La lista de «personalidades» vinculadas con el negocio de las guarderías molesta  y enardece a la opinión pública. Primos de burócratas, parientes en primer grado de políticos y hasta funcionarios públicos vinculados con la subrogación de guarderías es la noticia que en la última semana ocupó los titulares de la prensa en todo el país.

Si bien la subrogación de servicios a empresas privadas no es una figura nueva para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) –se subrogan servicios médicos para bancos y empresas mineras, por ejemplo–, la promesa de ampliar el número de estancias infantiles que hizo el presidente Felipe Calderón detonó un negocio millonario. Es cierto que siendo candidato a la Presidencia de la República, el político michoacano encontró en este sector una creciente necesidad de apoyo del sector público hacia un sector de la población que sostiene a familias enteras. Sin embargo en el proceso de instrumentar esta política pública se desviaron los objetivos y el apoyo fue para cientos de familiares de políticos y burócratas.

Es obvio el tráfico de información que rodeó al Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el cual se destinaron en 2007 poco más de 731 millones 329 mil 400 millones de pesos. Dicho monto ocupó casi el 5 por ciento del presupuesto total por 16 mil 791 millones de pesos, correspondientes a la partida 4101 de «Subsidios a la Producción». No es una cantidad menor.

Hasta ahora la crisis de responsabilidad se ha centrado, en su mayoría, en el IMSS y, por supuesto, en el estado de Sonora, pero la Sedesol también tiene mucho que explicar como eje de este programa y como entidad que coordinó un gran número de guarderías más allá de los «negocios» relacionados con el IMSS. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación y una revisión hecha a sólo 27 expedientes en guarderías y estancias infantiles, no se contaba con  toda la documentación requerida: en cinco casos faltaba el anexo técnico de pago del impulso por 35 mil pesos (formato que sirve para reportar a la DGPS el monto del impulso que deberá pagarse); en 11 casos, el presupuesto para la compra de lo necesario para el inicio de la operación; en seis casos, el reglamento interno de la guardería y estancia infantil; en 17 casos, evidencia de la visita inicial del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); en nueve casos, la constancia de la capacitación inicial de la responsable de la guardería y estancia infantil; en dos casos, el Formato para la Afiliación a la Red de Guarderías y Estancias Infantiles; y en 18 casos, la Cédula de Información Socioeconómica. Todo lo anterior contravino la cláusula IV.16 de los Lineamientos de 2007 para los Programas de Desarrollo Social y Humano.

Una vez más la ASF se limitó al análisis cuantitativo –el mismo problema del que adolece el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)– y no se ocupó del cualitativo. Tal vez si la rendición de cuentas y la transparencia en el gobierno federal contemplara la calidad de los servicios y la obtención de objetivos en el corto, mediano y largo plazo, la ejecución de los recursos públicos se daría de una manera más eficiente e inteligente.

Sin embargo, parece intencional el descuido para vigilar este tipo de programas y hoy se confirma una extensa red de corrupción para rentistas vinculados con las esferas del poder. En esta ocasión, sin embargo, fueron niños, sus familias y todos los mexicanos quienes pagaron el abuso.

Rosendo Villareal en la mira de priistas

Recién había llegado al gobierno federal cuando Jesús Reyes Heroles, acostumbrado al cómodo sitio de un consultor que critica (aconseja pero muy pocas veces decide), confesó –fuera de grabación– que estaba sorprendido con la corrupción que había encontrado en Pemex. No es que no lo supiera, rectificó frente a sus interlocutores a quien la afirmación les pareció sospechosamente cándida, lo que lo tomó por sorpresa al funcionario nombrado por Felipe Calderón era el nivel del poder que esas redes habían adquirido al interior de la paraestatal. La inercia, dijo, era impresionante. Si en las guarderías del IMSS y de la Sedesol la corrupción y el tráfico de influencias campean, en Pemex el macrocosmos de la corrupción y los vínculos entre grupos es infinito. Esa es la verdadera transformación de Pemex que ningún partido político se atreve a tocar porque es cuna del corporativismo que define muchos caminos del poder político en este país.

