Al menos durante la última década el nombre de la compañía alemana Siemens ha estado vinculado con escándalos de corrupción en México. Desde las licitaciones para trenes suburbanos, la adquisición de equipos altamente sofisticados para el IMSS, las turbinas y equipos para la generación de electricidad y hasta los monumentales contratos con Pemex, Siemens se ha convertido en uno de los principales contratistas del gobierno federal.

Tan sólo Siemens Innovaciones, dedicada a la construcción de subestaciones eléctricas y suministro de equipo electrónico, tiene contratos por un total acumulado entre 2005 y 2008 de mil 521 millones 644 mil 741 pesos, entre licitaciones, invitaciones y adjudicaciones directas, de acuerdo con los reportes públicos y actualizados de Compranet.

De hecho, por asignaciones directas Siemens obtuvo poco más de 196 millones de pesos, una cantidad nada despreciable por sólo presentarse a proveer equipos y sistemas para el gobierno federal, sin someterse a un proceso de licitación en el que concursen otros participantes.

Siemens Power Generation, Siemens Westhinghouse Power Corporativo, Siemens Dematic (una compañía de materiales), Siemens Healthcare Diagnostics y Siemens Metering (dirigida a la comercialización de sistemas y reactivos para el diagnóstico clínico con contratos por 3.8 millones de pesos), son otros de los nombres con los que el grupo alemán concentra aquí los contratos con el gobierno mexicano.

Hace más de un año, cuando se descubrió que la firma se había movido en un camino lleno de prácticas de corrupción, el diario El País escribió: “Cuando un enfermo de Alemania tiene que someterse a una tomografía, lo último que ve antes de que lo introduzcan en el tubo es la palabra Siemens en el aparato. Si un viajero sube a un tren de alta velocidad, la locomotora será de Siemens, si usa un electrodoméstico o necesita gasolina, allí estará el nombre de Siemens”. Algo así sucede con México y por ello lo preocupante de la investigación iniciada hace más de un año en Alemania y Estados Unidos y que hoy concluye con datos reveladores de la corrupción que practica esta empresa germana.

Fue a medidos de la década de los noventas cuando un alto directivo de Siemens me dijo en una entrevista que para el grupo alemán la contratación de comisionistas era un mal necesario. De otra forma, aceptó, en México era prácticamente imposible obtener contratos si no es mediante el soborno, el chantaje y la corrupción. Por esa razón, Siemens ya tomaba en cuenta, como parte de sus costos de operación, esas comisiones por 10 a 20 por ciento del monto total de cualquier contrato. En su momento, compañías mexicanas como Bufete Industrial también denunciaron dichos problemas de corrupción mientras Siemens cerraba sólidos contratos con Pemex (en asociación con Tribasa), CFE y el IMSS, en donde por cierto se generó una gran controversia al revisarse las condiciones bajo las cuales se otorgó un gran contrato por parte del IMSS para la adquisición de equipos de radiología por más de 20 millones de dólares en la época de Hangs Georg Pauli, el director de Siemens en México, que participó en esa empresa por más de 17 años. A este directivo se le vinculó frecuentemente con el comisionista Jaime Camil y, por supuesto, con el Grupo Tribasa, con el que buscó obtener importantes contratos en el sector petrolero.

Una década después, una investigación de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés), revela y confirma que Siemens hizo de dichas prácticas de corrupción un estilo de cerrar negocios en América Latina y de acelerar sus ganancias.

Entre marzo de 2001 y el 30 de septiembre de 2007, Siemens habría realizado al menos 4 mil 283 desembolsos ilegales para cerrar contratos en México, Venezuela, Bangladesh, Vietnam, Nigeria, Argentina, China y Rusa.

Siemens pasó del “capitalismo de cuates”, definido por el premio Nóbel de Economía Joseph Stigliz como el predominio de relaciones extra corporativas o de negocios, a las prácticas institucionales y declaradas de corrupción. Tan las institucionalizó, que la SEC descubrió que en sus reportes anuales presentaba los pagos a sus comisionistas como servicios de consultoría, los cuales, incluso, respaldaba con facturas. Vaya cinismo.

El breve pero contundente expediente que se dio a conocer este fin de semana a través del portal de la publicación periodística El Semanario, asegura que en la segunda mitad de 2004 Siemens PG y Siemens S.A. de C.V realizaron tres pagos ilícitos separados a un consultor no identificado en Pemex. Se asegura, además, que una parte de ese dinero fue entregada por el “consultor” a un alto funcionario de Pemex que estaba en posición de influir en el acuerdo para obtener contratos. El director de Siemens en la región de Mesoamérica, Hans Joachim Kohlsdorf – un ejecutivo de origen alemán nacido en Colombia – habría estado al tanto de esos pagos que sirvieron para que Siemens obtuviera un contrato que recibió financiamiento del Eximbank de EU.

La querella de la SEC no precisa si dichos contratos se alcanzaron en la gestión de Raúl Muñoz Leos o durante la gestión de Luis Ramírez Corso, quien llegó a la paraestatal en noviembre de 2004. Sin embargo, por las fechas señaladas había sido la gestión de Muñoz Leos la que conoció sobre los contratos de Siemens en Pemex.

