La pobreza, la desigualdad, la injusticia, la marginación y las violaciones a los derechos humanos han sido desde hace ya casi una década la materia de investigación del equipo de periodistas que integran la revista Contralínea. No es gratuita y sí, una cobertura obligada, la presencia de sus reporteros en las zonas más pobres del país, entre las cuales Oaxaca, lamentablemente, ocupa un lugar destacado.
Erika Ramírez y David Cilia, reporteros de Contralínea agredidos a balazos junto con la caravana de paz que el martes pasado llevaba comestibles, agua y medicinas al pueblo de San Juan Copala, llevaban las órdenes de trabajo de hacer una radiografía de la violencia que hay en la región y el clima político preelectoral del estado. Su traslado específico a Copala obedecía a reconstruir la historia de las dos periodistas triquis asesinadas hace ya varios años, como parte de un gran reportaje sobre los casi 70 periodistas acribillados en 17 estados de la República en lo que va de la administración federal panista.
Aún más, entre las regiones marginadas y laceradas por cacicazgos y terratenientes que dominan al país, San Juan Copala, una región triqui declarada “municipio autónomo” en 2006 y cuyos habitantes están sitiados ahora por el mismo grupo paramilitar que atacó a la caravana de paz, sobresale y se confirma como la “tierra de nadie”, en donde el gobierno estatal priista es complaciente de esos grupos armados que actúan fuera de la ley y que se disputan a sangre y fuego el control territorial, económico y político del municipio, a donde la ausencia de ley, la justicia, las políticas públicas y el bienestar social están muy lejos de llegar a la región.
Por eso Erika y David estaban allí en Oaxaca y las ediciones de Contralínea desde hace varios años son testimonio de la labor informativa de sus reporteros. El libro “Morir en la miseria”, resultado de una intenso trabajo periodístico en los municipios más pobres del país, también da cuenta de ello. Y han sido, precisamente, Erika Ramírez y David Cilia enviados permanente de Contralínea a la región.
El marco y cobijo de una caravana por la paz, con la presencia de observadores internacionales y organizaciones mexicanas no gubernamentales que llevaría medicinas y víveres sin filiación política, se presentó como la oportunidad periodística para investigar sobre la violencia en la zona e indagar a profundidad el artero e impune asesinato de las locutoras triquis de la radio comunitaria perteneciente a la Red de Radios Indígenas.
De hecho, en abril pasado se cumplieron dos años de su ejecución, que aún permanece impune, y Contralínea buscaba seguir la historia de Felicitas Martínez y Teresa Bautista quienes, hasta el día de su muerte, estaban a cargo de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio. Felicitas y Teresa orientaban a los pueblos triquis en temas de salud, organización y derechos básicos. Alguien resultó ofendido con su palabra.
No ignorábamos el clima de violencia que meses atrás se había recrudecido en San Juan Copala, pero los dos reporteros pensaron que una caravana por la paz sería suficiente para persuadir a los grupos paramilitares que operan en la región de contener sus agresiones mortales. Ni siquiera en las peores zonas de guerra se atenta contra personas que portan banderas blancas y tampoco contra la prensa que sólo busca documentar los hechos, como responde a un periodismo veraz y profesional.
Jesús Martínez Flores, presidente de este municipio autónomo, encabezó la convocatoria a lo que el calificaba como una “caravana de observación” que apoyara las pláticas para pacificar la zona.
“Nosotros ya no creemos en las autoridades que siempre le mienten al pueblo, ya no creemos en quienes ante la opinión pública se desgarran las vestiduras pidiendo la paz que ellos mismos rompen con la complicidad y la impunidad que siempre gozan por parte del estado, nosotros creemos en nuestro pueblo que entiende nuestro pesar, por eso hacemos el llamado a la caravana de observación que realizamos por nuestras tierras”, dijo Martínez Flores en un comunicado fechado el 19 de abril pasado.
Martínez Flores agregó: “Con organismos nacionales internacionales de derechos humanos en fechas por definir, donde también nos acompañarán medios alternativos, compañeros de la Otra Campaña y todo aquel que tenga bueno su corazón y quiera ayudar a encontrar la paz y la seguridad y el desarrollo que la región triqui necesita. Caminaremos este proceso de paz hasta sus últimas consecuencias, así garantizaremos la conservación de nuestra cultura”.
Pero la caravana por la paz no fue suficiente. Los dos reporteros de Contralínea, Erika Ramírez y David Cilia, fueron también víctimas de la emboscada del 27 de abril en la zona de La Sabana, en la mixteca oaxaqueña, que dejó como saldo varios heridos y los asesinatos de Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) y del finlandés Jiry Jakkola, observador internacional.
David Cilia y Érika Ramírez
La crónica del ataque
Las dos camionetas que integraban la caravana por la paz y el automóvil de los reporteros de Contralínea apenas cruzaron el pueblo de La Sabana a las 14:30 horas del martes anterior y unos 100 metros adelante fueron atacados brutalmente por un grupo de hombres fuertemente armados que dispararon en contra de los tres vehículos.
David conducía y Erika era la copiloto. Al escuchar los disparos la reportera se redujo al espacio donde van los pies y el reportero gráfico inclinó el cuerpo a su derecha para protegerla, lo que le valió que tres balas de los 31 impactos que recibió la unidad pegaran en el cuerpo de David. Un tiro le cruzó la pierna derecha, otro la parte izquierda de la cintura y uno más apenas le quemó la espalda.
