En la página de internet de la Secretaría de la Función Pública se destaca que “con la convicción de que la honestidad y la rendición de cuentas son indispensables para todo gobierno democrático, y con el entendido de que fomentar la transparencia y luchar contra la corrupción son condiciones fundamentales para promover la inversión e impulsar la competitividad de las economías, México se ha comprometido internacionalmente a tomar las medidas apropiadas y necesarias al respecto”.Por ello, el gobierno mexicano ha firmado y ratificado tres importantes convenciones internacionales: la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).

El cumplir con esos compromisos internacionales, desde los sectores público y privado, contribuirá al desarrollo de una cultura democrática y a la construcción de una sociedad justa.

La mala noticia es que México, igual que sucede en muchos sectores de la lucha contra el lavado de dinero, está incumpliendo estos compromisos. Así, por ejemplo, cuando en México se descubre que un funcionario público ha incurrido en prácticas de corrupción y cohecho para obtener beneficios personales en perjuicio de la población, no se aplican medidas como las que están vigentes en Estados Unidos.

Esas medidas en los países firmantes de dichos convenios internaconales involucran prisión y el aseguramiento de las cuentas de los responsables en actos de corrupción. En México, sólo unos cuantos funcionarios corruptos son inhabilitados, pagan multas, pero en muchos casos conservan sus acaudaladas cuentas bancarias. La última evaluación sobre México en materia de esfuerzos anticohecho se realizó en 2007. En tanto, los problemas de corrupción gubernamental en colusión con empresarios no se detiene.

Un caso que aquí se ha dado a conocer es el del panista Patricio Patrón Laviada, aquel que fuera gobernador de Yucatán y que desde esa posición apoyo fuertemente la campaña de Felipe Calderón hacia la Presidencia de la República, quien en gratitud lo hizo procurador federal de Protección al Ambiente.

Pero el mismo gobierno de Calderón, por conducto de su Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría e Hacienda, tiene pruebas de la corrupción e involucramiento de la familia Patrón Laviada en actividades del crimen organizado y en la nada despreciable fortuna acumulada con el lavado de dinero, lo cual parece no importar a quien se sienta hoy en la silla presidencial y tampoco a sus órganos de vigilancia y procuración de justicia.

En donde está el abogado general de la nación como responsable de velar por la justicia e impedir los abusos del patrimonio mexicano. Acaso la Secretaría de la Función Pública no debería investigar también los señalamientos que ha hecho Hacienda desde hace cuatro años en contra del titular de la Profepa y aplicarle la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos. Qué hace la Auditoría Superior de la Federación, órgano de vigilancia del Congreso, para indagar las cuentas de Patrón Laviada y ponerle freno al abuso que ahí se comete.

Estos gobiernos panistas, peores que los 70 años del priismo, están marcados por la corrupción, el abuso y la complicidad.

Los mineros mexicanos

Con el exitoso rescate de los mineros chilenos, es obligado insistir en la tragedia de Pasta de Conchos, en la tierra de Coahuila, en donde dos gobiernos panistas, en colusión con el empresario Germán Larrea, concesionario de la mina, prefirieron dejar morir lentamente a los trabajadores mexicanos antes que, como lo hizo el gobierno de Chile, intentar rescatarlos.

El primer responsable fue Vicente Fox, ocupante de Los Pinos en el momento de la tragedia y a quien la historia ya le guarda un espacio de desprecio y humillación por sus seis años de sumisiones y corruptelas. El segundo es Felipe Calderón, quien se ha empeñado en empeorar la obra de su antecesor y quien ha demostrado en sus acciones desprecio por la justicia e indiferencia ante la seigualdad social, sin descontar la corrupción y negligencia de su gabinete.

Pero no menos responsables son los otros poderes de la unión, en donde el Congreso y el Poder Judicial han sido parciales e indiferentes para obligar a que se haga justicia ante una tragedia que primero pudo evitarse y después debió actuarse responsablemente. Pero no hay duda de que el dinero de Larrea pesa más que la razón y la justicia en este país.

Veamos quién es ese empresario que se conduce como dueño de la vida de mineros y que aparece en la lista de Forbes al lado del hombre más rico del mundo, Carlos Slim Helú. Presidente del Grupo México, Germán Larrea, se ubica como uno de los hombres más acaudalados del país. Participa en los sectores ferroviario, minero y, en los últimos años, ha diversificado su presencia en otros negocios, como el de la operación de salas para la exhibición de películas.

