Por todos los medios el gobierno federal pretende hacernos creer que la lucha que libra en contra de bandas del narcotráfico es legítima y que la confrontación armada, con todas sus consecuencias, es la única forma de hacerlo. Sin embargo hasta ahora los resultados son catastróficos y diariamente los muertos elevan las estadísticas criminales, aunado a los secuestros, los heridos, los consumidores de drogas y las detenciones.

Pero en esta guerra que libran militares y policías contra cárteles de la droga, también hay bajas de la población civil que, indefensa, observa con temor cómo se reducen sus espacios de libertad y de tránsito, al tiempo que las bandas delincuenciales ganan terreno, por más que el mismo Felipe Calderón diga que el gobierno tiene bajo control todo el territorio nacional.

Para reducir la violencia que mantiene a México como una de la zonas de mayor riesgo del mundo, lo que ha golpeado al sector turístico del país y al ingreso de divisas e inversiones de capitales extranjeros, algunas voces se han pronunciado por la legalización del consumo de droga y otras por la negociación directa con las bandas del narcotráfico, a fin de pactar la producción y el transporte de estupefacientes hacia territorio estadounidense, sin que ello ocasione más muertes en el país. A esto la respuesta ha sido inmediata y unánime del gabinete, en el sentido de que el gobierno calderonista no negociará con delincuentes, como se hizo en el pasado, llámese Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y otros expresidentes. Tampoco, dice, se legalizará el consumo.

Sin embargo hay muchas dudas sobre las verdaderas intenciones presidenciales para mantener la extrema violencia en las calles, en donde lo mismo mueren narcotraficantes, policías y militares, así como personas inocentes que cruzan en el momento menos oportuno por calles y avenidas de todo el país. Y ello tienen que ver con la enorme corrupción que hay en los cuerpos de seguridad y justicia, así como en las áreas administrativas y de operación de las secretarías de Estado o empresas paraestatales como Pemex. Esto es lo que ha permitido que cualquier área de gobierno sea infiltrada por el crimen organizado y así se allega información a todos los niveles, lo que hace imposible acabar con él y su red de corrupción y complicidad.

Entre los últimos mensajes relevantes que envió Felipe Calderón a la nación de que su gobierno sería omiso para combatir la corrupción y además la fomentaría, fue el caso de los contratos que el exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, firmó con la paraestatal Petróleos Mexicanos, en su dualidad de empresario-servidor público, en donde el presidente no sólo no retiró del cargo a quien consideraba su hombre para sustituirlo en Los Pinos, sino que lo alentó para continuar impunemente bajo un manto protector presidencial, enviando así un mensaje equivocado a la población en el sentido de que cualquier funcionario público puede hacer negocios con el gobierno aún cuando sea la misma área en donde labora, sin importar que con ello viole leyes y reglamentos que lo impiden.

Entonces la principal lucha que debería encabezar Felipe Calderón es en contra de funcionarios corruptos, que los hay en todas las áreas de gobierno, e impedir así la infiltración del crimen organizado en las distintas entidades públicas, desde donde se sienten seguros para controlar el país.

De tal manera que no es mediante la fuerza pública, incluidas las fuerzas armadas, las que deben de tomar las calles para enfrentarse a balazos con sicarios y delincuentes que están dispuestos a morir, porque tienen garantizados sus funerales y la ayuda económica a sus familias, mientras que policías y soldados esperan con miedo el siguiente ataque sin mayor protección que su habilidad y suerte.

Otro dato inequívoco de la falta de voluntad del gobierno federal para combatir a fondo el problema del crimen organizado, es su negativa a investigar el dinero sucio que se genera con las actividades ilícitas, pues ninguna autoridad pretende siquiera molestar a las instituciones financieras y bancarias, en su mayoría extranjeras, que por excelencia son los principales centros de lavado de dinero en el mundo.

Si se intentara quebrar las estructuras delincuenciales, es precisamente pegándoles en el manejo de los recursos económicos como el gobierno podría realmente mermar a las bandas del crimen organizado, pues sin dinero les sería imposible contratar a más personal dispuesto a arriesgar su vida a cambio de unos cuantos dólares. Lo mismo sucedería con la compra de estupefacientes a países de centro y Sudamérica, el pago a transportistas y el soborno a funcionarios y policías corruptos en ambos lados de la frontera. Sin estos recursos, el narcotráfico realmente se vería afectado, y no como se piensa que deteniendo a unos cuantos sicarios y operadores podrán terminarlo.

