Una nueva figura legal ha encontrado el gobierno para abrir cientos de expedientes fiscales y penales en contra de políticos, funcionarios, diputados, senadores, líderes de partidos políticos, luchadores sociales y empresarios. Se trata de “personas políticamente expuestas” a quienes se investiga, junto con sus familias, cuentas bancarias y transferencias financieras, ingresos y propiedades, para determinar si el dinero y bienes que poseen es producto de su trabajo o son fortunas acumuladas por el pago de favores al crimen organizado, el narcotráfico u otras bandas delincuenciales.

La semana pasada escribimos aquí sobre uno de esos expedientes abiertos en contra de un político mexiquense, el priísta Emilio Chuayffet Chemor, a quien la Secretaría de Hacienda investiga por realizar depósitos millonarios en efectivo y porque no ha podido comprobar el origen de esos recursos, razón por la que considera esas operaciones financieras como sospechosas y probables de violar el artículo 400 bis del Código Penal Federal, es decir por el delito “lavado de dinero”.

Para los auditores e investigadores fiscales de Hacienda, quienes hacen un trabajo impecable, aunque muy pocas veces lo conoce la opinión pública, se trata de un trabajo técnico y no político, ante lo cual su universo de trabajo incluye, sin fines partidistas o políticos, a secretarios de Estado, gobernadores, directores generales de paraestatales y organismos descentralizados, diputados y senadores de todos los partidos políticos, incluido por supuesto el PAN.

El problema con esas investigaciones es que no siempre terminan ante la autoridad correspondiente y en lugar de ello Hacienda y la Procuraduría, por instrucciones de “arriba”, otorgan perdones o archivan los expedientes sin ejercer las acciones legales contra esos políticos corruptos y delincuentes.

Una prueba de ello es que una “persona políticamente expuesta”, integrante del gabinete de Felipe Calderón y miembro distinguido del PAN, ha sido investigada por el aparato financiero gubernamental, y descubrieron que su familia se ha beneficiado supuestamente con dinero producto del narcotráfico y de recursos públicos.

Se trata de quien fuera gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, actual procurador Federal de Protección al Ambiente, a quien diversos medios de comunicación han señalado insistentemente con hechos irregulares desde que gobernó su estado natal, y ahora presentamos las evidencias que ha recabado el mismo gobierno al que pertenece y que lo involucran en hechos que son constitutivos de delitos.

Investiga Hacienda lavado de dinero

Al perseguir delitos relacionados con el crimen organizado, el gobierno federal actúa de manera parcial: para los amigos, compañeros de partido y miembros del gabinete, justicia y gracia; para los enemigos políticos, integrantes de grupos opositores o luchadores sociales, todo el peso de la ley.

Para ejemplificar lo anterior, veamos los procesos abiertos contra parientes de dos políticos de primer nivel: uno, el perredista michoacano Julio César Godoy, a quien persigue la justicia federal por vínculos con el narcotráfico; otro, el panista yucateco Ricardo José Patrón Laviada, en contra de quien la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia penal desde hace tres años por el delito grave de lavado de dinero. Al primero se le busca con orden de aprehensión, al segundo se le congela el expediente en la PGR

En la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, dependiente de la Procuraduría General de la República, hay un expediente archivado por el delito de lavado de dinero en contra de familiares y amigos del exgobernador panista de Yucatán y actual procurador Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Patricio Patrón Laviada.

A diferencia de la celeridad y eficacia con que el gobierno federal, por conducto de la PGR y el Ejército Mexicano, actúa en contra de políticos opositores –como el hermano del gobernador de Michoacán, Leonel  Godoy, quien presuntamente está involucrado con bandas del narcotráfico-, en el caso de parientes de un miembro del gabinete panista de Felipe Calderón, que son acusados como presuntos lavadores de dinero, la procuraduría mantiene archivada la investigación desde hace tres años y se niega a proceder en contra de la familia Patrón Laviada.

Los involucrados son Ricardo José Patrón Laviada, hermano del titular de la Profepa; Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, pariente también del exgobernador; Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltasar Cetina Pech, supuestos prestanombres de la familia. Todos ellos son señalados por Hacienda por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lo que se conoce como blanqueo de capitales) que sanciona el artículo 400-Bis del Código Penal Federal.

De acuerdo con el expediente en poder de la unidad contra el lavado de dinero de la PGR, el hermano del procurador ambiental realizó movimientos financieros en instituciones bancarias y centros cambiarios por varios millones de pesos y dólares, sin reportar dichas operaciones al fisco, dejar de pagar los impuestos correspondientes y ocultar el origen de los recursos.

En la denuncia penal federal se expone que las operaciones bancarias “inusuales” de Ricardo José Patrón Laviada se iniciaron el 5 de septiembre de 2005, cuando su hermano Patricio era gobernador de Yucatán. En esa fecha se realizaron depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias, como la número 4014055206 de Bital (ahora HSBC), que recibió 100 mil pesos.

