El escándalo ronda a la familia presidencial. Una vez más tiene que ver con los contratos en el mercado de los servicios de software y tecnología en los que de una u otra forma están relacionados los Zavala. Desde 2008 la información en torno a las irregularidades en las que se incurrió con la asignación y ejecución de un contrato por más de 250 millones de dólares que entregó el IMSS a la empresa de origen hindú, Tata Consultancy, no ha dejado de fluir en medio de impugnaciones promovidas por las grandes firmas estadounidenses que dominaban el mercado de los servicios de tecnologías de la información.
Sin embargo, más allá de la corrupción en torno al contrato asignado a Tata Consultancy por la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico del IMSS, a cargo de Carlos Castañeda Gómez del Campo –primo hermano de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Felipe Calderón–, el daño que sufre el IMSS estaría directamente vinculado con el deterioro estructural del organismo tripartita ante el desvío de recursos, la manpulada asignación de contratos y la imposibilidad de dirigirlos a áreas prioritarias.
El expediente ya fue presentado ante el Poder Legislativo y los responsables de vigilar la transparencia y la calidad en el ejercicio del gasto público no podrán evadir el tema. El director general del IMSS, Daniel Karam, sabe que deberá acudir a la Cámara de Diputados para comparecer sobre el contrato otorgado a Tata Consultancy y que al final incurrió en un significativo sobre costo. En un sólo mes, en diciembre de 2008, la empresa hindú habría facturado 420 mil horas/hombre de consultoría, lo que habría exigido que más de 2 mil 625 programadores participaran en esa fase del proyecto.
Lo paradójico es que en México Tata Consultancy sólo cuenta con mil empleados. Esta es la información que los competidores de la compañía Tata, como EDS y Oracle, furiosos por haber perdido el millonario contrato, han difundido una y otra vez a través de la prensa, que hay irregularidades.
En solo un mes Tata facturó casi 115 millones de pesos en servicios que no reportan entregables tangibles y que suponen prácticamente la inacción del personal del IMSS. Por ello, debería aclararse donde quedaron más de 100 millones de dólares en servicios informáticos pagados supuestamente al Servicio de Administración Tributaria, en un sistema que a finales del 2006 no mostraba avance alguno. La conocida plataforma informática del IMSS es uno de los grandes fracasos de la fiscalización y un lamentable ejemplo de desvío de recursos.
Sin embargo, el verdadero problema se encuentra en el daño estructural que se le ha causado al IMSS. Es un hecho que mientras se dirigieron 250 millones de dólares a servicios de asesoría tecnológica, se descuidó la inversión en instalaciones e infraestructura de detección de amenazas epidemiológicas y la formación de reservas de antivirales. Además, se debe investigar la compra de medicamentos, pues hay claros indicios de contratos amañados, desvío de recursos y pago de comisiones.
Así, mientras la gestión de Juan Molinar Horcasitas aceleró la entrega de contratos, demoró, según lo documentó el exdiputado Juan Guerra, la constitución del fidecomiso que dotaría a nuestro país de un mecanismo articulador de recursos de los sectores público, social y privado para combatir amenazas epidemiológicas. Al no cumplir el mandato emitido por la autoridad competente durante 2007 y consumir buena parte del año 2008 para constituir el Fideicomiso en Investigación de la Salud, de manera discrecional la Dirección General del Instituto acudió a los servicios de la banca privada para la administración de los fondos públicos destinados a la investigación, sin que desde luego existan resultados, programas o actividades de desarrollo tecnológico en el sector.
Fue entonces cuando se asignaron y se dieron a conocer los contratos de consultoría como el celebrado con Tata, empresa extranjera que inexplicablemente presta servicios al IMSS, mediante un contrato que supera los 3 mil millones de pesos. Guerra demandó conocer los nombres, listados y nominas de tal empresa, hasta ahora desconocidos para realizar un escrupuloso escrutinio, debiéndose constatar si se han incorporado a la planta laboral extranjeros que desplazan a mexicanos en servicios que tradicionalmente contrataba el IMSS con empresas mexicanas.
