Al blanqueo de capitales, o “lavado” de dinero como se le conoce comúnmente, se le considera la punta del iceberg que subyace debajo de los escombros que está dejando la debacle financiera iniciada en Estados Unidos con la venta masiva e irresponsable de instrumentos de deuda ligados a hipotecas cuyo pago nunca estuvo del todo garantizado. De hecho, no es casualidad que el primer punto de la agenda del Grupo de los 20 (G-20) haya sido el combate contra el “lavado” de dinero.

Reconocido mundialmente como el principal centro de “lavado” de dinero, Estados Unidos hizo de los créditos a la vivienda el motor de crecimiento de su economía sin medir riesgos. De esa política pública surgieron millones de intermediarios que buscaron a toda costa replicar las ganancias, y fue en medio de ese aparente auge cuando se anidó el fraude como una práctica recurrente en los circuitos financieros de EU.

Para los representantes del G-20, que en estos días se reunirán en Londres como un intento por reconstruir los paradigmas de las finanzas internacionales, el “lavado” de dinero aparece desde sus documentos constitutivos como una de las principales preocupaciones y amenazas de las economías desarrolladas y emergentes.

En breve se dará a conocer la Estrategia Nacional Contra el Blanqueo de Capitales a un año de que el gobierno de Estados Unidos dijo que revelaría los avances en este sector que incluyen los trabajos de la Fuerza de Tarea de Acción Financiera (Financial Action Task Force, FATF), a través de campañas directas dirigidas al sector privado en regiones de todo el mundo. La tendencia y la coyuntura, sin embargo, impondrán nuevos retos a las autoridades mexicanas.

El G-20, que aún encabeza Estados Unidos junto con las principales economía de Europa y Japón, y en el que también México es invitado con categoría de “participante”, ha reconocido indirectamente que los miles de millones de dólares que se esfumaron durante los últimos años debieron haber sido escondidos, transferidos y, finalmente, blanqueados a través de los circuitos financieros. Las actividades fraudulentas predominaron en un ambiente dentro del sector bancario, bursátil y económico que quiso convencerse a sí mismo de que, entre menos transparencia, más bonanza y beneficios para todos.

Pero el resultado ha sido catastrófico. La reforma al sector financiero que se propone para detener los abusos que pusieron en riesgo a la economía mundial tendrá que revisar forzosamente cada una de las reglas que, hasta ahora, habían aparecido como el decálogo dictado por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el Banco Mundial.

Por ello, mientras en las principales naciones de Europa y América se pide a este club de los países más poderosos del mundo que hagan lo posible para que las economías vuelvan a generar empleos y riqueza, la preocupación se centra en detener las fugas y filtraciones que permitieron que el fraude se apoderara del sector bancario y bursátil al prometer abiertamente ganancias fáciles y altamente redituables. En otras palabras: recuperar la confianza.

En México, las autoridades han negado una y otra vez que un contagio directo se hubiera presentado en el sector financiero local a raíz de la crisis de las hipotecas subprime. Sin embargo, varios ejemplos hablan mal, muy mal de la regulación mexicana y la aplicación de las legislaciones vigentes, las cuales, sin embargo, se han exaltado como legislaciones de avanzada.

El caso Standford, por ejemplo, cuya autorización para gestionar una administradora de fondos de inversión terminó por retirarse del territorio mexicano, o la clausura de Inverban que captaba recursos sin autorización y, finalmente, las inversiones en títulos de empresas hipotecarias como Metrofinanciera que se capitalizaron y excedieron los límites de sus actividades al convertirse prácticamente en empresas inmobiliarias, son sólo la muestra de una colección de alertas que las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tendría que estar observando, pero sobre todo preparándose para modificar los marcos regulatorios que vigilan a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), a los fondos de inversión, a las Sociedades Financieras de Inversión en Fondos para el Retiro (Siefores) y, por supuesto, a la banca instalada en México.

En los últimos dos años y medio las autoridades de la CNBV han autorizado al menos 900 Sofomes, de las cuales no opera ni siquiera la tercera parte. Son, de hecho, el intermediario más buscado para realizar negocios en el sector financiero, dado el escaso nivel de vigilancia y regulación. Así se aprueban y constituyen en el ánimo de ampliar el financiamiento para la población, pero no ha sucedido y los grandes bancos e intermediarios las están utilizando para reducir sus obligaciones de rendición de cuentas y transparencia frente a las autoridades regulatorias. Junto con las uniones de crédito, las Sofomes podrían representar una verdadera bomba de tiempo al convertirse en un riesgo sistémico para la economía mexicana que se encuentra en caída libre.

Las apuestas por dinero sucio

Otra amenaza ya cubre al sector financiero y el G-20 lo sabe: ante la significativa reducción de los niveles de liquidez que se presentan en los circuitos financieros, el dinero sucio, resultado de fraudes y extorsiones, trata de personas, delincuencia organizada, tráfico de armas y, por supuesto, narcotráfico, tendrán un camino mucho más corto hacia la banca y todo tipo de intermediarios financieros. Allí se encuentra la tentación de permitir que los capitales ilícitos ingresen sin grandes restricciones en un momento sumamente complicado. Renombrados futurólogos europeos ya lo advirtieron y es allí en donde debería estar el énfasis de las autoridades en un momento en el que la población y los movimientos sociales resentirán los efectos de una gran depresión económica.