Todo era gritos y confusión. Los minutos parecían un tiempo eterno. Erika tomó la decisión de salir del vehículo para evitar ser asesinada. David la seguía muy de cerca y también brincó del automóvil por la misma puerta derecha, pero ya la sangre de la pierna manchaba todo a su paso, por eso el asiento del copiloto era el que presentaba las huellas de la agresión.
Otros dos participantes de la caravana que lograron huir y llegar hasta el pueblo de Juxtlahuaca, informaron a los cinco reporteros de Contralínea que llegaron al rescate, que sus dos compañeros periodistas habían quedado acribillados por las balas al interior del vehículo, que no les había dado tiempo de salir. El motivo de esa versión fue que al salir huyendo, los dos activistas informantes vieron los cuerpos de Erika y David, uno recostado sobre el otro, pero afortunadamente no muertos sino para tratarse de cubrir de las balas.
En malas condiciones, David, Erika y dos compañeros de la caravana, David Venegas y Noé Baustita, éste también herido con tres impactos de bala, se internaron a la montaña. Por las heridas apenas lograron avanzar unos 200 metros del camino de terracería, en donde había sido la agresión. Allí permanecieron agazapados varias horas, cubiertos entre matorrales y grandes árboles, cerca de un pequeño río donde se abastecían del vital líquido.
Todo este día se escucharon disparos a su alrededor de ráfagas de metralletas, algunos muy cercanos y otros a mayor distancia. El miedo y la incertidumbre obliga a los cuatro refugiados a mantenerse en silencio y a grabar, con los teléfonos celulares, un breve testiomonio de que estaban vivos, por lo que si aparecían muertos era una ejecución motivada por la negligencia del gobierno por no rescatarlos a tiempo.
Así pasaron minutos, horas y dos días sin alimentos y apenas con agua que acarreaban del río con mucha cautela para no ser descubiertos. En las noches el frío entumía sus frágiles cuerpos, casi descubiertos por la poca ropa que traían al momento de la huída.
En la madrugada del jueves, a las 4 de la mañana, los dos activistas, Noé y David, decidieron salir a buscar ayuda. Erika, ilesa del tiroteo, había decidido quedarse y no abandonar a su compañero periodista herido, “juntos hasta el final”, le dijo Erika cuando David Cilia, en un gesto de protección, le insistía que se fuera para salvar la vida, porque él, herido como estaba, le era imposible caminar.
Ocho horas después de caminar entre montañas y bosques, los dos activistas lograron llegar al pueblo de Juxtlahuaca, en donde estaba la base de los periodistas de Contralínea que habían ido al rescate. De inmediato se dio el encuentro y la alerta de que sus compañeros reporteros estaban vivos, maltrechos y hambrientos, el ánimo y la fuerza volvió a todo el equipo de periodistas que decidieron ese mismo jueves que entrarían a buscarlos a la zona del conflicto.
Se avisó a las autoridades del gobierno del Estado de que los periodistas desaparecidos estaban vivos y ocultos ante el temor de ser nuevamente atacados. La burocracia del gobierno de Ulises Ruiz seguía con dudas y temor para autorizar una incursión policiaca a la región donde un grupo paramilitar decide el destino de quien vive o muere.
Finalmente la información sobre los periodistas desaparecidos, que ya circulaba en todos los medios de información nacionales y extranjeros, obligó a Ulises Ruiz a actuar y ordenar el operativo del rescate encabezado por los reporteros de Contralínea. Diez mandos policiacos y 50 efectivos a bordo de 10 unidades, se internaron en la zona en donde el padre de uno de los periodistas, David Cilia, y el director de Contralínea encabezaron la búsqueda en las montañas hasta que ese mismo día, a las 22:40 horas, los localizaron y fueron rescatados.
Investigan a líder de la Ubisort
El gobierno de Ulises Ruiz informó en un comunicado que no estaba al tanto de una caravana por la paz, a pesar de que en la región, varios medios dieron cuenta de ello y se anunció semanas atrás en medio de una alerta roja lanzada por los representantes del municipio autónomo de San Juan Copala.
El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), confrontado por el control de la zona con la Unidad de Bienestar Social para la Región Trique (Ubisort), ésta ligada con el PRI y con el gobierno de Ulises Ruiz, se opone a la autonomía del municipio, y aunque se deslindó de la fatal emboscada, el ataque con armas largas ocurrió prácticamente en el pueblo de La Sabana que controla la Ubisort y su dirigente Rufino Juárez, compañero de escuela del actual secretario general del gobierno de Ulises Ruiz y a quien la policía le pidió permiso para ingresar a la zona. La investigación que ha iniciado la PGR apunta a ese líder, Rufino Juárez, quien siempre está armado y mantiene muy buena relación con los jefes policiacos del estado.
El comandante de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Lázaro Hernández, le dijo a los reporteros de Contralínea: “Nadie puede ir allí, ni el Ejército. Nosotros negociamos llegar hasta cierto punto y, aún así ellos, los paramilitares, hacen disparos al aire. Si nos pasamos del punto al que acordamos llegar, nos tiran a dar”.
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