Dicha afirmación, sin embargo, tendría que comprobarse porque históricamente la Dirección de Innovación del IMSS se ha caracterizado por beneficiar a empresas extranjeras. Karam además tiene que explicar a los legisladores cómo fue que una empresa de reciente creación, sin contar con las cualidades y documentación precisada para ser calificada como postor elegible, resultó adjudicataria de un proceso de licitación de tal magnitud, permitiéndosele completar requisitos mediante una supuesta alianza con una empresa extranjera que no participó en la licitación.
Los reclamos ante la Secretaría de la Función Pública no se hicieron esperar y a pesar de que se repuso el proceso de licitación, el IMSS volvió a ratificar el contrato e inexplicablemente a permitir sobrecostos. ¿Habrá coincidido la devaluación del peso frente al dólar? ¿Los retrasos en el inicio del contrato? Las empresas de tecnologías de la información siempre tienen una excusa; sin embargo, es responsabilidad de los funcionarios públicos abogar por la mejor aplicación de los recursos de los contribuyentes. Al parecer no sucedió en este caso.
Así, la fórmula empleada para asignar el contrato a través de cotización del referente hora-hombre, es un artificio que se presta a manipulación, derivando tarde o temprano en un proceso amañado. De tal forma que se puede licitar con un precio relativamente bajo a condición de que se aumente el número de horas facturadas.
Es posible que aun contratando a un precio más bajo se termine pagando más que en otras propuestas, dado que no se estipula límite de horas, ni se auditan las horas supuestamente prestadas. La posibilidad de sobrefacturación es enorme, dado que no quedan rastros ni evidencia palpable o mensurable de las decenas de miles de horas que dice prestar el consultor, ni forma efectiva de medir los resultados, desviaciones, fallas o productos.
El grado de discrecionalidad con que cuenta el operador de los servicios que “autoriza” o “admite” a trámite el pago de multimillonarias sumas es ilimitado. Ahora bien, si se considera que el secretario de la Función Pública en el 2007 tiene y ha tenido objetivos electorales y que el director general del IMSS en esos años también ha sido funcionario electoral del partido en el gobierno, es fácil suponer la necesidad de conducirse en la revisión de éste y otros contratos en el IMSS con absoluta responsabilidad.
El contexto y antecedentes en otros países no benefició a Tata, empresa que en Chile fue sorprendida en actos ilícitos, vinculada a servicios informáticos que prestaba al Registro Civil en aquel país. Aparentemente, la empresa hindú había hecho llegar recursos a campañas no admisibles conforme a la ley, y todo ello sucedía en tiempos que coincidían con épocas electorales en nuestro país. Las empresas de origen hindú, cabe destacar, están acostumbradas a lidiar con ambientes altamente corruptos y a diferencia de las firmas de Singapur, han transigido en prácticas poco claras a cambio de obtener millonarios contratos.
Por ello, no está de más revisar cómo en tan poco tiempo, Tata se allegó de personal calificado en nuestro país, así como si el personal experto no coincide con aquel de las empresas cuestionadas que operaron durante la segunda mitad de la pasada administración en el sector energético, hablamos de Hildebrando, ya que el responsable de la contratación, Carlos Castañeda Gómez del Campo, es un servidor público que tuvo una larga carrera en el sector bancario y súbitamente se volvió experto en materia informática a finales del 2004, integrándose a Petróleos Mexicanos, paraestatal que otorgó un nutrido número de contratos a Hildebrando, aquella compañía pertenecientes a un hermano de Margarita Zavala.
Antes de convertirse en un experto en tecnología, Castañeda, según su currículo, colaboró en Casa de Bolsa Inverlat (1995-2000) y Banco Nacional de México (1980-1995), donde desempeñó los cargos de director de Análisis Bursátil, de Operación de Mercado de Capitales y de Sociedades de Inversión.
