“La ejecución de una orden de aprehensión en contra del señor Greg Sánchez obedece a las evidencias, a los indicios y los testimonios que obran en poder de la autoridad”, fueron las palabras iniciales que dirigió a la prensa Felipe Calderón desde Canadá al referirse a la detención del candidato por la alianza PT, PRD y Convergencia, a la gubernatura del estado de Quintana Roo.

El jefe del Ejecutivo, de extracción panista, explicó: “el señor Gregorio Sánchez no sólo ha sido acusado por la oficina del procurador general; esos cargos, esos indicios, esas evidencias, también han sido debidamente valoradas por un juez que obsequió la orden de aprehensión, la cual se ejecutó”.

Y concluyó sobre el tema: “la obligación de la autoridad es actuar conforme a la ley y no puede la Procuraduría General hacer distingos o excepciones por razones de carácter electoral o político. Tiene que actuar en donde haya evidencias, sea del crimen organizado o de lavado de dinero o cualquier otra acción que está penalizada por la Ley”.

Estas evidencias a las que se refiere Calderón, esos indicios y testimonios no surgieron hace algunas semanas. Se trata, como lo confirman expedientes en poder de esta columna, de una añeja investigación cuyas conclusiones, al menos desde hace un año, pudieron haber sido turnadas por la Procuraduría General de la República a un juez federal para analizarlas y dictar la orden de aprensión respectiva, como lo hace ahora en la etapa final para que coincida con las elecciones en Quintana Roo.

Entonces la PGR sí tiene, como dice Calderón, la obligación de actuar, pero no de administrar la justicia en beneficio de las causas y proyectos político-electorales del PAN, aun cuando la orden haya sido dictada desde Los Pinos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda – responsable de la investigación contra Gregorio Sánchez – ha sido criticada por su lenta actuación y escasa capacidad de respuesta para descubrir a tiempo los fenómenos y acciones ligadas con el crimen organizado. Ahora, con la decisión del gobierno de Felipe Calderón se pone en entredicho, una vez más, a esta entidad, a pesar de que desde hace más de un año sus investigadores ya contaban con pruebas suficientes para iniciar acciones legales contra el popular y controversial Greg Sánchez. Sacrificar a la UIF, sin embargo, parece ser el precio que se tiene que pagar por avanzar en un proceso electoral e impedir que el PAN siga perdiendo terreno rumbo al 2012.

Vulnerar a la Secretaría de Hacienda no es un asunto menor. Esta debería ser una dependencia apartada del ánimo político del presidente y dejarla hacer su trabajo en tiempo y forma para mejorar la procuración de justicia en este país tan desacreditado en sus instituciones.

Sin embargo, desde que Agustín Carstens sucumbió a la tentación de pactar lealtad a Calderón a cambio de su postulación al Banco de México, Hacienda se ha visto minada por los intereses políticos que salen de Los Pinos y de las oficinas nacionales del Partido Acción Nacional. Cómo entonces este gobierno federal panista puede garantizar una justa impartición de justicia si utiliza los expedientes de “lavado” de dinero elaborados por la UIF para atacar a la oposición, aun cuando éstos estén bien fundados por los investigadores fiscales, pero cuando se trata de miembros del PAN o funcionarios del primer equipo de gobierno simplemente los expedientes son archivados y nunca proceden.

Hay varios casos en los archivos de la UIF y en poder de esta columna que confirman cómo el gobierno de Calderón tuerce la ley para atacar a la oposición y proteger a los miembros de su gabinete.

Una prueba de ello es cómo una “persona políticamente expuesta”, integrante del gabinete de Felipe Calderón y miembro distinguido del PAN, ha sido investigada por el aparato financiero gubernamental y descubrieron que él y su familia se ha beneficiado supuestamente con dinero producto del narcotráfico y de recursos públicos. Se trata de quien fuera gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, actual procurador Federal de Protección al Ambiente.

Distinto a lo que sucedió con Greg Sánchez, la Secretaría de Hacienda también presentó una denuncia penal desde hace tres años por el delito grave de “lavado” de dinero en contra de Patrón Laviada y varios familiares, pero la PGR “extravió” a propósito la acusación y nunca procedió en contra del amigo del presidente de la República.

