Aun cuando para Petróleos Mexicanos la necesidad de hacer transparente la operación del Fondo laboral de los trabajadores de esa paraestatal (Folape), fue calificada como una mera idea subjetiva de los solicitantes, en una serie de alegatos presentados por su Dirección Jurídica y el Comité de Información ante el Instituto Federal de Acceso a la Información, para defender la opacidad con la que hasta ahora se han manejado estos recursos, el IFAI confirmó que, en este caso, la transparencia va más allá de la subjetividad.

La consulta y las resoluciones del IFAI cobran relevancia ante la posibilidad de conocer, en primer lugar, si lo dicho por exfuncionarios de la paraestatal es cierto: durante el gobierno de Vicente Fox se utilizaron de manera discrecional los fondos de pensiones de los petroleros para apoyar, por ejemplo, rescates como el de los proyectos carreteros o la fallida expropiación de ingenios azucareros.

Como se consideraba un fideicomiso público, la Auditoría Superior de la Federación no se había ocupado a profundidad de la fiscalización de sus recursos en custodia, a pesar de que se había ordenado, por ejemplo, que los activos que custodiaba dicho fondo se invirtieran para apuntalar la emisión de bonos carreteros a propósito del rescate de cientos de proyectos en los que fracasaron económicamente compañías como Tribasa, GMD o ICA.

Oficios internos de Pemex entre la Dirección General y la Dirección de Administración de esa paraestatal lo confirman. La Secretaría de Hacienda, durante la gestión del polémico Francisco Gil Díaz, también tendría que rendir cuentas de estas decisiones. Hasta ahora, sin embargo, constituye un gran avance que el IFAI revocara la reserva de información por 10 años, a partir de mayo de 2008, a la que Pemex había invocado a raíz de una petición de información al amparo de la Ley de Transparencia, para detener cualquier consulta sobre el manejo que se ha dado a este fondo petrolero y que hasta 2007 concentraba recursos por 6 mil 964.9 millones de pesos.

Lo más importante, sin embargo, es la conclusión del IFAI en torno a la naturaleza del fideicomiso que custodia dichos recursos: se trata de un fideicomiso público, no privado, y Pemex, bajo ninguna circunstancia, puede argumentar que al amparo del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, es decir el secreto fiduciario, no puede proporcionar información sobre el Folape.

Quedan, por lo tanto, desechados varios de los argumentos que Pemex esgrimió para evitar el acceso a la información del Folape, es un vil intento por encubrir al nefasto Vicente Fox y la corrupción que caracterizó a su gobierno y el uso discrecional de recursos públicos.

El IFAI encontró varias perlas en la búsqueda de dicha información. Al revisar minuciosamente el Contrato Colectivo de Trabajo de los trabajadores petroleros, tanto en el caso de empleados de confianza como de los sindicalizados, ratificó que en el fondo de pensiones los trabajadores no realizan aportaciones individuales, como sucede en otros esquemas. Por lo tanto, el acceso a dicha información no sólo se encuentra justificado, al recordar que año con año el Folape ha recibido transferencias presupuestales para solventar sus obligaciones de retiro e indemnización, sino en el hecho de que el total de aportaciones provienen de dinero público.

¿Algo más?
El IFAI analizó además los informes entregados por Pemex a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los cuales se destaca la obligación de Pemex de cubrir las distintas obligaciones laborales al retiro o separación, así como que los trabajadores quedan exentos de realizar aportaciones al Folape. “Por tanto es de concluir que el ciento por ciento del patrimonio fideicomitido (Folape) son recursos públicos y no recursos mixtos en los que haya aportaciones de los trabajadores”, concluyó el pleno del IFAI.

También encontró que no sólo el banco de capital español BBVA Bancomer maneja los fondos del Folape, también Nafin administra algunos de los portafolios que han ofrecido rendimientos de entre 7.3 y 8 por ciento. En efecto, encontró que esta información es pública pero que, bajo ninguna circunstancia, se ha informado el tipo de instrumentos en el que se invirtieron estos recursos públicos. No está de más preguntarse si el gobierno federal a través de Nafin sigue disponiendo ampliamente de recursos destinados al pago de pensiones, sin que ello permitiera en los últimos años crear reservas estratégicas para terminar con este pasivo.
En otras palabras, el Folape se convirtió en un barril sin fondo, porque nunca (como lo sospechamos y confirmaremos con la información que debe entregar Pemex durante los siguientes 10 días) se respetó su objetivo.

Además, en una clara complicidad con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) que maneja Eduardo Romero Deschamps, no se exigía el manejo transparente y adecuado del Folape, porque simplemente se obtenían otras canonjías políticas y económicas. Ahora, con la reforma de Pemex no nos sorprendería que en los próximos meses se declare que la deuda generada para cubrir las pensiones de la paraestatal petrolera, debe declararse deuda pública, tal y como sucederá con las partidas presupuestales que se tenían destinadas a dar servicio a los Proyectos de Impacto Diferido en el Gasto (Pidiregas).

Este es uno de los costos de la opacidad.
Las primeras resoluciones del IFAI sobre la apertura de la información sobre el Folape también dejan en claro a Pemex que en este caso no se encuentra vigente el secreto fiduciario y que la información solicitada sobre el manejo de los recursos, así como sus rendimientos, debe ser proporcionada porque en la Ley Orgánica de la paraestatal no se contempla que pueda operar como institución de crédito.