El exdiputado Juan Guerra investigó que Castañeda Gómez del Campo estuvo directamente relacionado con empresas tecnológicas al servicio de la paraestatal, cubriendo enormes sumas por servicios ajenos a su trayectoria profesional por productos relacionados a nuevos esquemas contables que hoy presentan aún inconsistencias y no se adaptan a estándares internacionales.
A principios de esta administración, el primo hermano de Margarita Zavala se incorpora al IMSS, dejando sus quehaceres en manos de Reynaud Aveleyra, quien renunció al ser sorprendido de recibir beneficios económicos de SAP, empresa que estuvo estrechamente vinculada en Pemex y el mismo Carlos Castañeda Gómez del Campo. Ambos colaboraban a mediados del sexenio pasado en una sociedad de inversión ajena a tareas informáticas y se incorporaron a la paraestatal sin un claro currículo que los respaldara.
También es relevante constatar que el abundante personal contratado en tan corto plazo no proceda de empresas como Hildebrando, ya que los principales accionistas de ésta son parientes dentro del tercer grado del señalado Castañeda Gómez del Campo, responsable de la contratación. Los legisladores también recibieron la denuncia del despilfarro de cientos de millones de pesos en aplicaciones y servicios informáticos en el IMSS, en un sistema conocido como PREI, el cual arrojó diversas inconsistencias, faltantes y no permitió identificar puntualmente enormes cantidades cobradas por el Instituto Mexicano del Seguros Social bajo la figura de “penas convencionales e intereses moratorios”, montos que no se concentraron en la Tesorería de la Federación ni fueron seguidos por la Dirección General de Fondos y Valores Federales, quedando mas de mil millones de pesos con destino incierto. Dado que los importes referidos no son técnicamente ingresos fiscales o presupuestarios, se ha generado una perniciosa acumulación de penas convencionales que se aplican y ejercen con absoluta discrecionalidad.
Además, como sucede en el manejo de otras bases de datos como las de las Afores, custodiadas por la empresa poco investigada, Procesar, la información y el manejo operativo del IMSS no debería quedar confiada a empresas extranjeras. Es claro que Oracle y EDS tienen un competidor de cuidado en el corporativo indio de servicios de outsourcing en soluciones informáticas: Tata Consultancy Services.
En una entrevista, su director para México y Centroamérica, Ankur Prakash, dijo que la firma analiza al menos tres licitaciones del sector público en donde ofrecerán sus mejores opciones para servicios integrales de consultoría y sistema. Una de ellas fue la Cédula de Identificación. Por ahora, para cumplir sus objetivos, descarta aliarse con alguna compañía mexicana, pero no descarta una adquisición estratégica.
Antes de que Tata Consultancy Services, una de las filiales de la multinacional Tata con participación en el sector automotriz, llegara al mercado mexicano; firmas como la estadounidense Oracle y EDS mantenían una participación dominante en el mercado mexicano y en contratos como el que otorgó por varios años el Servicio de Administración Tributaria.
Hasta el 2011, si no se revoca este contrato, Tata seguirá ofreciendo al organismo tripartita para la seguridad social de los trabajadores servicios tecnológicos y de mantenimiento, además buscará nuevos contratos con el sector público, pero también en el bancario. Prakash dijo que, a pesar de la crisis financiera internacional, Tata puede ofrecer soluciones a los bancos pequeños y medianos pero a costos menores, respecto a los que ofrecen otras compañías de software. Ya vimos cómo lo hace. En el sector bancario, Tata ya mantiene contratos con los cinco bancos más grandes del sistema crediticio, pero buscará llegar a las principales franquicias bancarias sin importar el tamaño. Pero la banca mexicana desde hace muchos año se perdió y si hay contrataciones equivocadas es cosa de los privados, pero cuando hablamos del IMSS y del sector salud, más les vale a los funcionarios responsables que lo hagan bien, porque se trata de dinero público o de lo contrario el Congreso actuará.
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