Será sólo coincidencia, pero desde que llegó el Partido Acción Nacional a Los Pinos, hace 10 años, los centros de apuestas de juegos y sorteos han proliferado en todo el país. Y si a esto sumamos que la única responsable de regular todos los juegos de azar es la Secretaría de Gobernación, precisamente la encargada de la política interna, pues no hay duda de que los gobiernos federales del PAN son los promotores de estos establecimientos, muchos de ellos irregulares y verdaderos centros de lavado de dinero.

Según expertos internacionales en investigar delitos de cuello blanco, son precisamente las casas de juegos y sorteos de azar en donde se lavan cuantiosas fortunas, cuyo origen se relaciona con narcotráfico, secuestros, tráfico de armas, prostitución infantil y fraudes financieros, entre muchos otros delitos.

Llama la atención que sean dos gobiernos conservadores y de ultraderecha, los de Vicente Fox y Felipe Calderón, los que hayan promovido estos negocios, en donde el crimen organizado participa activamente, mientras que las autoridades no hacen algo para detenerlos y dicen que mantienen una guerra en contra de las bandas del narcotráfico.

Lo más grave es que muchos de estos establecimientos operan al margen de la ley, sin que las secretarías de Gobernación y de Hacienda regulen su funcionamiento. La primera, en relación con los permisos y el cobro de cuotas, y la segunda, en el cumplimiento del pago de impuestos. ¿Quién permite entonces su operación y funcionamiento, principalmente en los estados de la frontera norte de México?

¿Cómo creerle a Felipe Calderón cuando dice que lucha en contra de bandas de la delincuencia organizada, si el gobierno que él dirige permite el crecimiento de la industria del juego irregular, en donde se blanquean capitales sucios, los cuales sirven para financiar las actividades del tráfico de drogas?

La industria del juego

En esta industria de juegos y sorteos algo raro pasa. Algunos negocios sí están regulados y vigilados por autoridades fiscales, financieras y judiciales, pero otros no. Los que se han sometido a las leyes en la materia, enfrentan los efectos de la crisis como cualquier otra actividad industrial, pero los que operan irregularmente y que no pagan impuestos son una competencia desleal.

En 2008, antes de que estallara la debacle de los mercados financieros con un claro impacto en la economía, los principales actores en la industria del juego tuvieron ingresos por más de 531 millones 41 mil 700 pesos.

En 2009, los permisionarios de negocios como hipódromos, galgódromos, frontones, centros de apuestas remotas –los famosos books– y las salas de sorteos de números vieron disminuir sus ingresos en 56 millones 841 mil 700 pesos, al caer las cifras a 474 millones 200 mil pesos, es decir 10.7 por ciento menos.

Para 2010, el sector espera una leve recuperación, sin llegar a las cifras alegres de 2008, y pronostica cifras apenas por arriba de 2009.

Por ejemplo, el negocio Caliente, de la familia Hank Rhon, vendió parte de su empresa a un grupo español, mientras que el empresario José María Guardia, Chema, con una gran participación en la industria del juego en la región de la frontera norte, ha tenido una muy mala racha a pesar de sus buenas relaciones con la jerarquía eclesiástica del país, en donde el mismo cardenal Norberto Rivera ha inaugurado los centros de apuestas.

Los llamados negocios legales en esta industria tienen que cumplir con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, una tasa del 35 por ciento. Además, deben cubrir el pago de derechos a la Secretaría de Gobernación. Y, a diferencia de otros sectores como el de las cigarreras que trasladan cualquier incremento en impuestos al consumidor, elevando el precio de los productos para su venta final, la cerrada competencia en la industria del juego y los problemas económicos hacen prácticamente imposible que los negocios relacionados eleven sus tarifas.

Otra opción sería reducir el monto de los precios. Sin embargo, esa alternativa también está descartada en el mundo de las apuestas, pues también representa una reducción en la asistencia a las salas de jugadores.

Por ello, los negocios ilegales que están involucrados en esta onerosa industria y que no cumplen con el pago de impuestos y derechos ante Gobernación tienen amplias ventajas sobre los establecimientos legales.

No es extraño entonces que los empresarios de esta actividad tengan plenamente identificados los establecimientos irregulares que ofrecen a los jugadores mayores premios y a sus empleados mejores condiciones laborales, pues simplemente operan fuera de la ley.

La Secretaría de Gobernación, a cargo de Francisco Blake, debería estar preocupada, porque, sin permisos, operan decenas de establecimientos en todo el país, mientras que la Secretaría de Hacienda, cuyo titular es Ernesto Cordero, tampoco hace algo para cobrar los impuestos correspondientes, y mucho menos vigila que éstos no sean utilizados para el blanqueo de capitales producto de delitos como el narcotráfico.

Entre los estados donde se tiene plenamente identificada la operación de establecimientos irregulares o fuera del marco legal, está Coahuila, con al menos 15 negocios de juegos y apuestas que operan sin el permiso de Gobernación. Estos centros cambian constantemente de razón social sin perder su mercado.

Otra región con este problema es Nuevo León, en donde además de la violencia que mantiene aterrada a su población, su capital se ha convertido en un centro de apuestas. En esta entidad operan, por lo menos, siete casas irregulares.

