Fue en 2007 cuando Agustín Carstens anunció con bombo y platillo, en uno de esos mensajes con los cuales se buscaba legitimizar el gobierno de Felipe Calderón, que se condonarían multas a los contribuyentes incumplidos que, redimidos y confesos de sus pecados tributarios, decidieran pagar al fisco sus impuestos.

Las modificaciones al último párrafo de la fracción I del Artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 establecieron las reglas para la condonación de multas. Se trató, sin duda, de una “graciosa concesión” que se intentó vender a los contribuyentes como una de las primeras acciones políticas del “presidente del empleo” a favor de las clases trabajadoras.

Un año después el mismo Carstens daba a conocer su impuesto de control, el IETU, con el cual se buscó mantener intocables las prevendas acordadas con poderosos grupos empresariales, pero también aumentar la recaudación en algunos puntos porcentuales respecto del Producto Interno Bruto (PIB).

Tal despliegue propagandístico, sin embargo, fue contrario a los acuerdos a puerta cerrada mediante los cuales se pactaron condonaciones y sobreseimientos de procesos judiciales de tipo penal contra empresarios que han defraudado al fisco. Para ellos no han sido necesarias las modificaciones a la Ley de Ingresos o cambios a través de la miscelánea fiscal, para poder arreglar sus problemas tributarios. Entre los empresarios amigos y cercanos al poder económico y político del país, lo que prevalece es del ´derecho de picaporte´. Una especie de pasaporte a la impunidad que el gobierno panista de Calderón ha establecido para beneficiar fiscalmente a sus allegados o amigos más cercanos.

Conocer a quiénes y bajo qué condiciones se les han otorgado estas canonjías resulta relevante porque sólo así podrán explicarse otros fenómenos políticos y económicos: Pero ¿cómo se generan los círculos de interés entre el sector empresarial y el gubernamental? o ¿de qué forman se generan y cobran dichos favores y cómo afectan al ejercicio de la democracia?

En México se ejerce, en materia de justicia tributaria, algo parecido al “capitalismo de cuates”, Crony Capitalism, tal y como lo definió el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz.

En su más reciente edición, los reporteros investigadores de la revista Fortuna, Negocios y Finanzas (www.revistafortuna.com.mx) obtuvieron documentos inéditos que confirman estos arreglos sucios entre el poder político y el poder del dinero, en donde todos salen beneficiados económicamente.

Tan sólo en los primeros dos años del gobierno de Felipe Calderón, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la responsabilidad de Agustín Cartens, otorgó el perdón de manera discrecional al menos en cinco casos de  evasión de impuestos que involucraban nueve causas penales. Es decir, que ya avanzados nueve procesos federales penales por el delito de evasión fiscal, de repente Hacienda con su brazo ejecutor como es la Procuraduría Fiscal de la Federación, determina desistirse de las acusaciones que ya han avanzado en juzgados federales y concede el perdón fiscal a personas físicas y morales. ¿Cuá es el motivo de tal acción? La única respuesta que se observa es la corrupción, pues hasta ahora nadie en el gobierno puede dar una explicación distinta. Es más, ni siquiera hablan del tema simplemente porque no tiene  argumentos legítimos de su actuación.

La SHCP no tuvo otro remedio que reconocer haber sobreseído cinco casos de evasión de impuestos de julio de 2007 a junio de 2008. Con ello, se archivaron nueve causas penales abiertas en los años de 2003, 2004 y 2006. De acuerdo con la información que obtuvieron los reporteros de Fortuna, a través de una solicitud de información al amparo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los empresarios privilegiados no se acogieron a ningún programa de la Secretaría de Hacienda, simplemente se vieron favorecidos –luego de intensas negociaciones privadas– por la decisión discrecional del titular de la dependencia, Agustín Carstens Carstens, exsubdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y quien hoy más que nunca desea retirarse del cargo ante la crisis económica que se enfrentará en 2009.

Diputados y senadores de las comisiones de Hacienda nunca supieron de estos litigios ni saben de la existencia de la facultad del secretario de sobreseer, a discreción, expedientes abiertos por defraudación fiscal. De hecho, connotados expertos en materia fiscal desconocen esta posibilidad y advierten, por el contrario, un endurecimiento en el plano formal de la fiscalización en contra de los grandes contribuyentes. Prueba de ello, dicen, es el fallo de la Suprema Corte de Justicia en contra de Televisa y Cemex para impedir la devolución de impuestos generados por actividades en paraísos tributarios a través de Regímenes Fiscales Preferentes (Refepris).

Pero también, otros analistas aseguran, que Hacienda está reconociendo su incapacidad para fiscalizar a las grandes empresas y que, por ello, ha trasladado esa responsabilidad a la Suprema Corte. Pero la información oficial de la SHCP confirma que las canonjías siguen prevalenciendo con ese derecho discrecional que tiene el titular de Hacienda.

En respuesta a la solicitud de información 0000600143908 –presentada por Fortuna a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) – la SHCP reconoce que presentó cinco solicitudes de sobreseimiento ante el Poder Judicial de la Federación para cerrar nueve causas penales. Y nunca explica los motivos del desestimiento. La duda es si todos los mexicanos acusados de evasión fiscal ante los juzgados federales pueden corregir sus “olvidos tributarios” y ser perdonados por Hacienda, pues de lo contrario estaríamos ante la aplicación de las mismas leyes de manera distinta para los mexicanos.