Calderón se ha mostrado escandalizado porque, según él, la revista Forbes ha hecho apología del delito al incluir en sus listas de los hombres más ricos del mundo, algunos de los cuales, si no es que todos, deberían ser investigados por delitos de cuello blanco, al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien se ha convertido en el principal jefe del tráfico de drogas que se consumen en Estados Unidos.

Es ahí en donde Calderón quiere presume carácter contestando al gobierno de Estados Unidos que es corresponsable de la violencia en México, al mantener el principal mercado de consumo de drogas, pero ante ello ha sido sumiso y obediente a las directrices que le dictan desde Washington, mientras que su gobierno prefiere poner su territorio y los muertos para que sea aquí en donde se libre la guerra que todos sabemos ya tiene perdida.

Las violaciones de la banca extranjera

En esta semana que inicia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá dar a conocer la posición del gobierno federal sobre la banca extranjera en México que ha incurrido en violaciones a la Ley de Instituciones Crédito. El anuncio debería presentarse antes del 19 de marzo, la fecha que han marcado los banqueros del país para reunirse en su cónclave anual en el puerto de Acapulco. De otra forma, fuera del lugar – como sucedió con su reciente aparición en un campo de beisbol,  el  titular de Hacienda, Agustín Carstens, tendrá que ofrecer una explicación a la opinión pública del silencio que guarda la dependencia a su cargo respecto del control que ejerce el Departamento del Tesoro en el capital de Citibank y, por lo tanto, de Banamex.

El gobierno federal  tendría que hablar públicamente sobre lo que seguramente ya ha conversado en privado con las autoridades del gobierno estadounidense. No se trata de un asunto sencillo. Es necesario conceder al menos eso al gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, se necesita experiencia para administrar una situación que, por primera vez en el sector financiero, colocarían a México con una ventaja frente a los estadounidenses. 

Aquí en México uno de los principales bancos estadounidenses opera la subsidiaria que se ha convertido en la joya de la corona de sus ingresos. Además, el gobierno mexicano tiene en sus manos la oportunidad de exigir que se cumpla la ley y propiciar la venta de Banamex. Pero no sólo se trata de Banamex. Ahora resulta que la aseguradora estadounidense AIG, que también ha recibido recursos millonarios en un intento por salvar a millones de hipotecas que dependen de ella en Estados Unidos,  pues se trata de la compañía que garantizó préstamos a la vivienda para su colocación como deuda en los mercados de valores, se enfrenta a la misma situación irregular que Citi.

La Ley General de Instituciones de Seguros y Sociedades mutualistas también sanciona que un gobierno extranjero participe en el capital de una compañía aseguradora con operaciones en México. AIG, igual que Citigroup, podría constituir un fideicomiso con acciones de tipo neutro para salvar buscar regularizar la posición accionaria del gobierno federal, derivada de la capitalización de sus operaciones. Se trata de lo que algunos juristas califican como simulación, pero que en estricto sentido podría ayudar a salvar este problema legal en el que la crisis ha colocado a los gigantes de sus sistemas financiero que han extendido sus operaciones a México.

AIG ha recibido del gobierno estadounidense poco más de 180 mil millones de dólares. Respecto a los negocios que abrió AIG en México, vale la pena recordar que, gracias a la intermediación de la Secretaría de Hacienda en la época de Francisco Gil Díaz, esta aseguradora buscó participar en el mercado de las hipotecas mexicanas cuando arrancó el mercado de certificados bursátiles.

Hoy, por supuesto, es la principal empresa que ofrece el Seguro de Crédito a la Vivienda, cuyo componente se incluye en casi cada préstamo hipotecario que se autoriza en el país y que ha sido parte de una emisión de deuda. Entre los directivos de AIG figuran desde 2004 exdirectivos de Banamex y Bancomer, especializados en el mercado de riesgos, que conocen la profundidad del mercado de hipotecas. Su principal cliente ha sido la Sociedad Hipotecaria Federal a cargo de Javier Gavito. Hoy directivos como Octavio Figueroa rinden cuenta de sus operaciones en México al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Fue apenas en octubre de 2008 cuando AIG United aprobó iniciar sus operaciones en México luego de que la SHCP le otorgó la licencia para operar como aseguradora de créditos hipotecarios. Sin embargo, desde 2005 y 2006, AIG recibió el respaldo de Hacienda para ofrecer este tipo de productos.