Han pasado cinco meses desde que el Departamento de Defensa de Estados Unidos dio a conocer el estudio Joint Operating Enviroment 2008 (JOE 2008), que ubica a México junto con Pakistán como dos de los grandes problemas de seguridad nacional a los que se enfrentará ese país durante los próximos años.

Este análisis que provocó reacciones de varios países, incluido México, adelantaba el recrudecimiento de las amenazas para Estados Unidos a raíz de la guerra contra el narcotráfico.  El mismo reporte provocó que el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, buscara una reunión con el general James Mattis del Join Forces Command.

El contenido de aquella reunión se mantuvo por cortesía, dijo Sarukhán, bajo la más estricta confidencialidad, pero trascendió la inconformidad de México respecto al contenido del reporte que colocaba a nuestro país muy cerca de la denominación de “Estado fallido”.

La única respuesta que tuvo el gobierno estadunidense fue que el estudio en cuestión no representaba una posición oficial del gobierno y que solamente se utilizaba como un documento de apoyo para alentar al debate. Las predicciones, aseguró Mattis como responsable del documento, siempre resultan riesgosas.

México, en cualquier caso, quedó muy mal frente a ese país, pero sobre todo ante la comunidad internacional que comenzó a cuestionarse si en realidad el gobierno mexicano estaba perdiendo la lucha contra el narcotráfico y si la seguridad interna de Eestados Unidos se veía amenazada por su vecino del sur.

En el amplio estudio del Departamento de Defensa de EU no se menciona a Colombia, totalmente penetrado por las fuerzas militares estadunidenses, ni a otros países de la región como Venezuela, en donde su régimen socialista podría ofender a las “buenas conciencias” de la democracia de Estados Unidos.

Igual que Pakistán e Israel, México se vio afectado por los pronunciamientos del Departamento de Defensa de EU. A esos dos países se les ubicó y estigmatizó como poderes nucleares a la par de Rusia, China, India y Corea del Norte. De México se aseguró que se ubicaba como uno de los dos países que podrían enfrentar un acelerado colapso interno, pero todo perfilado supuestamente por el crecimiento de las fuerzas del crimen organizado, cuando aquí habría que revisar otros factores principales que son omitidos por el estudio gringo, como son la extrema pobreza que mantiene al país con una enorme inconformidad social, los grupos guerrilleros que siguen preparándose para algún levantamiento armado, la enorme corrupción en los tres poderes de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y la complasencia y complicidad de los medios de comunicación hacia con el gobierno en turno.

Fue en ese momento que el gobierno de Felipe Calderón giro instrucciones a los responsables de la Embajada de México en Estados Unidos y al Consulado en ese país para que iniciaran una campaña mediática que mejorara la imagen de México entre la población del país vecino.

Pero no fue posible, David Gregory, secretario de la Defensa de Estados Unidos, aseguró en conferencia de prensa que si bien el presidente Calderón había emprendido por primera vez una batalla en contra de los carteles de narcotráfico, lo más importante era que, finalmente, el gobierno mexicano estaba superando algunos de los viejos prejuicios contra la cooperación de las fuerzas armadas de Estados Unidos en territorio nacional.

Esa fue una declaración que despertó muchas suspicacias. Pero fue más allá: “A los mexicanos les podemos dar entrenamiento, recursos, capacidades de reconocimiento y vigilancia; datos de inteligencia”. En fin, a cinco meses de aquel estudio comienzan a lograr lo que buscaban, una clara intervención ya no sólo de las distintas corporaciones policiales y de espionaje de Estados Unidos, sino fuerzas militares que puedan ingresar a nuestro territorio para apoyar una supuesta lucha contra el crimen organizado y las mafias de la droga. Un pretexto con el cual ha colaborado el gobierno mexicano para evitar críticas de la población por el abierto y cínico intervencionismo gringo.

David Gregory no tuvo empacho en asegurar que si las condiciones de seguridad en México habían empeorado en las últimas décadas, era porque sus antecesores se habían negado de manera consistentemente a cooperar con Estados Unidos. En una palabra, permitir el ingreso de las fuerzas policiales, militares y de “inteligencia” al territorio mexicano.

Pandemias, la otra gran amenaza

Sin saber que meses después a la edición de este estudio México enfrentaría una alerta epidemiológica, el Departamento de Defensa de Estados Unidos también incluyó el tema de las pandemias en las áreas que podrían atentar contra la seguridad nacional de ese país. Recordaba que a causa de una pandemia el continente europeo llegó a perder la tercera parte de la población. No sólo eso, los efectos sociales, religiosos, políticos y económicos, fueron devastadores.

