Tranquilo, señor Calderón; calme a su vocero Poiré. No somos los periodistas quienes negociamos con el crimen organizado ni tampoco los que hacemos pactos o treguas con narcotraficantes. Nuestra misión es investigar e informar la complicidad que hay entre las mafias de la droga y los políticos y servidores públicos que ha permitido crecer ese cáncer que ahora mata a los mexicanos.
Le recuerdo que son ustedes, quienes están en el gobierno federal, los únicos que hacen treguas con asesinos y sicarios; pactan con traficantes y productores de drogas, y negocian con lavadólares y financieros protectores del crimen organizado.
¿Acaso desconoce las negociaciones que hace la Procuraduría General de la República (PGR) con delincuentes bajo el programa de “testigos protegidos”, el cual, por cierto, no ha servido para nada, porque varios de esos testigos han terminado asesinados, de tal manera que no estaban tan protegidos, y la información que proporcionaron tampoco ha servido para desarticular o exterminar banda alguna?
Es a través de esta figura legal, señor Calderón, impuesta por Estados Unidos, que el gobierno mexicano que usted dirige otorga impunidad a narcotraficantes, los libera de todos los delitos cometidos, les cambia la identidad, les proporciona vivienda (en el país o en el extranjero, según la relevancia del delator) y les paga mensualmente con dinero público a cambio de que traicionen a las bandas que pertenecen y que, supuestamente, dicha información “confidencial” sirve para desarticular organizaciones criminales.
Es así, señor Calderón, como el gobierno federal panista al que pertenece es el único responsable de negociar, pactar y hacer treguas con personas vinculadas al crimen organizado, y no como pretende acusar a los periodistas que elaboran El Diario de Juárez, a quienes además de ser víctimas, con dos reporteros asesinados y otro herido, el gobierno calderonista pretende “regañarlos” sin tener autoridad moral alguna para ello.
Testigos protegidos
Fue en la administración de Vicente Fox que se empezó a usar indiscriminadamente esta figura legal de “testigos protegidos”, mediante la cual la PGR otorga el perdón de los delitos a cambio de una supuesta colaboración para combatir a la delincuencia organizada.
Pero además de ese beneficio otorgado a mafiosos para no pisar la cárcel, el gobierno federal les concede nuevas identidades a ellos y a sus familias y, por si eso fuera poco, les otorga un pago mensual como si se tratara de un salario fijo para que los narcotraficantes no se vuelvan a preocupar de la crisis económica que vivimos todos los mexicanos.
De acuerdo con documentos oficiales de la PGR, después de aprobada la ley que permite la protección de delincuentes, en 1997 la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (ahora SIEDO) otorgó de inmediato beneficios legales a 19 mafiosos, quienes ese mismo año costaron al país 1 millón 8 mil 114 pesos; para 1998, el mismo número de “testigos protegidos” costó al erario 1 millón 168 mil 230 pesos; para 1999, la cifra de esos testigos se elevó a 30 y su gasto se mantuvo en 1 millón 146 millones 955 mil pesos, y para 2000, cuando Vicente Fox asume el poder, el número de delincuentes protegidos se redujo a 27, pero el gasto se incrementó sin explicación alguna hasta 2 millones 397 mil 621 pesos.
En el primer año de la administración foxista, 2001, los “testigos protegidos” se elevaron a 35 y, misteriosamente, el gasto se elevó considerablemente en casi un 200 por ciento, al pasar a 5 millones 823 mil 927 pesos.
En el segundo año del gobierno de Vicente Fox, 2002, las cifras de la PGR revelan que el número de “testigos protegidos” aumentó a 41 y, peor aún, el gasto para mantenerlos con fondos públicos se incrementó otra vez en más de un ciento por ciento, al pasar a 13 millones 370 mil 525 pesos.
Para el tercer año, 2003, el número de los “testigos protegidos” se redujo a 39, pero el gasto, que asegura la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada se erogó en ellos, se mantuvo en 13.3 millones de pesos.
Pero en esta información clasificada como confidencial y de seguridad nacional, la cifra que se pudo obtener para 2004 es que el número de “testigos protegidos” se elevó a 83, pero el gasto oficial para su manutención no fue proporcionado, lo que, de acuerdo con la tendencia, debe ascender a unos 30 mil pesos mensuales para cada uno de esos delincuentes que fueron beneficiados por traicionar y delatar a sus cómplices y que ahora viven en el anonimato y con la comodidad que les da ser protegidos por el gobierno de Felipe Calderón.
Un trabajo periodístico de Nancy Flores, publicado en Contralínea, da cuenta de que el 80 por ciento de las investigaciones relacionadas en contra del crimen organizado se sustentan en las declaraciones de 83 delincuentes protegidos por la PGR, que anualmente le costarían aproximadamente al erario cerca de 30 millones de pesos, etiquetados bajo la partida 3823 del Presupuesto Federal.
En su investigación, la reportera encontró que, a pesar de que en la actual administración el discurso oficial enarbola la transparencia, el presupuesto destinado para este fin se opera discrecionalmente y sin rendir cuentas a nadie, pues la PGR lo cataloga como un gasto de “seguridad nacional”.
Entonces, señor Calderón, ¿quién es el que negocia con el crimen organizado y el narcotráfico?
