El artículo 18 de la Ley de Agrupaciones Financieras podría marcar una diferencia en la polémica que se ha desatado por la propiedad de Banamex. Resulta que a diferencia de lo que sucede con la Ley de Instituciones de Crédito, esta normatividad si prevé la revocación de la autorización para operar una licencia de banca múltiple en el caso de que se incurra en una violación al régimen de propiedad. Hasta ahora, sin embargo, la discusión se está enfocando en el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito que, si bien prohíbe que un gobierno extranjero participe en un banco múltiple, no prevé sanción al respecto.
Podría ser esta razón por la que hasta ahora los ejecutivos de Citibank- Banamex que aquí representan los intereses del banco estadounidense, pero cuyos antecedentes también los ligan con los expropietarios de Banamex, se han limitado a guardar silencio. Para ellos no existe problema alguno en que las autoridades mexicanas se enfrenten al dilema de hacer valer la legislación en la materia o devolverle al tesoro estadounidense uno de los tantos favores que ha hecho al gobierno mexicano, sobre todo ahora que las reservas internacionales del país también se encuentran apuntaladas por un crédito del gobierno estadounidense.
Hasta ahora es claro que el gobierno mexicano está esperando que sea Citigroup, ya bajo la operación del Departamento del Tesoro, el que decida el destino de Banamex, el banco que recibió apoyo del gobierno federal para capitalizarlo después de la crisis devaluatoria de diciembre de 1994 y el rescate bancario.
Ante la sequía de recursos en los mercados financieros y los problemas para obtener fondeo de Nafin, la sociedad financiera de objeto múltiple, Tú Eliges, está buscando créditos con la banca comercial. Ahora, Tú Eliges, a pesar de haber crecido al amparo de los fondos para Pymes, no ofrece ya financiamientos a este sector y ha decidido dedicarse a los créditos al consumo. El problema con su relación con Nafin se presentó después de que el director jurídico de Nafin fue despedido. Por cierto, ahora este banco de desarrollo enfrenta una demanda laboral de su exdirector jurídico Miguel García, quien fue despedido después de que el banco de desarrollo habría encontrado que el exfuncionario podría haber privilegiado a ciertos intermediarios en el descuento de fondos y garantías. García, sin embargo, considera que su salida de Nafin fue injustificada y ahora busca una indemnización. Lo que no ha tomado en cuenta García es que ante Nafin ya se presentaron varias solicitudes de información, al amparo de la Ley de Transparencia, que buscan la información que lo inculparía en privilegios poco claros a ciertas sofomes como Tú Eliges.
Deudores de la Banca vs exbanqueros
Y a propósito de Banamex y las intenciones de exbanqueros y exfuncionarios para apoderarse de esa institución financiera, el Movimiento Deudores de la Banca envía su opinión sobre lo que consideran se trata de un vil atraco, una vez más, en perjuicio de los mexicanos:
El grupo financiero que encabeza Francisco Gil Díaz está a punto de cometer -si lo permitimos- un nuevo atraco a los mexicanos: aprovechar la crisis de Banamex para recomprar una gran parte de sus acciones, embolsándose jugosas ganancias. La trampa que han montado Gil Díaz y sus secuaces, entre ellos Roberto Hernández y Eduardo Medina Mora, para cometer este nuevo atraco consiste en:
Primero: ahora que Banamex está en quiebra por la crisis, y que Obama decretó su nacionalización (al adquirir 36 por ciento de sus acciones), y que las leyes mexicanas prohíben la injerencia extranjera en bancos por arriba del 13 por ciento de participación, Roberto Hernández, hasta hace unos días miembro del consejo de administración de Banamex, y Eduardo Medina Mora, director de Citigroup para América Latina, ambos, desde hace años, miembros distinguidos del grupo de Gil Díaz, compraron 7.8 millones de dólares de acciones de Citigroup.
Segundo: la trampa para hacer de este un negocio redondo, está en que esas acciones que compraron hoy valen casi nada: 1.4, 1.5 dólares cada una, cuando hace muy poco costaban hasta 50, y en que Citigroup, que valía 12 mil 500 millones de dólares en 2001, ahora vale apenas unos 3 mil 500 millones de dólares.
