Hace cinco años, el 16 de noviembre de 2005, la Secretaría de la Función Pública, bajo el mando de Eduardo Romero Ramos, ejerció su facultad de atracción sobre varias auditorías e investigaciones que se llevaron a cabo en el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), cuyo titular era Héctor Reyes Retana, y que involucraban a unas 12 empresas en fraudes por 38 millones de dólares, algo así como 500 millones de pesos, al presentar documentación apócrifa para la obtención de créditos.

Eduardo Romero es un panista de Chihuahua que siempre estuvo cobijado y protegido por su paisano y antecesor en Función Pública, Francisco Barrio Terrazas. Fue él directamente quien ordenó al director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Jesús María Robledo Sosa, enviar el oficio DG/311/2008/2005 al Órgano Interno de Control en el Bancomext, solicitándole la remisión del expediente original y todas sus constancias, mismo que fue enviado mediante el oficio 06/305/OIC-139/05, con fecha 23 de noviembre de 2005.

Esos casos con pruebas de evidente corrupción se han mantenido en el anonimato durante cincos años (el último año del sexenio de Vicente Fox y los cuatro que lleva el gobierno de Felipe Calderón). Por eso es relevante dar cuenta de ellos ahora, pues esos expedientes atraídos por el entonces secretario de la Función Pública fueron ocultados y guardados en los archivos de esa Secretaría de Estado para proteger a funcionarios corruptos y encubrir millonarios desfalcos cometidos por empresarios cómplices en perjuicio del patrimonio del Bancomext.

¿Cuántos casos más oculta la Secretaría de la Función Pública para proteger a funcionarios que en lugar de servir a la nación se han servido del presupuesto público para enriquecerse junto con amigos y familiares? ¿Cómo confiar en Felipe Calderón, cuando habla de honestidad y combate a la corrupción, si permite y avala estos abusos con el dinero del pueblo? Sin duda esto explica por qué hay millones de familias mexicanas sumidas, desde hace muchos años, en la pobreza extrema, mientras que los llamados servidores públicos se enriquecen cada sexenio.

En el FACE se fraguó  el fraude

El 27 de marzo de 2001, se solicitó al Consejo Directivo del Bacomext la autorización del esquema de Financiamiento Automático de la Cartera de Exportación (FACE), bajo el supuesto de que esta institución no asumiría riesgos crediticios en estas operaciones porque recaían en la aseguradora de crédito o en la empresa garante.

Pero omitieron informar al Consejo que la aseguradora únicamente indemnizaría hasta el 90 por ciento de la pérdida neta y sólo cubría el riesgo de mora prolongada, quiebra o suspensión de pagos del comprador, a pesar de lo cual el Consejo autorizó instrumentar el FACE.

El conflicto de interés radicó  en que los mismos funcionarios del Banco que habían hecho la propuesta al Consejo integraban la administración de la aseguradora de crédito.

Desde el inicio de la presentación y operación del FACE hubo múltiples fallas, como efectuar el descuento de documentos sin realizar el estudio de crédito y el banco quedaba al margen de la cobertura del seguro al no comprobar la revisión o validación de los documentos presentados por las empresas, muchos de los cuales eran apócrifos.

Como consecuencia de las fallas estructurales y operativas, funcionarios del Bancomext en complicidad con empresarios cometieron irregularidades administrativas en perjuicio del patrimonio de la institución.

Las operaciones del FACE se iniciaron en 2001, cuando el director general del Bancomext era José  Luis Romero Hicks, y para el 31 de marzo de 2005 había 45 empresas acreditadas por 74 millones de pesos y 34.7 millones de dólares, de los cuales se enviaron confirmaciones a 21 empresas y se determinó que 12 compañías presentaron documentación apócrifa para disponer de 457 millones de pesos.

Un ejemplo fue lo ocurrido en 2003, cuando funcionarios del Banco tuvieron conocimiento de que el cliente final de la acreditada Ditumex no existía y el área jurídica del Bancomext no informó al área de promoción de crédito del fraude cometido, a fin de que ésta estableciera los controles necesarios para evitar nuevos quebrantos patrimoniales. En aquella ocasión, sólo presentaron una denuncia de hechos en contra de Ditumex, que ocasionó un perjuicio al Banco por 1.7 millones de dólares.

En el periodo 2003-2004, se descubrieron siete acreditadas del programa FACE que cayeron en cartera vencida por un monto de 60.9 millones de pesos, pero, en opinión del área jurídica, en seis casos había fraude con utilización de facturas falsificadas. En marzo de 2005, hubo un caso más de cartera vencida y fraude por 107.9 millones de pesos.

Prácticamente, en el Bancomext se había conformado una red de corrupción que utilizaba el financiamiento crediticio para beneficiar a empresas que omitían sus responsabilidades y falseaban documentos con la complicidad de funcionarios que, hasta la fecha, siguen impunes.

En algunos casos se otorgaron líneas de crédito adicionales a las existentes sin evaluar el riesgo en el que se incurría. Desde 2003, el banco tuvo conocimiento de las operaciones fraudulentas y nunca promovió alguna acción para corregir o cancelar el programa FACE, el cual generó incumplimientos y operaciones fraudulentas por cerca de 40 millones de dólares, sólo a septiembre de 2005.

Este caso de corrupción da para un mayor análisis y del cual nos ocuparemos en próximas entregas para explicar y denunciar a una por una de las empresas involucradas en hechos que causaron perjuicios patrimoniales al erario y que fueron protegidas por complicidades gubernamentales.

