secretaría de Hacienda.

En conclusión, el país necesita evitar a toda costa el juego ilegal y la participación de personas o empresas de dudosa solvencia moral en esta actividad. Hasta ahora, los permisionarios están imposibilitados de “conocer” a sus clientes. Solo pueden solicitarles su identificación y no podrían validarla.

Pero las autoridades quieren más cooperación de este sector sin contar con las reglas claras por lo que los empresarios de esta actividad argumentan que imponer a los propietarios, directivos y trabajadores de las empresas permisionarias, la obligación de convertirse en investigadores y delatores de los criminales, es injusto y pondría en riesgo su integridad física y moral.

De hecho, por seguridad de los empleados y clientes de los permisionarios, en múltiples ocasiones será imposible para los pemisionarios negar el servicio a un cliente que no se quiera identificar y proporcionar su información.

Se espera ya la elaboración y entrada en vigor del reglamento de esta Ley y será un tema que debe cuidarse minuciosamente para evitar que el lavado de dinero siga penetrando esta actividad.

El reality show de PGR

En una entrevista Isabel Miranda de Wallace lamentó que miembros de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, responsables de custodiar a uno de los secuestradores y asesinos de su hijo Hugo Alberto Wallace “confraternizaran” con el delincuente al grado de llegar a bromear con él. Un día antes, los medios de comunicación difundieron imágenes de la búsqueda de los restos de Hugo Alberto Wallace como si fuera el final de un siniestro reality show en el que se buscaba demostrar la efectividad de las acciones judiciales y policiales de las organizaciones responsables.

El asesino del hijo de Isabel Wallace declaró ante los medios de comunicación cómo se planeó y perpetró el delito. Jacobo Tagle fue juzgado y sentenciado ante las cámaras de televisión. Nadie dudaría de su culpabilidad, pero es un hecho que las autoridades judiciales están incurriendo en fallas que pueden viciar de origen los procedimientos y permitir que judiciales impugnen las sentencias que deberían presentarse sin problemas. El trabajo de Isabel Miranda de Wallace y no el de la PGR fue impecable y fallas de este tipo podrían arruinar la aplicación de la justicia.

Tagle fue arraigado por 40 días por un juez federal mientras se le sigue calificando como presunto homicida, pero las cámaras de televisión ya dieron su veredicto. Es un caso parecido al que se presentó con la francesa Florence Cassez, secuestradora sentenciada a 60 años de prisión pero cuyo caso está siendo impugnado ante la Suprema Corte de Jusiticia. Los argumentos de sus abogados defensores se concentran en demostrar los vicios de origen del caso que fue transmitido en vivo por las pantallas de televisión.

Lo mismo ha sucedido con los juicios paralelos o televisivos en contra de la revista Proceso y el reportero Ricardo Ravelo, en contra de quienes el gobierno federal ha emprendido una campaña difamatoria orquestada desde Los Pinos y para ello utilizan a un medio de comunicación afín, cuando el problema de fondo es la dolosa filtración y montaje que se hace con un supuesto testigo protegido para atacar la libertad de prensa y a un medio de comunicación que durante más de 30 años ha demostrado haber cumplido con su labor periodística. Como creerle al gobierno cuando utiliza al Ministerio Público Federal para amedrentar y amenazar la libertad de expresión, de la que él mismo debería ser garante.

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