Telecomunicaciones: la agenda social olvidada
El gobierno de Felipe Calderón se ha reservado para el último momento un par de licitaciones que están despertando el interés de los grandes proveedores de tecnologías de la información (TIC´s). Se trata de las adquisiciones de bienes y servicios integrados de tecnología que el gobierno federal necesitará para poner en marcha la llamada Red Nacional de Impulso para la Banda Ancha (NIBA) y que hasta ahora han pasado desapercibidas a raíz de la polémica en torno a la licitación de una par de hilos de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En este momento, el amparo concedido por un juez a empresas del Grupo Salinas para impugnar la licitación que favoreció al consorcio conformado por Televisa y Nextel, mantiene en suspenso la asignación de los recursos del espectro por los cuales Televisa y Nextel se comprometieron a pagar 180 millones 300 mil pesos.
Esa historia mantiene ocupada a la opinión pública mientras se preparan los términos para asignar contratos que tendrían que vigilarse cuidadosamente para confirmar que se entreguen a las mejores empresas que obtengan los resultados deseados y prometidos para las Redes e-México, que buscan reducir los problemas de nula conectividad, pero sobretodo los desequilibrios que causa un mercado de telecomunicaciones dominado por el interés comercial y sin agenda social.
Ha sido, sin embargo, el gobierno federal el que omitió este reto y obligación de los procesos de licitación que se concentraron en que el Estado obtuviera, aparentemente, los mayores recursos.
Así mientras se asigna y se debate sobre el espectro para ampliar la conectividad en México para servicios comerciales, el gobierno de Felipe Calderón se prepara a licitar los contratos con los que se buscaría proveer las condiciones mínimas de infraestructura para la anhelada cobertura social, que permitiría a México comenzar a participar en la Sociedad del Conocimiento.
Así, en el último año del gobierno calderonista, se tendrían que sentar las bases para la creación de tres redes NIBA, de las redes estatales y las complementarias, que tendrían en conjunto una capacidad de hasta 200 mil puntos conectados hacia 2012, en donde se destaca la comunicación con escuelas, unidades médicas y gobiernos.
Para ello, en 2010 en el Presupuesto de Egresos de la Federación se asignó un presupuesto de 2 mil 200 millones de pesos dirigidos a fortalecer la red de fibra óptica de la CFE y la conexión con 4 mil puntos por satélites para comunicar a los lugares más remotos, en donde se ubican comunidades de entre 100 y 500 habitantes, cuya compleja orografía dificulta el acceso de otro tipo de red que no sea por la vía satelital. Para este propósito se tiene contemplado un presupuesto de 324 millones de pesos.
El objetivo será aumentar sustancialmente el número de usuarios y de suscriptores de Internet de banda ancha en el país, sin que ello dependa de la penetración de los servicios comerciales. Se calcula que en 2012 México tendrá 10 millones de nuevos usuarios de Internet y que en 2015 aumentarán a 30 millones.
Para hacer frente a esta demanda, el Fideicomiso e-México tiene bajo su resguardo 130 millones de México que financiarán el proyecto Vasconcelos 2.0, cuyo objetivo es ejecutar una campaña nacional y permanente de inclusión digital.
El Fideicomiso e-México también tiene reservados 110 millones de pesos para el proyecto Focos e-México, que busca impulsar la distribución y producción de contenidos, trámites y servicios digitales para equilibrar la red, cuyos contenidos están determinados por interéses económicos. Es la danza de buenas intenciones y también de muchos recursos públicos.
La dimensión del proyecto que conectará a las dependencias de gobiernos estatales con el federal, así como a centros de salud y educativos, representa, por lo tanto, grandes contratos para los cuales el presupuesto ya está aprobado.
Es poca la información que se ha liberado al respecto, pero la SCT ha reconocido que en 2010 tendrían que ejercerse al menos mil 500 millones para fortalecer los convenios con la red dorsal de la fibra óptica de la CFE, para construir una infraestructura nacional de impulso a la banda ancha o red Niba, la alianza entre órganos del Estado para fortalecer la capacidad en telecomunicaciones, coordinada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la empresa creada por el gobierno federal: CFE-Telecom.
La red NIBA incluye la autorización para utilizar la frecuencia de 3.3 a los estados de la República que vayan montando sus redes estatales de cobertura, bajo ciertas condiciones de interoperabilidad que permitiría vincular prácticamente a todas las unidades de educación y salud, y a gobiernos de los estados.
Estas redes estatales de educación, salud y gobierno significan también una alianza en diferentes órganos del Estado mexicano, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Electricidad, Telecom, los gobiernos estatales que son los encargados de desplegar estas redes en esfera de su territorio, la Secretaría de Educación Pública que aporta el presupuesto del Programa de Habilidades Digitales para todos.
Será necesario, por lo tanto, vigilar la ejecución de los recursos del Fideicomiso e-México que se constituyó como una figura pública para transparentar el uso de los recursos. Así, más allá de la cantidad, se tendría que vigilar la calidad del gasto en estos proyectos luego de que se ha advertido la incapacidad del gobierno federal para subsanar la agenda social que se excluyó de la licitación de los recursos del espectro que controlaba la CFE.

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