Corrupción de exfuncionario de Los Pinos

Con cinco años de atraso y en medio de escándalos de corrupción, hace unas semanas el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, anunció el arranque operativo de la nueva plataforma de Compranet que, según dijo, se trata de transacciones electrónicas que traerán beneficios al gobierno federal, como “permitir grandes ahorros, eficiencia del gasto público, mejoras en el abastecimiento del sector público y mayor transparencia”.

De acuerdo con los cálculos del funcionario, ese nuevo esquema del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en su versión 5.0, pasará de ser un sistema de almacenamiento de información a uno ciento por ciento transaccional y que algunos nuevos mecanismos de compra generarán ahorros anuales cercanos a los 10 mil millones de pesos.

Según el secretario Vega Casillas, con el Compranet “se va a evitar en muchos casos la corrupción. Es muy difícil, que no imposible, pero sí es muy difícil que haya acuerdos en este tipo de mecanismos como la subasta en reserva, porque si alguien llegara a un acuerdo por fuera, pues finalmente va a tener que sacrificar su precio o no va a poder competir.

Entonces, desincentiva todo este tipo de prácticas de corrupción, justamente porque tienen que guardar lo mejor de su margen y entregárselo al gobierno, en lugar de estar haciéndolo por fuera”.

Sin embargo, una cosa son los dichos y otra los hechos. Hace unos meses escribimos en este espacio precisamente sobre esta plataforma tecnológica adquirida en el último año de gobierno de Vicente Fox y cómo el responsable de adquirirla se vio involucrado en hechos de corrupción que ahora son investigados por la propia Secretaría de la Función Pública.

Es decir, la adquisición de esta herramienta que servirá para darle más transparencia a los contratos gubernamentales y con ello disminuir la enorme corrupción que mantiene al gobierno de Felipe Calderón sumido en una grave crisis de credibilidad, fue utilizada para la comisión de fraudes y hasta la fecha se sigue esperando acciones en contra de los responsables.

Lo que escribió hace unos meses en oficio de papel es lo siguiente: la Secretaría de la Función Pública abrió a principios de año un expediente en contra de uno de los cachorros del foxismo, Abraham Sotelo Nava, quien inició su breve paso por la administración pública cuando Vicente Fox lo sacó del Tecnológico de Monterrey, Campus León, para nombrarlo su coordinador de asesores en el gobierno de Guanajuato (1996-1997) y después lo cambió a la Dirección General de Informática en la Secretaría de Planeación y Finanzas de ese mismo estado (1997-2000).

Al ganar la Presidencia de la República, Fox llevó a su amigo a Los Pinos y lo hizo coordinador de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental, cargo que desempeñó hasta julio de 2003, cuando lo nombró titular de la Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información en la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En el último año de gobierno de Vicente Fox, al experto guanajuatense en tecnologías de la información se le ocurrió que podía violar un contrato (DC-021-2006) que su Unidad en Función Pública le había asignado a la trasnacional Deloitte Touché Thomatsu, por 40 millones de pesos, para “renovar el sistema de compras gubernamentales”, en un programa denominado Compranet Plus.

Hasta la fecha, dicho programa de la SFP es un verdadero fracaso, presenta fallas y retrasos constantes y a pesar de lo cual, Sotelo Nava autorizó el pago total a la empresa contratista extranjera a través de su representante en México, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza.

Esas omisiones y negligencias del funcionario foxista no bastaron en la secretaría responsable de vigilar el comportamiento de los servidores públicos, y Sotelo Nava se mantuvo en el cargo hasta enero de 2008, cuando sabedor de las irregularidades que había cometido y al sentirse descubierto, se retiró a la actividad privada y es actual asesor internacional en nuevas tecnologías.

Sin el amparo de su protector Vicente Fox, fue hasta 2010 cuando el recién nombrado secretario Salvador Vega Casillas decidió abrirle un proceso de responsabilidades por irregularidades administrativas en el contrato otorgado a Deloitte, cliente frecuente del gobierno federal panista.

Lo extraño de este caso, es que han pasado seis meses y en la Secretaría de la Función Pública se mantiene la reserva del expediente y la Dirección General de Responsabilidades aún no dictamina la inhabilitación de Abraham Sotelo Nava, tampoco hay sanción económica en su contra y mucho menos alguna acusación penal ante la Procuraduría General de la República.

Paradójicamente, Compranet Plus era una nueva versión de la plataforma electrónica que permitiría aprovechar y explotar la información para “transparentar el gasto y la inversión gubernamental”, lo que significaría cuantiosos ahorros en compras de gobierno, pero a nadie se le ocurrió vigilar a los funcionarios responsables que contrataban a la empresa que lograría el milagro de disminuir la corrupción en el gobierno calderonista.

Otro dato preocupante para la SFP, es que esta nueva plataforma tecnológica contaba con recomendaciones y la supervisión del Banco Mundial. En mayo de 2006, cuando se anunció  el nuevo lanzamiento de Compranet Plus, el entonces oficial de operaciones para México de ese organismo crediticio multinacional, Daniel J. Bpoyce, aseguró que el Banco Mundial apoyaba a Compranet con técnicos expertos en adquisiciones, por lo que “respaldaba” la modernización de dicho sistema.

A esta nueva Compranet que anunció hace unos días el secretario Vega Casillas, ya se le quitó el Plus, pero lo verdaderamente importante es sancionar a los funcionarios involucrados en los hechos de corrupción y evitar que ésta sea la premisa gubernamental en sus negocios.