México, capturado por el narcotráfico, ha sido objeto de severos señalamientos y que hace algunos años fueron pretexto de operaciones ilegales transfronterizas a cargo del gobierno de Estados Unidos, como la operación Casa Blanca, cuyo principal objetivo fue demostrar que en México el “lavado” de dinero es una actividad cotidiana que no recibe la suficiente atención de las autoridades. Antes había otro claro ejemplo: el caso de los fondos transferidos por Raúl Salinas de Gortari desde Citibank para decenas de cuentas en Europa y Estados Unidos, lo cual sólo confirmó que los grandes bancos de ese país son los principales receptores de cuentas cuyos fondos y origen nunca están lo suficientemente claros y, a ellos, eso no les importa.

En medio de esta coyuntura, resulta relevante la información que presenta en su más reciente edición semanal la revista Contralínea sobre las actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, de lo cual poco se sabe y que ahora ha denunciado ante la Procuaduría General de la República 126 operaciones que podrían constituir el delito de “lavado” de dinero en los circuitos financieros mexicanos.

La investigación de la reportera Nancy Flores devela las transacciones hechas en el circuito financiero mexicano entre 2006 y 2008 y que involucraron recursos por la nada despreciable cifra de 31 mil millones de pesos en total, que equivalen a poco más de 2 mil millones de dólares.

En total, éstas involucraron 31 mil 357 millones 70 mil 881 pesos –equivalentes a 2 mil 90 millones 471 mil 392 dólares, a un tipo de cambio de 15 pesos por 1 dólar–, cifra que representaría apenas el 8 por ciento del capital sucio que entra al país, de acuerdo con David T. Johnson, director de la oficina de narcotráfico internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos. Es decir, el 98 por ciento del dinero sucio que se lava en  México circula sin problema alguno y sirve para financiar más delitos.

En México, más de 450 mil personas participan en el negocio de las drogas, las cuales  mueven capitales hasta por 25 mil millones de dólares al año, según la agencia de noticias AP.

De acuerdo con la investigación periodística, las denuncias interpuestas por la SHCP contra instituciones financieras que operan en México se presentaron en el siguiente orden: 53 en 2006, por un monto de 17 mil 255 millones 396 mil 274 pesos; 25 en 2007, por 5 mil 552 millones 510 mil 314 pesos, y 48 en 2008, por 8 mil 549 millones 164 mil 293 pesos, según consta en la respuesta a la solicitud 0000600021909 hecha por Contralínea a la Secretaría de Hacienda.

A pesar de los montos involucrados, entre diciembre de 2006 y octubre de 2008 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores apenas impuso 163 sanciones firmes por sólo 6 millones 36 mil 479 pesos contra 71 bancos, oficinas de representación, sociedades financieras de objeto limitado e inmobiliarias que violaron la Ley de Instituciones Financieras, indica la respuesta a la solicitud de información 0610000026608.

Las infracciones se derivaron de 50 tipos de violaciones a la ley, entre las que se encuentran las relacionadas con el artículo 115, que previene el delito de “lavado” de dinero. Las sanciones en firme pueden significar que el infractor pagó la multa o que agotó todos los medios de defensa legal a su alcance para echar abajo nuestra sanción, y no lo pudo hacer.

De las 126 denuncias que presentó la UIF ante la PGR, 87 fueron proactivas y 39 reactivas, indica el portal en internet de la institución de inteligencia.

En la primera modalidad no interviene ninguna investigación previa de la PGR, sino exclusivamente se hace del conocimiento del Ministerio Público el análisis de conductas que podrían constituir el delito de “lavado” de dinero. La argumentación contenida en la misma se obtiene de las bases de datos de la UIF, explicó la Secretaría de Hacienda al Instituto Federal de Acceso a la Información, en la resolución del recurso de revisión 2202/08.

Según la dependencia que encabeza Agustín Carstens, las denuncias reactivas “son aquellas en que la UIF interviene a petición de la autoridad investigadora. De esta manera, cuando el Ministerio Público considera que tiene reunidos, en forma indiciaria, los elementos del delito previo solicita la intervención de la UIF para que ésta se pronuncie sobre si se ha utilizado el sistema financiero y, en consecuencia, formule la denuncia correspondiente”.

Los expertos consultados en el reportaje de la revista Contralínea ponen en el dedo en la llaga: “el problema en México es la red de corrupción, pues ésta es la que permite hasta cierto punto que siga permeando, dentro del sistema financiero, cierta parte de ese dinero que proviene de la comisión de cualquier delito”.

La exfuncionaria de Hacienda y de PGR, María de la Luz Núñez Camacho, señala por ejemplo que la corrupción es uno de los ilícitos que deja muchos recursos y no es violento. No obstante, indica que ésta va ligada con todos los fenómenos del narcotráfico: “si no hubiera habido corrupción, no tendríamos este nivel de violencia que estamos viviendo”.

La también extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR explica que el gobierno federal tiene que combatir el “lavado” de dinero, para que dé resultado la lucha contra la delincuencia organizada. “Al mermar los recursos de los delincuentes se les va a quitar el poder económico y por lo tanto la violencia tendrá que bajar”.

Los números oficiales parecen no dimensionar adecuadamente el problema.  En el periodo de 2006 a 2008, la UIF analizó 536 reportes de “operaciones preocupantes” que le enviaron las autoridades financieras. Éstos se relacionan con las transacciones que presumiblemente involucran a funcionarios, directivos, empleados y/o apoderados de instituciones financieras, que por sus características pudieran contravenir lo dispuesto en las leyes mexicanas.

oficiodepapel@yahoo.com.mx