“No se podrá reservar información relativa a operaciones fiduciarias y bancarias con fundamento en el artículo 14 fracción de la Ley y por lo tanto se revoca la reserva de información manifestada por Pemex”, estableció el IFA.

Pemex, sin embargo, señaló la necesidad de llamar a BBVA Bancomer al presente procedimiento en su calidad de tercero interesado, a fin de que estuviera en aptitud de deducir sus derechos. Pero el IFAI recordó que no se trata de un interesado, pues sólo proporciona un servicio a la paraestatal.

La información ya obra en los archivos de Pemex, dice el IFAI, y agrega que deberá ser proporcionada inmediatamente.

Ahora Pemex debe publicar la información de la naturaleza solicitada y que ha sido dada a conocer en los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, pero con mayor grado de desagregación que el referido por la entidad en el sentido de que sólo está obligada a informar de los estados financieros de este Folape.
Pemex, por lo tanto, deberá proporcionar montos invertidos, plazos establecidos, tasas de rendimientos, nombre de los intermediarios y comisiones cobradas por esos servicios en la última década, es decir entre el periodo 1998 y 2008, prácticamente desde que el PAN asumió la Presidencia de la República.

Finalmente reitera que el Folape es una fideicomiso que no tiene carácter de entidad paraestatal, ya que no cae en los supuestos señalados en el artículo 3 de la Ley de Instituciones de Crédito, ni 4 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales o 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por lo que, de acuerdo con los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de información relativa a operaciones fiduciarias y bancarias, así como el cumplimiento de obligaciones fiscales realizadas con recursos públicos federales por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, este fideicomiso está obligado a entregar información únicamente por lo que se refiere a la aplicación de recursos federales.

Pemex clasificó como reservada dicha información, ya que pretende evitar la influencia de terceros en los procesos de negociación financiera, impedir, dijo, el deterioro en el comportamiento de los portafolios de inversión y las sanas prácticas de mercado.

Es decir, revelar información que refleja las estrategias de inversión de Pemex en el Folape tendría efectos desfavorables en sus finanzas, tal es el caso de divulgar las condiciones preferenciales que goza Pemex frente a diversos participantes en los mercados financieros. Pemex argumentó también que sólo liberaría la información si se cuenta con papeles que acrediten su derecho jurídico a solicitar la información. Es decir, para la paraestatal no es suficiente que se trate de recursos públicos sino que ofreció argumentos de una compañía totalmente privada.

Las empresas privadas de Pemex

Sigilosamente, como hacen todo en la principal empresa del Estado, Pemex y sus subsidiarias aceptan tener acciones en 37 empresas privadas; de éstas, 20 son de su entera propiedad y forman parte del esquema empresarial estructurado por la petrolera en paraísos fiscales. En ellas ha “invertido” un monto superior a los 63 mil millones de pesos sin rendir cuentas a nadie y, lo más grave, sin enterar al Congreso de la Unión sobre dichas operaciones financieras multimillonarias.
Estos datos privatizadores de Pemex se revelan en el número más reciente de la revista Contralínea, en donde la reportera Nancy Flores explica que desde la administración de Carlos Salinas de Gortari, la paraestatal petrolera y sus subsidiarias invierten recursos públicos en empresas privadas, a pesar de que ninguna legislación vigente las faculta para comprar o vender acciones.

Por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la paraestatal y sus filiales Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación y Pemex Gas y Petroquímica Básica reconocen las multimillonarias inversiones en 37 empresas privadas.

Pemex admite ser la propietaria única de 20 de las 37 compañías, aunque ninguna está registrada como empresa pública y mucho menos ser una paraestatal.
El valor actual de las acciones de esa veintena de empresas asciende a 30 mil 425 millones 751 mil pesos, de los cuales 29 mil 304 millones 533 mil pesos estarían radicados en los paraísos fiscales de Islas Caimán, Luxemburgo, Irlanda, Suiza, Bahamas, Países Bajos, Inglaterra y Delaware, Estados Unidos.

Ello, porque 17 de las 20 compañías forman parte del esquema de sociedades instrumentales o fantasmas (international bussines corporation) estructurado en el extranjero por la paraestatal mexicana a finales de la década de 1980 y actualmente manejado por la administración de Jesús Reyes Heroles González Garza (Contralínea 27 y 105).

Las acciones de esas empresas están capitalizadas en cinco monedas: pesos mexicanos, dólares estadunidenses, euros, libras esterlinas y francos suizos, descubren los informes entregados por Pemex y sus subsidiarias a esta revista.

De acuerdo con los datos obtenidos, Pemex Corporativo detenta acciones de 26 empresas por 59 mil 898 millones 244 mil pesos. Dicho monto representa el 93.7 por ciento del total, por 63 mil 890 millones 439 mil pesos. Además, el organismo encabezado por Reyes Heroles es el único accionista en 15 de esas compañías.
El equivalente a 4.6 por ciento, es decir, 2 mil 964 millones 821 mil 984 pesos, corresponde a las acciones que posee Pemex Gas y Petroquímica Básica. Se trata de inversiones en seis compañías, de las cuales cuatro son ciento por ciento de su propiedad.

Aunque Pemex Refinación sólo ha invertido en Mexicana de Lubricantes, el capital destinado a ésta –764 millones 144 mil pesos– representa el 1.1 por ciento del valor total actual de las acciones adquiridas por Pemex y sus subsidiarias desde la década de 1980.

El 0.6 por ciento restante se liga a la participación de Pemex Exploración y Producción en tres empresas –una de éstas de su propiedad–, por 416 millones 605 mil pesos.