En una pequeña nota en páginas interiores del diario Reforma, la semana pasada el reportero Abel Barajas dio cuenta de cómo un juez federal, Jesús Terríquez Basulto, canceló las órdenes de aprehensión que había en contra de dos hermanos, Francisco y Araceli Vázquez Alanís, exfuncionarios de la Presidencia de la República cuando Carlos Salinas de Gortari era el titular del Ejecutivo, y contra quienes había pruebas documentales de haber desviado 207 millones de pesos de la “partida secreta” para depositarlos en diversas cuentas bancarias, entre ellas algunas pertenecientes a Raúl Salinas de Gortari.

La información precisa que según el juez Terríquez el delito quedó prescrito desde el 28 de julio de 2002, apenas dos días antes de que otro juez federal, Juan José Olvera López, ordenara dichas capturas por el delito de peculado en contra los exempleados de la Presidencia de la República.

A pesar de que dichas órdenes de aprehensión se mantuvieron vigentes por casi 7 años, los hermanos Vázquez Alanís nunca fueron molestados ni perseguidos por la PGR, y mucho menos capturados. Lo anterior se explica porque ambos estaban bajo el manto protector del expresidente Salinas, contaron con la complicidad de la administración foxista y la negligencia del gobierno de Felipe Calderón.

El juez que ahora declara libres de toda responsabilidad a los hermanos Vázquez Alanís, ya no tuvo que analizar el fondo del delito ni revisar el desvío de fondos públicos que estaban bajo control director de Carlos Salinas, muchos menos cómo fue a parar el dinero a las cuentas bancarias del hermano que desde que salió libre deje de ser incómodo.

Para los lectores de esta importante noticia del colega Barajas, pues revela la conclusión de una de las pocas investigaciones judiciales sobre la complicidad y corrupción que se hayan hecho en torno a un presidente de la República, déjenme decirles que se trató de un largo proceso penal abierto durante el gobierno de Ernesto Zedillo y que le quemaba las manos a procuradores y fiscales, pues involucraba de manera directa a Salinas de Gortari, quien en ese entonces mantenía un enorme poder político e, igual que ahora, tenía una gran capacidad de maniobra.

Sin duda alguna, aquella investigación abierta en la PGR en contra de Carlos Salinas de Gortari por instrucciones del entonces presidente Ernesto Zedillo, sobre los fondos desviados de la “partida secreta” de Los Pinos para premiar lealtades y pagar favores a familiares, amigos, secretarios de Estado, procuradores, senadores, diputados, gobernadores, empresarios, dueños de medios de comunicación y periodistas, fue el proceso penal que más preocupó al exmandatario, porque había pruebas contundentes del delito de peculado e involucraba de manera directa a los hermanos Vázquez Alanís, quienes sólo eran empleados de Los Pinos y fieles operadores del expresidente Carlos Salinas, quien les ordenaba los movimientos financieros, depósitos y retiros, de la cuenta bancaria número 6300-0-005 abierta en Banco Mexicano a nombre de los dos hermanos.

Sólo así se entiende porque ahora los hermanos Francisco y Araceli Vázquez Alanís pudieron eludir la acción de la justicia durante tantos años.

Sólo para recordar la relevante investigación, baste decir que de acuerdo con los estados financieros de esa cuenta abierta en Banco Mexicano, sólo en el último mes de la administración de Carlos Salinas de Gortari hubo 41 movimientos financieros por 200 millones de dólares que, según el tipo de cambio de noviembre de 1994, ascendían a 652 millones de pesos.

Otro de los beneficiados por dichos fondos provenientes de la “partida secreta”, fue el exsubprocurador Mario Ruiz Massieu, quien el 7 de noviembre de 1994 recibió un pagó con cheque de referencia 26537001, por 300 mil pesos, directamente de manos de Justo Ceja, secretario privado de Carlos Salinas de Gortari.

Pero el más beneficiado con el dinero público que manejaba el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, fue su hermano Raúl, quien recibió cheques millonarios que posteriormente fueron depositados en las cuentas bancarias números 80187-2-05 de Banco Mexicano y la 1890849-2 de Banca Cremi, bajo los nombres falsos de Juan José González Cadena y Rolando Gutiérrez García, respectivamente.

Por eso en aquella conversación privada que sostuvieron telefónicamente Adriana y Raúl Salinas de Gortari, que fue dada a conocer en octubre del 2000 por el periodista Joaquín López Dóriga, Raúl dice que su hermano el expresidente lo traicionó, y afirma que Carlos Salinas es el verdadero dueño del dinero ilícito que movieron en los circuitos financieros de Europa, Estados Unidos, México y el Caribe. Estos datos sólo para el anecdotario de la impunidad.

Amenazas por el IETU

Hace algunas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sobre una serie de amparos presentados por varias compañías, entre ellas el Grupo Aeroportuario Centro Norte (GAN) y Grupo Comercial Gomo, en contra de la Ley del Impuesto al Activo, cuya vigencia no se extendió más allá de un año debido a que los empresarios impugnaron intensamente su inconstitucionalidad, hasta que la Secretaría de Hacienda decidió derogarla aprovechando la promulgación de la legislación que dio origen al Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU).

La Suprema Corte, sin embargo, ha tenido especial cuidado en las resoluciones vinculadas con temas fiscales, porque cada paso que da el Poder Judicial cuando se trata de impuestos marca un antecedente que observan detalladamente los abogados de las poderosas corporaciones y sectores que buscan reducir a toda costa el pago de impuestos.