Tercero: como prueba de que Roberto Hernández y Medina Mora operan con la ayuda de Gil Díaz, está el que las autoridades financieras mexicanas, en las cuales, como se sabe, tiene una gran influencia el exsecretario de Hacienda, están haciendo todo para torcer la ley y hacer legal la injerencia estadounidense en Banamex, con lo cual las acciones que hábilmente compraron Hernández y Medina Mora podrían subir de precio, llevándose ambos exorbitantes ganancias.
Cuarto: pero la ganancia sobre la ganancia, la que mediante abusos y artimañas se ha hecho este grupo montado sobre la espalda de los mexicanos, viene desde 1995, en que Banamex, cuyo dueño era casualmente Roberto Hernández, fue rescatado por el Fobaproa, siendo que no era un banco en crisis y que había cometido enormes irregularidades con sus créditos. Fue el propio Gil Díaz quien -pocos años después- movía todo su poder para favorecer a sus amigos de Banamex y para convertir la deuda del Fobaproa (de 1 billón 300 mil millones de pesos) en deuda pública que injustamente estamos pagando los mexicanos con nuestros impuestos.
Quinto: Por si fuera poco, en 2001 Gil Díaz, entonces secretario de Hacienda, echó a andar al grupo que encabeza para que Banamex fuera vendido a Citigroup en 12 mil 500 millones de dólares, sin que se pagara un solo centavo de impuestos, beneficiando nuevamente a su entonces propietario e íntimo amigo Roberto Hernández.
Exigimos poner un alto al grupo que encabeza Gil Díaz y conocer toda la verdad sobre el abuso que significó para los mexicanos el Fobaproa.
Nueva crítica por la “partida secreta”
Con relación a la “partida secreta”, de la cual nos ocupamos en este espacio y que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se utilizó para enriquecer a familiares, amigos, políticos, dueños de medios de comunicación, intelectuales y funcionarios, se ha vuelto a poner de moda gracias al espionaje telefónico de que fue víctima el priísta secretario Luis Téllez, por los mismos órganos de vigilancia del gobierno federal panista, lo que culminó con su renuncia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el licenciado Raúl Domínguez y Domínguez nos escribe desde Taxco, Guerrero, para explicar la impunidad del expresidentes y los delitos en que incurrió:
Sin ilusión de que Carlos Salinas de Gortari sea indiciado, consignado, aprehendido, y de que sea confiscado su mal habido patrimonio, es pertinente y eficiente que se conozca que la conducta del expresidente es típica, antijurídica, coercible, culpable, grave, continua e imprescrita.
En efecto, se trata de un continuado e ininterrumpido desvío de recursos de la nación por un total de 857 o 500 millones de dólares que recibió de la «partida secreta», o sea peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de servicio público, evasión fiscal, lavado de dinero y coalición de servidores públicos; habida cuenta de que gravemente delinque como presidente de la República Mexicana, coaligado con Pedro Aspe, como secretario de Hacienda, y con el tesorero de la Federación que firmaba los cheques de traspaso a Ernesto Sentíes, éste coordinador de administración de la misma Presidencia; y en consecuencia, esos cuatro servidores públicos con otros, deben ser sujetos a juicio penal para que les impongan las sanciones por haber cometido ese concurso de delitos con premeditación, alevosía, ventaja y traición a la patria.
Esto es así porque juraron cumplir y hacer cumplir las legislaciones presupuestal, fiscal y penal, emanadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime que Carlos Salinas de Gortari, como presidente, hizo tal juramento constitucional ante el Congreso de la Unión y frente a 34 millones de televidentes el 1° de diciembre de 1988.
