Poco o casi nada sabemos del trabajo investigativo que realizan los órganos encargados del control, la vigilancia y la fiscalización del país. De lo único que nos enteramos son sus resultados y, para desgraciada de todos, éstos son pésimos. Este es uno de los motivos por lo cual son tan criticadas las entidades públicas encargadas de impartir justicia a quienes cometen actos ilícitos o irregularidades administrativas, sobre todo cuando se trata de sancionar a servidores públicos.

Muchos de esos auditores, investigadores o fiscalistas que hacen bien su trabajo se sienten frustrados porque se anteponen decisiones políticas para evitar aplicar la ley o simplemente mediante sobornos y complicidades se cierran o archivan expedientes sin sancionar a los responsables de delitos tan graves como corrupción, desvío de fondos úblicos o evasión de impuestos.

Un ejemplo que ilustra lo anterior es lo que sucede en la Secretaría de Hacienda, en donde algunos funcionarios se quejan de que por decisiones políticas se deja de perseguir a defraudadores financieros, evasores fiscales, lavadores de dinero o simples hechos de corrupción administrativa, sin importar que haya pruebas contundentes sobre diversos delitos.

Y la prueba de esta omisión y negligencia gubernamental la dan la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Procuraduría General de la República, dependencias que han rechazado oficialmente que el gobierno de Felipe Calderón lleve a cabo investigación alguna en contra de políticos y funcionarios, conocidos en el argot antilavado como “personas políticamente expuestas”, responsables de realizar operaciones sospechosas de blanquear capitales sucios.

Oficialmente esas entidades púbicas respondieron a solicitudes de información que hizo la reportera Nancy Flores, e informaron que no había investigaciones sobre “personas políticamente expuestas” y por lo tanto que fueran susceptibles de lavar dinero procedente de narcotráfico o de alguna otra actividad ilícita.

A pesar de tratarse de una solicitud formal que se hizo a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental –y por la cual están obligados los servidores públicos a informar verazmente–, la CNBV, que dirige Guillermo Babatz, mintió al sostener que no cuenta con expedientes en contra de altos funcionarios de los tres niveles de gobierno porque “no realiza este tipo de investigaciones”.

Esa dependencia aclaró que “después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite de la Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas e Institucional no se localizó documento alguno relativo al presente requerimiento de información”.

También en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público falsearon la información que están obligados a proporcionar al público, al sostener que no están facultados para iniciar o practicar investigación alguna relacionada con “personas políticamente expuestas”.

Quien fuera titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR hasta mediados de 2008, José Luis Marmolejo, sostuvo que esa figura de “personas políticamente expuestas” surge del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI).

De acuerdo con el organismo intergubernamental especializado en la lucha contra el lavado de dinero, y del que México forma parte, los políticamente expuestos son aquellos individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país: jefes de Estado, de gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales y militares, altos ejecutivos de paraestatales y funcionarios importantes de partidos políticos, así como diputados y senadores.

Con esta figura se busca monitorear a los altos servidores públicos con el objetivo prevenir y evitar esquemas de corrupción. Su patrimonio debe ser acorde con su salario, producto de su vida políticamente activa. El objetivo es “evitar que estas personas se vean permeadas a través de la delincuencia o que tengan esquemas de lavado de dinero”.

Las mentiras del gobierno

Aun con la necedad gubernamental de afirmar que no lleva a cabo investigaciones en contra de políticos y funcionarios por presunto lavado de dinero, debido a que utiliza esos expedientes para negociar políticamente el apoyo de la oposición a las decisiones presidenciales, uno de esos expedientes de “personas políticamente expuestas” orresponde a un viejo politico priista que ocupó la Secretaría de Gobernación en el sexenio perdido de Ernesto Zedillo y antes fue gobernador del estado de México. Se trata de Emilio Chuayffet, actual diputado federal.

Este tipo de expedientes abiertos en la Secretaría de Hacienda y que en muy contadas ocasiones son turnados a la Procuraduría General de la República para abrirles proceso penal, tienen el propósito de impedir que dinero proveniente del crimen organizado sirva para financiar campañas políticas de todos los partidos.

Diputado federal electo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Chuayffet Chemor es uno de los muchos políticos que ahora son investigados por las autoridades financieras del país, encargadas de impedir que dinero sucio proveniente del narcotráfico, tráfico de armas, fraudes financieros y secuestros, entre otros delitos, sea utilizado para financiar las campañas de políticos de las tres principales fuerzas del país: PRI, PAN y PRD.

De acuerdo con la información hacendaria, este político mexiquense realizó operaciones financieras en instituciones bancarias por cerca de 17 millones de pesos, de los cuales algunos movimientos fueron depósitos en efectivo, lo que hace sospechar a la autoridad que se trata de dinero ilícito.