De presentarse una pandemia en el Continente Americano, establecía el Departamento de Defensa, las consecuencias serían profundas y estarían presentes durante las próximas dos décadas. Por ello, el elemento crucial en cualquier respuesta a un fenómeno como éste, decía el controversial estudio, sería la respuesta política que impusiera de inmediato una cuarentena. Así lo hizo México de inmediato y el gobierno de Estados Unidos debió sentirse muy complacido. Se siguieron al pie de la letra las instrucciones.

En el caso del Síndrome Agudo Respiratorio Severo (SARS) se reportó la muerte del 10 por ciento de los casos que se contagiaron con una acelerada transmisión en los meses de marzo, abril y mayo, para después mostrar un nivel claro de declinación. Por ello, desde noviembre de 2008 se advertía que una experiencia como el SAR´s podría repetirse. Temía, entonces, que se repitiera la experiencia de la influenza pandémica de 1918, también conocida como la “Gripe española”, que costó millones de muertes a nivel mundial.

Para Estados Unidos, un acontecimiento de estas dimensiones representaría graves consecuencias. Por ello, no se descartó entonces que organizaciones terroristas observaran la posibilidad de lanzar un peligroso virus. Un envío deliberado de un elemento patógeno, especialmente si se ha pensado en un mecanismo para incrementar su mortalidad, representaría un mayor desafío y sería más probable que una pandemia como la que se desató con el SARS.

Los terroristas, preveía el Departamento de Defensa, si bien buscarían un punto de origen del contagio, también se ocuparían de abarcar diferentes localidades para lograr un rápido contagio. Esto complicaría el desafío médico para mantener bajo control la pandemia pero sobre todo para evitar la identificación la responsabilidad de su aparición.

Seguridad nacional la mexicana

Un tema delicado, escabroso, mal entendido y peor aplicado por el gobierno federal panista es la seguridad nacional, a la cual identifica sólo como un asunto militar para luchar contra el crimen organizado y los grupos subversivos, y deja de lado la estabilidad política, el desarrollo económico, las formas democráticas de gobierno, las condiciones de vida de las personas y, sobre todo, los derechos humanos, dentro de los cuales el Estado tiene la obligación constitucional de asegurar una buena salud, alimentación, educación y vivienda.

Esa parcial y equivocada interpretación gubernamental de la seguridad nacional, tiene a México como el centro de un grave problema mundial de salud que ya ha costado la vida a decenas de personas y que se ha agravado en algunos estados de la República. Se trata de este nuevo virus de la influenza que puso en jaque al país y reveló la incapacidad gubernamental de utilizar el presupuesto y los instrumentos de la seguridad nacional para prevenir y reaccionar rápidamente ante fenómenos bacteriológicos que atentan contra la población.

Dos expertos en materia de seguridad nacional, Guillermo Garduño, especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh, y Jorge Luis Sierra, especialista en fuerzas armadas por el Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, entrevistados por el reportero Zósimo Camacho, coinciden en que las instituciones encargadas de proteger la nación mexicana fueron incapaces de alertar y prevenir el riesgo pandémico, porque están más concentradas en el espionaje político y en vigilar los movimientos sociales opositores y lo que ellos consideran subversivos.

Dos de las principales áreas gubernamentales encargadas de la seguridad del Estado mexicano son el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Sección Segunda del Ejército, Inteligencia Militar, y ambas están concentradas en estudiar y combatir a los cárteles de la droga y en vigilar a los disidentes políticos, dejando de lado los problemas de salud pública, la pobreza extrema y los derechos humanos de los mexicanos.

Dice Garduño que la primera obligación de un Estado es preservar la integridad de su propia población, y Sierra sostiene que cuando se está ante un agente que amenaza a la población del país, como este caso concreto del virus, se está ante un asunto de seguridad nacional. Para ambos expertos en seguridad nacional no hay duda: la emergencia sanitaria generada por los brotes del virus A/H1N1, también conocido como influenza porcina, debería ser considerada un asunto de seguridad nacional, lo cual se niega el gobierno mexicano a entender.

En una investigación de la revista Contralínea, el reportero Zósimo Camacho explica cómo en otras naciones, incluídos algunos países subdesarrollados, sus gobiernos han instrumentado sistemas de inteligencia y seguridad nacional para vigilar y combatir amenazas bacteriológicas y pandémicas, dándoles tratamiento de asuntos de seguridad nacional, mientras que en México se utiliza a los órganos de inteligencia a extremar medidas de protección a burócratas y politicos vinculados con el régimen en turno, sobre todo cuando el nivel de violencia del crimen organizado se ha incrementado y, de continuar la ruta colombiana de criminalización, seguirían ataques a servidores públicos, legisladores y jueces.

Eso explica porqué un servidor público como Eduardo Medina Mora, quien se desempeñaba al frente de un órgano de seguridad nacional como el Cisen, haya sido trasladado por el presidente de la República al ministerio público federal como abogado de la nación, para desde la Procuraduría General de la República combatir a las bandas del narcotráfico, aunque el resultado haya sido fallido.