En el Partido Acción Nacional hay preocupación y malestar por la crisis en la que el gobierno ha metido al país. Algunos panistas culpan a Felipe Calderón por ello y están enojados por los constantes errores del improvisado gabinete; otros sienten vergüenza ante las continuas prácticas de corrupción, iguales o peores a las cometidas en gobiernos priístas; unos más se quejan de los arrogantes secretarios de Estado que a nadie respetan ni a nadie hacen caso a pesar de su incapacidad, y en lo que sí coincide la mayoría de los panistas, es que llegó el momento de hacer cambios en el gabinetazo y en eso está de acuerdo hasta Calderón, quien se prepara para hacer los anuncios a finales de año.

Aunque Calderón quisiera que su amigo y compañero más cercano Juan Camilo Mouriño permaneciera al frente de la Secretaría de Gobernación, éste se ha vuelto insostenible y ha dejado de ser un interlocutor válido con los partidos políticos y con las organizaciones sociales desde que le fue descubierto su negocio privado que, en su dualidad de servidor público y empresario, mantiene con Petróleos Mexicanos para beneficiar a su familia con contratos para la transportación de productos petrolíferos y venta de gasolinas (ver revista Contraínea, los contratos de Mouriño, texto de Ana Lilia Pérez).

Para sustituir a Mouriño en Gobernación, Calderón considera a sus dos candidatos más fuertes: Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo, y Josefina Vázquez Mota, secretaria de Educación Pública, aunque en Los Pinos hay preferencia por el primero por su capacidad de negociación y su trayectoria como servidor público en gobiernos priístas.

Del futuro de Mouriño su amigo Calderón lo enviaría al Congreso, en donde espera haga carrera política, coordine la bancada panista y con el fueron de legislador esté a salvo de cualquier investigación por corrupción o irregularidades administrativas.

Con Mouriño, otro compañero de Calderón iría al Congreso, el secretario particular de la Presidencia, el abogado César Nava, a quien también le urge lo pongan a salvo de las pifias y errores en Los Pinos y de sus antecedentes por la oficina del abogado general de Pemex. Aunque a César Nava también le agradaría el cargo de procurador general de la República, no le importa su falta de experiencia y nula convicción de impartir justicia.

Un ejemplo de lo anterior es la información publicada en Contralínea por la reportera Ana Lilia Pérez, quien dio cuenta importantes expedientes clasificados como confidenciales en Pemex y en la Secretaría de la Función Pública, en donde se revela cómo César Nava cuando trabajaba en Pemex durante el gobierno de Vicente Fox y su entonces subordinado José Néstor García Reza, actual abogado general de Pemex, entregaron la operación de la Cuenca de Burgos –la región productora de gas no asociado más importante del país– en beneficio de seis empresas trasnacionales que desde 2004 controlan la exploración y explotación del energético en la zona.
Según esos documentos oficiales, el ahora secretario particular del presidente de la República autorizó el diseño y suscripción de los contratos de servicios múltiples en beneficio de las petroleras trasnacionales Repsol, Petrobras, Teikoku Oil, Techint, Tecpetro y D&S Petroleum, en contravención a lo estipulado en la Constitución de la República.

César Nava tomó tal determinación pese a la alerta de sus subordinados de que el modelo de contrato, diseñado por la firma Pricewaterhouse Coopers, violaba el artículo 27 constitucional; la Ley Orgánica de Pemex y su reglamento, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM), marco regulatorio en el cual se justificaron los Contratos de Servicios Múltiples. Además, el abogado de Pemex no tenía atribuciones para aprobar operaciones de esta naturaleza.

Pero sigamos con la intención calderonista de sustituir a su primer equipo en el gobierno. El segundo cambio en importancia en el gabinetazo se daría en la Secretaría de Hacienda, en donde despacha el popular Agustín Carstens, a quien ya no le salen las cuentas después de que él mismo declaró hace unos días que a México sólo le daría un catarrito ante la aguda crisis financiera mundial, lo cual por supuesto no se lo creyeron en Los Pinos, en donde ya se dieron cuenta que el exempleado del Banco Mundial no es tan listo como él se cree, pues una cosa es la burocracia de ese órgano multinacional, que anda a la caza de explotar a los países más pobres del orbe, y otra manejar las finanzas y las cuentas públicas de un país enproblemado como México.

Con este cambio en Hacienda, Calderón no abandonaría a su suerte al gordo Carstens y ya le busca un espacio en el Banco de México, en lugar del priísta Guillermo Ortiz. Y aunque el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez sueña con ser el próximo titular de Hacienda, la verdad es que Calderón ya se inclinó por el subsecretario Alonso García Tamez.

Por cierto el lunes pasado como a las 12 del día vieron salir de Los Pinos con los rostros desencajados al secretario Agustín Carstens y a los subsecretarios Martín Werner, José Antonio Mid y Dionisio Pérez Jácome, quienes en compañía del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Babatz, se reunieron con Felipe Calderón, en donde recibieron la noticia que ante los errores en la política financiera del país, el nuevo coordinador del gabinete económico sería el improvisado secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, ese funcionario que hace apenas unos días decía también que nada pasaba y que no había de qué preocuparse.