Han pasado más de dos años y cada tres o seis meses resurge la especie de que Reyes Heroles dejará la Dirección General de Pemex. Primero, se dijo, tendría que sacar adelante la reforma al régimen de Pemex, después, se apuntaba, debería concluir el periodo para asignar a un gobierno estatal la construcción de una nueva refinería y ahora, se asegura que será una de la cabezas que deberá entregar Felipe Calderón a cambio de los acuerdos que podría exigirle el PRI para avanzar en las modificaciones legislativas que podrían salvar a su gobierno. Son versiones que se tejen en una guerra intestina por el poder de los recursos y la influencia política en Pemex.  Pero si esta posibilidad es cierta, si los priistas quieren que rueden cabezas en Pemex no sería la de Reyes Heroles la que más les interese. Un nombre, seguramente, se pasea por las mentes de los priistas con mucha memoria: Rosendo Villarreal Dávila, una panista del yunque originario de Saltillo, Coahulia, que ha trabajado varias décadas en contra del PRI y goza de ciertas aficiones a las comunicaciones privadas y vigilancias indiscretas.

De hecho, Rosendo se convirtió en el primer alcalde blanquiazul en ese estado, una victoria que le valió un lugar destacado en las filas de la ultraderecha del panismo. Como ha sucedido en casi todas las dependencias de la administración calderonista, se nombró como titular a un hombre reconocido por los mercados financieros, pero en las posiciones claves se encuentran panistas o amigos del presidente con la única misión de garantizar la permanencia del PAN en el gobierno y no los intereses de los gobernados. En el caso de Villareal, la ruta crítica en Pemex para alcanzar este objetivo político siempre ha sido clara. 

Su ambición era llegar a la gubernatura de su estado natal, pero eso no fue posible. Por ello, este político –emparentado con la sangre azul del estado, los dueños del Grupo Industrial Saltillo, que al final también cayeron en desgracia a causa de las inversiones en derivados– les siguió la ruta a los priistas: primero desde la Secretaría de la Contraloría en 2001, según consta en archivos periodísticos de este columnista, fue precisamente Villarreal Dávila, entonces contralor interno de la Secodam, quien anunció a la prensa que investigaba un quebranto en Pemex vía el Instituto Politécnico Nacional (IPN) que involucraba al legendario Arsenio Farell Cubillas.

Pero en esa época Rosendo Villarreal se ocupaba en realidad del Pemexgate. Se convirtió, de hecho, en una pieza clave para perseguir a los priistas involucrados, para después por instrucciones de Vicente Fox negociar ese expediente de corrupción priista por aprobaciones legislativas en el Congreso. En 2002 el político y panista chihuahuense Francisco Barrio, responsable de la Secodam, se esforzaba en asegurar que el Pemexgate no había sido materia de negociación política con los priistas para sacar adelante la Reforma Energética (¿cuál?, por cierto).

A Rosendo Villarreal sus gestiones en la Secodam le valieron llegar a Pemex a un puesto clave, la Dirección de Administración, en donde paradójicamente le tocaría negociar otras concesiones al poderoso sindicato de Carlos Romero Deschamps. No sólo eso, también habría sido una pieza clave para pactar con la influyente base sindical la ubicación de la nueva refinería en Tula, Hidalgo, en donde el dirigente ha sentado el epicentro de su influencia. Cálculos de exfuncionarios que también pasaron por la Dirección de Administración de Pemex estiman que al sindicato petrolero le tocarían al menos mil millones de dólares del monto total de las inversiones que se destinarían a la nueva refinería. Así que Villarreal no ha perdido el tiempo en negociar con Romero Deschamps una base sindical de origen priista. 

