Este fin de semana las secretarías de Gobernación y de la Función Pública informaron que la Procuraduría General de la República detuvo a José Luis Suárez Flores y Emilia Ceferina Castillo Araiza bajo acusaciones de vender permisos para realizar juegos y sorteos, como rifas de números, carreras de caballos y peleas de gallos.
La detención que auncian de manera conjunta esas dos importantes secretarías de Estado, como si se tratara de una compleja operación de investigación, se realizó con base en el testimonio de un ciudadano que declara haberles pagado a los dos funcionarios menores que trabajan en la representación de Gobernación en La Paz, Baja California Sur, la ridícula suma de 2 mil 500 pesos a cambio de un permiso para pelas de gallos con cruce de apuestas y diversos sorteos.
Como se trata de un pequeño caso de corrupción, la Secretaría de Gobernación presenta, ahora sí, una denuncia de hechos en la PGR y ésta de manera acelerada le da curso a la averiguación previa 179/UEIDAPLE/LE/1/2008. Además, la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la Segob también actúa con eficiencia y presenta una denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC), por lo que se abre la investigación con número de expediente DE151/2008 e inicia un procedimiento administrativo de responsabilidades a ambos servidores públicos y, como medida cautelar, determina la separación de sus respectivos cargos públicos.
Aunque en boletín oficial el gobierno federal asegura estar comprometido contra cualquier acto de corrupción e irregularidad, todavía esperamos algo de justicia por los permisos para la instalación y operación de casas de apuestas que el exsecretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, le otorgó de manera acelerada a la empresa de Televisa apenas unos días antes de dejar el cargo público. Y la pregunta es a cambio de qué lo hizo, pues lo seguro es que no fueron 2 mil 500 pesos.
Por eso ahora en la Secretaría de Gobernación no saben qué hacer con el senador Creel Miranda quien, además de despreciar a Felipe Calderón, sólo obedece instrucciones del expresidente Vicente Fox, lo que causa muchos dolores de cabeza e irritaciones estomacales a Calderón, al grado que algunos creen que la PGR podría darle curso a la denuncia que hizo hace unos días la Unión de Abogados por la Democracia en contra del senador panista por el delito de tráfico de influencias.
Sobre estas imputaciones que han pasado al ámbito penal, el senador Creel trata de evadir su responsabilidad y ha dicho que fue la Secretaría de Gobernación y no él quien otorgó los permisos a Televisa.
Por lo pronto hay miedo y nerviosismo entre el equipo de excolaboradores de Santiago Creel que trabajaron con él cuando se desempeñó como titular de Gobernación, pues algunos funcionarios menores fueron obligados a firmar las autorizaciones de dichos permisos y ahora están involucrados hasta el cuello en la acusación penal que investigan la PGR, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.
Es más, algunos de esos exservidores públicos relacionados con irregularidades en el otorgamiento de permisos de juegos y apuestas ya salieron del país para huir de la justicia mexicana en caso de que la PGR actúe en su contra, pero la verdad pueden estar tranquilos porque en el fondo Felipe Calderón no tiene interés en que se haga justicia en esa área de la Secretaría de Gobernación.
Aun con las diferencias políticas y de intereses que hay entre los panistas simpatizantes de Fox y los de Calderón, parece estar muy lejos que progresen las indagatorias y posibles sanciones en contra de los exfuncionarios de Gobernación que cometieron irregularidades en la asignación de permisos para casas de juegos y apuestas.
Y una prueba de ello son las investigaciones que se llevaban a cabo a finales de 2007 por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública en la Dirección General de Juegos y Sorteos, lo cual no culminó en nada.
En aquel tiempo la ASF llevaba a cabo las revisiones 7/2007 y 8/2007 “respecto de la autorización y otorgamiento de modificaciones de permisos de grandes permisionarios”, así como al proceso de “autorización y expedición de permisos de sorteos”.
Pero para frenar esas indagatorias del órgano de vigilancia y auditoría del Congreso, fue la misma Secretaría de Gobernación que en diciembre de 2007 presentó una controversia constitucional en contra de la investigación de la ASF y tocó el turno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación frenar cualquier auditoría que pusiera en riesgo la corrupción que sexenio tras sexenio se repite en torno a los permisos de juegos y sorteos.

Fallas en sistema de crédito Fonacot

En semanas anteriores comentamos la crisis administrativa y financiera que enfrenta Fonacot y que mantiene a su director al borde de la renuncia. Pues ahora la investigación de la crisis de ese instituto pasó de los auditores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a los expertos financieros de la Secretaría de Hacienda, en donde el mismo titular Agustín Carstens ordenó revisar las cuentas de Fonacot ante las evidencias de malos manejos administrativos y manipulaciones y engaños en los reportes que entrega ese instituto a la Junta de Consejo y al mismo mercado de valores.
Sin embargo las irregularidades en Fonacot no son nuevas, pues desde 2007 la CNBV elaboró informes en donde reporta que el sistema del Credere no calculaba adecuadamente el monto de los intereses devengados, no cobrados, de cartera vencida que se deben suspender en el momento en que el saldo insoluto del crédito sea considerado como vencido.

