Sumido en la desesperación y el fastidio, como le ocurrió a Vicente Fox desde el primer día que asumió la Presidencia de la Repúbica, a Felipe Calderón le quedan pocos aliados. Los que lo han abandonado son poderes fácticos: uno, los ricos de este país, a quienes acusó de pagar apenas 1.7 por ciento de impuestos, mientras que al resto de mexicanos pobres, que ya suman 80 millones de personas, las dos terceras partes de la población, el fisco los persigue y les cobra cuotas hasta la asfixia; el otro poder en rebeldía son los medios electrónicos, con los cuales el presidente tuvo diferencias serias, principalmente con los dueños de las dos televisoras más poderosas. Un tercero grupo que está en desacuerdo con el mandatario pertenece a su mismo partido político. Se trata de varios panistas que están preocupados y molestos porque a tres años de asumir el poder, el gabinete bisoño sigue sin funcionar y en lugar de resolver problemas los agrava y genera nuevas dificultades.

Un cuarto grupo de poder son las fuerzas armadas que, aunque siempre fieles al jefe del Ejecutivo, más a fuerzas que por gusto, hay también militares muy molestos por el papel de policías que su jefe máximo los ha obligado a asumir, con las consecuentes críticas y violaciones a los derechos humanos.

En esas estamos, cuando en medio del fastidio presidencial, un torpe subsecretario de la Sagarpa, Jeffrey Max Jones Jones, lanzó un exabrupto a los campesinos mexicanos, a quienes recomendó aprender del modelo de mercado de los narcotraficantes, es decir una apología del principal enemigo del país, según lo declarado por Calderón, y sin más, el presidente ordenó, para saciar su ira, cesar al funcionario mexicano con nombre gringo.

El responsable de cumplir la orden presidencial fue el secretario Francisco Mayorga, encargado de atender la producción agropecuaria y proteger a los campesinos de este país, pero como escribimos aquí hace unas semanas, resulta que el mismo Mayorga debería de correr la misma suerte que su subsecretario Jones Jones, pues no sólo se trata de sancionar a quien hace declaraciones estúpidas, sino a quien abusa del poder, trafica con influencias o desvía recursos públicos, o acaso señor presidente esto no es más grave que lo declarado por quien hasta hace unos días era subsecretario de la Sagarpa.

Una investigación de la reportera Erika Ramírez dio cuenta puntual en Contralínea de cómo entre 2000 y 2008, dos empresas del secretario Francisco Mayorga recibieron “apoyos” económicos de la misma Secretaría de Agricultura que presiden, así como de la Secretaría de Economía y del Conacyt.
El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ha sido beneficiado con casi 3 millones de pesos mediante 16 subsidios de tres programas de apoyo operados por el gobierno federal. Más del 60 por ciento de los recursos le fue transferido cuando se desempeñaba como servidor público en la administración de Vicente Fox. Las dos empresas receptoras de los recursos son Industrias Melder y Semillas Caloro.
Este hecho irregular, que es sancionado por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es motivo suficiente para que el presidente separe de su cargo al secretario de Agricultura, pero hasta el momento ha preferido renunciar a un subsecretario que sólo hizo declaraciones estúpidas.

Recursos de Procampo a familia de secretario

Por si el presidente de la República necesitara más evidencias de las irregularidades que hay en la Secretaría de Agricultura, nuevamente la reportera Erika Ramírez descubrió que el mismo secretario Francisco Javier Mayorga Castañeda, su hermana Luz Teresa y su padre Salvador Arturo Mayorga Cameros recibieron más de 14 millones de pesos del programa creado para dar apoyos económicos a campesinos pobres, ejidatarios y pequeños productores en todo el país, denominado Procampo.
Ese dinero público –supuestamente destinado a campesinos pobres– le fue entregado a la familia Mayorga durante el sexenio foxista, cuando el ahora titular de la Sagarpa era funcionario de la misma. Ello, a pesar de que el artículo 6 de las Reglas de Operación de la dependencia es contundente: “Bajo ningún concepto podrán ser beneficiarios de los programas los servidores públicos de la Secretaría”; tampoco sus familiares hasta el cuarto grado. Mayorga, además, fue contratado por adjudicación directa como “asesor” en 2007 y 2008. Sus “servicios” costaron a Agricultura más de 1 millón 500 mil pesos
La excelente investigación periodística de Erika Ramírez da cuenta de cómo ese secretario de Estado además de servidor público es “agroempresario”, “asesor” y “campesino”. Es bajo estos diversos oficios como el actual titular de la Sagarpa obtuvo beneficios del erario por 13 millones 923 mil 506 pesos, a partir de su ascenso a la cúpula de la administración pública federal en el gobierno anterior.