La misma situación se vive en Tamaulipas, con ocho centros de apuestas al margen de la ley; Sinaloa, una, y Sonora, tres.

Aun cuando están identificadas las casas de apuestas y sus operadores, extrañamente el gobierno federal permite su funcionamiento, mientras que los gobiernos estatales y municipales son simplemente cómplices.

Los que si vigilan el funcionamiento de estos juegos de azar son el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la agencia antidrogas estadounidense DEA, los cuales están muy interesados en los fondos millonarios que de allí salen y, sobre todo, el origen de los mismos.

El fraude del juego

En una investigación periodística de Zósimo Camacho en la revista Fortuna, se explica como ninguna de las empresas con permisos para operar centros de apuestas y sorteos en el país está exenta de irregularidades. Las anomalías van desde la venta de boletos sin opción de ganar hasta la negación del pago a ganadores y la operación de máquinas prohibidas por la ley.

En los cientos de centros de apuestas y sorteos que operan por todo el país, lo difícil no es jugar, sino ganar y, más aún, cobrar los premios en caso de que el azar favorezca a uno de los miles de mexicanos que frecuentan estos lugares y que ahí gastan, en conjunto, 17 mil 500 millones de pesos al año.

De acuerdo con información de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la Segob, obtenida a través del Instituto Federal de Acceso a la Información, ninguna de las empresas que operan centros de apuestas remotas, salas de sorteos de números, hipódromos, galgódromos y frontones están libres de quejas y denuncias.

A las empresas de quien fuera jefe del Departamento de Distrito Federal durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado y candidato del PRI al gobierno de Guanajuato en 1991, Ramón Aguirre Velásquez, Atracciones y Emociones Vallarta y Divertimex se les ha revocado el permiso para operar sus establecimientos.

Atracciones y Emociones Vallarta mantiene funcionando sus cuatro centros de apuestas remotas y su hipódromo galgódromo gracias a la obtención de un amparo; mientras que Divertimex ganó un juicio de nulidad, lo que le asegura que sus siete centros de apuestas y su galgódromo continúen sus actividades.

Cesta Punta Deportes, de José María Guardia, es otra de las empresas que se mantiene funcionando por un amparo que obtuvo después de que se le revocó el permiso. Administra seis centros de apuestas y un hipódromo-galgódromo donde incluso operan las máquinas tragamonedas prohibidas por la Ley de Juegos y Sorteos y su reglamento.

Asimismo, las ocho empresas de Jorge Hank Rhon, que concentran 117 permisos para centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números, mantienen abiertos sendos procedimientos administrativos ante la Secretaría de Gobernación.

En la misma situación se encuentra la empresa de Carlos Riva Palacio, Promociones e Inversiones de Guerrero, y la de Alejandro Soberón Kuri, Administradora Mexicana de Hipódromo, que cuenta con 60 permisos y 32 establecimientos en las principales ciudades de la República.

Red privada de telecomunicaciones

Como era de esperarse, Felipe Calderón ha esperado hasta el último tramo de su gobierno para abrir importantes licitaciones, en donde más de uno se enriquecerá brutalmente. La decisión de asignar contratos durante los próximos meses haría pensar a los más suspicaces que la administración panista busca beneficiar a ciertos empresarios para que apoyen a su partido en el próximo proceso electoral.

Al gobierno de Calderón no le importan las críticas mientras los beneficios económicos sean abundantes y las expectativas políticas puedan ofrecer impunidad, poder y ambición.

Un ejemplo de lo anterior es cómo en medio de los problemas que enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social, sus administradores se preparan para licitar la contratación transexenal de la Red Privada Virtual de Telecomunicaciones más grande del país. Pero no sólo será el IMSS, en la contratación de la nueva infraestructura para las telecomunicaciones, aprovechando la capacidad de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, se enlista a un gran número de dependencias. Los intereses son muchos.

Desde ahora, los jugadores interesados en este contrato aseguran que no se les permitirá participar en igualdad de circunstancias y que podría beneficiarse, una vez más, a la empresa que registra una participación relevante en el mercado.

Fue el pasado 20 de octubre cuando el IMSS publicó el proyecto de convocatoria de dicha licitación a pesar de que se omitió la presentación de un estudio de mercado previo a dicha publicación.

Para empezar, el proyecto contempla un despliegue único nacional de enlaces de telecomunicaciones, que harían pensar en que el proyecto pudo haberse preparado para beneficiar a ciertas empresas.

No sería la primera vez que se presente un proyecto diseñado especialmente para una compañía y, bajo las actuales circunstancias, el IMSS tendría que preocuparse por la transparencia del proceso de licitación.

El área de tecnologías de la información del IMSS determinó las características, diseño de la red y esquema de contratación sin realizar previamente un estudio de mercado que cuente con la participación de los integrantes de la industria en tiempo y forma.

El IMSS corre el riesgo de que este proceso de licitación viole la normatividad y, directamente, la Constitución Política. Por ahora, el proyecto de bases estaría violando el artículo 134 constitucional que establece que las compras gubernamentales deberán fomentar la competencia. Además si se lleva a cabo el procedimiento de licitación como el IMSS lo está planteando, serían 16 años sin abrir a la competencia la Red Privada Virtual de Telecomunicaciones más grande del país. Nada frena la ambición de los políticos.