Por ello, el máximo órgano de “justicia” en el país ha venido otorgando amparos respaldándose en la inconstitucionalidad de artículos o disposiciones individuales, sin tocar la generalidad de la norma, lo que ya se ha convertido en una estrategia de los ministros de la Corte para evitar mayores confrontaciones con el Poder Ejecutivo, sobre todo en meses cercanos a la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Esto último obedece a que el Poder Judicial siempre recibe cuantiosos recursos públicos que le permiten ser el órgano de procurador de justicia más oneroso de todo Latinoamérica, cuando lo que menos que hay en este país es precisamente justicia.

No obstante, la resolución que obligaría a la SHCP a pagar hasta 4 mil millones de pesos y que permitirá a las compañías inconformes deducir el monto de sus inversiones en el marco de la Ley del IMPAC, ya sentó un precedente, se quiera o no, para la controversia contre el IETU, el impuesto de tasa único que constituyó la gran apuesta del titular de Hacienda, Agustín Cartens, para incrementar la recaudación.

La sorpresa para Hacienda es que la mayor recaudación no vino por el IETU sino por el IDE, que grava los depósitos en efectivo, un fenómeno comprensible en una economía en donde gran parte del empleo proviene del sector informal, lo que se agudiza en momento de crisis económica.

Ahora, las empresas buscan, con el mismo principio de no retroactividad, que las autoridades tributarias del país reconozcan como deducible para el pago del IETU el pago de intereses, un tema que tomará mayor relevancia en la medida en que se acerque la posibilidad de que la nueva legislatura, electa este 5 de julio, asuma el reto de discutir una nueva reforma tributaria.

Mientras eso sucede, aumenta la inconformidad contra el IETU, y los fiscalistas preparan sus argumentos para evitarlo a toda costa. Por ello, resulta contradictorio que en las entidades públicas se sucumba a la presión de multinacionales que simplemente no reconocen el cambio tributario al que la secretaría de Hacienda sometió al sistema fiscal mexicano.

Las amenazas contra la CFE

Resulta que funcionarios de paraestatales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentran sorprendidos ante las órdenes que reciben del más alto nivel y que avalan la devolución (a empresas como Mitsubishi) de montos millonarios por concepto del IETU, al cual deberían someter sus contratos, sobre todo porque no se permite la deducibilidad de inversiones en activos, auque éstos formen parte de un acuerdo con el gobierno federal.

Al interior de la CFE observan con preocupación esta tendencia. Nos cuentan que la amenaza directa de las multinacionales es acudir a legislaciones que les permitan demandar al gobierno mexicano por la modificación de legislaciones tributarias o de cualquier tipo que cambien las condiciones de su operación.

En el caso de las empresas estadounidenses o canadienses, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte contempla artículos que las colocan en una posición muy delicada.

Lo paradójico del caso es que la SHCP consideraba que el IETU en relación con las multinacionales, no sólo le permitiría incrementar la recaudación respecto a lo que se obtenía por ISR, sino que lo haría más sencillo. Igual que se pretendía con el IMPC el pago de impuestos para las multinacionales, pero nada de eso sucedió y los grandes contratistas del gobierno federal están aprovechando esta situación para obtener un beneficio, mientras que las empresas mexicanas tienen que someterse a las condiciones que les dicta Hacienda, lo que provoca perdida de competitividad y condiciones fiscales desiguales.

El tema no es menor y tiene que ver, una vez más, con la soberanía más allá de dogmas o estigmatizaciones al libre mercado. Resulta que este capítulo involucra a las empresas extranjeras que generan al menos el 25 por ciento de la energía que necesita el país.

La queja proviene, como ya explicábamos, de la imposibilidad de hacer deducibles el 100 por ciento de las inversiones comprometidas en los proyectos con la CFE. Los llamados Productores Externos de Energía sólo podrán deducir el 50 por ciento de las inversiones en activos, lo que se ha argumentado como un incremento en los costos de los proyectos firmados y pagados por la CFE, en donde los márgenes son realmente altos.

En 2008 se calculó que el costo sería de al menos 450 millones de dólares. En ese momento ya se negociaba un arreglo con la CFE para encontrar una solución a contratos firmados una década atrás de la vigencia de la Ley del IETU. El monto de estos contratos rebasa los 10 mil millones de dólares. Fácilmente las empresas que se consideran afectadas argumentarían el principio de no retroactividad de las leyes, con lo que el amparo se otorgaría sin grandes problemas. En ese año se mencionaron a empresas como AE, Intergen, Mitsubishi, Gas Natural México, Repsol y Electricité de France, entre otras. 

Ahora, las finanzas públicas del país están registrando un efecto pernicioso a partir de un hecho que ya se había advertido, pero cuyas devoluciones se están aplicando a partir de este año o, en el peor de los casos, están siendo absorbidas por la CFE con el correspondiente costo al erario de todos los mexicanos. Pero de esto nadie dice algo, al menos en el gobierno federal.

Apuntes cortos

Y ya que hablamos de la CFE, sabemos que hay una fuerte promoción para que su actual director, Alfredo Elías Ayub, sustituya en el cargo al actual director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, quien al parecer mantiene fuertes diferencias con Felipe Calderón y la Secretaría de Energía, Georgina Kesel por la privatización de la empresa petrolera. Sin embargo, los detractores del director de la CFE preparan una campaña de desprestigio para impedir que éste llegue a la principal empresa del Estado y amenazan con revelar una supuesta cuenta bancaria en alguna institución europea, en donde un empresario de origen libanés le habría hecho presuntos depósitos millonarios a cambio de favores públicos. Ya veremos.