En las próximas semanas un gobernador priista concluirá su gestión y la Procuraduría General de la República prepara su expediente para llevarlo a juicio por diversos delitos relacionados con la delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Este caso sería el segundo donde un gobernador priista enfrenta un proceso penal por supuestos vínculos con el narcotráfico, concretamente con el cártel del Pacífico que comanda el intocable Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.
Todavía recordamos al recién extraditado exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien hace varios años, días antes de concluir su gestión, huyó del estado para tratar de eludir la justicia, pero meses más tarde fue capturado y encarcelado por estar involucrado con bandas del narcotráfico. Después de purgar su condena en penales de máxima seguridad en México, Villanueva fue extraditado a Estados Unidos, en donde también enfrenta procesos penales por tráfico de drogas, lavado de dinero y protección a la delincuencia organizada.
Coincidentemente, otro gobernador priista podría ser procesado por la justicia federal panista en los próximos meses, cuando el Ministerio Público Federal termine de integrar el expediente y presente la acusación ante un juez federal.
En abono a ese trabajo investigativo de la PGR, los dirigentes nacionales de tres partidos políticos que han participado en coalición para vencer al PRI en procesos electorales recientes, preparan una nueva querella penal que podrían presentar en los próximos días en contra del gobernador de Durango, Ismael Alfredo Hernández Deras, quien ya se prepara para dejar el cargo a su subalterno Jorge Herrera Caldera, aquel fuera su secretario de Finanzas y quien tiene instrucciones precisas de borrar cualquier indicio de desvío de recursos públicos, ocultar actos de corrupción evidentes y controlar la brutal deuda estatal que le hereda el gobernador saliente.
Hernández Deras, quien dejará el cargo el cargo el próximo 15 de septiembre y por consiguiente perderá el fuero de gobernador, también prepara su salida del país ante la amenaza de la acusación penal en su contra, para lo cual compró una residencia en Canadá, país con el cual México no tiene acuerdo de extradición y podría servirle de refugio en caso de necesitarlo, como ahora le ocurre con el líder minero Napoleón Gómez Urrutia.
Esta nueva denuncia penal en contra de Hernández Deras y varios de sus excolaboradores, entre otros Víctor Sánchez Sariñana, Jorge Sarabia Castrillón y Abraham Moreno García, es afinada por las áreas jurídicas del PAN, PRD, Convergencia y Grupo Día, cuyos dirigentes han sostenido reuniones con el procurador general de la República y con el secretario de Gobernación, para denunciar el escandaloso enriquecimiento del gobernador de Durango, así como sus presunta relación con el cártel del Pacífico y la adquisición de propiedades por conducto de supuestos prestanombres.
Por su parte la PGR integra la averiguación previa y se apoya con los expedientes financieros y fiscales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Unidad de Inteligencia Financiera, ambas dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y responsables de urgar las cuentas bancarias, depósitos, retiros y transferencias de dinero que pudieran constituir el delito de blanqueo de capitales.
Quien también anda muy nervioso por esta investigación es Jorge Herrera Caldera, quien fuera secretario de Finanzas del gobierno de Durango y es actual aspirante a sustituir a su exjefe Hernández Deras, pero será hasta la próxima semana cuando el Tribunal Federal Electoral determine si anula el proceso a gobernador en Durango o designa como ganador a Herrera Caldera a pesar de las múltiples irregularidades presentadas en las pasadas elecciones.
La investigación penal
Parte de la acusación penal en contra del todavía gobernador Hernández Deras sostiene:
“Se denuncia la sociedad con líderes y miembros del crimen organizado del ‘Cártel del Pacifico’, supuestamente de los más buscados por la policía de México y Estados Unidos; tanto en Estados Unidos de América, como en la República Mexicana, tienen Procesos Penales pendientes, a los que se les acusa de delincuencia organizada, en sus modalidades de delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), homicidio, entre otros.
“Según la DEA y la Procuraduría general de la República, el ‘Cartel del Pacifico’, una de las más peligrosas organizaciones delictivas que operan en México y la cual está dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos; se le atribuye una guerra a muerte con la organización delictiva denominada el ‘Cartel de Juárez’ y contra de una sección de el ‘Cartel del golfo’ con quienes se disputa salvaje y sangrientamente el dominio y control de varios territorios de la entidades federativas, entre las que se encuentra el Estado de Durango.
“Desde el 2004, a los líderes del ‘Cártel del Pacifico’ se les atribuye que se han dedicado a recomponer sus alianzas en el Estado de Durango y otros, ya que los considera sus territorios, por haber comprado el derecho de piso al actual Gobernador Constitucional del Estado de Durango, C.P. ISMAEL ALFREDO HERNANDEZ DERAS, a quien patrocinaron considerablemente en el Año de 2004, para su campaña política, se habla de un patrocinio de $50,000,000.00 Usd. (cincuenta millones de dólares.), efectivamente existió una dilapidación y gastos excesivos de campaña, habiendo ganado fácilmente dichas elecciones, a cambio de que se le permitiera a los miembros del ‘Cártel del Pacifico’ el territorio del estado de Durango, para recomponer sus alianzas y a recuperar lo que considera sus territorios, iniciando así una nueva, salvaje, sangrienta, impune y más violenta etapa de ejecuciones entre los carteles de la droga y gente inocente en el estado de Durango, en donde las emboscadas, secuestros y asesinatos se cuentan por cientos, entre las víctimas de esta disputa por mantener y apoderarse de los lugares de producción de la droga, (marihuana y amapola), y el trafico libre de la cocaína, heroína y sustancias constitutivas de drogas sintéticas, ya que el arreglo entre los lideres del “Cartel del Pacifico” y el Gobernador ISMAEL ALFREDO HERNANDEZ DERAS, incluye el servicio de protección de las diferentes corporaciones policiacas, así como de los directivos de los penales o centros de readaptación social, tanto estatales como municipales, en donde han existido sangrientas ejecuciones, realizadas por miembros de cárteles protegidos en donde han realizado tumultuarias ejecuciones salvajemente, donde se habla inclusive de concederles la salida ilegal y furtiva por las noches a grupos debidamente equipados para cobrar venganza y aquellos que se oponen sufren duramente las consecuencias, ya que son salvajemente asesinados, no realizándose ninguna investigación ministerial ni policiaca, ya que tienen instrucciones precisas, en el sentido de declararse incompetentes con el pretexto de que pertenecen al ámbito federal, relacionado con la delincuencia organizada, contando hasta el momento de lo que lleva su administración más de 2000 (dos mil) ejecuciones Aproximadamente, sin ninguna Averiguación e Integración de Expedientes.