Dichas operaciones motivaron a las autoridades a seguirle la pista al dinero para conocer su origen y descartar que pudiera provenir de alguna actividad irregular; sin embargo, al ser confrontado por los auditores de Hacienda, el diputado priista no convenció a la Secretaría de Hacienda y en el expediente abierto en su contra se explica que no aclaró plenamente el origen de dichos recursos, identificados como operaciones “inusuales” y “relevantes”.

Las dudas de Cuayffet

Según los informes de Hacienda, la forma en que Chuayffet Chemor realizaba sus movimientos financieros en Banamex son dudosos: “La inusualidad reportada deriva del hecho (de) que la mayoría de los recursos recibidos en la cuenta (Banamex) se traspasan a (una) inversión patrimonial, para posteriormente retirar gran parte de los recursos en efectivo, observando que en aclaración con su cliente, Emilio Chuayffet respondió que los depósitos en efectivo provienen de los mismos recursos que está regresando a su inversión patrimonial, operación que según la institución financiera ha sido repetitiva desde 2007 y que no puede identificar que los fondos provengan de la misma inversión, pudiendo tratarse de otros recursos en los que Chuayffet trata de ocultar su origen”.

Con instrucciones precisas de buscarle a fondo sus movimientos financieros, los auditores encontraron que el saldo de la inversión de Emilio Chuayffet hasta el 30 de abril de 2008, ascendía a 16 millones 964 mil 248 pesos, de los cuales 15 millones 137 mil 923 pesos se encontraban en dicha cuenta desde el 31 de marzo de 2007.

En los reportes hacendarios, el uevo diputado priista aparece como asalariado, sin actividad empresarial y “dedicado de tiempo completo a la política”, con ingresos acumulables del ejercicio 2003 al ejercicio 2008 por 5 millones 659 mil 28 pesos, de los cuales sólo 3 millones 740 mil 49 pesos corresponden a sueldos pagados de los ejercicios 2003 a 2006 por parte de la Cámara de Diputados y 363 mil 476 pesos son salarios provenientes del Partido Revolucionario Institucional.

Lo anterior significa que el diputado electo Emilio Chuayffet no ha justificado ingresos superiores a los 12 millones de pesos, según Hacienda, por lo que esta secretaría sospecha del origen de los recursos. Hasta ahora, sin embargo, el expediente de Chuayffet se mantiene en poder de las autoridades financieras, sin presentar acusación penal alguna ante la Procuraduría General de la República. Además, si se considera que este político ya tiene fuero, pues el gobierno de Felipe Calderón se puede ir olvidando de pretender actuar en su contra, más aún si se trata de alguna presión política para negociar la información.

De acuerdo con los reportes de Banamex, el diputado federal electo realizó operaciones inusuales respecto de la cuenta maestra número 90458665728, contratada el 26 de septiembre de 2003, en donde se registra como cotitular y firmante adicional a Olga Guadalupe Soto Priego y como beneficiaria a Carolina Chuayffet Chemor.

En el análisis que hace Hacienda sobre los movimientos financieros del político priista mexiquense, destaca que del 3 al 11 de abril de 2008 realizó seis depósitos en efectivo por 490 mil pesos. Un asistente de Chuayffet explicó que dichos recursos provenían de honorarios pagados, así como de la venta de un automóvil. Otros 387 mil pesos se traspasaron a su inversión patrimonial, mientras que el 28 de julio de 2008 hizo otro depósito en efectivo por 700 mil pesos.

En un reporte enviado a la Secretaría de Hacienda por Banamex, le informa que la mayoría de los recursos recibidos en la cuenta del político mexiquense se traspasan a inversión patrimonial, para después retirar gran parte de estos recursos en efectivo. Ese banco señala que en aclaración con su cliente, éste les informó que los depósitos en efectivo provienen de los mismos recursos que regresa a su inversión patrimonial. No obstante, Hacienda considera que no se identifica que dichos recursos provengan de la misma inversión, “pudiendo tratarse de otros recursos en los que tratan de ocultar su origen”.

De acuerdo con la información fiscal correspondiente a los “reportes relevantes”, se afirma que –durante el periodo comprendido de octubre de 2003 a julio de 2008– Emilio Chuayffet operó depósitos en efectivo por montos iguales o mayores a los 10 mil dólares, hasta por un total de 1 millón 410 mil pesos, así como retiros por 1 millón 610 mil pesos.

Para corroborar y contrastar la información, se buscó desde el martes 25 de agosto al diputado federal, pero hasta el cierre de edición su oficina no dio respuesta a la solicitud de entrevista.