Corrupción en Sagarpa
El que dejará también el cargo por su ineficacia es el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, quien en más de dos años fue incapaz de combatir la corrupción y atender los problemas del campo y, por el contrario, es allí en donde la crisis económica ha golpeado más fuerte. Para sustituirlo se ha pensado en el subsecretario de Ingresos, José Antonio Mid, de quien dicen por lo menos tuvo experiencia en Financiera Rural y no sería tan malo como Cárdenas.

Entre las irregularidades que tendría que resolver el próximo secretario de Agricultura, están los desvíos de recursos públicos descubiertos por la Auditoría Superior de la Federación. Empecemos por mencionar a Diconsa, en donde según un pliego de responsabilidades en poder del Órgano Interno de Control, hubo malos manejos cuando despachaba allí Ramón Zamanillo, actual director general de Medios de Pago (no me den, nada más pónganme en donde hay, diría el funcinario). En este caso se presume un fraude por 130 millones de pesos en la simulación de comercialización de maíz.

Otro pliego de responsabilidades corresponde al exdirector general de Operaciones Financieras de Aserca, Omar Mausalem, por un fraude de 180 millones de pesos en coberturas de granos. El tercer pliego de observaciones corresponde a la Dirección Regional Noroeste de Aserca, en los estados de Sonora, Sinaloa, Durango y Nayarit, por un fraude con facturas apócrifas por 80 millones de pesos.

Esperemos que ante las contundentes evidencias de corrupción descubiertas por el órgano de vigilancia y control del presupuesto público en el Congreso de la Unión, el secretario de la Función Pública, quien nadie conoce y por cierto Calderón debería pensar también en su remoción ante el fracaso de su labor como garante de la buena conducta de los servidores públicos, finque responsabilidades administrativas y presente las denuncias penales correspondientes ante la Procuraduría General de la República, en donde despacha otro funcionario incapaz de hacer cumplir la ley.

Y ya que andamos por esos rumbos de la impartición de justicia y la inseguridad pública, para acabar con las disputas, enfrentamientos y diferencias entre el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, en Los Pinos se habrían inclinado ya por despedir al procurador y en su lugar han pensado en el general Rafael Macedo de la Concha, quien ya estuvo en ese cargo durante el sexenio foxista y conoce muy bien a García Luna, su exmpleado. Otros que se mencionan para el puesto de abogado general de la nación, es el mismo secretario particular de Calderón, César Nava, desde donde podría controlar todas las acusaciones y manipular las averiguaciones previas que se avecinan en contra del grupo compacto de Los Pinos. También aparece en la lista para sustituir a Medina Mora al abogado Julio Esponda, quien mantiene una buena relación con Calderón.

Otra que peligra en el cargo es la secretaria de Energía, Georgina Kessel, pues en la Presidencia quieren en ese puesto a alguien con más carácter, que pueda aplicar nuevas políticas energéticas y, sobre todo, meter en cintura a los rebeldes de Petróleos Mexicanos, en donde la corrupción es el PAN de todos los días.
El cártel del gas LP

Si alguien se ha preguntado qué pasa con el gas LP en México, ese que consumen todas las familias en el país, pues resulta que según funcionarios petroleros del más alto nivel, en 2008 Pemex subsidiaría con 30 mil millones de pesos a los distribuidores privados, los cuales han formado un cártel para beneficiarse con el dinero de los mexicanos. La cifra es considerable si se tiene en cuenta que en 2007 el subsidio fue de “sólo” 10 mil millones, lo que significaría un incremento del 200 por ciento en el dinero público para enriquecer a los gaseros privados.

En un abrupto golpe a la economía de los mexicanos, la Secretaría de Economía ha hecho anuncios de importantes incrementos en el precio del gas licuado de petróleo, bajo argumentos de que son elevados los costos del energético. Sin embargo, según los analistas, lo que hace que el gas LP sea tan caro es el monopolio que en México mantiene un reducido grupo de distribuidores, bajo el amparo de la Secretaría de Energía (Sener).

Según el director de Estudios Económicos de la Fundación “Rafael Preciado Hernández”, Francisco Calderón Quintero, define el negocio del gas licuado de petróleo en México como “un cártel del gas”, cuya existencia –solapada por la Secretaría de Energía– genera millonarias ganancias a los distribuidores, a costa del gasto de la población que consume el energético.

El titular del área de investigaciones económicas de la Fundación explica: “un cártel es un acuerdo entre un pequeño grupo de productores que dominan el mercado, ya sea por cuota, ya sea por regiones”. El economista condena la existencia del monopolio en la distribución de gas LP en México, pues estima que el consumidor paga los altos costos por el hecho de que –con el aval de la Comisión Reguladora de Energía– sólo seis grupos empresariales distribuyen el energético. Aun con el subsidio de Pemex al gas LP, dice, “el consumidor es quien absorbe los altos costos”.

El Grupo Sony, el Grupo Zeta, el Grupo Tomza, Gas Uribe, Vela Gas y Gas Nieto, los cuales durante décadas han controlado el mercado de gas de consumo casero en todo el país, y ahora incluso en Centro y Sudamérica.

Se trata de un cártel que por cada litro de venta al consumidor gana el doble del precio al que lo compra a Pemex y que, al estilo de las mafias, entre algunas de sus prácticas ilícitas “ordeña” por lo menos un 10 por ciento de cada cilindro, delito que, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, genera ganancias ilegales cercanas a los 7 mil millones de pesos anuales.