La sorpresa en sus actividades empresariales se da a conocer con su interés en el sector aeroportuario. Germán Larrea controla ya en el Grupo Aeroportuario del Pacífico más de 18 por ciento de las acciones de la tenedora de aeropuertos que cotizan en el mercado de valores de Nueva York.

En un documento enviado a la Comisión de Valores de Estados Unidos, SEC por sus siglas en inglés, los accionistas de GAP – que se encuentran engarzados en una controversia por el control de la empresa – reportaron que Larrea estaba violando los estatutos de la sociedad que prohíben de forma directa que un inversionista independiente controle más allá del 10 por ciento.

La razón de esta norma corporativa es que la privatización de los aeropuertos cuidó que ningún inversionista pudiera violentar la toma de decisiones consensuada, sobre todo tomando en cuenta que, en teoría, los inversionistas tecnólogos como los españoles de AENA y Abertis, deben tener el mismo poder de decisión en la firma que el grupo de empresarios mexicano que participan en GAP.

Pero Larrea, a través de una subsidiara de Grupo México – Infraestructura y Transporte de México (ITM) – compró más de 5 por ciento de las acciones de GAP cuando Grupo México ya controlaba más de 10 por ciento. El asunto ya se encuentra en los tribunales de México y Estados Unidos, y lo que está en controversia son precisamente esos estatutos que mantienen confrontados a los inversionistas españoles con el grupo encabezado por Laura Diez Barroso Azcárraga y Eduardo Sánchez Navarro.

Al asesor jurídico de Grupo México, Alberto de la Parra, se le considera el autor intelectual de la estrategia de Larrea en GAP. De la Parra conoce a la perfección los estatutos de GAP, porque fue asesor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el proceso de privatización de los aeropuertos.

Así, el nombre de Germán Larrea, que en estos días ha ocupado la mente de muchos mexicanos ante el recuerdo de la muerte de mineros en la mina Pasta de Conchos de su propiedad – claro frente al exitoso rescate de los mineros en Chile –, forma parte de las preocupaciones de los inversionistas españoles de GAP. Pero todo parece indicar que Larrea va por más.

Larrea y su equipo de abogados han dicho que la participación en GAP sólo representa una “inversión de tesorería”, como se aclaró oportunamente a los inversionistas del mercado de valores, el Grupo México a través de su subsidiaria Infraestructura y Transportes de México (ITM) aumentó su participación en GAP. Ahora Larrea controla 16.8 por ciento del capital de esta operadora respecto a 10 por ciento que reportó en julio pasado.

Fue apenas el 25 de agosto pasado cuando ITM, una subsidiaria de Grupo México, acumuló una tenencia accionaria de 24 millones 394 mil 800 títulos, que representa 5.1 por ciento del capital accionario de GAP. Ese porcentaje se suma a los 56 millones de acciones que ya detentaba Larrea en GAP de forma directa y que significan 11.7 por ciento de la tenedora aeroportuaria.

Así que para ser una inversión de tesorería los rendimientos o los planes de Larrea respecto a GAP deben ser muy atractivos. Esta operación promete complicarse porque los estatutos de GAP prohíben explícitamente que un solo accionista controle más de 10 por ciento. Así que a Larrea se le solicitará cortesmente que venda el capital excedente a través del NYSE. Larrea ya inició una controversia en tribunales para hacer valer su derecho a tener más participación en GAP.

Aún hay más, el 12 de octubre, Daniel Muñiz Quintana, responsable de las finanzas de Grupo México y de Infraestructura y Transportes México, dio a conocer que la participación accionaria conjunta de ambas compañías ascendía a 18.1 por ciento. Apenas el pasado 11 de octubre adquirieron dos paquetes más: uno de 25 mil títulos y otro de 90 mil acciones. En total 18 por ciento que se decidirá en los tribunales.

Esta fortuna que Germán Larrea va acumulando no puede explicarse sin el apoyo del gobierno federal panista, el que está más preocupado en complacer los caprichosos empresariales que devolver la justicia y la libertad a la población, misma que se debate en la miseria, el desempleo, el abuso del poder, la corrupción gubernamental y el terror.

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