Sin embargo, la Secretaría de Hacienda ha declinado informar los montos de las irregularidades descubiertas. Adujo simplemente la “inexistencia” de la información solicitada.

El primer sobreseimiento o perdón fiscal de un expediente abierto por fraude al fisco tuvo lugar el 27 de julio de 2007. Con él se cerró una causa abierta el 11 de marzo de 2004.  El segundo sobreseimiento se concretó el 4 de septiembre de 2007. También involucraba una causa penal, la cual se archivó. El caso data del 10 de enero de 2006. En ese mismo mes, pero el día 21, se concretó el tercer sobreseimiento solicitado por la administración de Agustín Carstens. Se cerraron dos causas abiertas el 2 de julio de 2003.

El cuarto sobreseimiento se concedió el 13 de noviembre de 2007. Involucraba una sola causa penal abierta el 11 de septiembre de 2006. Las cuatro causas penales involucradas en el quinto caso se sobreseyeron de la siguiente manera: una el 6 de junio de 2008, dos el 16 de junio de 2008 y la última el 27 de junio de 2008. La primera y la última causas habían sido abiertas el 12 de junio de 2003, mientras que las segunda y tercera, el 16 de noviembre de 2004.

Así, en año y medio de gobierno de Felipe Calderón, la SHCP concedió cinco sobreseimientos que involucraban a nueve personas. Sumados a los nueve que ocurrieron a lo largo de todo el sexenio de Vicente Fox (Fortuna 56), el panismo en el poder ha perdonado de manera discrecional a 14 empresas y, al menos, a 18 empresarios. ¿Cántos trabajadores asalariados son perdonados fiscalmente? O lo que es peor, ¿cuántos empresarios evaden al fisco?

De acuerdo con fuentes de la SHCP que solicitaron el anonimato, entre los empresarios perdonados se encontrarían Alfredo Miguel Afif, del Grupo Miguel, e Ivonne Lidia Bardor Kaess, del grupo Tebo. En julio pasado, esta publicación dio a conocer cómo abogados cercanos al secretari Carstens gestionaron el perdón para Miguel Afif. El mismo hijo de Alfredo Miguel, de nombre José Miguel, confirmó las negociaciones con Hacienda: “Me reuní con los abogados cercanos al secretario y les platiqué todo el caso. Ellos me ayudaron a hacer la recomendación para que solucionara el problema de mi padre”.

En la respuesta a la solicitud de información 0000600143908, la SHCP destaca que en los casos sobreseídos “el interés fiscal se encuentra pagado o garantizado a satisfacción del Fisco Federal (sic)”. Sin embargo, omite señalar que no todos los ciudadanos gozan de tal deferencia: aunque el contribuyente termine pagando los impuestos que evadió, el proceso penal continúa y muchos mexicanos están encarcelados por ese motivo.

En su alegato, la SHCP también justifica no haber entregado el monto de los impuestos evadidos y de las multas: “La Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones manifestó que no conoce ni posee información relativa a los montos pagados por los particulares (…) De conformidad con lo anterior, la unidad administrativa declaró formalmente la inexistencia de documentos en sus expedientes en los que conste el monto pagado por los contribuyentes, previo al ejercicio de la facultad de solicitud de sobreseimiento”.

Si bien la facultad del secretario de Hacienda para perdonar a discreción a los contribuyentes omisos, se encuentra en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, para algunos especialistas resulta totalmente inconstitucional.

Por ello, Manuel Cárdenas Fonseca, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público por el Partido Nueva Alianza (PNA), considera que el Estado mexicano “debería sancionar a todos los funcionarios que, por omisión o negligencia, dañen el patrimonio de la nación al no haber actuado conforme a la ley”.

Cárdenas Fonseca presentó el 12 de diciembre de 2006 la iniciativa para reformar el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación. En la exposición de motivos del documento, el legislador dice que la discreción con la que se conduce la Secretaría de Hacienda debe concluir, pues “no debe haber ningún obstáculo por el que la SHCP niegue la petición de sobreseimiento o comunique que se ha satisfecho el interés fiscal, cuando se han cubierto las contribuciones omitidas, la actualización y los recargos, ya que en caso contrario se estaría ante una facultad no sólo discrecional, sino francamente caprichosa”.

El diputado por el PAN enfatiza que todos los mexicanos deben tener un trato equitativo, puesto que “la potestad soberana de un pueblo organizado atiende también al principio de igualdad de los gobernados, según el cual todos y cada uno de ellos deben ser tratados de un modo equitativo, dejándose de lado títulos nobiliarios, fueros especiales, géneros, ideología, y condición social y económica”.

Por ello, considera que el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación “propicia el trato desigual e inequitativo entre los contribuyentes”. Además, se trata de una facultad discrecional que “da pie al ejercicio de una política de terrorismo fiscal, evidente en la persecución contra algunos gobernados, y resulta incongruente. También propicia problemas de corrupción de servidores públicos”. Esta iniciativa permanece en la congeladora legislativa.

Es con estas evidencias de discrecionalidad que, en unas semanas más, se darían a conocer los nombres de los expertos en materia fiscal que podrían buscar el cargo de Ombusdman del Contribuyente, quien también tendría que ocuparse de la opacidad con la que la SHCP está administrando el sistema tributario del país.