Las estampas de Rosendo Villarreal y su ruta crítica, seguramente, no se borrará de la cabeza de la dirigencia del partido que hoy controla la mayoría en la Cámara de Diputados y que tendría que aprobar una reforma hacendaria que permitiera al gobierno de Felipe Calderón obtener los recursos necesarios para concluir su sexenio. De otra manera, Felipe Calderón pasará a la historia no sólo como el presidente panista que le regresó el poder al PRI, sino como el político que no logró sacar al país de la crisis económica más grave en las últimas tres décadas. El «Presidente del desempleo».

Además, Rosendo Villarreal, el funcionario que denunciaba la corrupción desde la Secodam, tendría que explicar el repentino auge de negocios familiares vinculados con las gasolinerías de Pemex. En la revista Contralínea, las investigaciones de la reportera Ana Lilia Pérez han documentado ampliamente cómo se han beneficiado los hijos de Rosendo Villarreal de la autorización de estaciones de servicio de Pemex, sobre todo las que operan con el estándar de tres estrellas y que ofrecen grandes márgenes para los franquiciatarios.

Por cierto, se trata de un esquema que viola claramente las leyes en la materia, porque en ninguna parte se establece que la distribución de productos energéticos sea potestad exclusiva del Estado. Así que los priistas bien podrían, desde San Lázaro, pedir cuentas a la gestión de Rosendo Villarreal si no fuera, lamentablemente, porque en ese partido abundan los nombres vinculados con el mismo mal: tráfico de influencias y corrupción.

No obstante, es claro que los priistas saben cómo hacer que rueden cabezas y seguramente encontrarán algún camino para ello. Para empezar, si los priistas tienen un poco de imaginación revisarán con lupa la solicitud de ingresos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público enviará para Pemex (obviamente redactado por Rosendo Villarreal). Así que este 2010 será el primer presupuesto ciento por ciento priista y se verá la mano que ajustará cuentas. En medio de todo esto, el más afectado será el mexicano promedio que observará esta tragedia.

El PAN cavó su propia tumba

Después del domingo trágico electoral para el Partido Acción Nacional (aunque en realidad todos los partidos perdieron, pues en conjunto apenas lograron el 35 por ciento de votos de los ciudadanos con ese derecho), la residencia oficial de Los Pinos parecía la semana pasada un velatorio, en donde el miedo y el nerviosismo desataron un fuerte rumor de que no había más otro camino que la renuncia del mismo presidente de la República.

Su cercanía con Germán Martínez, quien siempre recibía línea presidencial y mantenía informado al presidente de todas los acontecimientos, aunado al sometimiento de la agenda electoral en torno a las principales acciones de gobierno, fundamentalmente el combate contra la delincuencia organizada y la violencia desatada por bandas del narcotráfico, convirtió al mismo Felipe Calderón en el principal responsable de la debacle panista que, a cuatro años de la próxima elección presidencial, parece ya un partido derrotado y sin candidato.

En Los Pinos hay silencio como en un velatorio, apenas unos cuantos cuchichean, nadie tiene ganas de hablar. Todos se han encerrado en sus oficinas y meditan sobre cuál será su futuro. Algunos culpan de la derrota a fantasmas del pasado y acusan a Carlos Salinas de Gortari de contratar a un experto en Estados Unidos para manipular el proceso electoral en México. En la derrota todo se vale antes que sentirse culpable por los errores cometidos desde que los panistas asumieron el poder hace nueve años. Pero por desgracia los que pagan las pifias del gobierno panista son todos los mexicanos.

A poco más de dos años de haber asumido el gobierno federal, el gabinete calderonista prácticamente ha entregado el poder a los dinosaurios priistas, quienes ya empezaron a dictar la nueva agenda política, a ordenar cambios en el gabinete, agilizar reformas legislativas, exigir nuevas políticas económicas y establecer un nuevo diálogo con el Ejecutivo. El PAN cavó su propia tumba.