La clave de esa causa penal es la ausencia de voluntad política en la administración calderónica, pues el quid del asunto estriba en que debiera demostrar ahora el valor de procurar que se dictamine judicialmente que no han prescrito las responsabilidades penales, porque se trata de continuadas conductas típicas, antijurídicas, culpables y coercibles que inician el 1° de diciembre de 1988 y desde ese día continúan sin interrupción todo su sexenio y son continuadas a partir del 1° de diciembre de 1994, porque sin esos 857 o 500 millones de dólares desviados de la «partida secreta» del Presupuesto de Egresos de la Federación y sin trabajar de esa última fecha hasta el día de hoy, Carlos Salinas no tendría posibilidad de continuar viviendo como mega-millonario en el Camino a Santa Teresa del DF o en su Rancho de Agualeguas NL o en la finca de Dublín o en la cabaña de La Habana o en su chalet de Londres con su compinche José Ramón López Portillo y Romano, Téllez dixit.
Así es como el plazo de la prescripción se computaría a partir del momento en que ese desvió de recursos públicos es cesado o le sea interrumpido al presunto responsable, es decir, cuando a Carlos Salinas se le interrumpa el uso, goce y disfrute de esa mal habida fortuna de la Tesorería de la Federación, es decir cuando deje de continuar gastando esa enorme e ilícita fortuna y cuando se le interrumpa su toma de utilidades de sus inversiones con el patrimonio nacional off shore en las Islas Caimán o en Wall Street en Nueva York o la bolsa londinense y, sobre todo, que se le interrumpan las ganancias de lo que invirtió a través de su brocker en empresas públicas que fueron privatizadas por el mismo Salinas.
Recuerdo que el depuesto Rubén Figueroa Alcocer, en una entrevista al naciente periódico Reforma, tras su matanza en Aguas Blancas en 1995, a punto de ser defenestrado y encarcelado, rompe el omertá de la mafia saliniana, pues infiel e indiscreto ese gobernador impuesto en 1993 por el presidente Salinas, lo traiciona y revela que:
«… Carlos Salinas trata de tumbarme del gobierno de Guerrero, para luego derrocar a mi compadre Ernesto Zedillo de la Presidencia de México, porque el expresidente Salinas es muy rico y poderoso, habida cuenta de que se quedó con Telmex, Banamex, Sidermex, Fertimex, Uramex y Altos Hornos de México, cuando el propio Carlos hizo las privatizaciones de tales empresas paraestales …»
Puntos suspensivos…
En medio de un clima de creciente violencia en todo el país, enmarcado con violaciones a derechos humanos dentro de la lucha contra el tráfico de drogas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh presenta este lunes un relevante informe sobre abusos de militares cometidos durante los primeros dos años de gobierno de Felipe Calderón, lo que hace necesario establecer claros controles civiles sobre las diversas entidades gubernamentales que forman parte de esta estrategia. Su director Luis Arriaga explica que “nos mueve la convicción de que la seguridad pública, y en general la vigencia de los derechos humanos, sólo es posible en el marco de una sociedad democrática y realmente participativa”. Dicho informe será comentado por José Luis Caballero, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana; Miguel Cano, abogado de Fundar, y Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan… La Agencia de Noticias del Estado Notimex atraviesa un difícil proceso de revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, en donde se ha dado una extensión al plazo de negociación para alcanzar un acuerdo sin afectar la labor periodística, pero sin duda que más complicado es operar dicha agencia con pocos recursos financieros, por lo que ex extraño que el contralor interno de Notimex, Guillermo Ayala Rivera, haya reventado la reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno de esta agencia informativa que se proponía aprobar el nuevo estatuto orgánico. Al contralor no le pareció la propuesta de ubicarlo en el nivel de director de área, pues esperaba ser nombrado director general adjunto, por lo que sería conveniente que el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, revise la actuación de este polémico servidor público que ha confundido sus propósito personales con los objetivos institucionales… La semana pasada dimos cuenta de un caso de corrupción en el ISSSTE y de inmediato hubo reacciones internas. Hay inquietud del secretario de la Función Pública por investigar al coordinador administrativo de la Dirección Médica, Guillermo Dergal Kalkach, a quien se atribuye organizar una estafa con los salarios de un grupo de servidores públicos, a quienes les quitan el 50 por ciento sus ingresos a cambio de evitar cerrar esas fuentes de empleo, y si a ello sumamos supuestas comisiones en la asignación de contratos por bienes y servicios, sin duda que se trata de un foco de infección en la dependencia que atiende el priísta Miguel Angel Yunes.