La acusación incluye datos de informaciones periodísticas en donde se señala al entonces gobernador Patrón Laviada como benefactor de sus familiares mediante recursos desviados de programas sociales, además de ser supuestamente permisivo para que sus parientes pudieran especular con bienes raíces, gestionar la venta de vehículos para algunos ayuntamientos de Yucatán y mantener el control sobre permisos de taxis y mercados.

“Operaciones sospechosas” de Patrón Laviada

Entre 2000 y 2005, el hermano del exgobernador panista operó depósitos por 2 millones 487 mil 940 pesos en cuatro cuentas: números 4014055156, 4014055206, 4014055214 y 4014083042 del Banco Internacional. También hizo retiros por 1 millón 546 mil 365 pesos.

En 1998, en la cuenta 95050003488 de Banca Confía, Patrón Laviada tuvo depósitos por 100 mil pesos; en la cuenta 1626862, del Banco Nacional de México, recibió depósitos en 1998, 1999, 2000, 2003 y 2005, por 131 mil dólares y 884 mil 72 pesos. De esta cuenta hizo retiros por 1 millón 45 mil 50 pesos.

En la casa de cambio Intercam, el hermano del titular de la Profepa adquirió divisas con cheques de viajero por 4 mil dólares y compró otros 10 mil dólares en efectivo. En otra casa de cambio, Vector Divisas, adquirió 13 mil 790 dólares, en 2003.

En la investigación fiscal de su Registro Federal de Contribuyentes, la SHCP tiene reportado que la actividad de Patrón Laviada es de “servicio de reparación de otros artículos y aparatos”, con inicio de operaciones el 16 de octubre de 1984, y su situación actual se ha reactivado desde el 30 agosto de 2001, con domicilio en Mérida, Yucatán.

En sus declaraciones anuales, Hacienda informó a la PGR que en el ejercicio 2003, Ricardo José Patrón Laviada reportó ingresos por 346 mil 583 pesos, sin pagar las deducciones correspondientes ni el impuesto sobre la renta. En el ejercicio 2004 señaló ingresos por 455 mil 233 pesos, sin el pago de los impuestos correspondientes; en 2005 también tuvo ingresos por 462 mil pesos y tampoco cubrió sus impuestos.

En documentos financieros, el hermano del exgobernador yucateco afirma tener dos domicilios: una residencia en la calle Bugambilias, colonia La Ceiba, en Mérida, y otra en Calle 22 Res Sol Campestre, Mérida.

Ricardo José también aparece como representante legal de la empresa Yucateca de Vehículos, y es cotitular y firmante autorizado en las siguientes cuentas:

Cuenta 4029764750, a nombre de Jhonny Alberto Benítez Cetina.

Cuenta 4014055248, a nombre de Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga y Francisco Rodríguez de la Gala Faller (titular).

Cuenta 4014057574, a nombre de José Baltasar Cetina Pech.

Cuenta 4014143838, a nombre de la compañía Yucateca Vehículos.

Otros acusados

La denuncia penal –que la PGR se niega a dar trámite– incluye a Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, quien de acuerdo con las indagatorias de la Secretaría de Hacienda realizó movimientos financieros entre el 2 de mayo y el 3 de octubre de 2005, en la cuenta 4014055248 de Bital, por 20 millones 283 mil 23 pesos, de los cuales 14 millones 352 mil 855 pesos se depositaron en efectivo. Esa misma cuenta presenta retiros y cargos por 20 millones 401 mil 196 pesos.

Para las autoridades fiscales es muy sospechoso que Cecilia Margarita haya declarado como su actividad el hogar y en sus cuentas realiza operaciones financieras superiores a los 9 millones de pesos en el lapso de sólo tres meses. Lo que más hace dudar a las autoridades financieras sobre el origen del dinero, es que Cecilia Margarita no tiene Registro Federal de Contribuyentes.

Al seguir la ruta del dinero, los investigadores fiscales encontraron que en dicha cuenta bancaria, entre el 1 de junio de 2002 y el 17 de agosto de 2005, se realizaron depósitos y retiros en 69 ocasiones por montos similares que van de los 100 mil a los 313 mil pesos. Aunque en esa cuenta se operaban cantidades cuantiosas, se mantenían saldos comparativamente inferiores, es decir, no había permanencia de los recursos operados en la cuenta, como si se tratara sólo de utilizar la cuenta bancaria para triangular recursos y que la autoridad los perdiera de vista.

Entre los movimientos financieros triangulados entre personas y cuentas relacionadas en banco Bital, están Ricardo José Patrón Laviada, cuenta 4014055248; Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, cuenta 4006606453, y Francisco Rodríguez de la Gala Faller, cuenta 40140552248.