“Así mismo, el C.P. ISMAEL ALFREDO HERNANDEZ DERAS, por medio de sus subordinados que han ocupado hasta el momento la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Secretaría de Seguridad Publica en el Estado, y Directores de las mismas, en lo que va de su Administración, en forma directa y por falta y omisión de supervisión, han tenido arreglos económicos con miembros de los cárteles de Juárez y del Golfo, que pretendiendo haber comprado el derecho de piso, se han enfrascado en sangrienta guerra por el territorio del Estado de Durango y el control relacionado con el tráfico, compra, venta y distribución de cualquier tipo de droga natural y sintética, con masacres en las calles, pueblos, ciudades, y prisiones del Estado de Durango.”
Investigan por corrupción a exfuncionario de Los Pinos
Con el más cauteloso sigilo, para evitar molestar lo menos posible, la Secretaría de la Función Pública abrió a principios de año un expediente en contra de uno de los cachorros del foxismo, Abraham Sotelo Nava, quien inició su breve paso por la administración pública cuando Vicente Fox lo sacó del Tecnológico de Monterrey, Campus León, para nombrarlo su coordinador de asesores en el gobierno de Guanajuato (1996-1997) y después lo cambió a la Dirección General de Informática en la Secretaría de Planeación y Finanzas de ese mismo estado (1997-2000).
Al ganar la Presidencia de la República, Fox llevó a su amigo a Los Pinos y lo hizo coordinador de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental, cargo que desempeñó hasta julio de 2003, cuando lo nombró titular de la Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información en la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En el último año de gobierno de Vicente Fox, al experto guanajuatense en tecnologías de la información se le ocurrió que podía violar un contrato (DC-021-2006) que su Unidad en Función Pública le había asignado a la trasnacional Deloitte Touché Thomatsu, por 40 millones de pesos, para “renovar el sistema de compras gubernamentales”, en un programa denominado Compranet Plus.
Hasta la fecha, dicho programa de la SFP es un verdadero fracaso, presenta fallas y retrasos constantes y a pesar de lo cual, Sotelo Nava autorizó el pago total a la empresa contratista extranjera a través de su representante en México Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza.
Esas omisiones y negligencias del funcionario foxista no bastaron en la secretaría responsable de vigilar el comportamiento de los servidores públicos, y Sotelo Nava se mantuvo en el cargo hasta enero de 2008, cuando sabedor de las irregularidades que había cometido y al sentirse descubierto, se retiró a la actividad privada y es actual asesor internacional en nuevas tecnologías.
Sin el amparo de su protector Vicente Fox, fue hasta 2010 cuando el recién nombrado secretario Salvador Vega Casillas decidió abrirle un proceso de responsabilidades por irregularidades administrativas en el contrato otorgado a Deloitte, cliente frecuente del gobierno federal panista.
Lo extraño de este caso, es que han pasado seis meses y en la Secretaría de la Función Pública se mantiene la reserva del expediente y la Dirección General de Responsabilidades aún no dictamina la inhabilitación de Abraham Sotelo Nava, tampoco hay sanción económica en su contra y mucho menos alguna acusación penal ante la Procuraduría General de la República.
Otros servidores públicos con acusaciones de fraude por menos cantidad de dinero no han corrido con la misma suerte de Sotelo Nava, tal es el caso de los seis funcionarios del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae) que hace unas semanas fueron inhabilitados, sancionados económicamente y acusados penalmente, mientras que a al exfuncionario foxista parece que alguien con mucho poder lo protege desde el gobierno de Felipe Calderón.
Paradójicamente, Compranet Plus era una nueva versión de la plataforma electrónica que permitiría aprovechar y explotar la información para “transparentar el gasto y la inversión gubernamental”, lo que significaría cuantiosos ahorros en compras de gobierno, pero a nadie se le ocurrió vigilar a los funcionarios responsables de contrataban a la empresa que lograría el milagro de disminuir la corrupción en el gobierno calderonista.
Otro dato preocupante para la SFP, es que esta nueva plataforma tecnológica contaba con recomendaciones y la supervisión del Banco Mundial. En mayo de 2006, cuando se anunció el nuevo lanzamiento de Compranet Plus, el entonces oficial de operaciones para México de ese organismo crediticio multinacional, Daniel J. Bpoyce, aseguró que el Banco Mundial apoyaba a Compranet con técnicos expertos en adquisiciones, por lo que “respaldaba” la modernización de dicho sistema. Qué opinará ahora el BM.