En el ojo del huracán, sin duda, se encuentran ya algunos de los consejeros independientes de Siemens como Arturo Fernández del ITAN o Francisco Garza Zambrano, quienes, al menos, tendrán que asegurar que, por supuesto, no estuvieron al tanto de las prácticas de corrupción de la firma alemana.

En México, la SEC revela que los pagos se habrían generado para alcanzar un “arreglo”

entre Siemens y PEMEX se originaron en la disputa entre esta última y el Consocio Proyecto Cadereyta, formado por la alemana, la coreana Sunkyong Engineering y Tribasa.

Ese consorcio, que ganó las licitaciones para la reconfiguración de las refinerías de Cadereyta (Nuevo León) y Ciudad Madero (Tamaulipas), mantiene una disputa con PEMEX ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional –con sede en París– por los errores de planeación y las readecuaciones improvisadas. En dicho litigio aún no resuelto, la contratista reclama a la petrolera un pago superior a los 500 millones de dólares. El consorcio entregó tarde y con fallas la obra, cuyo costo final terminó rozando los 3,000 millones de dólares, 40% más que el cálculo inicial. En 2001 Muñoz Leos aceptó como terminada la reconfiguración de la planta Cadereyta, a pesar de los detalles inconclusos. Por ello, se deduce que el soborno al consultor y al alto cargo de PEMEX fue para dirimir ese conflicto legal.

Pero no sólo a nivel federal Siemens ha escrito historias de corrupción, también en el gobierno de Guillermo Cosio Vidaurri en Jalisco Siemens se vio involucrada en problemas de corrupción durante la construcción y equipamiento de la línea 2 del tren eléctrico urbano de la ciudad de Guadalajara que involucró recursos por 25 millones de dólares. En aquella ocasión, el director general de Siemens para México me confesó que el expediente sobre la investigación se extravió y que no pudieron confirmar práctica alguna de corrupción.

Ha sido así como desde hace más de una década en círculos gubernamentales se aseguraba que la empresa alemana estaba siendo investigada por su sospechosa “buena estrella” en materia de contratos petroleros, del sector eléctrico y, por supuesto, en el sector médico. Los resultados, sin embargo, nunca se han dado a conocer y hoy una autoridad extranjera pone a México en la lista de países corruptos con los que Siemens alcanzó jugosos contratos.

Hasta ahora el gobierno mexicano no ha hecho un pronunciamiento sobre este escándalo de corrupción mientras en Berlín el presidente de la firma, Peter Loescher, aseguró que la compañía alemana ya aprendió la lección y que si bien pagó comisiones e incurrió en prácticas de corrupción en Venezuela y Argentina, hoy ha cambiado definitivamente. Siemens no habló en lo absoluto sobre México y reveló que llegaron a un acuerdo con las autoridades bursátiles de EU para pagar multas por al menos 1,300 millones de dólares.

El gobierno mexicano seguramente tuvo que entregar a la SEC información sobre los negocios de Siemens en México. Si es así, entonces la Secretaría de la Función Pública tendría que dar una explicación sobre las dependencias y los funcionarios públicos que establecieron relaciones con Siemens.

Las inconsistencias de la SHCP

Hace apenas algunos días se dio a conocer que desde 2006 el Grupo Financiero Banorte había recibido ofertas de varios fondos soberanos de Asia para adquirir una participación del grupo mexicano. La SHCP, a cargo de Agustín Carstens, se negó a autorizar una operación de ese tipo debido a que la Ley de Instituciones de Crédito en su artículo 13 simplemente prohíbe que autoridades de gobiernos extranjeros participen en el capital de bancos múltiples. En otras circunstancias sólo nos restaría felicitar a las autoridades por la dureza en la aplicación de la Ley de Instituciones de Crédito, el problema es que hasta ahora el gobierno Felipe Calderón no ha asumido el reto de hacer valer las legislaciones mexicanas frente al gobierno de EU. La capitalización de Citigroup con recursos del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal colocó a Banamex en una situación de ilegalidad. Simplemente, uno de los dos principales bancos del sistema nacional de pagos del país está incumpliendo las disposiciones aprobadas en 2000 con el propósito de evitar que un gobierno extranjero dictara políticas contrarias al interés público. La estrategia de la SHCP ha sido la de guardar silencio ante esta anomalía y esperar que el expediente se olvide. ¿Pensará en serio Rodrigo Brand, responsable de la Comunicación Social en la SHCP, que la estrategia del avestruz funciona? Es un hecho, sin embargo, que el sistema de pagos pero sobre todo el crediticio se enfrenta a nuevos riesgos ante la participación de un banco controlado por la Fed cuyos incentivos se centran en la recuperación, lo antes posible, del capital de los contribuyentes estadounidense. Participantes en el mercado de créditos ya comienzan a dar cuenta de este tipo de distorsiones que comienzan con la transferencia de recursos a EU, después de todo la Ley de Instituciones de Crédito faculta a las subsidiarias de bancos foráneas a trasladar hasta el 50% de su capital. Así que allí están los límites que podrían presentarse antes de que las operaciones de los grandes bancos extranjeros comiencen a secar los mercados.