En la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, dependiente de la Procuraduría General de la República, hay un expediente archivado por el delito de blanqueo de capitales en contra de familiares y amigos de Patricio Patrón Laviada.

Aunque no es la primera vez que Hacienda utiliza causas fiscales o investigaciones contra el blanqueo de capitales para negociar política o económicamente, el caso de Gregorio Sánchez lindó la frontera del cinismo y lo burdo.

Queda claro, por lo tanto, que el gobierno de Calderón administra las investigaciones de la UIF que, en teoría y en línea con su mandato, tendrían que utilizarse para aplicar la justicia de manera expedita y no dilatoria en beneficio de intereses políticos. Después vendrá el reclamo de los organismos multilaterales y del propio Estados Unidos respecto a la lentitud de la aplicación de la justicia en México al perseguir al crimen organizado. Pero eso parece no importar en este momento de contiendas electorales.

De esta forma, en su ánimo de defender las causas políticas del PAN, el gobierno de Felipe Calderón está cometiendo graves errores de procedimiento que abonarían a la causa de Gregorio Sánchez. En primer lugar, solicitar en este momento, y no antes, la orden de aprensión, le resta méritos a lo que pudo haber sido una aplicación implacable de la justicia.

Ahora, la coyuntura que escogió la PGR y el gobierno calderonista al comenzar hasta el 3 de mayo pasado las acciones legales contra Sánchez, distrajo a la opinión pública de la gravedad de las acusaciones y lo colocó como una víctima electoral del sistema.

Además, a un mes de que se realicen las elecciones, ninguno de los tres partidos aliancistas tendrían la oportunidad de sustituir a Greg Sánchez como candidato, lo que amplia la posibilidad de que el alcalde con licencia de Cancún permanezca como contendiente en los comisiones electorales, porque hasta que no se dicte una sentencia formal no perderá sus derechos políticos. Incluso, Greg podría ganar mientras la procuración de justicia en México se hace bolas con un expediente que hace un año pudo constituir la base de una querella impecable por lavado de dinero y su probable responsabilidad al participar y colaborar con la delincuencia organizada en delitos contra la salud.

El hoy indiciado, pero todavía candidato a la gubernatura de Quintana Roo, dice la PGR, se encuentra relacionado con los Zetas y el cartel de los Beltrán Leyva, brindándoles información para facilitarles sus actividades ilícitas. Así, mientras confirman el hecho para el cual tenían pruebas y testigos, el gobierno federal deberá también enfrentar el cuestionamiento de la opinión pública sobre su falta de ética para procurar justicia a los mexicanos. Pero no es la primera vez que sucede. Antes, el caso de Arturo Zamora, en Jalisco, quien buscaba la gubernatura de ese estado para el PRI y tuvo que enfrentar acusaciones, también sumamente coyunturales, por su vinculación con el crimen organizado.

Pero “Greg” también lo sabía y sus estrategas políticos dieron prueba de ello al subir al portal público de videos Youtube un mensaje en el que el candidato aliancista aseguró: “Y si tengo que pagar el precio de mi libertad por el pueblo de Quintana Roo, lo haré… tu y yo transformaremos a Quintana Roo porque mis derechos políticos están a salvo”, dijo Sánchez dos días después de ser detenido en un video. Claro, el video fue retirado minutos después de haberse hecho público porque ello demostraba que “Greg” estaba al tanto de su situación judicial y sólo buscaba ganar tiempo. Ambos lados administraron la justicia.

El añejo expediente de Greg Sánchez

Cuentas bancarias abiertas en seis instituciones financieras en México, con depósitos por cerca de 30 millones de pesos, son el soporte principal de la acusación por “lavado” de dinero –que hizo la Procuraduría General de la República ante la justicia federal– en contra del candidato a la gubernatura por la alianza Todos por Quintana Roo (PRD-PT-Convergencia), Gregorio Sánchez Martínez, popularmente conocido como Greg.