En su auditoría, la Dirección General de Supervisión de Banca de Desarrollo –encabezada por Gabriel Napoleón Díaz Leyva– señala que Credere inició operaciones en noviembre de 2005 sin que Fonacot validara su funcionamiento, mediante la realización de operaciones en paralelo con el sistema de administración anteriormente denominado “SICREF”.
Esto, advierte, puede implicar deficiencias en la integridad de la información migrada o bien que dicho sistema presente fallas u omisiones e incumpla con la totalidad de requerimientos necesarios para una adecuada administración de los créditos.
Asimismo, indica que la empresa consultora Accenture –contratada para los trabajos encaminados a la gestión integral de riesgo en el propio instituto– determinó que existen créditos aprobados que cuentan con condiciones de excepción, que no se pueden identificar en el sistema; éste no tiene la capacidad de realizar un estado de cuenta impreso del trabajador, y los equipos y centros de datos que soportan la operación del Credere, incluyendo su centro de datos alterno, no son propiedad del instituto.
Además, la auditoría observa que el Credere no identifica adecuadamente la cartera propia de la bursatilizada.
Respecto al Sistema de Registro y Control de Cartera Bursatilizada especifica que carece de interfaces automáticas con otros sistemas que le provean de elementos necesarios para procesar información que garantice la integridad de los datos: requiere varios procesos manuales, tales como la determinación de saldos de cartera provenientes del Credere, a través del uso del Microsoft Acces.
Además, no depura los saldos de cartera para eliminar la parte proporcional del impuesto al valor agregado que incluyen los saldos extraídos del Credere, a través del uso de hojas de cálculo electrónicas; así como la incorporación de los intereses cobrados de la cartera recuperada, con apoyo de dichas hojas diseñadas en Microsoft Excel.
La auditoría de la Dirección General de Supervisión de Banca de Desarrollo también detecta una diferencia de 5 millones 300 mil pesos entre la cartera total, que se presenta en los estados financieros al 31 de diciembre de 2006, y lo que muestra el Credere. Además, indica, en ese mismo periodo existen créditos con saldos negativos en cuentas de orden “Créditos incobrables–Castigos”, por un importe de 59 millones 900 mil pesos, correspondientes a 348 mil 52 créditos.
Señala que Fonacot no presentó evidencias de utilizar métodos de evaluación para aprobar y otorgar créditos, entendiéndose por tales, aquéllos que permiten valorar al acreditado, cualitativa y cuantitativamente, con base en datos e información estandarizada, cuya ponderación para arrojar un resultado favorable haya sido previamente definida.
El análisis de la CNBV observa que el instituto sólo evalúa la capacidad de pago del trabajador a través de sus percepciones brutas mensuales, sin contar el análisis de la totalidad de otros créditos y demás pasivos que el posible deudor tenga con otras entidades financieras.
No se evalúa la experiencia de pago del acreditado mediante una consulta realizada a una sociedad de información crediticia. Tampoco se valora la información y documentación de bienes patrimoniales, y no se presentaron evidencia de que se realicen estudios de crédito a los centros de trabajo que solicitan afiliarse al instituto, detalla el análisis.
En sus resultados, la Dirección General de Supervisión de Banca de Desarrollo indica que la normatividad en materia de crédito y solicitud de contrato no establece cláusulas donde se estipule el tratamiento que se debe otorgar a la falta de pago por parte del acreditado, y que los intereses se calculen sobre saldos insolutos.
Igualmente observa que el instituto no tiene como práctica enviar estados de cuenta a sus acreditados en donde se les den a conocer el monto de la tasa de interés anualizada que se les cobrará sobre los saldos insolutos, saldo del crédito, monto amortizado, plazo restante, entre otros.
La Dirección General de Supervisión de Banca de Desarrollo de la CNBV señala que en el pagaré firmado por el trabajador, para la instrumentación del crédito que otorga el instituto, no se presenta la fecha ni el lugar de pago, que son requisitos que debe contener cualquier pagaré.
Fonacot no proporcionó evidencia de que se contara con normatividad respecto a la cobranza judicial que debiera realizarse a los acreditados cuando se presenta falta de pago. Al respecto, se informó que únicamente se realizan gestiones de cobranza por la vía judicial a los centros de trabajo.

Para la CNBV, ello da como resultado bajos índices de recuperación de cartera, inclusive hay delegaciones en las que el índice de recuperación de cartera de los despachos correspondientes es de 0 por ciento.