Mayorga Castañeda, quien está obligado a cumplir las Reglas de Operación de la Sagarpa y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, permanece inscrito en el padrón de beneficiarios de los programas de Apoyos Directos al Campo (Procampo) y de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca). Además, ha obtenido contratos por adjudicación directa de la misma Secretaría que encabeza.
Como director en jefe de Aserca –durante 2001 y 2002– percibió más de 175 mil pesos mensuales. Cuando ocupó por primera vez la titularidad de la Sagarpa –en 2005 y 2006– obtuvo un sueldo de 205 mil pesos al mes. En esa misma época, el programa de combate a la pobreza en el sector rural le generó ingresos anuales por 30 mil pesos.
Situado entre los principales beneficiarios del Procampo en Jalisco –de donde es oriundo–, de 2000 a 2008 recibió en total 507 mil 573 pesos. De éstos, 290 mil 796 pesos le fueron otorgados en su dualidad de funcionario y “campesino”.
La información oficial, contenida en el Padrón de beneficiarios de Aserca que publica la Sagarpa en el apartado “Obligaciones de Transparencia” de su portal electrónico, revela que, junto a Francisco Javier Mayorga, su hermana y socia en Industrias Melder, Luz Teresa Mayorga Castañeda, recibió más de 416 mil pesos en los primeros ocho años de la administración panista. Y a Salvador Arturo Mayorga Cameros, padre del secretario, le fueron transferidos más de 251 mil pesos en el mismo periodo.
Como asesor de Aserca –órgano desconcentrado de la Sagarpa, bajo la administración de Ana Graciela Aguilar Antuñano–, Francisco Mayorga no ha dejado de obtener recursos del erario. Apenas se separó por primera vez del cargo, la dependencia le adjudicó tres contratos con los que obtuvo ganancias por arriba de 1.5 millones de pesos en 2007 y 2008, de acuerdo con las listas de “Contratos por asesorías” publicadas por la propia dependencia en su página de Internet.
A todo esto se le suman salarios por más de 8 millones de pesos durante los cuatro años que ejerció funciones en el gobierno pasado: primas vacacionales, aguinaldos, seguros de vida, pagos en alimentación, viáticos y uso de telefonía celular.
Rechaza Pemex recomendación de desagravio a Contralínea

Por unanimidad de votos de jueces y magistrados, el Poder Judicial de Jalisco aceptó la recomendación 57/2009 en la que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le solicitó revisar las irregularidades en los procesos entablados por contratistas de Pemex en contra de periodistas de la revista Contralínea.

El Supremo Tribunal de Jalisco se comprometió, además, a tomar medidas para frenar el acoso judicial ejercido contra los comunicadores. Pemex, en cambio, se negó adoptar las medidas y a cumplir el mandato constitucional de respeto a la libertad de expresión.

Luego de considerar que las actuaciones judiciales promovidas en Guadalajara por contratistas de Pemex en contra de los periodistas de Contralínea supone un medio indirecto que atropella la libertad de expresión, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, a través de su Consejo de la Judicatura, aceptó por unanimidad de votos de sus integrantes la recomendación 57/2009 que el pasado 14 de septiembre emitió la CNDH.

En respuesta a ese diagnóstico de la Comisión, que acredita un cúmulo de actuaciones irregulares por parte de diversos integrantes del Poder Judicial encaminadas a frenar la labor profesional de periodistas y la supervivencia de este medio de comunicación, el Consejo de la Judicatura se comprometió a revisar las actuaciones en los juicios promovidos por el consorcio gasero denominado Grupo Zeta.

Los agravios

Después de un exhaustivo análisis jurídico sobre el acoso judicial y el veto publicitario denunciado por Contralínea en agosto de 2008 (expediente CNDH/5/2008/4462/Q), la CNDH acreditó que fueron vulnerados “los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la igualdad y a la libertad de expresión”.

El organismo autónomo advirtió que “las diversas demandas promovidas por particulares y empresas ligadas a un mismo grupo empresarial y aceptadas por distintas instancias judiciales, aunado a las irregularidades administrativas detectadas, pueden constituir un medio indirecto para coartar la libertad de expresión como consecuencia del trabajo periodístico de los quejosos.

El dictamen de la CNDH detalla que el Poder Judicial y Pemex violaron, en perjuicio de los periodistas, los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de expresión, previstos en los artículos primero, sexto, séptimo y noveno, de la Constitución; 2.1, 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 1, 2.1, 2.2 y 7, de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Además del artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como por el principio 5 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión como instrumento de interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos ni por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones, que los inhiba a difundir sus ideas o informaciones”.

En respuesta a la publicación de diversas investigaciones periodísticas que revelaron actos de corrupción de altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón con contratistas de Pemex, se desató una ola de represión en agravio de los periodistas de Contralínea, y el veto publicitario como castigo a la línea editorial.

La CNDH fundamenta su pronunciamiento en que ya en diciembre de 2003, el relator especial para la Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de Naciones Unidas, el representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa y el relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, señalaron que “los trabajadores de los medios de comunicación que investigan casos de corrupción o actuaciones indebidas no deben ser blanco de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia por su trabajo”.

Dado que se trata de incumplimientos a los acuerdos y convenios internacionales signados por el gobierno, la CNDH responsabilizó al Estado mexicano, que encabeza Felipe Calderón, de los agravios a Contralínea.

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