Cecilia Margarita está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave LAAC280521QD1, con fecha de inicio de operaciones el 1 de marzo de 1986, pero Hacienda no localizó declaraciones fiscales anuales presentadas, de ahí se desprende que podría, por lo menos, haber evasión fiscal.

Otro de los acusados, Jhonny Alberto Benítez Cetina, quien durante el periodo del 1 de julio de 2005 al 18 de octubre del mismo año, en su cuenta 4029764750 abierta en Bital, realizó depósitos y abonos por 5 millones 437 mil 276 pesos, de los cuales 3 millones 102 mil 552 fueron en efectivo. Hizo otros retiros y cargos por 5 millones 554 mil 613 pesos.

Esta operación es “inusual”, de acuerdo con las autoridades financieras, primero porque dicha persona está relacionada con Ricardo Patrón Laviada, hermano de quien fuera gobernador de Yucatán y quien también ha sido mencionado, según la denuncia penal, de mantener relaciones con el narcotráfico y la delincuencia organizada, además de operar con vehículos robados, facturas falsas y de tener supuestamente vínculos con doña Leydi (Acevedo Ortegón, alias La Teacher o La Leydi), quien ha controlado el narcotráfico en la Península de Yucatán.

La acusación en poder de la PGR destaca que Ricardo José Patrón Laviada y Jhonny Alberto Benítez Cetina son cotitulares en la cuenta bancaria de Bital número 4029764750. El domicilio proporcionado por Benítez Cetina es Calle 15, número 107, colonia Yucatán, en Mérida.

En otra información reportada por Banco Internacional a la Secretaría de Hacienda, se conoció que en 2005, en la cuenta 4029764750, se realizaron seis “operaciones relevantes” de retiro, por un total de 1 millón 353 mil pesos.

En información de carácter fiscal, Benítez Cetina ha declarado dedicarse a la actividad de la ganadería de bobinos de carne y su situación con el fisco es activa desde el 6 de diciembre de 2002, sin embargo no ha presentado declaraciones fiscales anuales.

La cuarta persona acusada por el delito de lavado de dinero es José Baltasar Cetina Pech, quien tiene su domicilio en Calle 24, número 177, colonia García Gineres, en Mérida. De acuerdo con los reportes bancarios, tiene una cuenta en Bital, número 4014057574, en donde entre el 1 de julio de 2005 y el 10 de octubre del mismo, realizó depósitos y abonos por 5 millones 369 mil 897 pesos, y retiros y cargos por 5 millones 443 mil 367 pesos.

La acusación en su contra indica que el cliente se dedica a la compra y venta de vehículos nuevos y seminuevos, y que las instituciones financieras conocen al cliente porque es accionista de Grupo Yucateco de Vehículos y, según denuncias periodísticas, estaría vinculado con el narcotráfico y crimen organizado.

Cetina aparece en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave CEPB740208-9W5, con inicio de operaciones el 4 de septiembre de 2002 y su actividad es la “fabricación de otras partes y accesorios de autos y camiones”.

Conclusiones de Hacienda

De acuerdo con el análisis que hace la Secretaría de Hacienda sobre los cómplices y parientes del actual titular de la Profepa, Ricardo José Patrón Laviada ha sido vinculado como receptor de beneficios de programas sociales del gobierno de Yucatán que encabezó su hermano Patricio.

Con excepción de Cecilia Margarita Laviada, los tres denunciados comparten el mismo domicilio fiscal de Ricardo José Patrón Laviada, ubicado en Calle 15, número 113, colonia Yucatán, en Mérida.

Sobre Benítez Cetina, la denuncia penal indica que en la cuenta bancaria a su nombre se realizaron depósitos y retiros por más de 10 millones de pesos, lo cual contrasta con el hecho de que Hacienda no encontró sus declaraciones para efectos fiscales. Además de haber sospechas de supuestos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.

En la cuenta abierta a nombre de Cecilia Margarita, entre del 2 de mayo y el 3 de octubre de 2005, se operaron depósitos y abonos por más de 20 millones de pesos y retiros y recargos por una cantidad similar. De ese monto, 14 millones fueron movimientos financieros en efectivo. Además, en 68 ocasiones los recursos operados en dicha cuenta fueron superiores a los 100 mil pesos.

Los movimientos financieros de todos los involucrados no guardan relación con las actividades económicas respectivamente declaradas y, mucho menos, con sus manifestaciones de pago de impuestos.

Los indicios más evidentes que hacen presumir que se trata de lavadores de dinero del narcotráfico son: el millonario manejo de efectivo, la poca permanencia de recursos en las cuentas utilizadas, la carencia de declaraciones fiscales que reflejen los movimientos económicos, la intención de aparentar la legalidad de los recursos, el intento de impedir que se conociera el origen del dinero, así como la posible vinculación de los denunciados con personas ligadas a la realización de actividades ilícitas.