En el proceso penal iniciado en su contra, el militante perredista Gregorio Sánchez Martínez, alias Greg, deberá explicar el origen de decenas de depósitos que se hicieron a su favor por 9.4 millones de pesos y 1.5 millones de dólares. Según tres testigos protegidos por la Procuraduría General de la República (PGR), el dinero proviene de supuestos pagos que recibió el excalde de Cancún de parte de bandas del narcotráfico: los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas.

De acuerdo con los expedientes financieros elaborados por la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que fueron procesados por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la PGR, Greg sólo reportó ante el fisco haber acumulado ingresos durante seis años (entre 2002 y 2008) por apenas 2 millones 383 mil 311 pesos, lo que deja sin sustento los 27 millones de pesos restantes en monedas nacional y extranjera.

Las instituciones financieras utilizadas por el candidato perredista al gobierno de Quintana Roo para guardar el dinero supuestamente ilícito son: GMAC Mexicana Sociedad Financiera de Objeto Limitado, en Monterrey, Nuevo León, cuenta 84080018392800; HSBC en Cancún, Quintana Roo, cuenta 4035427160; American Express Bank del Distrito Federal, cuenta 0376672390141002; Banco Mercantil del Norte, Grupo Financiero Banorte, cuentas 198975522 y 739009634; Banco Nacional de México, cuenta 3432239; Scotiabank Inverlat, cuenta 1153544.

La segunda evidencia de la acusación de la Procuraduría por presuntos vínculos de Greg con el crimen organizado, se desprende de las declaraciones de tres delincuentes miembros de las bandas de los Beltrán Leyva y de Los Zetas, sujetos a los beneficios que otorga el gobierno dentro del Programa de Testigos Protegidos, quienes afirman que Sánchez Martínez estaba en la nómina del narcotráfico y recibía mensualmente 60 mil pesos, además de otras partidas de dinero por protección y transportación de drogas.

El exfuncionario municipal también estuvo involucrado, según los testigos protegidos, en el tráfico de indocumentados. En este ilícito estaría implicada su esposa Silvia Benítez Niurka Alba. Según los testigos, ambos cobraban por la transportación e ingreso al país de cubanos, rusos y chinos, actividad por la cual los Beltrán Leyva les pagaban una cantidad extra, además de darles recursos para sobornar más funcionarios de Migración y de gobierno.

La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/315/2009 da cuenta que el testigo con nombre clave Zajed rindió declaración ministerial el 19 de enero de 2010. En ella explica que era el encargado del pago de “la nómina” de la organización comandada por Arturo Beltrán Leyva, para negociar y sobornar a funcionarios de todos los niveles de gobierno. También se responsabilizaba de las relaciones con otras bandas criminales, como Los Zetas.

En el caso concreto de Gregorio Sánchez Martínez, presidente municipal de Cancún, ha establecido nexos con los hermanos Beltrán Leyva y con Los Zetas; participa en actividades de lavado de dinero, toda vez que uno de los negocios que tenía con la organización criminal de los Beltrán Leyva era el tráfico de indocumentados cubanos, rusos, y chinos. Esta actividad era operada por Greg a través de su jefe de escoltas”, sostiene el testigo Zajed.

Otro testigo protegido con el nombre clave Lucero sostiene, en su declaración ministerial del 25 de enero de 2010, que Sánchez Martínez participaba en reuniones de los hermanos Beltrán Leyva y que, “de acuerdo con el pago de nómina de esta organización, como presidente municipal recibía la cantidad de 30 mil pesos quincenales”.

En otra declaración del 10 de febrero de 2010, Daniel Alberto Vargas Larrainza acepta pertenecer a la banda de Los Zetas, y señala que a finales de 2008 estaba en una de las casas de la organización y la “contadora Jessica” le comentó que tenía que juntar 1 millón de pesos para entregárselos a un sujeto apodado Napo, quien es el encargado de las finanzas del cártel de los Beltrán Leyva y el responsable de pagar a políticos y autoridades del gobierno.

Ese millón de pesos, explica Vargas Larrainza, era para entregarlo al entonces candidato a la presidencia municipal de Cancún, Quintana Roo, Greg Sánchez, quien “trabaja” con la organización de Los Zetas.

oficiodepapel@contralinea.com.mx